Acuerdan fomentar y fortalecer la mediación comunitaria en Defensorías del país

 

 

 

Representantes de Defensorías del Pueblo del país, reunidos en el marco de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), mantuvieron un encuentro en la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de Argentina, con la Directora Nacional de Mediación, Raquel Munt.

La reunión se convocó a instancias de la Defensoría del Pueblo de Paraná, con el objetivo fomentar y fortalecer la mediación comunitaria en las Defensorías de todo el país. Por ello, intervino Adpra y la iniciativa tiene el apoyo de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación. El encuentro se realizó en febrero, en Buenos Aires.

La idea es que la Asociación, y en consecuencia la más de cuarenta Defensorías que la conforman,  integren la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria que hasta el momento está compuesta solamente por entidades que han recibido capacitación del Ministerio.

Por su parte, desde la Dirección Nacional se ofreció brindar capacitación (formación en mediación y programa de operadores barriales) a las Defensorías que no cuentan con mediadores formados.

Asimismo, se destacó la importancia del trabajo en redes y la articulación entre distintos ámbitos (estatales de diferentes niveles, públicos y privados) para potenciar los servicios de mediación existentes y apoyar la conformación de nuevos, apuntando a ampliar los espacios de participación ciudadana.

Reunión de la comisión directiva de Adpra, en Buenos Aires.

Se resaltó que las Defensorías son instituciones que reciben cotidianamente la conflictividad social, y que este modo de abordaje de los conflictos es adecuado para la promoción del diálogo y la mejor convivencia, con la necesidad del apoyo del Ministerio.

Por último, se convino formalizar un convenio de cooperación mutua entre Adpra y la Dirección Nacional, lo que se concretará en un próximo plenario de la Asociación.

De dicho encuentro participaron: la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández; el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay y la Coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky; el Defensor de los Vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez; el Defensor del Pueblo de Frías, Ramón Sequeira; el Defensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini; y la Defensora Ciudadana de La Plata, Florencia Barcia.  Además, estuvieron los responsables de las áreas de Mediación de las Defensorías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe.

 

En Paraná

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná cuenta con un Centro de Mediación Comunitaria desde prácticamente el comienzo de la institución, en 2003. Desde entonces, la institución viene prestando el servicio de la mediación comunitaria a los vecinos mediante la participación de más de cien mediadores anotados en un Registro voluntario, ad honorem, con el que cuenta la Defensoría.

El Registro de Paraná está conformado por mediadores con capacitación homologada por el Ministerio y provienen de distintas disciplinas y oficios, por lo que entre sus características sobresalientes a nivel nacional cuenta el abordaje interdisciplinario, el trabajo ad honorem de sus integrantes y la cantidad de mediadores que se anota cada año para brindar un servicio solidario a la comunidad.

La tarea requiere de un fuerte compromiso social,  pues radica en ser parte de un proceso de acercamiento de las personas en conflicto, con el fin de lograr una solución pacífica y colaborativa mediante el entendimiento de los vecinos involucrados.

 

 

Declaración de Defensores del Comité de la Región Centro

Los Defensores del Pueblo, provinciales y municipales  de Córdoba,  Santa Fe y Paraná que integran el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro, creado desde hace más de una década para coordinar acciones que son comunes a esta zona del país y en el marco de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), realizaron una reunión  ampliada para abordar la crisis hídrica. Tras la jornada de trabajo llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe, el jueves 2 de marzo, y de la que participaron Defensores de Santiago del Estero, Buenos Aires, Jujuy; mientras que no pudieron asistir de Chaco y Corrientes,  emitieron el siguiente documento conjunto:

 

JORNADA DE TRABAJO DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE LA REGIÓN CENTRO Y PROVINCIAS VECINAS, TENDIENTE AL ABORDAJE DE LA CRISIS HIDRÍCA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA POBLACIÓN

CONCLUSIONES

 

En la ciudad de Santa Fe, a los 2 días del mes marzo de 2017, los Defensores del Pueblo de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero y de las ciudades de Paraná y Río Cuarto llevaron adelante reuniones de trabajo a los fines de debatir, con el aporte técnico de prestigiosos profesionales en las materias, las consecuencias ocasionadas por las inundaciones desde la óptica de los siguientes ejes: 1.- Aguas (escurrimientos pluviales); 2- Rutas interprovinciales y 3- Medio ambiente y producción.

