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Gas: el Defensor del Pueblo objetó el análisis por separado de los componentes del precio

 

El Defensor pidió al Enargas que haga un seguimiento y control de los proyectos de planes de inversión de las empresas distribuidoras. La solicitud abarcó a Redengas, distribuidora de Paraná, y ante la carencia de una Defensoría del Pueblo provincial, incluyó a GasNea, operadora en localidades entrerrianas.

Luis Garay.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó este viernes de la audiencia pública realizada en Santa Fe, convocada para revisar el precio del ítem distribución en la tarifa del gas natural.

El miércoles pasado se concretó una audiencia en Paraná para evaluar el incremento en el valor del gas en boca de pozo, otro componente del precio final del servicio junto a la distribución, el transporte y  la carga impositiva. De esos cuatro elementos, el gas en boca de pozo es el de mayor impacto en el precio final de la factura.

El Defensor del Pueblo consideró que el análisis por separado de cada elemento de la tarifa genera confusión y la imposibilidad de conocer antes de la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario el impacto que tendrá la suba en los consumidores. Entendió que se trata  de una “trampa”, que lleva a que el ciudadano conozca el tenor del incremento una vez que tiene la factura en sus manos.

Al encuentro llevado a cabo en el salón de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) regional Santa Fe concurrieron empresas distribuidoras de la zona como Redengas, que opera en Paraná, y Gas Nea, en el interior de Entre Ríos y otras provincias. Los representantes de las firmas prestadoras expusieron en primer término brindando sus argumentos de por qué debía aumentar el precio de la distribución.

A su turno, el Defensor del Pueblo, tras reiterar su rechazo al aumento de la tarifa, solicitó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que haga un seguimiento y control de los proyectos de planes de inversión de las empresas distribuidoras. Y la solicitud abarcó a Redengas, distribuidora de Paraná, y ante la carencia de una Defensoría del Pueblo provincial, incluyó a GasNea, operadora en localidades entrerrianas.

En cuanto a la situación de Paraná, dijo que hay unos 57 mil usuarios de gas en red sobre la base de unos 80 inmuebles registrados en el municipio. En ese sentido, se expidió a favor de que en el corto plazo se concreten obras que posibilite el acceso al servicio y que se publiquen los planes de inversión con el fin de que la ciudadanía tenga acceso a la información y a la consulta.

 

Información y participación.

El Defensor del Pueblo se refirió también en su exposición a la información pública y a la participación ciudadana. Reiteró su preocupación y crítica respecto de la modalidad de convocatoria de las audiencias públicas, a partir del dato de que el miércoles fue el único expositor de Entre Ríos, al igual que su par de Santa Fe, el Defensor del Pueblo Raúl Lamberto, quien inauguró y cerró la sede de transmisión abierta en Rosario.  “Hay deliberadamente un hecho político que es no dejar que las audiencias sean públicas”, afirmó, tras enumerar que las inscripciones para participar hay que presentarlas en Concordia por vía postal o personalmente. Ese trámite fue el que debió hacer la Defensoría de Paraná para participar tanto en la capital entrerriana como en Santa Fe. La situación, admitió, lo hizo dudar de presentarse este viernes, aunque después concluyó que no asistir era caer en “la trampa”, la misma que la de separar la factura del gas para aplicar las actualizaciones a cada ítem.

“El gobierno no puede ver por separado (los aumentos del servicio). Me pregunto dónde se para el Estado: del lado de la empresas o de los ciudadanos”, planteó.

Seguidamente,  insistió en la necesidad de que el Estado resguarde a los usuarios, entre los que citó especialmente a los asalariados y jubilados, y recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia acerca de la aplicación de los conceptos de progresividad y razonabilidad en las actualizaciones tarifarias. En ambos términos, el parámetro es el nivel de ingreso de las mayorías. Y eso es lo que no se debe perder de vista, enfatizó.

El mayor impacto estará dado en los grupos de usuarios que consumen menos, y que por lo tanto se sitúan en las franjas de menores ingresos. Mencionó que la quita de subsidios en combinación con los aumentos notorios propuestos, proyectan para el gas en boca de pozo una suba del 215% desde octubre de 2016 a 2019.

