About Defensoria


Website:
Defensoria has written 456 articles so far, you can find them below.


Hubo una reunión con fiscales y policías para mejorar el trabajo en conjunto

 

 

La Justicia deriva casos al Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná.

La semana pasada,  integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná participaron de una reunión con integrantes de la totalidad de las comisarías de la ciudad, junto a representantes del Ministerio Público Fiscal. El encuentro se desarrolló en el salón de Criminalística de la Jefatura de la Provincia de Entre Ríos, con el objetivo de mejorar el trabajo en conjunto, agilizar los trámites  teniendo especialmente en cuenta las derivaciones que se realizan al Centro de Mediación  de la Defensoría del Pueblo por conflictos entre vecinos.

También se presentó el trabajo y funciones de la Defensoría del Pueblo para mayor conocimiento de los agentes de policía, debido a que la información les puede resultar útil en su contacto directo con ciudadanos que necesiten orientación ante un conflicto entre vecinos. Asistieron al encuentro el Defensor del Pueblo, Luis Garay, y la Coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky.

En el último período –septiembre de 2015- octubre de 2016- registrado en el informe Anual de la Defensoría del Pueblo, el Centro de Mediación Comunitaria registró 230 solicitudes de mediación y otro número similar sumaron los casos derivados por la Justicia local, en el marco de un convenio entre ambas instituciones existente desde 2013. Este último grupo reúne asuntos referidos a conflictos de convivencia entre vecinos, con instancias de agresiones verbales y hasta físicas, en los casos en que éstos no tramitan en el ámbito penal. La cantidad de casos enviados desde la Justicia crece año a año y la instancia de la mediación resulta una vía de resolución efectiva para un número importante de conflictos del tipo.

En cuanto al primer grupo de casos, los temas más frecuentes de la mediación comunitaria son aquellos que alteran la convivencia: filtraciones de humedad, ruidos molestos, medianería, mascotas, inconvenientes ocasionados por construcciones, árboles, desagües, uso de espacios comunes, entre otros.

 

La Defensoría participó de una charla en la Facultad de Trabajo Social

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, y la Coordinadora del Centro de Mediación Comunitario, Irina Chausovsky, participaron de una charla organizada por la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La actividad se realizó el 20 de abril, en la sede de la casa de estudios con el título Participación Territorial. Las experiencias de las mesas de gestión en Salto (República Oriental del Uruguay) y Entre Ríos.

La Defensoría del Pueblo fue invitada a exponer sobre la “Facilitación en conflictos públicos y comunitarios. Diálogos que transforman realidades. Aportes y reflexiones desde la práctica”. Para desarrollar el tema, el Defensor y la Coordinadora se refirieron a  las experiencias de los trabajos realizados en los últimos años desde la Defensoría.  Detallaron la tarea en conjunto con instituciones de, por ejemplo,  la zona de la llamada Villa 351; también del sector suroeste de la ciudad junto a la Red Creer, en el marco de las mesas de diálogo planteadas en temas de infraestructura o medioambiente (por ejemplo, con el  Arroyo La Santiagueña) y el trabajo interno con instituciones o grupos, como Barriletes, Mujeres Tramando, entre otros.

La charla contó con la participación de los siguientes expositores: -Alejandro Noboa, Natalie Robaina, Mariano Suárez, Natalia Bisio, Rosmarí Negrin de la Universidad de la República de Uruguay.

-Leticia Bochatón y Sergio Alí, del Programa Social Agropecuario de la Subsecretaría de Ejecución de Programas para la Agricultura Familiar.

-Sebastián Muñoz, de la Mesa de jóvenes-Centro de Integración Comunitaria-Diamante.

Luego, se presentaron dos libros: La gestión pública descentralizada: una reflexión sobre las entidades institucionales territoriales en el litoral norte uruguayo (Natalia Bisio y Alejandro Novoa),  y Organizaciones territoriales que construyen políticas para la infancia (Viviana Verbauwede).

La organización de la actividad estuvo a cargo de la Cátedra Política Social de la Licenciatura en Ciencia Política de la FTS-UNER; PID: Protecciones sociales en el servicio doméstico FTS-UNER; Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización UdelaR.

sor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, y la Coordinadora del Centro de Mediación Comunitario, Irina Chausovsky, participaron de una charla organizada por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La actividad se realizó el 20 de abril, en la sede de la casa de estudios con el título Participación Territorial. Las experiencias de las mesas de gestión en Salto (República Oriental del Uruguay) y Entre Ríos.

La Defensoría del Pueblo fue invitada a exponer sobre la “Facilitación en conflictos públicos y comunitarios. Diálogos que transforman realidades. Aportes y reflexiones desde la práctica”. Para desarrollar el tema, el Defensor y la Coordinadora se refirieron a  las experiencias de los trabajos realizados en los últimos años desde la Defensoría.  Detallaron la tarea en conjunto con instituciones de, por ejemplo,  la zona de la llamada Villa 351; también del sector suroeste de la ciudad junto a la Red Creer, en el marco de las mesas de diálogo planteadas en temas de infraestructura o medioambiente (por ejemplo, con el  Arroyo La Santiagueña) y el trabajo interno con instituciones o grupos, como Barriletes, Mujeres Tramando, entre otros.

La charla contó con la participación de los siguientes expositores: -Alejandro Noboa, Natalie Robaina, Mariano Suárez, Natalia Bisio, Rosmarí Negrin de la Universidad de la República de Uruguay.

-Leticia Bochatón y Sergio Alí, del Programa Social Agropecuario de la Subsecretaría de Ejecución de Programas para la Agricultura Familiar.

-Sebastián Muñoz, de la Mesa de jóvenes-Centro de Integración Comunitaria-Diamante.

Luego, se presentaron dos libros: La gestión pública descentralizada: una reflexión sobre las entidades institucionales territoriales en el litoral norte uruguayo (Natalia Bisio y Alejandro Novoa),  y Organizaciones territoriales que construyen políticas para la infancia (Viviana Verbauwede).

La organización de la actividad estuvo a cargo de la Cátedra Política Social de la Licenciatura en Ciencia Política de la FTS-UNER; PID: Protecciones sociales en el servicio doméstico FTS-UNER; Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización UdelaR.