Los temas abordados tienen relevancia en un eje que las integra y que se vincula con la temática específica de las Defensorías del Pueblo: la población (rural y urbana) afectada por los últimos eventos climáticos y el impacto de un modelo productivo que empieza a evidenciar sus límites.

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia, temáticas que se vinculan directamente con los objetivos y misiones de las Defensorías del Pueblo hoy reunidas.

Por otra parte, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, con la participación de las Defensorías del Pueblo de toda Iberoamérica representadas por FIO (y en su contexto, las argentinas por ADPRA), los gobiernos locales y subnacionales, parlamentarios, sociedad civil, personas indígenas y comunidades locales, sector privado, profesionistas y practicantes, comunidad científica y académica, y otros actores relevantes, para adoptar la Nueva Agenda Urbana, se firmó la DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS SOSTENIBLES PARA TODOS en la que se realizan una serie de compromisos sumamente relevantes, vinculados a las problemáticas abordadas.

En virtud de las consideraciones expuestas por cada Defensoría del Pueblo y de las exposiciones de los técnicos invitados, se llegó a las siguientes conclusiones estableciéndose objetivos y metas comunes a obtener en las distintas jurisdicciones:

 

  • Propiciar la unificación de agendas de trabajo sobre los puntos tratados a los ejecutivos provinciales y municipales.
  • Controlar desde el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro y desde las Defensorías del Pueblo de las provincias vecinas, el cumplimiento en las distintas jurisdicciones de toda normativa vigente que regule la gestión integral de los recursos hídricos y ambientales.
  • Propiciar una permanente y constante coordinación regional con eventuales ajustes legislativos que si bien respeten cada jurisdicción, que cuenten con un marco común, por las implicancias extraprovinciales de cualquier regulación.
  • Proponer a las provincias la creación de un Comité de Cuencas Interjurisdiccionales, con participación de la autoridad nacional, con competencia de planificación, estudios y control de obras, y con facultades para evitar construcciones que puedan causar perjuicios a terceros.
  • Recomendar la creación de un Ente de Monitoreo de las Cuencas Interjurisdiccionales de manera que se pueda alertar a la población sobre posibles inundaciones.
  • Peticionar la ejecución inmediata de toda obra que resulte esencial para evitar inundaciones en cascos urbanos y en zonas rurales, con el fin de proteger a la población y menguar cualquier afectación de la actividad productiva, especialmente cuando las mismas surjan de un estudio, planificación y monitoreo técnico que garantice la eficiencia del sistema.
  • Promover medidas que tiendan a la efectiva protección de bosques nativos y unificar criterios que permitan planificar acciones concretas de reforestación, especialmente de especies autóctonas.
  • Buscar de manera constante una mejor calidad de vida promoviendo desarrollar las potencialidades productivas desde una perspectiva sustentable y culturalmente apropiable para cada población.
  • Insistir por controles estrictos y delimitaciones amplias del ejido urbano respecto al uso de productos agroquímicos.
  • Procurar la unificación de la legislación en materia de uso de agroquímicos y requerir redefinición periódica por parte de las autoridades nacionales en la materia que implique el etiquetamiento de estos productos de acuerdo a los más recientes estudios de especialistas.
  • Promover todas las obras que sean necesarias a los fines de evitar el corte por anegamiento de rutas o arterias de corredores viales fundamentales y de tráfico intenso.
  • Solicitar a las autoridades nacionales y provinciales la coordinación de un plan de obras de infraestructura vial que implique un diseño pensado en el mediano y largo plazo, como así también reclamar la más inmediata conclusión de las obras de conversión en autopistas o autovías de los corredores viales nacionales de la Región Centro.
  • Concebir al suelo como un recurso natural que debe ser declarado como un activo esencial y por ende protegido con intervención de las autoridades estatales respecto de su uso racional y sustentable.
  • Proponer a los gobiernos de las provincias de la Región Centro la elaboración consensuada de una planificación productiva a través de un diálogo intersectorial, que integre la mirada  pública-privada y que contemple una mirada de desarrollo sostenible social y ambientalmente.
  • Proponer que los equipos profesionales de mediadores de las Defensorías,  colaboren como facilitadores de la palabra para el trabajo de los puntos propuestos en este documento, a fin de generar espacios de abordaje de los conflictos comunes desde la construcción del diálogo cooperativo.
  • Recomendar a las autoridades la elaboración de políticas hídricas integrales y acordes a la situación que atraviesa cada región.
  • Incorporar como agenda de trabajo el impacto hídrico y socio ambiental que afecta a las ciudades atravesadas ríos y arroyos.