“Esto va a hacer casi imposible que se pueda pagar”, manifestó para luego señalar que se le deberán sumar las actualizaciones de los otros componentes de la tarifa.

En otro tramo, apeló a que haya una información clara y  se quejó de las   “verdades relativas”,  porque “no nos dicen cuánto va a ser el aumento total”.

Sobre la tarifa social, reforzó la propuesta de que  las Defensorías del Pueblo trabajen en conjunto con el Enargas en la precalificación de ciudadanos con situaciones particulares, para evitar así que queden afuera del beneficio sólo por un criterio taxativo estricto del sistema. Por la provincia expuso también Gabriel Vargas, presidente de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen).

 

El Defensor del Pueblo rechazó un nuevo aumento del gas

Dijo que antes de aplicar una suba de tarifas debe contemplarse la situación salarial. Señaló que el incremento del gas a boca de pozo que propone el gobierno hasta 2019 constituye un 215% para la categoría de usuarios que consume menos. Resta el análisis del transporte y distribución. Objetó la modalidad de convocatoria de la audiencia pública: fue el único expositor en la provincia.

Exposición publicada en: https://www.youtube.com/watch?v=rBgu_9aZ-SY

 

El Defensor del Pueblo, en la audiencia pública realizada en Paraná.

Luis Garay, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, fue el único expositor por la provincia de Entre Ríos en la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional con el fin de aplicar un nuevo aumento de tarifas para el servicio de gas natural. La audiencia se realizó este miércoles, en la Casa de la Costa de Paraná,  contó con un profuso operativo de seguridad y con un único participante.

Ese punto –la ausencia de asistentes- ocupó el comienzo de la exposición del Defensor de Paraná, quien dijo que si bien celebra cada vez que se llama a una audiencia pública, observa con preocupación la modalidad de la convocatoria y los resultados.  “Siento que no hay voluntad política para que las audiencias públicas sean públicas”, sostuvo, tras lo que se refirió al concepto “público” y dijo que esta instancia (la audiencia) tiene sentido en cuanto haya participación ciudadana en temas relevantes,  como es –en este caso- el aumento del gas.   En vista de que su exposición estaba siendo escuchada en vivo en Buenos Aires y en otras partes del país, donde se habilitaron audiencias públicas, recordó que Entre Ríos tiene más de 1,3 millones de habitantes y Paraná uno 300 mil  y sin embargo, dijo: “Soy el único orador”. Un planteo similar hizo el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, quien expuso en soledad en Rosario.

Seguidamente, afirmó que se tratan de “cuestiones que hay que cambiar” y mencionó el hecho de que las inscripciones para participar en las audiencias públicas deban realizarse personalmente o por vía postal en Concordia, en la sede del Enargas, a casi 300 kilómetros de Paraná. “Estamos hablando del voto electrónico y de otras herramientas informáticas y se sigue utilizando el correo postal para estos casos”, mencionó.

A continuación, se refirió a lo público y al rol del Estado. Se preguntó cómo el gobierno fija los precios, como el de boca de pozo, un ítem que tiene un impacto del  70% en la factura del gas. Consideró que en los valores propuestos y la modalidad de aplicación de los aumentos se está desconociendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia que no solamente obligó a la convocatoria de las  audiencias públicas sino que estableció que se respeten los conceptos de progresividad y razonabilidad a la hora de aplicar subas de tarifas. Y explicó que progresividad, para los Defensores del Pueblo,  “no tiene que ver con aumentos en cuotas o programados, sino con el poder adquisitivo de los usuarios”, con el derecho y la capacidad económica de los ciudadanos de acceder a un servicio esencial como el gas.

En cuanto a los incrementos previstos por el gobierno, el Defensor se detuvo en un cuadro elaborado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que refleja el tenor de los aumentos propuestos y la baja total de los subsidios, hasta igualar en 2019 el valor del gas para todas las categorías de consumidores. Citó, a modo de ejemplo, la categoría más baja de consumidores: en octubre de 2016, el valor fue de 2,16 dólares y se pretende que llegue a 6,80 en 2019. “Estamos hablando de un aumento del 215%”, dijo el Defensor, quien advirtió que luego deberá sumársele el costo de transporte, distribución e impuestos.

