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Realizan un taller para honrar a Cecilia Greca

 

Este viernes, 26 de mayo, se realizará un taller en la Facultad de Trabajo Social (FTS), de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en homenaje y recordación de Cecilia Greca, integrante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, que falleció el sábado pasado dejando un profundo dolor entre todos quienes la conocieron y tuvieron oportunidad de compartir distintas vivencias y momentos con ella. En este caso, Cecilia fue un nexo fundamental en el trabajo conjunto entre la Facultad de Trabajo Social y la Defensoría del Pueblo durante los últimos años.

Cuidar-nos Reconociéndonos. Honrando la presencia y partida de Ceci es la consigna de la invitación que se desarrollará entre las 18 y 21.30, en la Facultad de Trabajo Social, en calle Almirante Brown 54 de Paraná.

El taller se realiza en el marco del Proyecto de Investigación “El cuidado de los que cuidan. Investigación Colaborativa en torno al cuerpo y al cuidado” y tiene el objetivo de “reencontrarnos en el trabajo de compartir las búsquedas y caminos en el cuidar-nos; y sobretodo honrar la presencia y partida de Cecilia”, consigna la invitación.

Se informa que el cupo es limitado y que los interesados deberán escribir a la siguiente dirección de mail: cuerpoycuidado@gmail.com

Cecilia fue profesora de Filosofía después de incursionar por el estudio de distintas disciplinas, encontrándose luego con la biodanza.  A través de ella, pudo dar con una dimensión diferente que le permitió grandes logros personales.  “Con biodanza, la alegría de vivir fue un hallazgo”, dijo en febrero de 2016, en una nota publicada por el diario UNO.

“La alegría de vivir fue un hallazgo y la posibilidad y el placer del movimiento y la expresión. Tal es así que he ido perdiendo la palabra”, afirmaba, en una nota del periodista Julio Vallana. “El aprendizaje de biodanza descubre cuánta posibilidad tenemos de movimiento y expresión”, añadía en aquella oportunidad.

Con esa convicción, Cecilia junto a otras facilitadoras, tuvo a cargo talleres abiertos sobre biodanza organizados por el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría.  En junio pasado, el título de la convocatoria fue “Un camino para el encuentro humano” era el título, propuesta que Cecilia desandaba todo el tiempo.

Homenaje de la Defensoría a Cecilia Greca

 

 

Cecilia, posa con un caballito que buscaba sus caricias, en una de las últimas salidas a un barrio.

Hoy fue un día de profunda tristeza para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná: ha muerto Cecilia, una de sus integrantes desde el inicio mismo de la institución.
Cecilia Greca fue una invalorable trabajadora, comprometida con su tarea, una acérrima defensora de los derechos de los ciudadanos. Y fue una excelente compañera, amiga y, sobre todo, una muy buena persona.
Amable, cariñosa, cálida, con una gran capacidad de disposición y escucha, Ceci se desempeñó en los últimos años en el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo y fue un eslabón esencial para la concreción de tanto trabajo en las actividades de capacitación como en la atención a los ciudadanos y ciudadanas que a diario llegan a calle Monte Caseros 161. En esa casa, Ceci fue feliz, se sonrió tantas veces pudo con su risa característica, ancha, sonora y resplandeciente; atendió decenas de testimonios con su mirada profunda, atenta, respetuosa que fue parte característica de su gesto incondicionalmente afable.
Trabajó hasta lo último. Casi a fin del año pasado, participó de una de las últimas salidas a los barrios, en la Villa 351. Fue como siempre, activa, contenta, dispuesta, y entre tanto movimiento, hubo uno raro: un pequeño caballito porfiaba por abrirse camino entre quienes poblaban la plaza de ese barrio pobre y acercársele, por quedar a mano de su cariño. Y ella no ahorró caricias y también sonrió ampliamente para la foto, con luz. La risa y la satisfacción parecían salirle del alma.
Ese fue un día pleno, de vitalidad y entrega a las consultas, al buen trato, al trabajo y también a las demandas del protillito. Después, al poco tiempo, en enero la sorprendieron los primeros síntomas de un cáncer que no paró hasta hoy, hasta terminar con su paso por acá. Pero ella lo sobrellevó con gran valentía y esperanza hasta el final.
Sin dudas, Cecilia Greca ya es parte esencial de la historia de esta institución, y será recordada por nosotros como una persona con luz propia, de sonrisa grandota y de convicciones inamovibles, arraigadas en la solidaridad, en la igualdad de oportunidades para todos, en la paz, en la justicia, en la amistad, en el trabajo honrado y comprometido. Eso y seguramente mucho más, fue y será Cecilia.
Desde hoy a las 12.30, está siendo despedida en Sasfer, en calle Urquiza 431, de Paraná. Mañana, la sala abrirá a partir de las 9.