 

Defensorías del Pueblo de la Región Centro piden planificación y previsión a los gobiernos provinciales

 

 

Los Defensores firmaron una declaración en conjunto.

Los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Paraná participaron el jueves, 2 de marzo,  de la primera reunión del año del Comité de Defensores de la Región Centro. El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe y el tema central fue las inundaciones en relación a tres ejes: escurrimientos pluviales y estado del suelo, el impacto del agua en rutas interprovinciales, medio ambiente y la relación con la producción.  Estos temas fueron abordados por especialistas, en base a cuatro disertaciones ofrecidas por docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y profesionales del INTA.

Participan de la Región Centro las Defensorías del Pueblo provinciales de Santa Fe y

Córdoba y por Entre Ríos, la institución de la Ciudad de Paraná, la única existente hasta ahora en el territorio entrerriano. Asistieron al encuentro de Santa Fe, en carácter de invitados, representantes de las Defensorías de Jujuy, Río Cuarto, Buenos Aires y Santiago del Estero. Los presentes firmaron un documento, como resultado de la reunión, en el que se hacen una serie de recomendaciones a los gobiernos provinciales involucrados solicitando la previsión de inundaciones, la planificación de obras y asentamientos urbanos, la situación de ciudades cruzadas por arroyos como el caso de Paraná y, lo principal, el impacto social de las situaciones (avance de las aguas, rutas interrumpidas, entre otras).

El Comité e integrantes de Defensorías de otras localidades fueron convocadas en el Colegio Inmaculada de Santa Fe y la organización estuvo a cargo de la Defensoría provincial, cuyo titular es Raúl Lamberto.

 

Los Defensores de Paraná Luis Garay y Pablo Donadío participaron del encuentro en Santa Fe.

Sin Defensoría provincial y las personas como centro

El Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, junto a su par adjunto, Pablo Donadío, asistieron al encuentro con la preocupación referida a la ciudad, al tratamiento de las cuencas,  la situación de los desagües pluviales y el saneamiento de los arroyos.

Al iniciar su exposición, el Defensor Luis Garay, agradeció la participación de la institución de Paraná tanto en el Comité de la Región Centro como en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), donde Paraná ocupa la vicepresidencia segunda de la comisión directiva nacional.  En ese marco, recordó que pese a que desde 2008 fue incorporada a la Constitución de Entre Ríos la figura de la Defensoría del Pueblo, todavía la provincia sigue sin tener la institución conformada.   “Quizás sea por mezquindades políticas, no sabemos por qué todavía no se ha  elegido Defensor provincial”, dijo Garay, en relación a las demoras en proceso de designación. Así las cosas, mencionó que la única Defensoría en la provincia es la de Paraná, que funciona desde 2003, por lo que dijo que es  “un orgullo poder participar activamente en la Región Centro y Adpra”.

Respecto del trabajo conjunto de las Defensorías en la Región Centro, el Defensor expresó que cuando se conformó lo llevó a pensar sobre el sentido, en base a lo que ocurría con otras organizaciones asociadas en regiones, provincias, países.

 

“Hacía el análisis del Mercosur, de la Unión Europea, el Alca, y siempre estaba la cuestión económica de por medio, el sentido mercantil, siempre se apuntaba a cómo producir mejor, cómo rendir más”, dijo y continuó: “Me parecía que a la persona se la miraba de lunes a viernes; el fin de semana como no producía, era el momento de ocio, no se la tenía en cuenta”. Después, opinó que “por suerte fue cambiando”,  mencionó a modo de ejemplo el Unasur, y enfatizó en  la importancia de que en las reuniones por regiones no preponderen temas económicos sino el bienestar de las personas. Al respecto, puntualizó que las personas y sus derechos son la razón de ser de las Defensorías del Pueblo y esa debe ser la mirada que debe primar en el análisis de los temas.  “Al margen de que podamos considerar la situación de temas relacionados a la producción, debemos fijar la atención en las consecuencias que pueda traer el sistema productivo a los habitantes. Celebro que en estos ámbitos no sólo estemos pendientes de las cuestiones que les preocupan a los gobernantes, sino que nosotros estemos preocupados por consecuencias que los gobiernos no tienen en cuenta y que afectan a las personas. Eso es lo primordial”, explicó y se expidió por la necesidad de que las Defensorías interpelen a los gobernantes sobre  “qué pasa con el futuro, con nuestros temas, tenemos que salir fuerte a expresar nuestras opiniones  Y que los gobernantes se den cuenta que instituciones como las Defensorías, contempladas en la Constitución, tienen que ser escuchadas”.

