La Defensoría intervino ante la construcción de una pared en la vereda: ordenaron demolerla

 

 

La fotografía fue tomada por una ciudadano.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná intervino de oficio ante la iniciación de una obra en construcción en el espacio verde del frente de una vivienda de calle Ayacucho al 1400, obstaculizando la libre circulación de los peatones.

El 13 de junio, el Defensor del Pueblo, Luis Garay, elevó una nota a la Dirección de Fiscalización de Construcciones Urbanas de la Municipalidad para poner en conocimiento al área de la obra en construcción y ocupación de la vía pública con un tapial que se está ejecutando sobre calle Ayacucho, casi José Moreno.

El Defensor señaló el hecho de que se trata de “un espacio verde de circulación peatonal y que dicho espacio es propiedad del Estado municipal”. Por tal motivo, solicitó que se aplique la normativa vigente.  Ante el pedido, el área de Fiscalización informó que ya se ordenó la demolición de la construcción ejecutada en el espacio público mencionado.

Antecedentes

La ocupación de la vía pública viene siendo  motivo de preocupación de la Defensoría del Pueblo desde sus inicios, pues se trata de una práctica en crecimiento en la ciudad.

En 2006, la institución emitió una Recomendación, recurso formal mediante el que la Defensoría comunica su posición respecto de los temas en los que se expide y solicita la toma de medidas. Fue por la construcción de un puesto de verdura sobre la vereda. Se trataba de una estructura de material que  impedía la libre circulación hacia un lote privado. En 2010, la institución emitió una nueva Recomendación por la ocupación del espacio público en base a una situación presentada en el barrio Paraná XIII.

Respecto de este último caso, la irregularidad estaba dada por la “construcción de paredes para resguardo vehicular en el sitio del barrio destinado para calle, salvando la diferencia entre un lugar para estacionar que estaba permitido y un garaje que se pretendía construir”.

En dicha oportunidad,  la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad había tomado intervención emitiendo un dictamen donde le recordaba a la entonces Dirección de Obras Particulares sus facultades para hacer cumplir la orden de demolición. Así las cosas, se solicitó al  Departamento Ejecutivo que se arbitraran  las acciones necesarias e idóneas a su alcance, a fin de que, en forma voluntaria, los vecinos restablecieran en un plazo razonable la situación al estado anterior a la construcción de los garajes, y de no hacerlo, la administración municipal debía proceder a la demolición.

Situaciones similares siguen siendo objeto de la intervención de la Defensoría. Llegan a la institución por denuncia de vecinos que sienten afectados sus derechos o avisos que generan la actuación de oficio en vista de la ocupación de la vía pública en contravención a la normativa vigente.

En este punto cabe remarcar lo siguiente: toda construcción proyectada dentro del ejido de la ciudad de Paraná debe contar con autorización previa del Estado municipal, conforme a la normativa vigente en la materia, a la zona de residencia y al uso o destino que se le pretenda dar.

 

La Defensoría del Pueblo presentó un amparo contra la suba del gas natural

Los Defensores del Pueblo, junto a integrantes del Codec, en el Juzgado Federal. Gentileza El Diario.

Los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay y Pablo Donadío (adjunto), junto a representantes del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec), presentaron este jueves por la mañana una acción de amparo en la Justicia Federal local ante los notables aumentos de la tarifa del gas natural.

Esta semana, la Defensoría empezó a recibir las consultas y  presentaciones por parte de vecinos de la ciudad que han visto con asombro la última factura con montos que se multiplican varias veces en comparación a los de anteriores períodos. Entre esos casos, hay planteos de familias que dan cuenta de los graves dificultades económicas para poder afrontar los pagos.

En base a esa situación y a antecedentes nacionales, la Defensoría y el Codec optaron por interponer una acción de amparo, confiados en que la medida prospere en el ámbito de la Justicia Federal, como ha ocurrido en otras provincias dónde ha habido fallos favorables a los usuarios.

“Venimos a interponer una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo de la Nación, contra el Ministerio de Energía, contra el Ente Regulador del Gas, contra la empresa Redengas, por el aumento desmedido de las tarifas y por haberlo hecho sin la correspondiente audiencia pública, que tendría que haberse hecho cumpliendo con la Constitución Nacional”, manifestó el Defensor del Pueblo, Luis Garay.

“Estamos convencidos de que esto tiene que prosperar, los fallos en otros Juzgados Federales del país han sido favorables al usuario. Incluso lo charlamos con el ministro (de Energía y Minería de la Nación, Juan) Araguren cuando nos dijo que esto iba a ser apelado por el Gobierno Nacional con un per saltum para que lo decida la Corte Suprema. Entendemos que no se puede que cada ciudadano vaya en forma individual por eso con la Asociación de Consumidores representemos a todos los ciudadanos de Paraná”, acotó.

El Defensor Garay recordó -en declaraciones periodísticas en las puertas del Juzgado Federal de Paraná- que el aumento en las tarifas fue el tema de la reunión realizada la semana pasada con Aranguren y la Asociación de Defensores de la República Argentina (Adpra). En el encuentro, se habló concretamente de la vía judicial y de la necesidad de atender el tema en forma colectiva, dijo.