Participación de la Defensoría del Pueblo en un seminario internacional sobre problemáticas sociales

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, y la Coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria de la institución, Irina Chausovsky, participarán este jueves, en carácter de expositores, del seminario internacional Problemáticas Sociales en escenarios reconfigurados. Política Social, Intervención Profesional y Trabajo Social, organizado por la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La intervención en territorios altamente conflictivos será el tema sobre el que se explayarán los representantes de la Defensoría del Pueblo, en el segundo panel de la mañana junto al  Mg. Carlos Mario Ramírez Rave (Universidad de La Salle Colombia) y al Lic. Juan Manuel Pereyra (Programa de Juventudes Incluidas, Santa Fe, Argentina).

El 20 de abril pasado, la Defensoría fue invitada por la Facultad de Trabajo Social a exponer sobre la Facilitación en conflictos públicos y comunitarios. Diálogos que transforman realidades. Aportes y reflexiones desde la práctica. En la oportunidad, el Defensor y la Coordinadora se refirieron a las experiencias de los trabajos realizados en los últimos años por la institución. La actividad se realizó en el marco de  una charla sobre las experiencias de las mesas de gestión en Salto (República Oriental del Uruguay) y Entre Ríos.

Para el seminario internacional, los paneles propuestos comprenden los siguientes temas: Procesos migratorios, Conflictividad territorial e intervención profesional y Subjetividades contemporáneas.

Participarán especialistas invitados de Colombia, Brasil, Paraguay, México, Uruguay, Chile, Argentina.
La organización está a cargo de la Maestría en Trabajo Social y Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos de la Facultad de Trabajo Social-UNER. La actividad es cerrada.

 

 

 

Día Internacional contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género

El 17 de mayo se instituyó como “Día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género”, en coincidencia con la fecha en que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

La disposición ocurrió en 1990 y terminó con casi un siglo de homofobia médica y discriminación colectiva hacia las personas LGTBIQ.  El logro fue fruto del trabajo de múltiples organizaciones de defensa de los Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex (LGBTI), con el apoyo de movimientos de defensa de los Derechos Humanos, Sociales y Sindicales.

“La homofobia, la lesbofobia y la transfobia son el odio irracional hacia las personas cuya orientación sexual es diferente a la heterosexualidad y/o hacia aquellas en las que su identidad de género no coincide con su sexo biológico. La discriminación se refiere al acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad”, publica la Defensoría del Pueblo de Vicente López.

 

Empezó una ronda de reuniones en el ámbito de la Justicia por las personas que viven en la calle

 

La próxima reunión fue convocada para el próximo 24 de mayo, en el edificio de Tribunales.

La situación de las personas que viven en la calle en la ciudad de Paraná fue motivo de una primera reunión que se realizó este martes por la mañana, convocada por el Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez.

A partir de un caso concreto, de un ciudadano en deplorable estado de salud, presentado por la Defensoría del Pueblo de Paraná ante la Justicia, se retomó la problemática que involucra a decenas de personas que deambulan por la ciudad y que ha generado una serie de acciones en la última década – iniciadas en su mayoría desde esta institución- sin que todavía se hayan instrumentado medidas de fondo.

La reunión se llevó a cabo en el edificio de Tribunales, en Laprida 255, y participaron el defensor Maximiliano Benítez y la secretaria de la Defensoría General Lorena Calí; el Defensor del Pueblo, Luis Garay; el director del Hospital San Martín, Fernando Giménez, junto a integrantes del nosocomio, y  Fernanda Ferrando y Martín Turriani por la Dirección de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos.

El de hoy  fue el primer encuentro que tendrá continuidad el próximo 24 de mayo en Tribunales, para el que desde la Defensoría General se reiterarán las invitaciones a las áreas pertinentes de la Municipalidad de Paraná y de la provincia. También se convocarán a otras organizaciones.