 

Actividad por el Día Mundial de la Salud en Anacleto Medina Sur

 

Los chicos dibujaron, pintaron y escribieron mensajes de paz.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, a través de su Centro de Mediación Comunitaria, participó de una actividad desarrollada en la plaza J. J. Valle del barrio Anacleto Medina Sur por la conmemoración del  Día Mundial de la Salud.

Hubo juegos, caminatas y música en vivo. La propuesta  convocó a niños, niñas, adolescentes y adultos que viven y trabajan en la zona. Como lo propuso la Organización Mundial de la Salud, la jornada buscó generar concientización sobre la depresión, una enfermedad que genera angustia y que se puede prevenir y tratar. El evento estuvo organizado por el Centro de Salud D’ Ángelo, que recibió la colaboración la Red de Instituciones CREER.

 

 

 

Hubo una importante concurrencia en la plaza de Anacleto Medina Sur.

Colectivos: el Defensor remarcó el rol del Estado en el control del servicio

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó este viernes de la apertura  de sobres de la licitación del servicio de transporte urbano de la capital provincial.  El Defensor celebró el hecho de que se haya realizado un proceso que hacía años estaba pendiente -el primero fue en 1984-, y lo consideró histórico. Ahora bien,  explicó que desde la institución se tenían expectativas de que se presentara más de un oferente, cuestión que no sucedió, pues  sólo participó la actual prestadora.

Seguidamente, aclaró que la postulación y la posible designación como ganador de la licitación pertenecen a un segundo plano para la Defensoría, en vista de que lo fundamental radica en la instrumentación de un servicio con un único protagonista:  el usuario. En ese sentido, remarcó el rol del Estado en lo concerniente a la aplicación de un control efectivo y riguroso de los términos del acuerdo de concesión.

Indicó que la Defensoría, en razón de su razón de ser, atiende las opiniones y reclamos en torno al servicio desde la visión de los usuarios, siendo usual y añoso el tema de las demoras en las frecuencias. En ese marco, opinó que se torna imperioso mejorar el servicio para que sea considerado una opción válida por parte de los ciudadanos, en vista de que los estudios realizados sobre el tránsito y transporte en la ciudad demuestran lo contrario. Concretamente, citó el trabajo Plan de Acción, Paraná Emergente y Sostenible, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con el Municipio local, entre 2013 y 2015. En ese estudio, se plantea que sólo un 14,5% de las personas que se trasladan en la ciudad usan el colectivo, contra –por ejemplo- un 15% que viaja en moto.

Para el Defensor Luis Garay,  resulta esencial el mejoramiento del servicio y para lograrlo, una vía fundamental será el control y la exigencia, en vista de los términos de la concesión. “Se puede tener el mejor contrato de concesión, pero si no se hace cumplir, no habrá diferencias”, dijo.  Por ello reiteró el énfasis en torno de los controles y exigencias, facultades que actualmente no se están ejerciendo.  “Sabemos que el Municipio no lo está haciendo (al control) y no me refiero sólo a esta gestión.  Hablo, por ejemplo, de la frecuencia que deja mucho que desear”, afirmó.

Paralelamente, la Defensoría integra el Órgano de Control y Monitoreo creado por la legislación aprobada en el marco del llamado a licitación. El ámbito fue convocado por el Ejecutivo hace un par de semanas y van realizándose dos reuniones, con un tema presentado como prioritario: el pedido de aumento del pasaje presentado por las empresas prestadoras (Ersa Urbano y Mariano Moreno) a principio de año. Ante eso, el Defensor manifestó que dejó expresado en la mesa que la solicitud de suba “no es prioridad” para la Defensoría, “sino el mejoramiento del servicio y sobretodo las frecuencias”. Y propuso discutir primero la calidad de la prestación para después recién analizar el pedido de aumento. Esa fue la posición de la Defensoría en la primera reunión, mientras que en el segundo encuentro se acordó realizar un estudio de costos a cargo de especialistas.

El Defensor Luis Garay explicó, a continuación, que el objetivo de esa comisión es hacer el seguimiento del servicio, de las condiciones establecidas por el Estado municipal.

El órgano de control está  está integrado por los Secretarios de Servicios Públicos y del área Legal y Técnica, por tres concejales -uno del oficialismo y dos de cada bloque de la minoría- por la Defensoría del Pueblo, Defensa del  Consumidor Municipal, por un representante de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y otro del sector empresario. Recientemente se sumaron especialistas en el estudio de costos: uno fue nombrado por el Ejecutivo, otro por el bloque de concejales oficialistas y el último, que resta designar, por las dos bancas de las minorías.

Finalmente, recordó que tanto el análisis de la propuesta del oferente en el marco de una nueva concesión como un eventual estudio del cuadro tarifario, deberá ser estudiado y aprobado por el Concejo Deliberante,  un paso que desde 2006 hasta el año pasado había quedado en manos del Ejecutivo.

 

Preocupación por las personas que viven en la calle

 

La instrumentación de un albergue, y de medidas de fondo, es un reclamo añoso, que se reitera desde la institución.

Este año, otra vez se aproximan los días fríos sin que la ciudad tenga debidamente habilitado un lugar destinado a las personas que viven en la calle. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná viene reiterando su preocupación ante una situación que se repite cada año, demostrando falta de previsión por parte del Estado para atender una problemática que se refleja en las plazas y calles de Paraná.

La institución ha expresado su inquietud mediante notas dirigidas a la Secretaría de Derechos Humanos del Municipio, como así también a través de una reunión con la ministra de Desarrollo Social de la provincia,  Laura Stratta.

Finalmente, hoy se conoció, a través de una nota publicada por Diario Uno, la intención de la comuna de abrir formalmente un albergue el próximo lunes.

Además de la necesidad de que se instrumente esa medida, considerar un primer paso para atender  la urgencia, la Defensoría del Pueblo junto a distintas organizaciones sociales abocadas al tema, vienen solicitando se instrumenten disposiciones de fondo, por parte del Estado. Entre ellas, se menciona instrumentación de la ordenanza Nº 8.932, vigente desde 2010, que crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle en el ámbito de la Ciudad de Paraná.

Dicho programa –que continúa la promulgación de la ordenanza sin ponerse en marcha- prevé además de un albergue, la conformación de un equipo interdisciplinario que aborde la problemática en forma integral como también la habilitación de una línea telefónica gratuita adonde poder solicitar asistencia ante la emergencia.