Así es que tanto la Defensoría como el Codec interpusieron la medida en representación de la ciudadanía de Paraná. Consultado el Defensor respecto de qué debe hacer un usuario que haya recibido la boleta con un monto desmedido, dijo que todo dependerá del resultado del fallo judicial. “Dentro del amparo hemos pedido una medida cautelar para que el usuario no tenga que pagar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, añadió.

El Defensor remarcó que la determinación de las tarifas debe discutirse en audiencias públicas y que la falta de este paso se contrapone con lo que establece la Constitución nacional. Este aspecto fue también tratado en la reunión con Aranguren, quien reconoció que es necesaria la concreción de las audiencias públicas. Así las cosas, el Defensor reafirmó la posición que viene sosteniendo en sintonía con Adpra: “Esperamos que se realicen las audiencias públicas, porque es el lugar en donde los ciudadanos toman conocimiento real respecto de la conformación de una tarifa y del tenor de los aumentos que se pretenden aplicar”.

Sandra López, integrante del Codec junto a Mariela Panceri,  dijo que la organización que representan se trata de una asociación nacional y que cuentan con la inscripción en el registro provincial. “Hemos decidido acompañar a la Defensoría en este reclamo para representar al universo de consumidores afectados por esta medida”, afirmó para agregar luego que ha habido presentaciones del tipo a la hecha este jueves que han tenido resultados favorables a nivel nacional. “Esperamos que aquí suceda lo mismo”, concluyó.

 

Hoy, el día de la Ciudad, del Vecino y la elección de los primeros Defensores

En este día, en que la ciudad celebra sus 203 años, la Defensoría del Pueblo de Paraná destaca la fecha y recuerda también otros dos acontecimientos de trascendencia: el Día del Vecino y la designación de los primeros Defensores del Pueblo.  Este último hecho es parte fundamental de la historia de la institución y de la ciudad, pues fue el 25 de junio de 2003 cuando la legislatura local eligió a los Defensores del Pueblo, Jorge Kerz como titular, y Marta Benedetto, adjunta. Los nombramientos fueron el paso previo fundamental para poner en marcha la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, primera -y hasta ahora única- institución del tipo en la provincia de Entre Ríos. Son trece años de existencia y trabajo intenso e incesante, lo que ha vuelto a la Defensoría una institución con fuerte arraigo y reconocimiento en la ciudad.

Hoy, en el aniversario de la ciudad y en el Día Municipal del Vecino instaurado en 2000 por la ordenanza 8.193, la Defensoría del Pueblo saluda a los paranaenses con el deseo de que los derechos ciudadanos estén por sobre todas las cosas.

Defensores del país pidieron a Aranguren la revisión de las tarifas ante las fuertes subas

 

El Defensor Luis Garay participó de la reunión con el ministro Aranguren.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó el miércoles de una reunión con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, junto a representantes de instituciones del país nucleadas en la Asociación de Defensores de la República Argentina (Adpra).  El tema central fue el “significativo impacto” de los aumentos de las tarifas de servicios públicos (gas natural, electricidad, agua),  en los usuarios residenciales como también en clubes de barrio, entidades de bien público y pequeñas empresas y comercios.

Los Defensores expresaron una “profunda preocupación” por las subas y su efecto en la ciudadanía,  de acuerdo a lo percibido por cada uno en su lugar de origen. Al respecto, el Defensor Luis Garay planteó a Aranguren la difícil situación por las que están pasando los clubes chicos, así como también entidades de bien público y ciudadanos imposibilitados de afrontar los montos de servicios esenciales como la electricidad y el gas natural.

Ante la situación que coloca en una delicada posición a una franja importante de la población, los Defensores solicitaron al ministro que se revisen los cuadros tarifarios y se readecue la tarifa social; al tiempo que expusieron en detalle la inquietud que generan en cada zona del país las consecuencias medidas en mayor recesión y desocupación. En ese sentido, se detalló el panorama de pequeñas empresas, comercios y entidades de bien público cuyas economías resultan sobrepasadas por el impacto tarifario.

Asimismo, se reclamó información por parte del Estado Nacional sobre los aumentos, los casos en que quedan exceptuados y regímenes de tarifa social. Entendieron los Defensores que la información es insuficiente y recordaron que la facilitación de datos es un deber del Estado.  También se expuso la necesidad de que se consideren los casos especiales como el de las personas que por cuestiones de salud son electro dependientes y discapacitados, entre otros. Se habló seguidamente sobre la  presentación de amparos por parte de ongs y la posibilidad de evitar la judicialización mediante una resolución de los casos por la vía administrativa. Además, se propuso la posibilidad de que la regularización del Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) incluya un director que represente de las provincias.

A través de un petitorio que entregaron en mano a Aranguren, los Defensores expresaron la profunda preocupación del sector y  subrayaron que “los servicios públicos domiciliarios son servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar para atender necesidades sociales básicas y elementales, ya sea por empresas públicas o mediante concesionarias privadas controladas por organismos estatales. Bajo cualquier modalidad, la prestación de estos servicios públicos esenciales procura entonces la satisfacción de derechos estrechamente vinculados con la realización de los derechos humanos: alimentación, salud, eliminación de la pobreza y el desarrollo de una vida digna. Por consiguiente, las tarifas de estos servicios deben ser justas y razonables, tal como lo disponen las leyes respectivas y la  jurisprudencia en la materia”.