Benítez abrió el encuentro planteando la necesidad de que el Estado atienda la situación de las personas que viven en extrema vulnerabilidad y para ello, planteó que se vuelve imperioso que las distintas áreas se pongan de acuerdo y coordinen acciones. Para eso, propuso la posibilidad de diseñar un protocolo de intervención que garantice la atención en ese ámbito, en el convencimiento de que la judicialización de ese tipo de casos no redunda en soluciones de fondo.

Seguidamente, el Defensor del Pueblo de Paraná informó que la problemática viene siendo una profunda preocupación de la institución desde hace más de una década. Explicó que la posición que mantiene la Defensoría -y que ha expresado en distintas oportunidades a lo largo del tiempo-  se basa en el pedido de aplicación de medidas de fondo e integrales, que atiendan no sólo la falta de un lugar para alojarse, comida y abrigo, sino que también -y fundamentalmente- el estado emotivo y psicológico, las razones que hacen que “una persona un día deje de dormir en su casa para irse a la calle”.

En ese sentido, mencionó la existencia de la ordenanza municipal Nº 8.932, que está vigente desde 2010 pero que no se ha instrumentado todavía, por la que se crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle en el ámbito de la Ciudad de Paraná. La aplicación de esta norma viene siendo un pedido reiterado de parte de la institución junto a organizaciones sociales, de voluntarios que trabajan en la atención de las personas que están en la calle.

Por su parte, el director del Hospital San Martín se refirió al procedimiento que se lleva adelante en el nosocomio y fundamentó la necesidad de que se aborde, en una primera instancia, la atención mediante agentes sanitarios.  Describió la alta demanda que tiene el hospital y expuso, como una situación social también de alta vulnerabilidad que tiene impacto en el establecimiento, la existencia de personas con obra social y parientes que pese a tener el alta médico permanecen internadas  porque no tiene dónde ir.

El tema de los ciudadanos en situación de calle ocupa a la Defensoría del Pueblo desde prácticamente el inicio de la institución en 2003.  En diciembre de ese año  impulsó un proyecto de ordenanza que proponía la creación de un albergue, entre otras medidas. La casa denominada Hogar Madre Teresa de Calcuta se instauró en 2007, pero casi enseguida dejó de atender a la franja de ciudadanos para la que había sido creada y se dedicó a otra, también con necesidades.

En marzo de 2013,  la institución emitió una Recomendación instando a “los gobiernos provincial y municipal, a través de las áreas competentes,  a implementar una política pública, destinada a abordar de manera integral, la situación de las personas que viven y/o permanecen en la calle”. Y en abril de 2015,  la Defensoría elevó otra Recomendación,  por la que solicitó al Ejecutivo municipal que reglamente la ordenanza 8.932 e instruya su implementación.

Participaron también Ariel Salinas, Silvia Kauffmann, Gustavo Pagnoni y Nadia Ferrara, integrantes del equipo de trabajo del Hospital San Martín.

 

 

 

2×1: La Defensoría del Pueblo de Paraná adhirió a una denuncia presentada ante organismos internacionales

 

 

 

Los tres jueces que aprobaron el 2x1.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, a través de sus titulares Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto), adhirió a la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en relación al fallo sobre el 2×1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La denuncia fue presentada formalmente por el presidente de la Asociación de los Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, en el convencimiento de que la sentencia de la Corte constituye una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos.  Mediante la medida cautelar, se solicita que cite al Estado Argentino y que cesen los efectos de la resolución emitida por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.

Concretamente, la denuncia es contra el Estado argentino respecto de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro si recurso extraordinario” (CSJ 1574/2014/RH1) del 3 de mayo de 2017 por la violación de los arts. 1.1, 2 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los arts. I.d y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

 

Asimismo, se realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “privar de Justicia a toda la sociedad”,  al tiempo que se renovó el  repudio al fallo y se acompañó copia de la demanda presentada en sede internacional contra el Estado argentino.

El pedido ante la CIDH y la denuncia a la CSJN hacen hincapié en la lucha por los Derechos Humanos de las últimas décadas y repudia terminante la sentencia de los jueces que votaron a favor del 2×1  (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco).