Sobre el concepto de razonabilidad, planteó que se refiere a “lo justo y lo justo para quién”.  Los números –dijo- tienen que cerrar para todos y  la ciudadanía necesita tarifas accesibles, acordes a sus ingresos,  para así poder ejercer un derecho que es al de la energía u otros servicios que hacen a una vida digna.

Tarifa social.

Respecto de la tarifa social pidió que los requisitos para acceder no sean taxativos, sino que admitan la consideración de las situaciones de las personas. Para esa tarea, propuso la colaboración de Defensores del Pueblo y el Enargas.  Y puso el ejemplo de uno de los requisitos: no tener ingresos mayores al equivalente a dos haberes mínimos garantizados. Se tratan de unos 16 mil pesos por mes, monto que para una familia que alquile y tenga hijos a cargo resulta escaso.

Por último, solicitó que por este año no se apliquen subas al gas y  se acuerden salarios e ingresos acorde a los precios.

 

EXPOSICIÓN PUBLICADA EN :  https://www.youtube.com/watch?v=rBgu_9aZ-SY

Jubilados: preocupación de Defensores por el cambio en la actualización de los haberes

 

Los Defensores del Pueblo del país, nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), emitieron un comunicado en relación a la intención del Gobierno nacional de promover un proyecto de reforma de la ley de Movilidad Jubilatoria para que los haberes suban ya no sobre la base de la recaudación sino de una combinación entre inflación y salarios de trabajadores activos. Se prevé que el cambio implique una baja en la actualización de los haberes. A continuación, el comunicado:

 

“Los Defensores del Pueblo de la República Argentina vemos con preocupación cualquier intento de bajar el gasto previsional modificando la forma de actualización a partir del 2018, que implique una reducción de los haberes de los jubilados.

Es una realidad que cada vez es mayor el número de personas que alcanza una edad avanzada y en mejor estado de salud. En este sentido, es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones que permitan a los adultos mayores contar con los recursos para disfrutar de una vida con independencia y autorrealización.

En el caso de aquellos que requieren cuidados o tratamiento, deben disponer de los recursos para disfrutar de las libertades fundamentales desde una perspectiva de derechos humanos.

En este marco, la real inclusión de los adultos mayores tiene relación directa con la equidad en el acceso a beneficios sociales y económicos. Por todo lo anterior, los Defensores del Pueblo de la República Argentina consideramos que cualquier intento de regulación que reduzca los beneficios alcanzados por la Ley de Movilidad Jubilatoria actual, significa vulnerar la protección y habilitación de las personas mayores como titulares de derechos humanos legítimamente reconocidos por nuestra Constitución y el derecho internacional”.

 

Madres solicitan que las obras sociales agilicen los pagos de tratamientos

El Defensor del Pueblo junto a la abogada de la institución recibieron a madres.

Mamás de niños y niñas con discapacidad de Paraná acudieron a la Defensoría del  Pueblo de la ciudad para solicitar el acompañamiento de la institución ante obras sociales debido a las reiteradas dificultades para obtener pagos de prestaciones y reintegros.

El Iosper es la obra social mencionada en primer lugar. Según las mamás, las demoras ponen en riesgo los tratamientos de sus niños e incluso, en casos, se han producido cortes. También, citaron los problemas recurrentes en otras obras sociales. Ante tanta demora en los pagos, hay familias que recurren a la presentación de amparos judiciales, aunque admiten que necesitan una solución de fondo.

Paralelamente, las mamás describieron distintas situaciones de incomprensión por parte de áreas de las obras sociales como de oficinas provinciales relacionadas a la discapacidad.

Las mamás fueron recibidas por el Defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Garay, y la abogada Ana Belén Menghi. El Defensor se comprometió a gestionar una reunión con los directivos de las obras sociales para plantear formalmente los inconvenientes padecidos por el grupo de afiliados.

 

Registro 2018: comienza la inscripción de mediadores comunitarios

 

El Registro de Mediadores Comunitarios se renueva cada año. Es interdisciplinario, voluntario y ad honorem y depende del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná.  Desde el próximo jueves hasta el miércoles 15 de noviembre estará abierta la inscripción para  integrar la nómina 2018.