Ante los requerimientos, Aranguren respondió que los transmitirá a otros miembros del gabiente nacional, pues dijo que en la revisión de las tarifas sociales deberán intervenir el Ministerio de Desarrollo Social junto a Energía.  En este punto, afirmó que la energía y el gas en el sistema de tarifa social sufrieron un incremento del 23% y del 27% respectivamente, entre febrero a la fecha.  En cuanto a la presentación de amparos, informó que el Estado Nacional ha solicitado en los casos testigo de Mendoza y San Luis que se expida la Corte Suprema de Justicia y anunció que habrá dos audiencias públicas antes de fin de año para efectuar una revisión integral de las tarifas.  Respecto a las entidades de bien público y clubes de barrio, el ministro aseguró que trabajan en la reglamentación de la ley 27.218, sancionada en noviembre pasado, por la que se crea una tarifa especial para colegios, universidades, mutuales y asociaciones civiles.

Sobre el gas, especificó que en cuanto al precio de las garrafas se estudia la posibilidad de mejorar el programa de acceso y anunció que se analizará la incorporación de un representante de las provincias en el Energas cuya intervención se terminará antes de fin de año, según afirmó.

Por último, hubo un compromiso de programar una nueva reunión en dos meses para analizar los avances de lo conversado.

 

Participaron del encuentro el Defensor del Pueblo de CABA y Presidente de ADPRA Alejandro Amor, la Defensora del Pueblo Adjunta de CABA María América González, la Defensora del Pueblo de Escobar Rocío Fernández, la Defensora del Pueblo de la Matanza Silvia Caprino,  el Defensor del Pueblo de Tucumán Fernando Said Juriel, el Defensor Corrientes Javier Rodríguez,el Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba Hugo Pozzi, el Defensor del Pueblo de Río Cuarto Guillermo Rivas, el Defensor del Pueblo Ajunto de Santiago del Estero Lionel Enrique Suárez, el Defensor del Pueblo de Paraná Luis Garay, la Defensoría del Pueblo de Santa Fé Luciano Leiva y Analia Colombo, el Defensor del Pueblo de Jujuy Ricardo Pierazzoli, la Defensoría del Pueblo de San Juan Julio Cesar Orihuela y Rodolfo Clavel, la Defensora del Pueblo de Bariloche Andrea Galaverna, la Defensora del Pueblo de Vicente López María Celeste Vouilloud y Secretario General Enrique Picasso, el Defensor del Pueblo de Morón Abraham Gak, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Director Eloy Gómez Raverta y el Defensor del Pueblo de Pilar Juan Pablo Trovatelli.

 

Se brindan talleres sobre el abordaje pacífico de conflictos en instituciones y organizaciones

 

El Centro de Medicación de la Defensoría del Pueblo de Paraná brinda talleres a instituciones y organizaciones de la ciudad.  Abordaje pacífico y colaborativo de conflictos. El diálogo como recurso esencial para las relaciones sanas en las instituciones” es la temática general de los encuentros, que se adapta a la realidad y contexto de cada institución u organización que solicite la capacitación.

Uno de los talleres en desarrollo es el que se realiza en la Subsecretaría de Empleo de la Municipalidad. Empezó el 9, continuó hoy y habrá un tercer encuentro. La propuesta resulta innovadora y contribuye a tender redes hacia un trabajo en común, se informó en una nota publicada por el  Eloncedigital.

La actividad se desarrolla bajo el eje de considerar que “todos podemos aportar a una mejor convivencia y para ello podemos contribuir a articular recursos existentes”.

Durante el curso, también se da conocer la información sobre la actividad del Centro y las ventajas de la Mediación como una herramienta que privilegia el acercamiento y la comprensión entre las personas, antes que el acuerdo mismo. Esta propuesta, que continúa hoy resulta innovadora y contribuye a tender redes hacia un trabajo en común. A este objetivo se sumó con su participación personal de Secretaría de Ambiente Sustentable, de la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos “Manuel Belgrano” y del Sistema de Atención al Vecino de Paraná (SAV) Línea 147, publica la página web del canal.

La Defensoría, a través de su Centro de Mediación, brinda talleres.

En mayo, el equipo del Centro, a cargo de Irina Chausovsky, participó de dos talleres en la Escuela Gerchunoff, con docentes y personal administrativo y de maestranza. También en ese mes, se brindó una capacitación a policías.

En tanto, ya están programados encuentros para el 24 de junio y el 1 de julio talleres en Escuela del Centenario, con docentes y centro de estudiantes del nivel secundario. Se hará lo propio con MUPEA (Mujeres en prevención del Embarazo adolescente), en Paraná V; con personal del INTA: serán el 28 de junio y 5 de julio, y con voluntarios de Cáritas el 25 de junio.

Los talleres son una manera de acercar herramientas -principalmente de comunicación-, viables para la resolución de conflictos cotidianos de forma pacífica. Ese es uno de los objetivos que se ha propuesto la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a través de su Centro de Mediación Comunitaria, con la intención de hacer un aporte a una convivencia sana.

 

“El diálogo no tiene que ver con la competencia”

A continuación, una nota publicada el 11 de junio por El Diario de Paraná sobre la mediación y la  importancia del diálogo. Surgió en el marco de la realización del curso de actualización que la Defensoría del Pueblo ofrece a los127  mediadores que integran el Registro ad honorem de la institución.