En sintonía, en abril de 2015,  la Defensoría emitió la Recomendación Nº 2,  por la que solicitó al Ejecutivo municipal que reglamente la ordenanza 8.932 e instruya su implementación. Antes, en marzo de 2013, la institución instó a “los gobiernos provincial y municipal, a través de las áreas competentes,  a implementar una política pública, destinada a abordar de manera integral, la situación de las personas que viven y/o permanecen en la calle”.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Luis Garay, en declaraciones a Diario Uno, dijo la falta de un espacio para albergar a personas que no tienen dónde ir “es una situación que se reitera con cada gobierno”.  Además, planteó la necesidad de que se brinde una atención más amplia, interdisciplinaria, “con mecanismos que logren contener a las personas en situación de calle”. Y añadió:  “Hay que encarar medidas que resuelvan este problema, que no implica solo brindar techo y comida, sino la instrumentación de un dispositivo más complejo, donde se genere la reinserción social de la persona que atraviesa esa difícil circunstancia”.

A continuación, en la nota periodística  hizo referencia a la labor constante de inclusión social que llevan adelante las agrupaciones de Paraná, como es el caso de Casa Solidaria: “No es solo cuestión de darle techo y comida a una persona que está en esta situación para que pueda salir, sino que existe un quiebre emocional, económico, y la persona necesita acompañamiento y es el Estado el que debe acompañar. Hay que trabajar en este tema, pero lo tiene que hacer el Estado, más que una ONG”.

 

Seguidamente, el diario cita declaraciones de referentes de organizaciones que trabajan con la problemática.  “Claudio del Lago, titular de los comedores de Complejo Recordando, sostuvo que brindar este tipo de espacios “no parece ser prioridad de la Municipalidad”, y comentó: “Al hacer ese movimiento en la Plaza el año pasado se preocuparon por abrir algo así nomás y por tres meses, no en hacer algo serio. Lo que más me preocupa son las bajas temperaturas, porque todos los inviernos veo gente que muere de frío, y es algo lastimoso, realmente muy triste. Duele que no sea una prioridad que haya un espacio de contención para quienes no tienen un hogar, en una ciudad tan hermosa que es capital de provincia”.

Del Lago contó que hay más de 70 u 80 personas que van a comer en la plaza Alberdi, donde llega a brindarle un plato de comida a quien lo necesita, en un trabajo conjunto con otras agrupaciones. En este marco, manifestó que son alrededor de 50 personas las que duermen en la calle y el resto se las arregla en un garage o un local que alguien les presta para pasar la noche. “Estuvimos viendo en forma particular la posibilidad de buscar un lugar para alquilar, para que puedan dormir, pero no es fácil”, dijo, y agregó: “Al menos el 85% de estas personas necesita contención del Estado, y más que nada una atención terapéutica por sus adicciones al alcohol o las drogas, situación en la que caen por la misma tensión que los lleva el estar en la calle. La necesidad, la indiferencia y la falta de solidaridad de la gente son terribles. Y el Estado está totalmente ausente para ellos”, concluyó.

Demandan un abordaje integral y más profundo

Anabella Albornoz, una de las integrantes de Suma de Voluntades –que acompaña a personas en situación de calle y les brinda a diario un plato de comida– opinó sobre la apertura de un refugio para esta temporada por parte del municipio: “A nosotros no nos informaron nada. Hemos tenido reuniones con ellos para ver qué medida se va a tomar para que no nos agarre el invierno. La verdad es que no tienen un plan de contingencia. No les importa la gente en situación de calle”.

También contó que hay más personas que se acercan a la plaza Alberdi para procurarse un alimento cada noche: “Muchas veces es el único plato de comida que tienen en el día. Sobre todo los adultos, porque por ahí a los nenes que van a la escuela les dan de comer”, dijo, y señaló que con la llegada del frío salieron a repartir frazadas y pudieron cubrir las necesidades estos días, pero les hacen falta más y harán una campaña para recibir donaciones de frazadas y abrigos.

Sobre las personas que pasaban la noche en el hospital hasta hace unos meses, comentó: “Es gente que está desparramada ahora por todos lados. Hay dos o tres que se quedan a dormir sentados en un banco de una plaza, porque si se acuestan la Policía los puede echar y se están manejando de esta manera”.

Albornoz aseguró que “el tema de la gente en situación de calle requiere un abordaje más profundo, hay que darles herramientas, armar un cuerpo técnico, hay que analizar porqué están en la calle. Es complicado”, y destacó que hay casos donde quienes reciben una contención pueden salir adelante, como el de Guillermo, una persona oriunda de Chile que durante dos años pernoctó en la calle y desde hace un tiempo logró dejar el alcohol, consiguió trabajar y ahora duerme en una pensión; además, colabora con Suma de Voluntades en su tarea cotidiana y ayuda a otros que están en la calle a superar esta situación. “Empezó a estudiar para terminar la Primaria y le estamos tramitando el documento para que pueda tener un trabajo formal”, refirió.

“También hay un chico que está en la asociación Lázaro que dejó las drogas y empezó a estudiar”, dijo por último, rescatando la esperanza de que más personas puedan tener una oportunidad de un presente y un porvenir dignos”.

 

Defensores del Pueblo del país presentaron un pedido de Jury contra el juez Rossi

 

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), junto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, presentó esta mañana un pedido de jury ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien otorgó el beneficio de libertad condicional a Sebastián José Luis Wagner, acusado del crimen de Micaela García.

La solicitud se realizó mediante un escrito promovido por Alejandro Amor presidente de Adpra y  Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Luis Garay, titular del Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná y vicepresidente segundo de la Asociación nacional que nuclea a las instituciones del país.

La denuncia se basa en la desatención, por parte del juez, de los informes desfavorables emitidos por los equipos técnicos a cargo de las evaluaciones psicológicas y de conducta de Wagner.

Tras analizar el caso en base a la legislación vigente, el escrito plantea que lo resuelto por el juez (otorgamiento de la libertad condicional) “resulta un claro ejemplo de la falta de capacitación y sensibilización del magistrado respecto de los derechos humanos que les asisten a las mujeres, en particular del derecho a una vida libre de violencia”.