Desde el  9 hasta el  15 de noviembre estará abierta la inscripción al Registro de Mediadores Comunitarios 2018 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. La renovación de la nómina es anual y la convocatoria se realiza en noviembre, mes en el que se recuerda el inicio del Centro de Mediación hace 14 años y se conmemora el Día del Mediador Comunitario.

Desde el comienzo de la institución, en 2003, se instrumentó un Registro de mediadores ad honorem y voluntario, mediante el que la Defensoría atiende los conflictos entre vecinos y comunitarios desde un abordaje colaborativo y priorizando el diálogo entre las personas.

El Registro se constituye cada año por más de cien mediadores, con diferente formación académica y laboral, y con una capacitación de base en la disciplina, obligatoria para integrar la nómina.

Requisitos

Los requisitos exigidos a los postulantes son: título del nivel secundario y formación en mediación (capacitación básica de 100 horas con curso introductorio, entrenamiento y pasantía), dictada por una institución avalada por el Ministerio de Justicia de la Nación.  Para anotarse, los interesados deberán presentar fotocopias de ambos certificados, como así también podrán añadir los comprobantes de otros niveles educativos (terciario y universitario) si los tuvieran.  A la documentación se tendrá que adjuntar el currículum vitae breve.  Se solicita a los aspirantes que concurran personalmente a la oficina del Centro de Mediación, en Monte Caseros 161, de 8 a 13, y completen la ficha de inscripción. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al  (0343) 4211029 – 4211051 o a mediacionparana@hotmail.com.

Por la pacificación

El Centro de Mediación es un área de la Defensoría del Pueblo y fue creada mediante la ordenanza Nº 8.391, mediante la que se instauró la institución en la ciudad, con el fin de aportar una manera pacífica y colaborativa de resolver los conflictos.   Por ello,  la intervención de los mediadores del Registro se  funda en la convicción de que una mejor convivencia es posible a través del diálogo, la cooperación y la comprensión entre las personas.

Las características del Registro, su interdisciplinaridad, la cantidad de mediadores (más de un centenar cada año) y el trabajo ad honorem, ubican al Centro de Mediación de Paraná en un lugar destacado a nivel provincial y como referencia a nivel nacional y en países vecinos.

Los mediadores que integran el Registro tienen acceso a capacitación permanente de parte de la Defensoría del  Pueblo. Hay instancias que son de asistencia obligatoria y que están a cargo de reconocidos especialistas en mediación a nivel nacional e internacional. También  hay instancias de reflexión e intercambio.  Los mediadores son siempre convocados a mediar en equipos de co-mediación.

Cuáles son los temas de mediación

Cada año, la Defensoría del Pueblo hace un informe de su trabajo. En mediación,  los temas con mayor cantidad de solicitudes giran en torno de los  conflictos relacionados a la convivencia. Involucra a casos de desencuentro entre vecinos e incluye a solicitudes de mediación originadas por agresiones y amenazas, involucrando a la participación de adolescentes. Le siguen las cuestiones referidas a filtraciones de humedad, desagües en paredes, tapiales, patios, veredas, techos, entre otras.

También, los planteos en torno de mascotas (mordeduras, ataques, suciedad, ladridos constantes u otros inconvenientes ocasionados mayormente por perros) y por ruidos molestos. Este último punto contempla quejas por el volumen de la música, el desplazamiento de muebles en departamentos en horas de descanso, el funcionamiento de talleres mecánicos, realización de fiestas en instituciones.

Los problemas por construcción concentran las presentaciones por inconvenientes generados por edificaciones de casas y edificios. Entre los más comunes, figuran ruidos molestos por los trabajos, daños en las propiedades linderas, obstáculos en la circulación en veredas y calle. Los reclamos no sólo son de vecinos linderos sino también de los habitantes de la zona.