El Defensor del Pueblo, Luis Garay; la docente Carolina Gianella y la Coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky.

“El diálogo no tiene que ver con la competencia”

En la Defensoría del Pueblo hay anotados 127 mediadores comunitarios. Es el número más alto del país. Carolina Gianella, especialista en el tema, fue la docente a cargo del curso de actualización.

 

La Defensoría del Pueblo de Paraná procura cada año el dictado de un curso incentivo de capacitación para mediadores que están incluidos en su Registro de Mediadores Comunitarios. En la actualidad, el Registro cuenta con 127 inscriptos, un número que no se repite en ninguna otra defensoría del país. Los mediadores son voluntarios y participan ad honorem de todas las actividades a las que son convocados.

En el curso de capacitación de este año el tema en cuestión fue: “Diálogos comunitarios y transformación social. Prácticas y aprendizajes” estuvo a cargo de dos prestigiosas docentes con trayectoria nacional e internacional. Se trata de Marta Paillet y Carolina Gianella.
También se invitó a mediadores de otras defensorías.
“La Defensoría y el Centro de Mediación trabajan mancomunadamente”, afirmó el defensor Luis Garay en diálogo con EL DIARIO.
“Entendemos que no se agota en una mediación comunitaria o un conflicto entre vecinos sino que va mucho más allá. Es muy valioso todo lo que pueda facilitar de que puedan sentarse a dialogar funcionarios con vecinos o ONGs y poder abordar directamente una determinada problemática que vienen reclamando y lograr una solución, no en una sola vez sino en un proceso. La única manera de conseguir respuestas es por el diálogo. Es necesario que salgan convencidas las partes porque muchas veces se dan respuestas sin estar convencidos. Es lo mejor para un determinado reclamo”, acotó.
Por su parte, Irina Chausovsky, coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, recalcó que el tema del curso capacitación que se dictó en la Casa de la Cultura fue “sobre las condiciones necesarias para la generación de diálogo, y qué necesitamos para crearlas en los ámbitos cercanos y donde uno se desempeña para logra diálogos de mejor calidad”
El objetivo es “incentivar el diálogo en las comunidades y nuestro trabajo es para procurarlo. Creo que el diálogo es una práctica humana que tenemos olvidada. Tenemos muy pocas habilidades desde el aprendizaje cultural para dialogar”, observó.
Dificultades. En una entrevista con esta Hoja, la experta Carolina Gianella se refirió a los contenidos del curso.
-¿Cuál es la dificultad más grande para que se den las condiciones propicias para el díalogo?
-Desde una lectura más básica, pero creo que ayuda a comprender, crecemos en dinámicas de competencias. Si nos ponemos a pensar, en cada ámbito en el que vivimos la dinámica es la de la competencia. Y la competencia es lo que está socialmente puesto en valor. El diálogo no tiene que ver con la competencia sino con la dinámica de la colaboración que es el otro polo. No aprendemos a colaborar, porque colaborar implica qué creencias tenés, qué es lo valioso, qué emociones se necesitan. La competencia y la colaboración juegan en un mundo de emociones diferentes. La competencia tiene que ver con el miedo, porque siempre me pueden ganar, por más que gane.
-Esas creencias, ¿están incorporadas en el sistema?
-Absolutamente, de eso estoy hablando. Yo trabajo para intentar propiciar el diálogo, en diferentes ámbitos comunitarios, diferentes ámbitos grupales donde tenemos la posibilidad de gestionar. No se trata de la búsqueda de un resultado concreto, aunque los resultados son necesarios e importantes, sino ir transformando las prácticas colectivas desde el diálogo.
-¿Es en las escuelas donde se comienza a aprender esa creencia?
-La escuela tiene una oportunidad maravillosa, desde mi punto de vista. Los chicos tienen la posibilidad de reflexionar y aprender desde pequeñitos. Claro que eso requiere adultos que hayan reflexionado y hayan podido ir sanando lo que hayan necesitado sanar para ir moviéndose hacia la colaboración.
-¿Qué pasa con la familia?
-Es lo mismo. Es otro grupo humano y primario. Tiene un rol muy importante.
-¿Cuál es la función que cumplen la autoridad y las normas?
-Hasta donde yo puedo entender, la autoridad es parte de los sistemas sanos, de los sistemas que puedan colaborar. Pero la autoridad surge de otro lugar, es un emergente de una dinámica que es amorosa, que tiene que ver con el cuidado del otro. Nosotros vivimos en una sociedad donde la autoridad emerge de una imposición. La imposición tiene que ver con la competencia. Yo soy más grande que vos, te impongo mi autoridad. Diferente a. “Yo te amo, tengo más años de vida, más experiencia, te traje al mundo. Desde el amor y la responsabilidad uso el poder pero es un poder que ayuda al a otro a desarrollar su propio poder”. El otro es un poder que oprime.
-¿Cómo se legitima la autoridad?
-Creo que se legitima en esa práctica cuidadosa y amorosa que la sabemos todos, que uno pueda acordarse de un papá que funcionó desde ahí, o un tío, un maestro. Uno tiene ese registro de mi miraba me rendía pero tenía que ver con una rendición con el cuidado.