 

“El fallo es inconvencional e insconstitucional porque está conmutando la pena en situaciones donde está prohibida la conmutación y prohibido el indulto. La sentencia expresada por la mayoría no es un fruto racional del orden jurídico, esta sentencia corroe y lastima las bases de la institucionalidad Argentina. En los términos previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional, esta sentencia significa un atentado contra el orden institucional y el sistema democrático y desata una crisis institucional insospechada”, se publica en la página web de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Y continúa: “Desde 1994, la comunidad argentina ha adoptado un nuevo contrato político que es un paradigma en el cual se jerarquiza constitucionalmente los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. A partir de esa jerarquización, la Argentina ha decidido revisar su pasado, investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Esta decisión de los ciudadanos argentinos expuesta a partir de la Constitución sancionada en 1994 nos coloca a todos los Argentinos frente a la comunidad internacional con una responsabilidad que es demolida por los tres jueces de la Corte, porque la Argentina deja de asumir precisamente ese compromiso relacionado con la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de los crímenes de lesa humanidad”. Se sostiene a continuación, que con esa actitud “se pulverizan las bases de certidumbre destacadas por el derecho internacional de los derechos humanos y la Argentina queda colocada a expensas de una sanción internacional por intermedio de una sentencia de tres integrantes de la Corte”.

 

La denuncia ante la Corte declara que los tres votos de la mayoría “configuran una privación de Justicia a toda la sociedad, que la paz es la esencia íntima del Derecho, que es siempre un instrumento al servicio de ella y una técnica para la solución pacífica de controversias. Paz y razonabilidad son estandartes mínimos y básicos de toda decisión estatal, y los tres votos políticos en el marco de las conquistas de los Derechos Humanos vulneran el valor justicia y deterioran a la institución justicia. Tres votos políticos que son una ignominia para las víctimas y para la Argentina en su conjunto. Tres votos que han quedado registrados en la historia como una nueva vergüenza que festejan los genocidas pero mancillan la memoria la verdad y la justicia. Tres votos políticos que reafirman como nunca la convicción de que el punto de partida lo lanzó como un grito en nuestra historia Julio Cesar Strassera: “Sr. Presidente, Nunca Más” y que debemos reafirmar. Recordando siempre que los derechos se conquistan y se defienden. La Argentina los había conquistado. Ahora hay que volverlos a conquistar y defenderlos. Ni un paso atrás. Por la memoria de quienes no están. Por el presente del Pueblo Argentino. Por el futuro de la Patria”.

A continuación, los documentos presentados:

Descargar presentación ante la CSJN

Descargar presentación ante la CIDH

 

El Defensor Garay repudió el fallo del 2×1 y lo consideró “un retroceso muy importante”

 

El Defensor Luis Garay participó de la marcha del miércoles. Gentileza El Diario.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó de la manifestación masiva que se realizó el miércoles en la Plaza 1º de Mayo de Paraná, en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que proporcionó el 2×1 a un represor de la última dictadura cívico militar de Argentina.

“Siento vergüenza ajena, no solamente como Defensor sino como ciudadano. Me parece que ha sido un retroceso muy importante en las políticas de derechos humanos que han sido ejemplo en el mundo durante los últimos años. Hoy nos miran con otros ojos. Yo no lo llamo un error, creo que ha sido totalmente preparado por los tres integrantes de la Corte, por eso creo que al margen de que esté la ley (en relación a la norma aprobada el miércoles por la Legislatura nacional), que ha salido y es un triunfo de la democracia y de la reacción que suele tener la ciudadanía ante las injusticias, entiendo que esto tiene que tener otro tipo de castigo. Nosotros, como Asociación de Defensores, nos presentamos mañana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que se revea el fallo”, dijo en declaraciones a El Diario.

Cabe recordar que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se expidió mediante un documento, emitido durante el II Plenario realizado el jueves y viernes de la semana pasada en Vicente López, Buenos Aires. Los Defensores repudiaron el fallo por considerarlo un profundo retroceso en materia de derechos humanos.

“Como instituciones de Derechos Humanos nos preocupa la interpretación que plasma el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque resulta contrario a las políticas y a la defensa de los derechos humanos sustentadas hasta el presente.
El voto de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que decide el fallo de la CSJN constituye un retroceso y el camino hacia la consagración de la impunidad en delitos de lesa humanidad. Es una decisión política que expone a la Argentina en su política de derechos humanos y la coloca en una situación internacional comprometida y vergonzosa”, consigna una parte del documento.

La manifestación se realizó en la Plaza 1º de Mayo. Gentileza El Diario.

 

La Defensoría del Pueblo pidió acciones concretas para atender los problemas de hábitat en la Villa 351

 

 

El barrio está emplazado a la vera de una calle principal y abundan las necesidades.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná se expidió sobre la situación del hábitat y vivienda de las familias asentadas en la denominada Villa 351 de Paraná. Lo hizo mediante una Recomendación –instrumento formal de la institución para fijar posición- dirigida al Presidente Municipal, en la que después de describir la situación de vulnerabilidad y pobreza en la que viven unas 670 personas, pide se adopten medidas tendientes a garantizar los derechos de los habitantes.