Los conflictos por medianería implica construcciones compartidas que trae conflictos por límites, uso de la línea divisoria de la propiedad, entre otras.  Los conflictos ocasionados por uso de espacio comunes se reflejan en controversias entre vecinos por el uso y mantenimiento de lugares como pasillos y espacios verdes, principalmente en viviendas de Propiedad Horizontal (PH). Molestias ocasionadas por el funcionamiento de canchas de fútbol, por árboles, diferencias entre integrantes de comisiones vecinales, terrenos baldíos, uso inadecuado de veredas, humo, han sumado solicitudes de mediación en el período comprendido por el informe.

La mediación es un servicio voluntario, gratuito y confidencial que brinda a la comunidad  la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná.

 

Hoy cumple 14 años el Centro de Mediación Comunitaria

 

 

Mediadores celebraron su día.

El 1 de noviembre de 2003, empezó a funcionar el Centro de Mediación Comunitaria de la incipiente Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná.  Es que pocos meses antes había quedado constituida la novedosa institución, en el marco de la ordenanza Nº 8.391, sancionada en los últimos días de diciembre de 2002. Así, la Defensoría con su Centro de Mediación surgió como la única institución del tipo en la provincia de Entre Ríos, condición que 14 años después todavía preserva.

Desde el inicio, el Centro de Mediación se caracterizó por la impronta de su trabajo. Se instrumentó un registro de mediadores voluntarios y ad honorem que reúne requisitos de formación y que se renueva en forma anual, lo que fue una iniciativa de la primera Coordinadora del Centro de Mediación, la escribana Martha Arrías Pabon. La nómina sobrepasa el centenar de integrantes que aportan distintas miradas desde las diferentes profesiones de base y oficios.  En 14 años han pasado más de 400 mediadores, algunos perduran desde el inicio debido a que han repetido las inscripciones cada año.

La interdisciplinaridad, el hecho de que el trabajo sea ad honorem y el número de participantes ha hecho que el Registro del Centro de Mediación de Paraná sea observado con interés y ponderado por especialistas e instituciones dedicadas a la temática, tanto de nivel nacional como internacional.

Como un resultado directo de la modalidad de organización se destaca en esos ámbitos la calidad del trabajo que realiza el Centro.  A la tarea cotidiana, de atender conflictos entre vecinos y comunitarios, desde 2010 recibe casos girados desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia. El número, que llega por esta vía, ha ido creciendo notablemente en los últimos años, logrando resultados satisfactorios, con resolución de la controversia en grupos antagónicos.

La valiosa labor que aporta la Defensoría del Pueblo a la pacificación social fue reconocida por el Concejo Deliberante de la Ciudad en 2013, con motivo del décimo aniversario de la institución. En la oportunidad, sancionó la ordenanza 9.117,  mediante la que se instituyó el 1 de noviembre, el Día del Mediador Comunitario en Paraná.

En esta oportunidad, la celebración de la fecha se concretó este martes con la organización de un taller de reflexión titulado Compartiendo miradas y recursos sobre nuestra práctica. El encuentro que se realizó en el salón del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, en calle Gregoria Matorras de San Martín 869, consistió en un encuentro nutrido de mediadores del Registro 2017 del Centro, otros que participaron de nóminas anteriores y representantes del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, entre otros.

 

Durantes más de tres horas, conversaron sobre experiencias, casos y la vocación de mediador.

Ubicados en una ronda grande que llegaba hasta los límites del salón, los participantes conversaron durante más de tres horas sobre ejes temáticos generales: mediaciones en relación a las consecuencias producidas por obras de construcción, conflictos entre vecinos que son familiares y solicitudes derivadas de la Justicia. En todos los casos, se plantearon ejemplos y experiencias personales. Como cierre, se dialogó sobre lo que significa para cada uno ser parte del Centro de Mediación y el valor de la co-mediación como modo valioso de trabajo en equipo de parejas multidicisplinares.

En la etapa final, el Defensor del Pueblo, Luis Garay, y la Coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky, entregaron un reconocimiento a los presentes, en un clima de alegría y emoción, y se proyectaron las palabras y saludos de reconocidos especialistas en mediación radicados en otras partes del país, con trayectoria nacional e internacional, que han tenido a cargo distintas instancias de capacitación y charlas en la Defensoría de Paraná durante su historia.  Se puede acceder a los mensajes en : https://www.youtube.com/watch?v=0ydhYKvLe5w

La despedida estuvo a cargo de integrantes del grupo Paranatecuento, que interpretaron emotivos relatos de la ciudad.