En ese sentido,  menciona la normativa y antecedentes sobre el tema y considera que el juez Rossi, a través de su resolución, “no cumplió de manera idónea con la función esencial de todo magistrado, que es la de custodiar la efectiva vigencia de los derechos humanos fundamentales de todos, como la vida, el honor y la integridad sexual. Y fundamenta tal afirmación en el hecho de que la decisión no tuvo “sustento en informes elaborados por profesionales especializados –puesto que se apartó de los dictámenes que advertían sobre la imposibilidad de que el señor Wagner se reinsertara favorablemente en la sociedad-, ni contó con la fundamentación legal suficiente, ya que “no efectuó una correcta aplicación del artículo 13 del Código Penal”. Se suma el hecho de “haber soslayado el dictamen del Fiscal de Cámara, el cual se opuso a la concesión de la libertad condicional por entender que el penado ‘… no reunía las condiciones necesarias para pronosticar una adecuada reinserción social’ y de “no haber adoptado medidas conducentes para el señor Wagner hubiera recibido el tratamiento adecuado y para que no haga mal uso del beneficio otorgado, como finalmente lo hizo”.

“Es por ello –continúa el escrito- que consideramos que la actuación del juez Rossi se subsume, en virtud de lo manifestado precedentemente, en la causal de mal desempeño prevista en el inciso 9 del artículo 15 de la ley n° 9283. En consecuencia, peticionamos al señor Presidente del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, se someta al magistrado Carlos Alfredo Rossi al jurado de enjuiciamiento, conforme el procedimiento que la normativa vigente prevé”.

A continuación,  en el archivo adjunto, el texto presentado.

 

—————————————————-

INTERPONEN FORMAL ACUSACIÓN ANTE EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO CONTRA EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DR. CARLOS ALFREDO ROSSI

 

Señor Presidente

Honorable Jurado de Enjuiciamiento

Provincia de Entre Ríos

ANGEL ARMANDO ALEJANDRO AMOR, en mi carácter de presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio real en la calle Piedras 584, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y LUIS OSCAR GARAY, en mi carácter de Vicepresidente Segundo de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, en representación de todos los Defensores del Pueblo de la República Argentina, con domicilio real en calle Monte Caseros 159, ambos con  el patrocinio letrado de JOSE RAUL VELAZQUEZ (joseraulvelazquez@outlook.com).

Constituimos domicilio legal en calle Méjico 333 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos; y en el ejercicio de nuestros deberes constitucionales y en virtud del mandato otorgado por el estatuto social, respetuosamente nos presentamos y decimos:

 

 

I. OBJETO

Que venimos en el carácter invocado a interponer formal denuncia contra el Dr. Carlos Alfredo Rossi -Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, de conformidad con lo prescripto por los artículos 218 y cc de la Constitución Provincial y la ley provincia n° 9283 por las causales de mal desempeño de sus funciones (art. 15, inc. 9), en el marco del expediente caratulado “Wagner, Sebastián José Luis s/Ejecución de Pena” (Expte. N° 1456), todo ello en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

 

II. HECHOS QUE DAN ORIGEN A LA ACUSACIÓN.-

Es de público conocimiento el trágico deceso de la joven Micaela García, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 8 de abril por la mañana en una zona de pastizales cercana a la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. La joven se encontraba desaparecida desde la madrugada del sábado 1º de abril.

Horas antes del hallazgo, en la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, fue detenido por las fuerzas de seguridad, el principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner, quien vivía en Gualeguay desde que la justicia le concediera el beneficio de la libertad condicional.

También es sabido que el sospechoso -Sebastián Wagner- accedió al beneficio de la libertad condicional en virtud de una decisión del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos –Dr. Carlos Alfredo Rossi-. Al efecto, cabe destacar que en el año 2010, Wagner fue condenado a nueve años de prisión por dos violaciones cometidas en la localidad de Concepción del Uruguay; en ambos casos las víctimas habían sido jóvenes estudiantes.

A mediados de 2016, a pesar de los informes desfavorables que recibió de los equipos técnicos que actúan en dicha jurisdicción, el juez Carlos Rossi resolvió otorgarle a Wagner el beneficio de la libertad condicional.

En su resolución, el juez Carlos Alfredo Rossi consideró que “Wagner se encuentra posicionado favorablemente para acceder a la soltura anticipada de la manera por él impetrada”. Ello así, y a pesar de la existencia de tres informes negativos para Wagner.

Así, en el informe elaborado por el equipo técnico interdisciplinario del Juzgado de Ejecución del propio juez denunciado se había considerado que Wagner no estaría apto para beneficiarse de la libertad condicional solicitada, dado que “No revisa en forma comprometida acerca de su historia vivencial de carácter anómica y desviada. Este aspecto es trascendente, para el caso en estudio y no basta con cumplir las actividades laborativas o similares acciones que conducen a un posicionamiento beneficioso en pos del instituto en cuestión, toda vez que los suscriptos debemos evaluar con la aproximación más certera posible el ingreso del interno a la sociedad”. Por ello se concluyó que el Sr. Wagner “…desde las disciplinas actuantes no ha adquirido la capacidad de comprender y respetar la ley, no ha desarrollado una evolución favorable por lo que el grado de reinserción social alcanzado no admite un pronóstico favorable para el acceso al instituto de la libertad condicional, conclusión que se arriba en términos probabilísticos, conforme criterios de razonabilidad pero cuya certeza no es absoluta”. A mayor abundamiento, el informe precisó que Wagner “no alcanzaba un análisis profundo y sentido respecto de los actos reprochables que cometió. Sin presentar indicadores de compromiso afectivo en relación al delito cometido y sin una genuina valoración respecto del daño producido”.

Cabe asimismo resaltar que en dicho informe, los profesionales actuantes expresaron sus coincidencias con el Informe que oportunamente realizara la Unidad Penal n° 7 donde el penado se encontraba alojado y que fuera motivado en una petición de salidas transitorias que efectuara el propio Wagner. Según este último informe, “… en el abordaje psicológico se ha tratado de focalizar en aspectos relacionados con el daño causado, no teniendo adherencia de parte del interno como control de impulsos, escasa capacidad de reflexiva (…) que no ha sabido apropiarse de los espacios terapéuticos brindados, como así tampoco realizado abordaje en cuanto a su problema de consumo de sustancias”.