 

 

Se reúnen Defensores del Pueblo de la Región Centro

 

El Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro se reúne este jueves 2 en la ciudad de Santa Fe para abordar temas de escurrimientos pluviales, rutas interprovinciales y medio ambiente y producción. Participarán los Defensores de la Ciudad de Paraná,  Luis Garay (titular) y Pablo Donadío (adjunto).

En encuentro comenzará a las 10, en el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe (San Martín 1540), y contará la presencia del presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), Alejandro Amor, según informaron los organizadores.

En esta oportunidad, el debate girará en torno a tres temáticas que involucran a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: aguas (escurrimientos pluviales), rutas interprovinciales y medio ambiente y producción.

La Defensoría del Pueblo santafesina informó que estarán presentes los Defensores del Pueblo de las provincias de Córdoba y Santa Fe y de la ciudad de Paraná. También asistirán los Defensores de los de las localidades de Villa María, Río Cuarto, Carlos Paz, La Falda y Corral de Bustos. Y en carácter de invitados, se espera la llegada de representantes de las Defensorías de las provincias de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

 

Ante el pedido de vecinos, la Defensoría del Pueblo participará de reuniones con funcionarios municipales

 

El Defensor del Pueblo e integrantes de la institución participan de las reuniones, convocados por los vecinos.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná oficiará de nexo entre vecinos y  funcionarios municipales, facilitando el diálogo y propiciando acuerdos y compromisos referidos al mejoramiento de obras y servicios públicos. La participación de la institución empezaría a  partir de esta semana, cuando comience a concretarse un cronograma de reuniones entre representantes de áreas de la Comuna con integrantes de comisiones vecinales de la ciudad.

La decisión surgió en una reunión realizada el jueves 23 por la noche, de la que participaron vecinos y miembros de más de una veintena de comisiones barriales. El encuentro se realizó en la sede de la comisión vecinal del barrio Santa Lucía y contó con la presencia del intendente Sergio Varisco y funcionarios, entre los que se encontraban secretarios y directores de las áreas de obras y servicios, concejales oficialistas y de la oposición. También participó, a pedido de los vecinos, el Defensor del Pueblo, Luis Garay, junto a integrantes de la institución.

Los vecinos agrupados en la Asamblea Ciudadana, organización conformada desde hace años por comisiones barriales de Paraná, realizaron la convocatoria con el fin de plantear a representantes del gobierno municipal los problemas  –algunos de arrastre, estructurales, y otros actuales- que tienen en sus zonas. Con ese fin se realizó el encuentro, que llenó de participantes el salón de la comisión vecinal de Santa Lucía, ubicado en calle De Bueno 249.

Durante las casi tres horas de reunión, los vecinos describieron -con más o menos vehemencia- los inconvenientes que más los acucian: por ejemplo, se reiteraron los reclamos por el funcionamiento deficiente o directamente la inexistencia del servicio de cloacas y de desagües pluviales. También se escucharon reclamos en torno a los residuos, la formación de minibasurales, la proliferación de ratas; todos planteos atados a la falencia en la recolección municipal, según los testimonios. Sobre el tema, el Intendente informó que se comprarán contenedores para cubrir la ciudad. Otras preocupaciones giraron en torno a la falta de iluminación, el estado de las calles de tierra, el pedido de pavimentación y, en casos concretos, las demoras de concreción de obras de asfalto ya comprometidas.

Las demandas de los vecinos incluyeron el relato de las peripecias de familias ante el anegamiento frecuente no sólo con agua de lluvia sino también con líquidos cloacales por falta o falencia de redes y desagües. Además, hubo pedidos de desmalezados y de control de terrenos baldío, de mantenimiento de plazas, colocación de contenedores, arreglo de la red de agua (ante la existencia de caños rotos en la vía pública), disponibilidad de camiones atmosféricos para atender a los barrios que tienen pozos negros, demoras en el paso del colectivo, entre otros temas. Vecinos de Santa Lucía plantearon también la situación generada a partir de la reubicación de tres familias, por parte del municipio, en un terreno público de la vecinal. Al respecto, explicaron que la inquietud del vecindario obedece, principalmente, a que se trata de un lugar inundable y a la posible llegada de decenas de otras familias con intenciones de radicarse.

Habitantes de barrios ex Mainini pidieron que se agilice el trámite de posesión de los terrenos donde tienen sus casas. La gestión es añosa y fue motivo de actuación de la Defensoría del Pueblo. Al respecto, destacaron los avances últimos y la intervención de la institución, detalles que los vecinos pidieron que diera el Defensor.