 

Palabras de reconocidos especialistas en mediación

 

Mediadores de Paraná recibieron saludos y palabras de reconocimiento de especialistas en el tema, de amplia trayectoria nacional e internacional. El resumen, en el siguiente video, comprende el testimonio de Raquel Munt, Directora Nacional de Mediación; Francisco Diez; Martha Arrías Pabon, primera Coordinadora del Centro de Mediación de Paraná; Gachi Tapia; Patricia Aréchaga y Alejando Nató.

https://www.youtube.com/watch?v=0ydhYKvLe5w

Con un taller, se celebra el Día del Mediador Comunitario

 

Los mediadores que integran el Registro de la Defensoría tienen instancias de encuentros y capacitación permanente.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná celebra el Día del Mediador Comunitario, que se conmemora mañana,  1 de noviembre, felicitando a quienes se dedican a ese noble oficio, destacado su compromiso y agradeciendo su colaboración con la institución. La fecha fue instituida en 2013, mediante la ordenanza municipal Nº 9.117, en homenaje a la fecha de inicio en el año 2003 del funcionamiento del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

El reconocimiento se concretó en el transcurso del décimo año de creación de la institución valorando la importante tarea que realizan los más de cien mediadores  que en forma voluntaria y ad honorem componen el Registro anual del Centro, ámbito desde donde la Defensoría atiende los conflictos que afectan la convivencia entre vecinos proponiendo distintas instancias de diálogo. Más de 400 mediadores han sido parte de este Registro en estos 14 años.

Para rememorar la fecha, esta tarde habrá un taller de reflexión para los integrantes del Registro 2017, titulado Compartiendo miradas y recursos sobre nuestra práctica. Será en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, en calle Gregoría Matorras de San Martín 869, y el cierre estará dedicado a recordar el inicio del funcionamiento del Centro de Mediación, en  noviembre de 2003, y a brindar un homenaje y reconocimiento a la tarea. Participarán mediadores de Registros anteriores y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, donde este año se comenzó a instrumentar un Registro de Mediadores Voluntarios tomando de ejemplo la experiencia de Paraná.

Más de cien mediadores integran el Registro 2017.

En noviembre, mes del aniversario, se renueva el Registro de Mediadores a través de una convocatoria que comienza el próximo 9 y se extenderá hasta el 15.  En esta oportunidad, la nueva nómina de mediadores cubrirá el período 2018. Los requisitos consisten en la presentación de copia del título de mediador, otorgado por una institución avalada por el Ministerio de Justicia de la Nación y con una formación básica de 100 horas. También, un currículum vitae y la certificación de los niveles educativos realizados (medio, terciario o universitario, según corresponda) y de cursos relacionados con mediación. En el caso de reinscripciones de mediadores en actividad, se deberá acreditar la concreción del curso de actualización anual de 20 horas con homologación del Ministerio de Justicia de la Nación y para los mediadores del Registro actual, acreditar la asistencia a 2 Talleres de Reflexión.
Los interesados deberán completar la ficha de inscripción personalmente en Monte Caseros 161. Por más información, se podrá llamar a los números telefónicos 4211029/4211051 o escribir al mail: mediacionparana@hotmail.com.

 

La familia de un nene con una severa enfermedad reclama la cobertura de la obra social

 

María Gabriela Acosta, su abogado, acudieron a la Defensoría del Pueblo.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, junto Ana Belén Menghi  abogada de la institución, recibió a María Gabriela Acosta, mamá de Facundo, un nene de 4 años afectado por una severa enfermedad genética degenerativa progresiva que lo ata a una silla de ruedas y lo somete a un pronóstico médico sombrío.

El pedido desesperado de María Gabriela consiste en poder destrabar una situación generada con la obra social, que demora el acceso a un tratamiento nuevo y único para detener el avance de la enfermedad denominada Atrofia Muscular Espinal (AME).

