Colectivos interurbanos: Hubo una reunión en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe por el servicio

Representantes estudiantiles e integrantes de las Defensorías.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Paraná, Pablo Donadío, participó este viernes de una reunión en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe con integrantes de esa institución y estudiantes universitarios ante la continuidad de las falencias del transporte interurbano en colectivo entre ambas ciudades capitales.
Se trata de un nuevo encuentro -de una serie-, en busca de una solución a los reiterados problemas. El último fue hace menos de diez días en la Defensoría del Pueblo de Paraná con representates estudiantiles y autoconvocados y dos abogadas integrantes del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec), quienes anunciaron que analizarán posibles vías a seguir con el reclamo.

Los estudiantes contaron detalles de los problemas del servicio.

Este viernes los estudiantes volvieron a contar el padecimiento que generan las largas colas, con esperas de hasta dos horas en las terminales de ómnibus, y el aumento notorio del precio del pasaje. Recordaron que cuando se instrumentó la tarjeta Sube, en 2015, se eliminó el descuento del boleto estudiante con el anuncio de que volvería a instrumentarse luego en el nuevo sistema. Nada de eso ocurrió y los estudiantes abonan el monto del pasaje general desde entonces.
El Defensor Donadío detalló las distintas instancias de gestiones y reclamos abordadas desde la institución en la vía administrativa hasta llegar, en junio, al Ministerio de Transporte de la Nación con integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y representantes de la Federación Universitaria del Litoral (FUL). El 16 de octubre, la Defensoría del Pueblo de Paraná volvió a elevar a esa área nacional las quejas a través de una nota presentada recientemente por distintos sectores estudiantiles. De esas gestiones aún no se han recibido ningún tipo de respuesta, se informó este viernes en la mesa integrada por el Defensor Adjunto de Paraná; Eleonora Avilés, coordinadora de Relaciones con los Ciudadanos, Liliana Campomanes, encargada del área de Defensa del Consumidor e integrantes de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Por parte de los estudiantes, estuvieron Milagros Monserrat, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias; Germán Berman, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Carla Mallo, autoconvocada de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Carla Cañete, integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas; Faustino Solari, Centro de Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Todas facultades dependientes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Por la FUL participó Guillermo Ferrero, y Fermín Vallejos, integrante de la UTN, Santa Fe, entre otros.
“Hay una notoria falta de control por parte del Estado, fundamentalmente lo que tiene que ver con las frecuencias. Lo que figura en la página de las empresas no condice con la realidad. Lo que se avizora en ambas terminales (Santa Fe y Paraná) son colas que superan los 200 metros de extensión”, dijo el Defensor Pablo Donadío, en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión. Añadió que otro inconveniente común en ambas terminales “es que se forma una única fila para ascender a los colectivos. Por ende quien está a unos 150 o 200 metros no ve qué coche le va a tocar y tal vez cuando le llega el turno, no es el recorrido que pretendía. Entonces ahí surge el inconveniente: dónde va a esa persona, si inicia la fila desde cero, queda a un costado, etc. Esto muchas veces genera incluso disturbios entre los mismos usuarios”.
Guillermo Ferrero, presidente de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), afirmó: “Los estudiantes estamos cansados por este problema que venimos planteando desde un primer momento, en el comienzo de este año. Acudimos a todos los organismos del Poder Ejecutivo, y estamos planteando judicializar la situación porque claramente este sistema no da para más. No podemos seguir haciendo 2 o 3 horas de cola para poder transportarnos no más de media hora. El servicio no es bueno y la tarifa ya va aumentando un casi un 150% en lo que va del año. Los estudiantes necesitamos respuestas. Y en este marco quiero agradecer a ambas Defensorías que nos están escuchando y que se están haciendo ‘carne’ de este problema”.
Las falencias en el servicio, principalmente las demoras, impactan fuerte en los usuarios. Al respecto, Ferrero señaló que “probablemente sea algo que se agrave el año que viene”. Cada vez que el tema sale de agenda pública –continuó-, “las empresas vuelven a hacer la vista gorda porque no hay control en las terminales de lo que hacen, que es lo más grave. Ahora seguramente regularizarán la situación un par de semanas y después vuelve todo a fojas cero”, aseguró el representante de la FUL.
Respecto de los controles estatales, se remarcó como un retroceso el hecho de que a principios de año se cerrara la oficina de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), que funcionaba en la terminal de Paraná, y se bajara a subsede el rango de la que tiene asiento en Santa Fe. El control en Paraná habría quedado en manos de la oficina de Santa Fe, que a su vez depende de una filial con sede en Rosario. Justamente, el contralor de todo lo referido al servicio y seguridad en el transporte está bajo la órbita de la CNRT.
Eleonora Avilés, coordinadora de Relaciones con los Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, recordó, en declaraciones a la prensa, que los “reclamos vienen desde el año 2013. Por lo cual transcurrieron en la gestión anterior del Ejecutivo Nacional. Lo que sucede ahora es que la situación se agravó, por lo que manifiestan los estudiantes, principalmente porque el órgano de contralor, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), achicó sus delegaciones: hay una en Rosario, una subdelegación en Santa Fe y ninguna en Paraná. Esto también implica una política pública respecto de lo que es el traslado de personas en el transporte”.
Avilés hizo hincapié en el volumen de pasajeros transportados entre ambas capitales a diario -unas dos mil personas, estimó- y las condiciones en las que se encuentran las unidades. “Esto también da cuenta de la peligrosidad que implica, atento a las altas estadísticas que tenemos en nuestro país de accidentes viales. Sin dudas que vamos a seguir acompañando estos reclamos y tenemos que exigir que se cumpla con la frecuencia horaria para que todos puedan cumplir con sus obligaciones”, afirmó.
Por último, y como resultado de la reunión, se anunció que las Defensorías gestionarán una nueva reunión con la Secretaría de Transporte de la Nación y pedirán que sean convocados los empresarios.

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