Se inició un ciclo de encuentros virtuales por los derechos de las personas en situación de calle   


La Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, integrada por la Defensoría del Pueblo de Paraná junto a una veintena de organizaciones e instituciones locales, organizó un ciclo de conversatorios de manera virtual titulado La calle no es un lugar para vivir

Se programaron tres encuentros, que se extenderán hasta septiembre, con la intención de crear “un espacio de socialización, diálogo y reflexión sobre diversas experiencias de trabajo con personas en situación de calle, gestionadas tanto desde organizaciones sociales como de programas estatales municipales”, expresan los fundamentos de la iniciativa. La idea consiste en “conocer experiencias dedicadas a la promoción de derechos a ciudadanos en situación de calle, alentando la reflexión y el intercambio”.

Para eso, se convocan a referentes de proyectos en marcha, en distintos puntos del país, que abordan la problemática de una manera integral y desde una perspectiva de recuperación de derechos.   

La iniciativa está destinada a integrantes de la Red, a funcionarios y agentes estatales (del ámbito municipal y provincial relacionados con la temática), a otros actores estatales (salud, género) y a legisladores provinciales y concejales, entre otros. 

El 14 de agosto se realizó el primer encuentro al que estuvieron especialmente invitados para contar sus experiencias integrantes de tres organizaciones que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país: Proyecto 7, Red Puentes – MP La Dignidad y Movimiento de Trabajadores Excluidos.  

El siguiente conversatorio será el 1 de septiembre a través de la plataforma Zoom.  El tema propuesto será Perspectivas desde el Estado ante la problemática de situación de calle, acercando experiencias gestionadas desde el ámbito estatal, incluida la de Paraná. Estará Leopoldo Duarte, a cargo de la coordinación del área de intervención de personas en situación de calle de la Municipalidad de Rosario; Marisa Tadei, coordinadora Operativa de Promoción Social de la Defensoría del Pueblo de CABA y Nicolás Mathieu, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná. Por consultas e inscripciones, se puede escribir a redsituaciondecalle@gmail.com

En Paraná, la situación fue modificada a partir del inicio del asilamiento obligatorio dispuesto en el marco de la pandemia, pues a fines de marzo la Municipalidad de Paraná dispuso el alojamiento de las personas que se encontraban viviendo en la calle. Actualmente, permanecen entre 50 y 60 personas, la mayoría varones, en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Este. 

La Red, que tuvo su inicio en septiembre pasado cuando organizaciones sociales advertían que había más de cien personas en la calle y daban cuenta de situaciones dramáticas, participa en esta etapa proponiendo en el refugio una diversidad de talleres, rondas de escucha y expresión colectiva a través del dibujo y pintura de murales, entre otras actividades. La idea, se explica, consiste en propender a la reconstrucción de vínculos, subjetividades e historias de vida, teniendo como base la importancia del ejercicio de los derechos ciudadanos. En ese marco, se interpela al Estado y se lo ubica en un rol central, como gestor y garante de políticas públicas que aborden la problemática con perspectiva de derecho. Un antecedente en Paraná lo constituye la ordenanza Nº 8932, por la que se instituye un Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle. La norma fue sancionada en 2010, pero nunca fue instrumentada.  

Más de 70 personas participaron del primer encuentro virtual.

Las políticas públicas como herramienta fundamental

 “Creemos mucho en la cuestión de la política pública para superar las situaciones sociales estructurales, es una herramienta fundamental”, dijo Horacio Ávila, integrante fundador de Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle que realiza actividades en Ciudad de Buenos Aires desde 2003 y entiende a las personas como portadoras de saberes capaces de reformular y  llevar adelante sus propios proyectos. 

Horacio Ávila es fundador de Proyecto 7.

Ávila, quien se quedó en la calle en 2002 a causa de la gran crisis desencadenada un año antes, fue uno de los participantes del primer conversatorio, del 14 de agosto, y habló de los inicios de la organización, de la apertura del primer centro integrador Monteagudo, del crecimiento en el tiempo a partir de la apertura de otros lugares de albergue y de la concepción que definen las líneas de trabajo: las decisiones son acordadas y tomadas por las personas en situación de calle que habitan esos lugares. “Somos una organización de reivindicación y lucha por los derechos de las persona en situación de calle en general”, definió, tras lo que se refirió a la ley 3706 que rige en CABA desde 2010. Dijo que se trata de una norma que aborda el tema con un sentido integral, en la que trabajó mucho Proyecto 7 y de la que participaron distintos sectores de la ciudad.   