Con igual criterio desfavorable se expidieron los organismos administrativos del centro de detención que aloja al Sr. Wagner. Así el gabinete Técnico Criminológico en un informe de fecha 18 de abril de 2016 sostuvo que “… en el abordaje psicológico se trata de focalizar en los aspectos relacionados con el daño causado, teniendo el interno poca adherencia en relación a esto como también en relación a lo referido con la libertad sexual de terceros. El mismo mantiene un inadecuado control de los impulsos con posible pasaje al acto; no está pudiendo reflexionar en relación a lo ocurrido por eso se trabaja en pos de que pueda hacerse cargo de sus actos y en consecuencia de sus causas, ya que no está logrando dimensionar las consecuencias ocasionadas por las mismas”.

En consonancia con estos informes se expidió también el Informe Pronóstico del Consejo Correccional que sostuvo que “en el aspecto educativo y psicoterapéutico como lo expresan los profesionales responsables de su evaluación no se ha incorporado a los espacios que brinda la Unidad Penal”.

Ahora bien, y haciendo caso omiso de la contundencia de los informes reseñados y con base en precedentes judiciales que abordan el carácter no vinculante de los informes periciales, el juez entendió que correspondía concederle al interno la libertad condicional “sin perjuicio de no contar con un pronóstico positivo de reinserción social dictaminado por peritos, conforme las conclusiones arribadas por los Organismos de Ponderación Penitenciario y Judicial”.

Su apartamiento de las conclusiones explicitadas por los peritos en los referidos informes se fundamentó en que los mismos “se han apartado de la finalidad que inspira a este Instituto, con argumentaciones subjetivas de difícil refutación, desvirtuadas por las constancias probatorias arrimadas a esta secuencia, Wagner se encuentra posicionado favorablemente para acceder a la soltura anticipada de la manera por él impetrada”.

Para abonar su decisión, el juez también ponderó el comportamiento del interno durante las salidas transitorias, que ya le había concedido un año y tres meses atrás. En ese aspecto, aclaró que “el causante más bien, ha demostrado, en este tiempo –período de prueba– de salidas familiares, que ha acatado las normas que le fueran impuestas, y ello por lo tanto significa que ha sabido internalizar normas de adecuado ensamble social, siendo así suficiente en el presente el modo y tiempo que ha gozado bajo éste régimen, para proyectarlo hacia un egreso de mayor amplitud de responsabilidad como el que aquí solicita”. Sin embargo, consta en la misma resolución que el penado fue pasible de una suspensión del régimen de salidas transitorias por haberse ausentado del domicilio autorizado para su salida y fue encontrado por personal policial  en la vía pública con fecha 09/04/2016.

No huelga tampoco reseñar que respecto del comportamiento sexual del señor Wagner, el juez entendió que no estaba justificado el Informe del Equipo Interdisciplinar del juzgado en tanto “…tal conducta no se ha replicado con posterioridad ni se ha podido advertir alguna exteriorización de una tendencia abusadora”. Por lo que, a criterio del magistrado, la única forma de restringir la procedencia de la libertad condicional estaba en que el penado hubiese reiterado la violación o intentado hacerlo mediante alguna conducta abusadora.

Asimismo, sobre los informes periciales el magistrado sostuvo que “Parece que de parte de los profesionales evaluadores, se intenta perpetuar en Wagner la idea de la conducta que se encuentra penando durante todo el tiempo de cumplimiento de la pena, mediante reflexiones y más reflexiones, para que ‘se pueda hacer cargo de sus actos’ incluso mientras usufructúa sin oposición de nadie de egresos con salidas socio-familiares”.

III. FUNDAMENTO DE LA CAUSAL INVOCADA.-

Conforme se colige de lo expuesto en el acápite anterior, es importante en el marco de los principios republicanos y democráticos, que  el juez Rossi explique a la sociedad entrerriana y al país porqué tomó esa decisión y de la misma manera saber cómo está trabajando.

Lo resuelto por  el juez Rossi no resguardó los intereses públicos y privados confiados a la hora de su designación. Muy por el contrario, el magistrado mediante su resolución de fecha 01 de julio de 2016, al otorgar la libertad condicional a Sebastián José Luis Wagner -condenado a nueve años de prisión por ser autor penalmente responsable de los delitos de violación de dos mujeres- sin hacer mérito de lo dictaminado por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a su cargo, por el Consejo Correccional y por el señor Fiscal de Cámara Coordinador, comprometió no sólo la vida y la seguridad de las mujeres que habitan la ciudad de Gualeguay, sino que facilitó las condiciones para que el condenado seleccionara a una nueva víctima, la violara y le provocara la muerte. En este punto se torna por demás relevante el que haya hecho caso omiso a lo dictaminado por el Fiscal y el cuerpo de profesionales que evaluó la faz psicológica del señor Wagner -arista por demás importante en este tipo de delitos de índole sexual- y el que haya aplicado la ley sin ponderar la gravedad de las consecuencias de su decisión. Otro punto a destacar aquí, es el rol del fiscal interviniente ante tamaña decisión del juez, pero ello será evaluado a medida que se vaya produciendo la prueba en esta etapa preparatoria.

La ley 24.660  señala para el período de prueba de salidas transitorias bajo la modalidad socio familiar o socio laboral  una serie de requisitos básicos. Pero el determinante es el art. 17 inc. c) punto IV que reza: “Merecer, del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado”.

Acto seguido la pregunta obligada es: ¿es vinculante este artículo 17 inc. c) punto IV para el juez? Del análisis meramente normativo, se observa que es requisito indispensable el concepto favorable del equipo técnico para la concesión de dicho instituto. Vale agregar, en el texto de la ley 24.660 no aparece la palabra vinculante. Es decir, es una discusión hipotética doctrinaria acerca del carácter vinculante del informe técnico para el juez, ya que para la ley el juez no puede resolver la concesión de este instituto sin un informe con concepto favorable acerca del interno.

Asimismo, el art. 17 inc. c) punto V dice: “En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, y 125 del Código Penal, antes de adoptar una decisión, se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante legal que será escuchada si desea hacer alguna manifestación”. Por consiguiente, para el caso de los condenados por delitos a la integridad sexual, el juez tiene el deber de notificar a la víctima y escucharla. La ley utiliza el tiempo verbal de futuro perfecto del modo indicativo, de esta forma exige certeza del hecho a producirse.