La Defensoría del Pueblo inició su trabajo en esa  comunidad a partir de la preocupación expresada por autoridades de la Escuela Nº 190 Obispo Gelabert y Crespo ante el clima de violencia que se vive en la zona de Villa 351, sector delimitado por las vías del ferrocarril y las avenidas De las Américas y Ramírez. Concretamente, desde la escuela se requirió orientación y participación de la institución. Posteriormente,  el  Juzgado de Instrucción Nº 2 y la Fiscalía Nº 1 solicitaron la intervención del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de colaborar en los conflictos de la convivencia.  Si bien, en articulación con otros organismos e instituciones presentes en el territorio, la Defensoría  realizó distintas acciones y atendió  preocupaciones y reclamos de vecinos ante derechos vulnerados, no se lograron “avances significativos en pos de mejorar las condiciones de vida de las familias allí asentadas”.

Entre los fundamentos de la Recomendación Nº1, de abril de 2017, se enmarca la realidad de la Villa 351 en lo que sucede en barrios ubicados en las márgenes urbanas de la ciudad, que padecen  una “creciente violencia” que “lejos de verse mitigada, persiste y se agudiza”. Y se detalla que se trata de zonas que sufren “las consecuencias generadas por episodios de confrontación entre bandas o entre familias, disputándose el liderazgo de territorios, lo que deja al descubierto (para quienes quieren mirar) un sinfín de derechos vulnerados, una comunidad entera con miedos, con imposibilidades, desprotegida”. Seguidamente, se concluye que se trata de  varios factores que, encadenándose, generan la situación. Entre ellos, se menciona  “la presencia selectiva, intermitente y contradictoria del Estado, la explosión de la comercialización de estupefacientes, la precariedad e informalidad, en todos los órdenes, en que se desarrolla la vida cotidiana de las familias que habitan esos espacios”.   Es justamente “esta compleja trama de desamparo, pobreza, acciones represivas, desintegración social, vulneración de derechos, referentes políticos, asistencialismo, lo que debe interpelarnos como Estado”, se advierte en la Recomendación.

El predio  donde está emplazada la Villa es de propiedad privada. Ahí viven  unas 181 familias conformadas por un total de 670 personas -215 de las cuales son niños y niñas entre 0 y 14 años, de acuerdo a datos proporcionados por el Centro de Salud Manuel Belgrano- en condiciones de “precariedad e insalubridad”. El terreno tiene un trazado irregular, con una “sola calle de ingreso en condiciones muchas veces intransitable y pasillos peatonales interiores”. En cuanto a los servicios y obras de infraestructura  (agua, cloacas, iluminación, limpieza), los habitantes carecen de ellos o acceden a través de conexiones riesgosas por irregulares.

Las dificultades que tienen los sectores de escasos o nulos ingresos para acceder a una vivienda digna es una problemática que viene señalando con preocupación la Defensoría del Pueblo. A través de otra Recomendación, emitida en 2012, la institución advirtió que la restringida oferta de suelo urbano formal para sectores de escasos o nulos ingresos, lleva a la realización de maniobras al margen de la ley civil y urbanística motivada, fundamentalmente, por la necesidad de contar con un espacio físico (en general periférico y degradado ambientalmente) de realización personal y familiar, situación que recrudece la conflictividad social alrededor de la problemática del acceso al suelo y la vivienda. Y señaló que  “para muchas familias, la regularidad (y a veces la legalidad) es inalcanzable, por lo que el acceso sólo es posible en un espectro de situaciones, que abarcan desde mercados informales del suelo (por la vía de intermediarios) hasta situaciones de hecho en áreas sin servicios, ambientalmente degradadas, o expuestas a riesgos naturales, como el modo predominante de acceso a la ciudad, de parte de los sectores más pobres de la población”. A continuación, se remarcó que “es el Estado el impulsor principal y el garante de las políticas públicas sobre hábitat adecuado”  y que el derecho a una vivienda digna se encuentra consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como en el art.  25 de la Carta Magna de la provincia de  Entre Ríos. Asimismo, en la lista de antecedentes se menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,  la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre;  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y  la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta última reconoce en su art. 27 el derecho de todo niño a “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