Seguidamente, sostuvo que “es necesaria la interpelación de los Estados y los gobiernos en relación a la situación de calle. Estamos en contra del asistencialismo porque estanca y no construye. Creemos que se pueden construir cosas muy diferentes con alternativas distintas; pero siempre con la participación muy activa y con el protagonismo de las personas en situación de calle en todo lo que se haga”. De hecho –añadió- que en los centros de Proyecto 7 trabajan personas en situación de calle en las funciones de choferes, operadores, cocineros, entre otros. Por último, recordó su visita a Paraná invitado por Casa Solidaria, en octubre de 2014. La Asociación Casa Solidaria instrumentó un proyecto de contención psico-social, de inclusión social y de restitución de derechos vulnerados, brindando fundamentalmente a personas en situación de calle un espacio de capacitación laboral e inclusión en programas de empleo, alfabetización y apoyo escolar, actividades recreativas y deportivas, actividades terapéuticas, talleres de creatividad, entre otras. Empezó en 2011 y debió cerrar a fines de 2016 debido a la falta de apoyo del Estado, según advirtieron en reiterada ocasiones sus integrantes. En 2014, la Defensoría del Pueblo y la Asociación firmaron un convenio marco de cooperación, que formalizó el trabajo que se venía realizando en conjunto en torno a la problemática.

En consonancia con los conceptos de Ávila, Constanza Guillén del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), hizo hincapié en la importancia de la “lucha reivindicativa” y en la necesidad de exigir al Estado que considere y asigne los recursos requeridos para instrumenta una política de fondo que permita que “esta realidad cambie y no seguir sosteniéndola con parches”.  

Constanza Guillén, del MTE.

Explicó que el MTE es una organización más orientada a lo gremial y a la economía popular, que tuvo su origen en la situación del trabajo de cartoneros y la conformación después, de cooperativas. Luego, abarcó otras ramas de trabajo informal y se conformó un grupo, dentro del movimiento, denominado Tiempos de Libertad, dedicado a las personas con consumos de sustancias. A partir de ese trabajo, la organización fue tomando contacto con quienes viven en la calle y, a la vez, con otras organizaciones de voluntarios dedicadas a la problemática. De ese encuentro en la calle y de la construcción de miradas similares sobre la temática, dijo que surgió la apertura de un centro integral comunitario junto a Proyecto 7 y Red Puentes del Movimiento Popular La Dignidad. 

A su turno, Vanesa Escobar de Red Puentes afirmó que “es fundamental el protagonismo de las personas en situación de calle” en los proyectos y decisiones que se encaren  y en “la idea de la vida colectiva como camino de respuesta a muchas de las problemáticas sociales y políticas que se viven en el país”.  

“Es fundamental el protagonismo de las personas en situación de calle”, afirmó Vanesa Escobar de Red Puentes.

Detalló el trabajo de la organización y los distintos centros existentes en puntos del país abarcando diferentes problemáticas. En ese sentido, se refirió a la función de las organizaciones sociales, dando respuestas genuinas ante la ausencia del Estado, en áreas como educación, consumos de sustancias y albergue de personas en situación de calle. Consideró que se plantean procesos de transformación en los que los protagonistas deben ser las personas. “No se trata de instituciones que te bajan una determinada línea: te vamos a decir cómo tenés que vivir”, sino de un proceso de transformación de vida colectivo. 

El primer conversatorio reunió a más de 70 participantes. Estuvieron, entre otros, por la Municipalidad de Paraná, el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Mathieu y la subsecretaria de esa área,  Natalia Osuna; Anabella Albornoz, subsecretaria de Integración Socio Urbana, Leandro Sarli a cargo de la Dirección de Protección de Personas en Situación de Calle  y Luciano Ayalasubsecretario de Promoción y Desarrollo Social.  También, la diputada provincial Carina Ramos, la concejala Fernanda Facello Gerez, Mercedes Solanas, directora del CIC II, y la secretaria general del Ministerio Público de la Defensa, Lorena Calí. Estuvo el ex Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, quien continúa participando activamente en el trabajo relacionado a la temática.

Además, siguieron el encuentro numerosa cantidad de voluntarios de organizaciones sociales, asesores de concejales y legisladores, entre otros.

El tercer taller será el 15 de septiembre y participará José María Di Paola, conocido como Padre Pepe, integrante del denominado grupo de curas villeros. Su trabajo se centra en barrios pobres de CABA y provincia de Buenos Aires.

Las instituciones que integran la Red son: Defensoría del Pueblo de Paraná, Hogar de Cristo Nuestra Señora de Lourdes, Grupo Un Cielo Nuevo,  Suma de Voluntades, Cáritas Paraná, Grupo Compartir, Banco de Alimentos Paraná, Red Puentes,  DAIA – Asociación Israelita de Paraná, Facultad de Ciencias Económicas – UNER, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales – UADER, Facultad de Trabajo Social – UNER, Facultad de Ciencias de la Gestión – UADER,  Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina,  Barrios de Pie, CTEP – Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Ayuda Urbana,  Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Delegación Paraná del Defensor del Pueblo de la Nación e Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. 

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