La docente
Carolina Gianella es de la provincia de Mendoz. Licenciada en Psicología, mediadora de la Escuela de Mediadores del Ministerio de Justicia de la Nación, Argentina (1997). También es consultora en gestión del cambio y facilitadora de procesos participativos y de diálogo en el ámbito organizacional. Entrenadora en mediación, negociación y procesos participativos, y Co-fundadora y Coordinadora General de Mediadores en Red L@ Revista

El Defensor del Pueblo participó de la reunión convocada por inquilinos

 

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, junto con integrantes de la institución, participó de la última reunión de la asamblea de inquilinos de Paraná para tomar conocimiento, en forma directa, de la situación y planteos de la organización de autoconvocados.

De la reunión, que tuvo lugar el martes en calle Nogoyá 120, participaron también concejales de los bloques Cambiemos, Frente para la Victoria (FpV) y del Frente Renovador (FR), quienes expresaron su interés en la temática y, en el caso del oficialismo, se informó que estaba en elaboración un proyecto para crear una oficina de atención del inquilino en la ciudad. También los demás bloques adelantaron que  trabajan en el tema.

En ese sentido, el Defensor Garay destacó el hecho de que el Estado, a través del Concejo Deliberante, haya tomado rápidamente la necesidad de los inquilinos, escuchando y acompañando al sector.

Las Defensoría del Pueblo tiene conocimiento directo del tema debido a que viene recibiendo requerimientos de inquilinos y brindando asesoramiento respecto de qué se puede hacer en cada caso.

Horacio Gaitán, Subdirector de Administración y Organización de la institución, explicó que la Defensoría interviene en las relaciones directas entre inquilino y propietario, mientras que deriva a Defensa del Consumidor  el mayor número de solicitudes en las que intermedia una inmobiliaria. La diferencia se debe a que en este último caso existe una relación de consumo.

Asimismo, en la reunión se planteó la existencia de antecedentes en el país sobre  oficinas para atender  inquilinos y se mencionó el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los ciudadanos cuentan con un área específica que funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo.

Gaitán informó seguidamente, en declaraciones al programa A Dos Bandas que se emite por el Sistema Integrado de Radios de la UNER, sobre los planteos habituales que recibe la Defensoría. Dijo que se producen abusos en la relación inquilino-propietario y que en la mayoría de los casos se registra cuando el acuerdo es directo, sin mediación de inmobiliarias. “No se producen (los abusos) tanto entre inmobiliarias e inquilinos, sino entre propietario e inquilinos en una relación directa en la cual el propietario asume un rol de superioridad por lo que, por ejemplo, impone costos o gastos inexistentes”, añadió. Y ejemplificó que hay casos en los que se “aplican aumentos fuera de lo pactado o el propietario presiona para firmar contratos por un año mientras que la ley prevé dos”. Cuando eso sucede, se brinda asesoramiento al inquilino y si éste acepta, se facilita el texto de una carta documento para solicitar al propietario el cumplimiento de la ley.

 

 

Se firmó un convenio entre la Defensoría del Pueblo y el Copnaf

 

 

 

Ambas instituciones trabajarán en forma conjunta.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay,  y la presidente del Consejo  Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira, firmaron un convenio de trabajo conjunto entre ambas instituciones. Entre los puntos acordados, figura la coordinación de acciones ante la recepción por parte de la Defensoría del Pueblo de denuncias de situaciones de riesgo que involucren a niños y a sus familias.

El objetivo propuesto consiste en “bregar por la protección y el desarrollo de la infancia y la adolescencia paranaense”, para lo que se comprometieron a iniciar acciones, coordinar y desarrollar actividades de investigación y capacitación. Se hizo hincapié en la necesidad de proteger al “niño en situación de riesgo y en la formación, perfeccionamiento y especialización de los profesionales que aborden la temática”.

La rubrica del convenio se realizó en la sede del Copnaf, en la equina de las calles Corrientes y Uruguay. Participó de la firma, junto al Defensor  y a la titular del Consejo, la Coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría, Irina Chausovsky. También estuvieron en el acto María del Huerto Reutlinger, vicepresidente del Consejo; Ariel Villanueva, Director de Restitución de Derechos; Darío Schell, Director General, y Graciela Dalessio, Directora de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia (NAF).

En el encuentro, se conversó sobre los aspectos de interés de ambas instituciones en el corto plazo. Se abordaron cuestiones relacionadas a la situación de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y la vigencia de la ley de Contravenciones, una norma considerada vetusta con inequidades.

Seguidamente, el  artículo 1 del convenio enumera las acciones sobre las cuales se buscará avanzar:  capacitación de los principales actores sociales de la ciudad de Paraná acerca del protocolo a seguir frente a un hecho que vulnere los derechos del niño; promoción de técnicas de abordaje en la sociedad con el fin de brindar una respuesta rápida en la contención del niño en situaciones de riesgo; elaboración de programas específicos para la protección y el desarrollo de la infancia y la adolescencia; propiciar tareas de investigación y relevamiento a fin de obtener datos estadísticos concretos y diagnósticos que posibiliten avanzar en la concientización dirigida a promover el respeto y cuidado de los niños, y la responsabilidad familiar y de la comunidad, entre otras.

 

 

Personas en situación de calle: “La apertura de un albergue es el primer paso, es la atención de la urgencia”

 

 

Ante la apertura de un albergue municipal para personas en situación de calle, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná expresa que se trata del primer paso para atender la urgencia y que corresponde a parte de las solicitudes que viene realizando la institución junto a organizaciones sociales desde hace meses.