Tras lo expresado, la Defensoría del Pueblo pidió a la Municipalidad de Paraná que evalúe “posibles alternativas” y encare “acciones concretas, factibles y justas, para resolver la cuestión del hábitat y vivienda de las familias asentadas en el predio de referencia”.  Solicitó que la solución habitacional propuesta contemple, tal lo establece el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los siguientes indicadores:  Seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, sea cual fuere el tipo de tenencia, que garantice la seguridad y la protección legal; Disponibilidad de infraestructura y servicios esenciales para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición; Gastos soportables, que no comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas; Asequibilidad, debe ser alcanzable para todos, pero especialmente para los grupos en situación de desventaja;  Localización, en lugar  que permita el acceso al empleo, a los servicios de salud, educación, recreación  y sociales. No debe construirse en lugares contaminados ni en su proximidad;  Adecuación cultural, la manera en que se construye, los materiales utilizados y las políticas en que se apoya deben permitir la expresión de la identidad cultural; Habitabilidad, que ofrezca un espacio adecuado, protección a la salud y seguridad física a sus habitantes.

A continuación, el texto de la Recomendación Nº1/17.

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RECOMENDACIÓN Nº 1/17 al Sr. Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná.

 

Recomendación en relación a la situación del hábitat de las familias asentadas en la denominada Villa 351

Paraná, 28 de abril de 2017.-

Visto:

Que las autoridades de la Escuela Nº 190 “Obispo Gelabert y Crespo” se acercaron a la Defensoría del Pueblo manifestando las preocupaciones por el clima de violencia que se vive en la zona de la denominada “Villa 351” (delimitada por las vías del FFCC, Avda. de la Américas y Avda. Ramírez), requiriendo orientación/intervención y que, asimismo, posteriormente, el Juzgado de Instrucción Nº 2 y la Fiscalía Nº 1 solicitaron la intervención del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de colaborar en los conflictos de la convivencia;

 

Considerando:

Que, la creciente violencia que se da en sectores de nuestra ciudad, la mayoría en los márgenes urbanos,  lejos de verse mitigadas, persisten y se agudizan:  barrios sufriendo las consecuencias generadas por episodios de confrontación entre bandas, o entre familias, disputándose el liderazgo de territorios, lo que deja al descubierto, (para quienes quieren mirar) un sinfín de derechos vulnerados, una comunidad entera con miedos, con imposibilidades, desprotegida.

Que, varios son los factores que, encadenándose, generan esta situación: la presencia selectiva, intermitente y contradictoria del Estado, la explosión de la comercialización de estupefacientes, la precariedad e informalidad, en todos los órdenes, en que se desarrolla la vida cotidiana de las familias que habitan esos espacios.

Que, es justamente esta compleja trama de desamparo, pobreza, acciones represivas, desintegración social, vulneración de derechos, referentes políticos, asistencialismo, lo que debe interpelarnos como Estado.

 

 

 

 

 

 

Que, si bien a partir de la intervención de la Defensoría y su Centro de Mediación, en articulación con otros organismos e instituciones presentes en el territorio, se atendieron, intermitentemente, preocupaciones y reclamos de vecinos/as ante derechos vulnerados, no se logró avances significativos en pos de mejorar las condiciones de vida de las familias allí asentadas.

Que, en el caso que nos ocupa, 181 familias conformadas por un total de 670 personas -215 de las cuales son niños y niñas entre 0 y 14 años-(*), habitan, en condiciones de precariedad e insalubridad,  el predio referenciado, de propiedad privada, el que tiene un trazado irregular, con una sola calle de ingreso, en condiciones muchas veces intransitable, y pasillos peatonales interiores, sin contar con los servicios e infraestructura correspondientes (agua, cloacas, iluminación, limpieza), o, en su defecto, con conexiones absolutamente riesgosas por irregulares.

Que, “…para muchas familias, la regularidad (y a veces la legalidad) es inalcanzable, por lo que el acceso sólo es posible en un espectro de situaciones, que abarcan desde mercados informales del suelo (por la vía de intermediarios) hasta situaciones de hecho en áreas sin servicios, ambientalmente degradadas, o expuestas a riesgos naturales, como el modo predominante de acceso a la ciudad, de parte de los sectores más pobres de la población…” (Recomendación DP Nº 1/12)

Que, la restringida oferta de suelo urbano formal para sectores de escasos o nulos ingresos, lleva a la realización de maniobras al margen de la ley civil y urbanística motivada, fundamentalmente, por la necesidad de contar con un espacio físico (en general periférico y degradado ambientalmente) de realización personal y familiar, situación que recrudece la conflictividad social alrededor de la problemática del acceso al suelo y la vivienda.