Aquí tenemos un elemento objetivo a tener en cuenta por la investigación para poder observar el desempeño del juez. Asimismo, también cabría preguntarse si el fiscal interviniente, titular de la acción pública y representante de los intereses del Estado y de la sociedad, al notificarse de la resolución del juez Rossi, apeló dicha resolución.

Ahora viene el punto, que suponemos crucial. El art. 28 de la ley 24.660 regula la concesión del instituto de libertad condicional. Los requisitos objetivos son: informe del equipo técnico criminológico y del consejo correccional, antecedentes del interno en el periodo de prueba; y para los condenados por delitos a la integridad sexual, el juez debe tomar conocimiento directo con el interno, y la resolución  se notificará a la víctima.  De esta forma, el escenario normativo es similar al art. 17 de la ley 24.660.

En este supuesto, se podría hacer una objeción, y esto es lo que está confundiendo en el escenario comunicacional. El art. 28 no dice que se requiera el concepto favorable para la concesión del instituto de libertad condicional.

Se estima que ha sido una omisión involuntaria del legislador, y en una interpretación armónica y bajo el prisma de la lógica, se requiere el concepto favorable para dicho otorgamiento. Ergo, si para salidas transitorias se requiere el concepto favorable de los equipos técnicos, cuanto más para la concesión de la libertad condicional.

Acto seguido, se vuelve a plantear la necesidad de corroborar en el legajo si se notificó a las víctimas y el rol que tuvo el fiscal: se reitera la pregunta sobre si hubo apelación de su parte. Ante tanta omisión de requisitos elementales y siendo titular de la acción pública ¿tenía el deber de apelar el fiscal luego de notificada la resolución de concesión de libertad condicional al interno?

Es por ello que el juez denunciado incurrió en mal desempeño de sus funciones, puesto que  en su resolución no aplicó correctamente lo dispuesto en el artículo 13 del Código Penal, en cuanto prescribe que se podrá otorgar la libertad condicional “… previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social (el destacado no pertenece al original), ya que desoyó lo dictaminado por los distintos organismos intervinientes y por el Fiscal de Cámara. Cabe señalar que si bien los dictámenes que han desoído no son vinculantes, no es menos cierto que el artículo 13 de la norma sustantiva resulta claro en cuanto impone como condición para otorgar la libertad condicional el tener informes de peritos y de la dirección del establecimiento que den cuenta de la favorable reinserción social del condenado. Esta omisión resulta aún más grave en función de lo informado por el Equipo Técnico. Conforme surge de la misma resolución, el informe resaltaba que el señor Wagner no quiso someterse al tratamiento indicado y que no había superado su problema de adicciones. A esto debe de sumársele que el señor Wagner inobservaba las normas impuestas para sus egresos sociofamiliares y que por dicha razón se había suspendido el régimen una vez –conforme cita el magistrado en su propia resolución–.

En este punto del análisis vale traer a colación lo que tiene dicho la doctrina respecto de aquellas personas que cometen delitos contra la integridad sexual. Estas personas, en su gran mayoría, “… son gozadores del abuso de poder y disfrutan antes y después de la violación porque sienten placer al aprovecharse de quien no puede defenderse o de quien le teme” [1]. Es por ello que no se puede hablar de cura o de rehabilitación, puesto que no se trata de una enfermedad sino de una personalidad que siente placer por el abuso [2]. Es por ello que resulta tan relevante que el magistrado haya desoído los informes que obraban en la causa. De los distintos dictámenes que tuvo a consideración el magistrado, surge de manera concluyente que el señor Wagner no se encontraba preparado para reinsertarse socialmente y que existía una gran probabilidad de que reincidiera. Sin embargo, el juez hizo caso omiso a estas advertencias.

Cabe aclarar que el juez Rossi no resulta ajeno al conocimiento de que este tipo de personas que comete delitos contra la integridad sexual requieren un tratamiento especial y específico. Sin embargo, efectúa una argumentación cuestionable. Utiliza como fundamento de su decisión que la ausencia de respuesta institucional orientada a la implementación de un programa de tratamiento específico para los autores de los delitos contra la integridad sexual, produce el fracaso del sistema y no puede reprochársele al penado la desatención estatal en materia de política sanitaria carcelaria. Y señala que al no contar en la provincia con un equipo de profesionales especialista, conforme exige el artículo 28 de la ley nacional n° 24.660  -y que en razón de ello no se le pudo brindar el tratamiento adecuado al penado-, no puede resultar un impedimento para el otorgamiento del beneficio y computarse en perjuicio de aquél.

Sin embargo, yerra el magistrado en su ponderación, puesto que al no contar con un sistema penitenciario eficiente ni con el equipo de tratamiento adecuado, debió él tomar las medidas conducentes a fin de brindar apropiado tratamiento al señor Wagner durante su detención en orden a su posible reinserción social. Contrario a ello, no sólo no ordenó medidas encaminadas a subsanar la deficiencia del sistema, sino que dispuso la libertad condicional de Wagner con consciencia de la dificultad que podría suscitarle su reinserción y con la posible reincidencia en la que podía incurrir, como aconteció. Por ende, que el magistrado haya desoído los dictámenes y no haya adoptado las medidas necesarias a fin de poder otorgar un tratamiento eficaz para Wagner, demuestra palmariamente que lo decidido por aquél ha sido totalmente contrario a la sana crítica.

Lo resuelto, a su vez, resulta un claro ejemplo de la falta de capacitación y sensibilización del magistrado respecto de los derechos humanos que les asisten a las mujeres, en particular del derecho a una vida libre de violencia. En este sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – la Convención de Belém do Pará – reconoce en su artículo 3° que “… toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. En la Convención, los Estados se comprometen a :  “… adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad” (inciso ‘d’). Y en forma específica en relación con el rol de los magistrados, enuncia en su artículo 8° que los Estados Partes deberán “… adoptar en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para (…) fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer” (inciso ‘c’).

El derecho a una vida libre de violencia implica fundamentalmente que se les conceda a las mujeres la posibilidad de vivir libres del miedo a un femicidio, a una violación o cualquier tipo de daño a su integridad física o moral como consecuencia de ser parte del género femenino. No resulta ocioso señalar a modo ilustrativo que según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil la Casa del Encuentro, desde el 1° de enero hasta el 31 de octubre de 2016, se registraron en el país el promedio de un femicidio cada 30 horas, es decir de mujeres asesinadas por el sólo hecho de ser mujeres, dentro de modalidades delictivas que no suelen padecer los hombres.