El pedido general incluye medidas de fondo, por parte del Estado, como la aplicación de la ordenanza Nº 8.932, vigente desde 2010, que crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle en el ámbito de la Ciudad de Paraná. Dicho programa prevé además de un albergue, la conformación de un equipo interdisciplinario que aborde la problemática en forma integral como también la habilitación de una línea telefónica gratuita adonde poder solicitar asistencia ante la emergencia.

La Defensoría del Pueblo presentó ayer por la mañana, una nota –la primera dirigida al intendente Sergio Varisco y la tercera en lo que va de 2016 al Ejecutivo municipal-  reiterando “la profunda preocupación de esta institución, vinculada a la desprotección y extrema vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos hombres y mujeres que permanecen y/o viven en las calles de nuestra ciudad, y ante lo cual solicitamos de su urgente intervención”.

En la nota se aclaró que “esta situación ha sido planteada, formal e informalmente, ante el Secretario General y Derechos Humanos y la Secretaria de Desarrollo Social, Municipalidad de Paraná, en reiteradas oportunidades desde el inicio de la gestión (Expedientes Nº 7724/16 y 7722/16; 15764/16 y 15759/16)”.

El escrito, rubricado por el Defensor del Pueblo, Luis Garay, consigna además que “por lo expuesto, y entendiendo que las personas que se encuentran viviendo en la calle sufren la vulneración de todos sus derechos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales) y que el abordaje de esta cuestión no admite más dilaciones, solicito a Ud. tenga a bien instruir a las áreas pertinentes a concretar y efectivizar en el menor plazo posible, y en una primera instancia, un albergue que pueda alojar y asistir a ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo esta situación”.

Finalmente, comenzó a funcionar un albergue en el edificio de calle Carbó 942. “La apertura de un albergue es el primer paso, es la atención de la urgencia”, dijo el Defensor Garay, quien reiteró el pedido para que se profundicen las medidas tendientes a atender la situación de quienes viven en la calle. Para eso, la institución viene trabajando desde sus inicios junto a organizaciones sociales que atienden la temática.

En sintonía, la Defensoría emitió la Recomendación Nº 2, en abril de 2015, por la que solicitó al Ejecutivo municipal que reglamente la ordenanza 8.932 e instruya su implementación. Antes, en marzo de 2013, la institución instó a “los gobiernos provincial y municipal, a través de las áreas competentes,  a implementar una política pública, destinada a abordar de manera integral, la situación de las personas que viven y/o permanecen en la calle”. (SE ADJUNTAN LAS RECOMENDACIONES MENCIONADAS)

Por último, el Defensor manifestó la intención de seguir trabajando en el tema junto a las organizaciones y las áreas pertinentes tanto del Estado municipal como provincial.  

SE ADJUNTAN RECOMENDACIONES

 

Resolución del 14/04/2015 con RECOMENDACIÓN Nº 2/15 a la Sra. Presidenta Municipal de Paraná

Recomendación para la puesta en funcionamiento del Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle

VISTO:

La vigencia de la Ordenanza Nº 8932, promulgada en fecha 5 de diciembre de 2010, por la que se crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, en el ámbito de la ciudad de Paraná, y;

 

CONSIDERANDO:

Que, las personas que,  transitoria o permanentemente, se encuentran viviendo en las calles de esta ciudad, tal como ocurre en otros centros urbanos, se caracteriza por estar sometidas a profundos niveles de exclusión social, sufriendo la precariedad material de sus condiciones de vida, los procesos de desvinculación social, la marginalidad que llevan a su invisibilización.-

 

Que, esta situación, que trasciende  indiscutiblemente, la dimensión residencial, ha provocado en estos ciudadanos un proceso paulatino de desvinculación o quiebre de los vínculos afectivos, como así también la pérdida de los vínculos institucionales y sociales (trabajo, redes de apoyo). Y al perder la inserción productiva, además de su familia, pierden las bases de la existencia y de la identidad: “amar y trabajar”, en definitiva “dejan de ser” …

 

Que, a la situación planteada precedentemente, se suma la falta de reconocimiento de esas condiciones de vida, por parte del Estado y de la sociedad en general, lo que se traduce en respuestas intuitivas y/o tendientes a la reducción de daños, lo que opera con lógicas que invisibilizan la real situación de calle, y que en muchos casos incluyen también lógicas excluyentes.

 

 

 

 

 

 

 

Que, continúan siendo organizaciones de la sociedad civil, las que intentan cubrir los vacíos que deja el Estado respecto esta cuestión social; pero “las organizaciones solidarias, sin desearlo, perpetúan la permanencia de personas en el espacio público, puesto que la asistencia directa no soluciona los problemas de fondo sino que sostiene y reproduce la emergencia.” (La calle no es un lugar para vivir – H. Avila-G. Pallares)

 

Que, para la  Defensoría  ha sido, y continúa siendo, objeto de preocupación  la situación de las personas que habitan las calles de la ciudad, atendiendo permanentemente a ciudadanos, realizando coordinaciones institucionales, emitiendo Recomendaciones pronunciándose sobre el tema e instando al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de Paraná, realicen un abordaje integral de esta cuestión social.