Relata que su familia ha agotado la vía administrativa en Paraná y en Buenos Aires ante la Obra Social de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Argentinas (Osfatun) y la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo estatal a cargo del control del funcionamiento de las obras sociales.  También, emprendió la vía judicial con sentencias favorables que aún no han conseguido liberar la compra del medicamento.

“Un día que pasa sin la medicación es un día perdido”, dice María Gabriela, quien remarca que se cumplieron siete meses desde la prescripción médica realizada en marzo, tiempo en el que han recibido sistemáticamente la negativa de la obra social de proporcionar la cobertura.

Según María Gabriela, la razón expuesta es el costo de la medicación que debe importarse y cuyo precio ronda los dos millones de pesos por cada aplicación. El tratamiento consiste en cuatro dosis en los primeros dos meses y, luego, una cada cuatro meses de por vida.

 

La noticia del diagnóstico

 

Facundo tenía un año y medio cuando los médicos concluyeron que padecía AME. Tenía problemas para pararse y mantenerse erguido, cuenta María Gabriela, quien dice que la noticia fue devastadora. Es que “enterarte de que tu hijo no se va a morir después que vos es terrible”, afirma y añade que encontraron contención en una asociación de familias con niños con AME en Argentina. Según la mamá, en el país hay 350 casos con diagnóstico y 18 ya reciben el nuevo tratamiento brindado por distintas obras sociales.

Para María Gabriela y su esposo Santiago, el futuro de Facundo depende del hecho de poder acceder a esa medicación.

Mientras se dirimen engorrosos pasos administrativos y  económicos, el nene vive con la alegría de otros niños, aunque desde una silla de ruedas,  con  tratamientos durante la semana y con una serie de preguntas. Va al jardín, juega y le pregunta a su mamá cuándo va a poder sostenerse en sus piernas.

El medicamento surgió en diciembre de 2016, elaborado por un laboratorio extranjero. Por entonces, Facundo tomaba el lápiz con una mano, mientras que ayer ya tuvo que utilizar las dos para sostenerlo, describe la mamá como una forma de dar cuenta de la urgencia que tiene la resolución del caso.

Tras interiorizarse de la situación por este relato y el del abogado de la familia, Gastón Rosenberg, el Defensor Luis Garay propuso  analizar alternativas en lo inmediato con pares, en el marco de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), y plantear el tema para que sea incorporada a la agenda de trabajo de la entidad a nivel nacional.

María Gabriela Acosta es biotecnóloga, docente universitaria y trabaja en el Inta local.

 

La Defensoría integra grupos de trabajo sobre la educación en la provincia

 

Encuentros para analizar los problemas de la escuela. (Foto ilustrativa)

El Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío, participa de encuentros cuyo tema central es la educación en la provincia. La actividad se denomina Compromiso por la Educación y contempla la realización de reuniones periódicas: la última se concretó la semana pasada. Participaron más de 200 personas, organizadas en “equipos temáticos identificando desafíos y consensuando posibles líneas de acción”, detalla la información oficial.

El Defensor Pablo Donadío trabaja en el eje temático Comunidad educativa integrada: docentes, estudiantes, familia y comunidad. Tras una serie de encuentros y con el  desarrollo de la iniciativa elegida, se entregará un informe al Consejo General de Educación de la Provincia, en diciembre.  Los próximos encuentros del equipo de Comunidad educativa integrada: docentes, estudiantes, familia y comunidad serán el 8  y el 29 de noviembre en la  Casa de la Cultura de Paraná.

La actividad está avalada por el Consejo General de Educación de la provincia, el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación y tiene como objetivo principal hacer un diagnóstico de la situación general en la provincia, repensar objetivos y soluciones a los problemas de la escuela,  en base a la diversidad,  valores y  derechos ciudadanos. Para ello, se propusieron los encuentros y la convocatoria de distintos colectivos sociales.

“A través del diálogo y la participación de todos los colectivos sociales emanará el crisol de ideas que determinará los caminos que nos conduzcan hacia una nueva Escuela. Ella generará la Argentina del siglo XXI, nada menos”, consigna el documento Políticas y programas prioritarios nacionales y jurisdiccionales, que lleva la firma del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y de José Luis Panozzo, presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos.

 

 

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