Ahora bien, a la luz de Belem do Pará, la aplicación de la ley penal no podría ser escindida de una perspectiva de género. Es por ello que un juez, en tanto integrante de la sociedad argentina y representante de un poder del Estado, debiera estar plenamente consciente de la problemática de la violencia de género.

En el caso de Micaela, el juez Rossi fue parte de un perverso sistema que actuó de manera al menos negligente al no garantizar la posibilidad de un tratamiento adecuado para la reinserción social de un hombre condenado por violación y lo restituyó a la sociedad a pesar del riesgo de que volviera a perpetrar hechos de violencia contra víctimas mujeres, situación ésta que ha sido advertida por informes periciales. En otras palabras, el riesgo que asumió el juez al otorgar la libertad condicional al condenado es un riesgo que recaía exclusivamente sobre la vida y la integridad física de las mujeres y no sobre los hombres. La resolución del juez, al otorgarle la libertad condicional a Wagner, permite colegir que el magistrado actuó con desconocimiento de la problemática que la violencia de género representa en nuestro país.

IV. CONCLUSION.-

Como puede observarse con claridad meridiana, la resolución del magistrado Rossi, al no tener sustento en informes elaborados por profesionales especializados –puesto que se apartó de los dictámenes que advertían sobre la imposibilidad de que el señor Wagner se reinsertara favorablemente en la sociedad- ni fundamentación legal suficiente –puesto que no efectuó una correcta aplicación del artículo 13 del Código Penal-; al haber soslayado el dictamen del Fiscal de Cámara, el cual se opuso a la concesión de la libertad condicional por entender que el penado “… no reunía las condiciones necesarias para pronosticar una adecuada reinserción social” y al no haber adoptado medidas conducentes para el señor Wagner hubiera recibido el tratamiento adecuado y para que no haga mal uso del beneficio otorgado, como finalmente lo hizo, no cumplió de manera idónea con la función esencial de todo magistrado, que es la de custodiar la efectiva vigencia de los derechos humanos fundamentales de todos, como la vida, el honor y la integridad sexual. Lamentable para Micaela y su familia.

Es por ello que consideramos que la actuación del juez Rossi se subsume, en virtud de lo manifestado precedentemente, en la causal de mal desempeño prevista en el inciso 9 del artículo 15 de la ley n° 9283.

En consecuencia, peticionamos al señor Presidente del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, se someta al magistrado Carlos Alfredo Rossi al jurado de enjuiciamiento, conforme el procedimiento que la normativa vigente prevé.

V. PETITORIO.-

Por todo lo expuesto, solicitamos:

  1. Se nos tenga por presentados, por cumplimentados los requisitos previstos en la ley provincial n° 9283 y por promovida formalmente la denuncia por mal desempeño contra el Juez Carlos Alfredo Rossi.
  2. 2. Oportunamente, se tenga por acreditada la causal de mal desempeño y se proceda a la remoción de Carlos Alfredo Rossi del cargo de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

PROVEER DE CONFORMIDAD.

POR SER JUSTO.

 

Defensores del Pueblo del país repudian la represión contra docentes

 

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) manifestó su rotundo repudió a la represión de fuerzas del Estado contra docentes que intentaban instalar una carpa frente al Congreso de la Nación. Adpra, de la que es parte la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, emitió un comunicado en base a los hechos ocurridos en la noche del domingo. A continuación, el texto:

“En días de profundo pesar, en los cuales intentamos elaborar el dolor de la pérdida de jóvenes mujeres ante el avance de una sociedad cada vez más violenta, observamos en la noche de hoy (por ayer) la represión a docentes sufrida por parte del Estado, en donde se produjeron detenciones de maestros y la utilización -nuevamente- del gas pimienta.

En ese sentido, advertimos que la violencia institucional es de absoluta gravedad para la República, toda vez que es el propio Estado quien habilita el uso de la fuerza como medio idóneo.
La represión es consecuencia de la falta de diálogo como mecanismo de abordaje de los conflictos, y en ese sentido, es que los Defensores del Pueblo de la Argentina manifestamos nuestro contundente repudio a la represión padecida por los docentes, quienes se encontraban en el marco de su legítimo derecho de reclamo salarial, intentando llevar a cabo el Programa Escuela Itinerante, dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, reiterando que solo el camino del diálogo y la no violencia nos permite la construcción de una sociedad más justa y pacífica”.

 

Consternación y pedido por el caso de Micaela

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná expresa su conmoción por el peor deslance del caso de la joven Micaela García, quien estuvo desaparacida durante una semana y hoy fue hallado su cuerpo en zonas aledañas de Gualeguay.  Se suma al reclamo de justicia y pide medidas concretas, de educación y concientización, como parte de políticas de Estado perdurables en el tiempo, contra la violencia en general y, especialmente, la de género.

La institución adhiere a las concentraciones convocadas en plazas del país, para esta noche a las 20, con el fin de unir voces en torno de  la consigna #NiUnaMenos. En Paraná, la concentración será frente a Tribunales.

Obras en construcción: la Defensoría hizo recomendaciones al Ejecutivo

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná viene interviniendo en temas referidos a las obras en construcción y las molestias y daños que causan en vecinos. La última gestión fue realizada el 16 de febrero pasado, mediante una nota dirigida al Secretario Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, con motivo de una presentación iniciada por vecinos de las calles Corrientes y Maipú. Pero el planteo es extensivo a otros casos que la Defensoría ha intervenido a través del Centro de Mediación. Hace unas semanas se conoció la noticia de la caída de una pared de un edificio en construcción sobre una casa, en calle Colón y Corrientes, justamente en la obra que hicieron mención los vecinos de la zona a principios de 2016, a través de diferentes presentaciones.

En la nota presentada al secretario del área Legal y Técnica, se menciona que ante las diferentes presentaciones realizadas que involucra a “obras en construcción y su afectación a terceros” y en vista a un dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comuna, la Defensoría entiende lo siguiente: que el Reglamento de Edificación de la ciudad, con el que se aprueba y consideran medidas de prevención, “no alcanza para evitar los daños y perjuicios que se producen en propiedades linderas” y que “las inspecciones se limitan a realizar un informe sobre el relato del damnificado con respecto a los daños que se visualizan sobre las viviendas a media que avanza la obra, sin precisar los causales del mismo” . Esto –concluye- “pone en estado de indefensión a los ciudadanos afectados y a la población en general si se consideran las situaciones denunciadas por incumplimiento en las medidas de seguridad hacia la vía pública”.