 

Que, esta Defensoría se encuentra conformando una red junto a otras instituciones, organizaciones, que vienen, solidariamente, trabajando y cumpliendo una función social, asistiendo a las personas que viven en la calle, constituyendo así un espacio de discusión, análisis y redireccionamiento de los diferentes modos de abordaje, y también de colaboración en la tarea cotidiana.

 

Que, es imprescindible e inaplazable contar con la presencia real y activa del Estado, como garante  de los derechos de las personas que se encuentran transitando por esta situación de desamparo.

 

 

Por ello:

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE PARANA

RECOMIENDA

A LA SRA. PRESIDENTA MUNICIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1º.- Reglamentar la Ordenanza Nº 8932, que crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en situación de Calle.

 

Art. 2º.- Arbitrar los medios necesarios para la inmediata implementación de dicho Programa, considerando fundamentalmente la proximidad de la temporada invernal.

 

Art. 3º.- Remítase a la Sra. Presidenta Municipal. Comuníquese. Fecho, ARCHIVAR.

 

 

 

Recomendación sobre los ciudadanos en situación de calle

 

 

 

 

 

 

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Paraná

13 de marzo de 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO:

La preocupación de la Defensoría del Pueblo por la situación de las personas adultas, jóvenes, niños/as que viven en la calle, sumado a presentaciones de los propios ciudadanos que la padecen, de vecinos solidarios que los asisten, y de profesionales y estudiantes de la Cátedra Psicología Social (modalidad con orientación en Salud Mental Comunitaria), de la  Licenciatura en Psicología-Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales-UADER, que trabajan e investigan sobre esta cuestión social, y;

 

C O N S I D E R A N D O

 

Que,  en la mayoría de los centros urbanos de nuestro país, más densamente poblados, se presenta esta problemática; personas que viven, deambulan, permanecen o utilizan el territorio de lo público  de manera diferente al resto de la sociedad;

 

Que, la ciudad de Paraná no escapa a esta realidad, existiendo un número importante, aunque no especificado, de personas que permanecen en lugares determinados por la existencia de recursos de subsistencia, es decir, calles del centro o puntuales esquinas semaforizadas, donde desarrollan alguna actividad:  cuida coches, venta de estampitas, changas ocasionales,  “trapitos”. La ubicación también se relaciona con la presencia, en esas zonas, de comedores comunitarios.

Que, entendemos a la situación de adultos, jóvenes, niños/as,  que viven y/o permanecen transitoria y periódicamente en las calles de la ciudad, en las que desarrollan estrategias de sobrevivencia, como una cuestión social compleja, policausal y de múltiples aristas para analizar y abordar, que excede ampliamente los alcances de lo aquí expuesto;

 

Que, esta situación trasciende, indiscutiblemente, la dimensión residencial; se trata de un largo proceso de exclusión social y extrema vulnerabilidad a las que han estado, y siguen estando, expuestos, sufriendo así un proceso paulatino de desvinculación o

 

 

 

 

 

quiebre de los vínculos afectivos,  provocado por complejas historias de vida: violencia, abandono, adicciones…

 

Que, han sufrido también la pérdida de los vínculos institucionales y sociales (trabajo, redes de apoyo). Y al perder la inserción productiva  y además su familia, pierden las bases de la existencia y de la identidad: “amar y trabajar”, en definitiva “dejan de ser”.

Que, a esta condición de “excluidos de los excluidos”, sin vínculos familiares, sociales, productivos, se suma la de “no ciudadano”; en muchos casos no poseen Documento Nacional de Identidad o no han sido registrados sus nacimientos, por lo cual son aún más invisibilizados y marginados, traduciéndose en falta de reconocimiento de sus condiciones de vida por parte del Estado y de la sociedad;

 

Que, la imposibilidad de acreditar identidad es utilizada, en reiteradas oportunidades, por personal policial para amedrentar, maltratar, desalojar, e incluso detener, a las personas que se encuentran viviendo en la calle o que permanecen en un espacio público; “ellos sienten que ante cualquier altercado serán los primeros sospechosos, mientras que viven protegiéndose para no ser víctimas”;

 

Que, la falta de reconocimiento de la sociedad a esta forma de habitar  se refleja en la reacción social negativa frente a este grupo de personas. El desconocimiento sobre esta temática genera visiones erradas o sin fundamentos sobre las personas en situación de calle, visiones que son en su mayoría negativas, y generan estigmatización y aumento de su exclusión social, tendiendo a relacionar a estos grupos con actos delictivos.

 

Que, pareciera que desde el Estado se percibe la existencia del problema pero no de su magnitud y de los diferentes factores que inciden en él. Si bien se reconoce la existencia de un grupo de personas que no cuentan con vínculos sociales y que se encuentran en condiciones materiales precarias, no se ha definido con exactitud por qué se llega a esa situación, cuáles son los grupos más vulnerables, y cuáles son los

 

 

 

factores que mantienen esa situación como un estado permanente aún frente a los deseos explícitos de las personas de superarlo, entre otras cosas.