Que, “…Es el Estado el impulsor principal y el garante de las políticas públicas sobre hábitat adecuado. Ello en especial, cuando se mensura la situación de escasez de medios para atender el déficit habitacional urbano que afecta a los sectores de bajos recursos y de mayor vulnerabilidad, teniendo en consideración que sus posibilidades de acceso al mercado inmobiliario son nulas en tanto no se generen políticas públicas de inclusión sostenibles y acordes a las necesidades sociales…” (Recomendación DP Nº 1/12)

 

 

 

 

 

 

Que, el derecho a una vivienda digna se encuentra consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como en el art.  25 de la Carta Magna de la provincia de  Entre Ríos. Asimismo, se encuentra reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el art. 14 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el art. 5 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el art. XI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su art. 27 el derecho de todo niño a “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” y establece en su inc. 3 que “los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.

 

POR ELLO

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE PARANA

RECOMIENDA

 

Art. 1º.- Instar a la Municipalidad de Paraná, a evaluar posibles alternativas y encarar acciones concretas, factibles y justas, para resolver la cuestión del hábitat y vivienda de las familias asentadas en el predio de referencia,

Art. 2º.- Requerir que la solución habitacional propuesta contemple, tal lo establece el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 4, octavo punto, los siguientes indicadores:

a-    Seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, sea cual fuere el tipo de tenencia, que garantice la seguridad y la protección legal;

b-    Disponibilidad de infraestructura y servicios esenciales para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición;

 

 

 

 

 

c-    Gastos soportables, que no comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas;

d-    Asequibilidad, debe ser alcanzable para todos, pero especialmente para los grupos en situación de desventaja;

e-    Localización, en lugar  que permita el acceso al empleo, a los servicios de salud, educación, recreación  y sociales. No debe construirse en lugares contaminados ni en su proximidad;

f-      Adecuación cultural, la manera en que se construye, los materiales utilizados y las políticas en que se apoya deben permitir la expresión de la identidad cultural;

g-    Habitabilidad, que ofrezca un espacio adecuado, protección a la salud y seguridad física a sus habitantes.

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, archívese.

(*) Datos proporcionados por el Centro de Salud “Manuel Belgrano”

 

Los Defensores del Pueblo del país repudian el fallo de la Corte por el 2×1

Tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró aplicable la Ley 24.390 –conocida como 2×1–, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, en un caso de delitos de lesa humanidad, los Defensores del Pueblo del país emitieron un comunicado rechazándolo en duros términos. El escrito fue elaborado en el marco de la Asociación que nuclea a unas cuarenta instituciones.  A continuación, el texto:

“La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra) no puede guardar silencio tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la magnitud de sus consecuencias en relación con la lucha por los derechos humanos en Argentina y la persecución de los delitos de lesa humanidad.
Como instituciones de Derechos Humanos nos preocupa la interpretación que plasma el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque resulta contrario a las políticas y a la defensa de los derechos humanos sustentadas hasta el presente.
El voto de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que decide el fallo de la CSJN constituye un retroceso y el camino hacia la consagración de la impunidad en delitos de lesa humanidad. Es una decisión política que expone a la Argentina en su política de derechos humanos y la coloca en una situación internacional comprometida y vergonzosa.
Tomando palabras del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y del voto disidente de los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, existen diferencias estructurales entre los delitos ordinarios y los de lesa humanidad. Estos últimos no son susceptibles de amnistía, indulto o conmutación de la pena, son imprescriptibles y pueden ser juzgados en cualquier momento con el objeto de evitar la impunidad que impide una real reparación de las víctimas del terrorismo de estado. Se desconocen las obligaciones internacionales asumidas ante la comunidad internacional en torno a la protección de los derechos humanos.
La renovación de la Corte trajo aparejado el mayor retroceso en la política de DD.HH. que, como dice Sabsay “es romper con el principio de progresividad cuando un país ha alcanzado mayores niveles en materia de derechos humanos y retroceder”. Tres votos políticos que vulneran el valor justicia y deterioran a la institución justicia. Tres votos políticos que son una ignominia para las víctimas y para la Argentina en su conjunto. Tres votos que han quedado registrados en la historia como una nueva vergüenza que festejan los genocidas pero mancillan la memoria la verdad y la justicia. Tres votos políticos que reafirman como nunca la convicción de que el punto de partida lo lanzó como un grito en nuestra historia Julio Cesar Strassera: “Sr. Presidente, Nunca Más” y que debemos reafirmar. Recordando siempre que los derechos se conquistan y se defienden. La Argentina los había conquistado. Ahora hay que volverlos a conquistar y defenderlos. Ni un paso atrás. Por la memoria de quienes no están. Por el presente del Pueblo Argentino. Por el futuro de la Patria.
Decía Leopoldo Marechal: “Los pueblos suelen arrojar al mar, botellas con mensaje de esperanza para las generaciones futuras”. El Nunca Más y la lucha fueron la botella arrojada al mar como mensaje de esperanza. Tomemos la botella, agarremos el mensaje y recuperemos para la patria la dignidad de la memoria la verdad y la justicia. El mensaje de esperanza para la reconstrucción sin odios ni rencores, pero con la certeza de que Nunca Más quienes cometieron delitos de lesa humanidad encuentren alguien que les abra la puerta para salir del lugar en el que los había colocado la justicia, con el ejercicio del pleno derecho de defensa que ellos no les permitieron ni les dieron a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron desde el aparato de represión más atroz que se conozca: el propio Estado. El garante de la vigencia plena de los derechos.
Los Defensores del Pueblo de la República Argentina manifestamos:
NO INDULTO, NO AMNISTÍA Y NO IMPRESCRIPTIBILIDAD DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
No hubo dos demonios. Hubo un infierno. Nunca Más”.

“Sólo traerá más separación”

El documento fue escrito en el marco del II Plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina desarrollado entre ayer y hoy (viernes), en Vicente López, Buenos Aires. El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participa del encuentro en su rol de vicepresidente segundo de Adpra. A los términos del documento, añadió que el fallo es una vergüenza, puesto que “habrá muchos genocidas caminando nuevamente por las calles”. Eso, agregó el Defensor,  ”sólo traerá más separación en los argentinos que ven burlada la confianza que venían teniendo en la justicia que, aunque lentamente, venía actuando con un criterio coherente, por lo que éramos ejemplo en el mundo en materia de tratamiento de delitos de lesa humanidad”.

 

Preocupación de la Defensoría del Pueblo por la interrupción de pensiones no contributivas

 

Las PNC suelen ser el único ingreso de la familia.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná expresa su preocupación por la interrupción del pago de Pensiones No Contributiva (PNC) registrada en casos atendidos por la institución. De acuerdo a las consultas recibidas, hay  ciudadanos de escasos recursos, único sostén de familia, que manifiestan haber dejado de percibir, en algunos casos hace más de un año, el monto correspondiente a la PNC.

En la mayoría de los planteos, la pensión constituía el principal ingreso de la familia y habría sido interrumpido a partir de la aplicación de requisitos, como la imposibilidad de percibir otro ingreso (en casos cobraban el beneficio provincial de la Ley 4035 cuyo monto ronda por ejemplo los $950) o ser titular de un vehículo u otros bienes.

Para continuar percibiendo la PNC, hay titulares que renunciaron a la 4.035, y desde hace meses no tienen ningún tipo de ingreso. Son esos casos los que requieren una respuesta clara y urgente en vista de la precariedad de sus situaciones particulares.

El tema fue propuesto por la Defensoría del Pueblo de Paraná para que sea abordado en el II Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), que se desarrollará entre este jueves y viernes, en la ciudad de Vicente López, en Buenos Aires.

El beneficio de estas Pensiones No Contributivas depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -organismo que cuenta con un Centro de Referencia en Entre Ríos, ubicado en Av. Ramírez 2537 de Paraná-, y constituye un sostén que al ser suspendido deja en condiciones de desprotección absoluta a grupos familiares que se mantenían con ese único ingreso.

Las Pensiones No Contributivas abarcan tres grupos con sus respectivos requisitos: casos de invalidez, con un monto de $4.476; por madre con siete y más hijos, $6.394 y por adulto mayor, que desde el año pasado es tramitada por Ansés con un monto aproximado que ronda los  $5.100.

En tanto, los montos de la Ley provincial 4035 son: $950 para madres con hijos a cargo y para casos de ancianidad y discapacidad, $ 1.850.   El acceso a este beneficio también requiere cumplimentar requisitos.

 

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