Además se advierte que posible es que el inspector del área no esté presente cuando ocurra lo inesperado y/o no alcance a detectar el riesgo ante un posible derrumbe y que “no es práctica del Ejecutivo disponer demoliciones de la obra por vicios en su construcción y por afectación a propiedad lindera, y la intervención del área de competencia se limita a realizar las intimaciones y/o a notificar al propietario de la misma, estableciendo nuevos plazos de prórroga para las correcciones, las cuales pasan a ser medidas dilatorias quedando en un segundo plano, el de las penalidades por incumplimiento de la normativa. Que en el mejor de los casos la penalidad se limita a la imposición de una sanción pecuniaria”.

Seguidamente, el Defensor del Pueblo expresa en la nota que la situación detallada en el párrafo anterior “es común a todos los reclamos presentados en la institución y, si bien, existen problemas derivados de la convivencia con la obra que pueden ser tratados y resueltos desde la mediación, o por la vía judicial, esta Defensoría entiende que es el Estado quien debe velar por que se cumpla la norma y se garanticen las condiciones de habitabilidad, tanto para los futuros propietarios, como la seguridad para los ciudadanos residentes en los predios linderos a los edificios en construcción”.

Más adelante, se indica que “el proceso constructivo desde su inicio afecta el entorno inmediato y genera perjuicios que recaen sobre el frentista en la medida que se retiran de la obra sin reparar los daños ocasionados: veredas rotas por el estacionamiento de camiones, conexiones a red que se generan sobre la traza de la calle con terminaciones deficientes de compactación, ausencia de contenedores y depósitos de residuos, entre otros”.  Y se añade que “el acceso a la información pública de la que gozan los ciudadanos debe estar garantizada al momento de ser solicitada a través del área requerida, por cuanto se transforma en una herramienta necesaria e imprescindible, para los damnificados acceder al conocimiento de quienes son los responsables de la obra en ejecución y que les genera un menoscabo en su esfera patrimonial y psíquica”. Asimismo, se desprende del proceso administrativo que “sigue existiendo desfases entre la presentación de los proyectos, los planos conforme a obra, la ejecución de la misma y las observaciones realizadas por la inspección. Concretamente, la obra no se adecua a los proyectos aprobados”.

Otro aspecto mencionado consiste en las inspecciones municipales y en la falta de regularidad. Al respecto, se advierte que los controles suelen ser superados por las etapas constructivas de la obra.  “Sucede que al momento de tener que constatar lo proyectado con lo ejecutado, la etapa se encuentra superada, como ser la de submuración, entre otras”, se consigna. Ante situaciones como las detalladas, se concluye que se vuelve dificultoso aplicar “el reglamento con el rigor que se exige, de ser necesario el poder sancionatorio ante la omisión, la imprudencia, negligencia y/o en que se incurra”.

Por último, se plantea que las diferentes situaciones que se han presentado en “la Defensoría desde su creación, y que refieren a la afectación de terceros por construcciones civiles, se desprende “respecto a los profesionales interviniente, que “también incumbe al Estado Municipal el control de dicha práctica profesional cuando se encuentra comprometida la seguridad de las personas, sus bienes y de toda la comunidad, por quienes deben velar como parte de la función social que tiene a su cargo”.

Por todo ello, la Defensoría recomendó al Ejecutivo municipal atender los reclamos de los ciudadanos, que en la mayoría de los casos han realizado presentaciones por la vía administrativa, y  “garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en lo que refiere al control desde el Estado, de la correcta ejecución de las etapas constructivas, y aplicación conforme reza en el Código de Edificación”. Específicamente las cláusulas referidas a la  Policía de Obra, Casos de siniestro y  Demolición de las obras en contravención, tratándose de una obra aprobada en proceso de ejecución. Además se aconsejó considerar la vigencia del art. 92 de la Ordenanza Nº 8563: “El Departamento Ejecutivo queda plenamente facultado, por la delegación expresa que en él hace el Concejo Deliberante, para introducir modificaciones al presente código, mediante el sistema de enmiendas que se crea por el presente, debiendo observar en forma estricta para la validez de las mismas, las especificaciones que se explicitan en el artículo siguiente”. También pide que se comunique al área de Fiscalización de Construcciones Urbanas, respecto de los Convenios vigentes con los Colegios de Profesionales que se hubieren firmado y que involucre tareas de inspección sobre las construcciones a ejecutar dentro del ejido de la ciudad de Paraná. Y se remarca que la “Defensoría entiende que el poder de policía conferido al Ejecutivo Municipal por ordenanza, es la herramienta indispensable para el resguardo de la sociedad, en su conjunto”.  Finalmente, solicita se garantice “el derecho de acceso a la información pública imprescindible para desarrollar una democracia eficiente y transparente”.

 

Qué resolvieron los Defensores del Pueblo del país

Los Defensores del Pueblo del país se reunieron en Neuquén y se expidieron sobre tarifas y servicios públicos. Participaron los Defensores de Paraná, Luis Garay (Titular), y Pablo Donadío (Adjunto). La institución local ocupa la vicepresidencia segunda de la conducción de la asociación nacional de Defensores del Pueblo. El resumen de lo resuelto se puede ver en el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=F4NUJhQ2LhU

Page 1 of 46123456»102030...Last »

Contacto

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
de la ciudad de Paraná
Monte Caseros 159
CP E3100ACC - Paraná, E. Ríos
Tel: (0343) 420-2322
0800 777 1112
defensoriaparana@gigared.com

CENTRO DE MEDIACIÓN
Monte Caseros 161
CP E3100ACC - Paraná, E. Ríos
Tel: (0343) 421-1029
mediacionparana@hotmail.com

Delegación Defensoría del Pueblo de la Nación:
defensornacionerios@hotmail.com

Multas de tránsito en rutas entrerrianas

Consultas a los teléfonos:
0343-484-0719
0343-484-0671
0343-484-0616
0343-484-0675
0343-484-0884
0343-484-0778
0343-484-0676
0343-484-0718
0343-484-0617

o por mail a la delegación de la
Defensoría del Pueblo de la Nación:
parana@dpn.gob.ar