 

Que, si bien existen incipientes respuestas del Estado a esta cuestión, se observa la  inexistencia de políticas públicas que la aborden integralmente, como así también una clara fragmentación de los organismos del Estado (judiciales, educativos, sociales, sanitarios) los que funcionan como compartimentos estancos, prevaleciendo una visión sesgada de la problemática que nos ocupa, por lo que se realizan abordajes parciales y coyunturales que, en definitiva, terminan reproduciendo estas situaciones de vulnerabilidad absoluta

 

Que, paradójicamente, la mayor parte de la asistencia  que reciben las personas en situación de calle proviene principalmente de instituciones, vecinos solidarios, grupos de voluntarios, organizaciones no gubernamentales, por lo cual, lo que debería ser de exclusiva responsabilidad del Estado, garantizar derechos fundamentales (trabajo, vivienda, alimentación, salud), queda sujeta a la voluntad y a los recursos con lo que cuenten, esto sin desestimar el fuerte compromiso que demuestran en la difícil tarea cotidiana;

 

Que, en cuanto a antecedentes de posibles políticas y/o programas de abordaje de la cuestión de referencia, esta Defensoría, en el año 2003, emitió una recomendación, con proyecto de ordenanza, que contemplaba la creación de un albergue municipal para personas que estuvieran viviendo en la calle; posteriormente, la Municipalidad de Paraná puso en funcionamiento la Residencia Municipal “Madre Teresa de Calcuta”;

 

Que, la capacidad de esta Residencia es reducida (20 personas), está destinada a adultos mayores de 60 años, varones, y solo ofrece la posibilidad de pernoctar, desayunar y cenar en el lugar;

 

Que, existe un equipo de docentes y estudiantes de la Cátedra Psicología Social (modalidad con orientación en Salud Mental Comunitaria), de la  Licenciatura en Psicología-Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales-UADER, formados y

con vasta experiencia en la temática, que se encuentran trabajando desde hace varios años junto a las personas que se encuentran en la calle,;

 

 

Que, el mencionado equipo elaboró, e implementa incipientemente, el Proyecto “Casa Solidaria”, como instrumento de contención psico-social, de inclusión social y de restitución de derechos vulnerados, brindando no solo un cobijo transitorio digno, que incluya desayuno, almuerzo y cena, sino también, y fundamentalmente, un espacio de

capacitación laboral e inclusión en programas de empleo, alfabetización y apoyo escolar primario, secundario, universitario, actividades recreativas y deportivas, actividades terapéuticas, talleres de creatividad, entre otras;

 

Que, este Proyecto ha sido respaldado por Resolución N° 3 – de fecha 30/03/2011 – de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por Resolución 901-11, del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por Decreto N° 3034 – de fecha 08/08/2011 – del Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Ciencia y Tecnología.

 

Que, actualmente este proyecto, funciona en un inmueble, alquilado por el Ejecutivo Provincial, con el esfuerzo y la dedicación  personal y profesional del equipo que lo sostiene, sin la dotación mínima de recursos humanos, materiales, financieros;

 

POR ELLO

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE PARANA

RECOMIENDA:

 

Art. 1°.- Instar a los gobiernos provincial y municipal, a través de las áreas competentes,  a implementar una política pública, destinada a abordar de manera integral, la situación de las personas que viven y/o permanecen en la calle.-

 

Art. 2°.- Apoyar la tarea de las organizaciones y personas que asisten y acompañan a los/as ciudadanos/as que se encuentran en la situación descripta; como así también poner efectivamente en funcionamiento, dotando de los recursos necesarios, el Proyecto “Casa Solidaria”.-

 

Art. 3°.- Instruir, desde las áreas pertinentes, a los agentes de policía en lo atinente al respeto y protección de los derechos humanos, particularmente de las personas que viven y/o permanecen en espacios públicos.-

 

 

 

 

Art. 4º.- Registrar, comunicar y archivar.-

 

 

 

Por los derechos de las mujeres y niñas

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná adhiere a la marcha contra la violencia de género. Desde la institución se considera fundamental la concientización y las acciones tendientes a proteger los derechos de las mujeres y niñas.
A continuación, se adjuntan las siguientes palabras publicadas por las Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra).

————

Ni una mujer más víctima de la violencia

A un año de “Ni una menos”, que marcó un antes y un después en la sociedad argentina y su capacidad de reaccionar y comprometerse ante la violencia de género. El pueblo salió a la calle a decir “basta” a los femicidios que azotan y enlutan nuestras comunidades cada día. Por cada mujer muerta en circunstancias que tienen que ver con la violencia de género hay otras cinco al borde del abismo deambulando por instituciones, pidiendo socorro.

 

Existen legislaciones garantistas de una vida libre de violencia. Queremos que esto sea así. Una vida libre de violencia no se agota en políticas que sólo actúan cuando ya la violencia más letal se ha desatado sobre los cuerpos de nuestras mujeres, cuando cotidianamente esa violencia permea múltiples instancias. La violencia contra las mujeres atraviesa nuestras instituciones, cuando dichas instituciones no resguardan y respetan sus derechos.

Por eso vamos por otros compromisos. Por eso decimos que nos tenemos que poner en tarea de asumir nuestras responsabilidades específicas como Defensorías del Pueblo. Promover una formación y un accionar que incluya los DDHH, pensando los DDHH de las mujeres. Una gestión que suponga conocimiento y aptitud para llevar adelante legislaciones que buscan garantizar dichos derechos. Un trabajo cotidiano en los espacios sociales en donde trabajamos.

A un año del simbólico 3 de junio “Ni una menos”, ni una mujer más víctima de la violencia.

Alicia Peressutti, Defensora del Pueblo de Villa María, Córdoba

 

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