Los funcionarios municipales anotaron los reclamos y el intendente Varisco anunció la concreción, a partir del jueves próximo, de un cronograma de reuniones con cada comisión vecinal de las presentes, a razón de dos por día, con el fin de atender y responder a los planteos particulares.

Ante la iniciativa, los vecinos pidieron que esté presente  la Defensoría en los encuentros, en base a una propuesta realizada  por el Defensor del Pueblo, Luis Garay, quien había ofrecido -con anterioridad- instrumentar procesos de facilitación del diálogo, modalidad que viene aplicando con éxito la institución en distintos casos.

El Defensor del Pueblo expresó su satisfacción y agradecimiento por la solicitud de los vecinos para que la institución integre la mesa de reuniones, bregando para que la convocatoria anunciada por el Municipio se concrete en los próximos días y sea un ámbito de acuerdos.  Seguidamente, destacó el trabajo que viene realizando la Asamblea Ciudadana desde hace años en temas significativos para la ciudad, como el transporte público, cloacas, agua, recolección y basurales, iluminación, entre otros.  

 

La Defensoría del Pueblo inició reuniones ante la proximidad del festejo del último primer día

 

Los Defensores del Pueblo recibieron a integrantes de la Subsecretaría de la Juventud municipal.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná inició conversaciones con distintos actores de la comunidad ante la proximidad del comienzo de las clases y, con esa fecha, del festejo del “último primer día” por parte de estudiantes del secundario, encuentro que en años anteriores ha incluido el consumo de alcohol y consecuencias preocupantes.

Justamente por esta causa, un grupo de padres y madres solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo con el fin de que el tema, considerado de gran preocupación pues se trata de la ingesta de alcohol por parte de menores de edad, tenga un lugar en la agenda pública y se debatan y acuerden acciones preventivas fundadas en la información y concientización.

Sin ánimo de interferir en el festejo de los jóvenes, la institución busca resguardar la diversión de los estudiantes pero sin que el alcohol sea el centro del encuentro. La intención es buscar la participación activa del Estado, la escuela y los padres con el fin de brindar garantías, preservando la integridad, la salud y los derechos de los jóvenes. También, el sector comercial tendría un papel significativo en las conversaciones, en vista de la necesidad de que se cumplan las normas vigentes (Ley 24.788 y Ordenanza 8385), que prohíben el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Este festejo del último primer día del año de estudio empezó en Paraná en 2012, llegando en 2016 a convocar cientos de jóvenes de diferentes cursos y escuelas en inmediaciones del Parque Urquiza, oportunidad en la que hubo incidentes y heridos quedando en el centro el consumo de alcohol.

Entre las primeras acciones, los Defensores del Pueblo, Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto), se reunieron con integrantes de la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de Paraná, su titular Diego Beber y Fabricio Acevedo, quienes se interesaron en la propuesta de abordar en forma conjunta el tema.

En los próximos días continuarán los contactos con distintos sectores y queda abierta a la comunidad la participación en este ámbito de debate con la aspiración de fondo de que la situación generada en torno de este festejo sea el puntapié inicial para atender la problemática general del consumo de alcohol por parte de menores.

 

Inquietud de Defensores del Pueblo del país por la suba de tarifa

 

 

Se realizó el lunes 20 de febrero la primera reunión ampliada de Adpra.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó el lunes 20 de febrero de la primera reunión ampliada de este año de Comisión Directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), realizado en la Capital Federal. El encuentro estuvo encabezado por el presidente y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y contó con la presencia del Defensor del Pueblo de Paraguay, Miguel Ángel Godoy.

Entre los temas analizados, preponderó la situación generada en la ciudadanía a partir de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Concretamente, se trató un pedido de reunión con el Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y -a propuesta de la Defensoría de Paraná-, con representantes de la CGT, encuentro este último que se producirá el próximo viernes 24 de febrero. También se evaluó la falta de una audiencia pública por el incremento del agua en Buenos Aires.

Asimismo se analizó la participación de las Defensorías en la audiencia pública sobre la tarifa del gas en boca de pozo, que se realizará el próximo mes de marzo. También se debatió sobre medio ambiente, la Ley de Alquileres y los aumentos para los inquilinos.

Al mismo tiempo, se sentaron las bases para el trabajo que las Defensorías realizarán en materia de observación electoral antes, durante y después de los comicios de este año.

Por último, se conversó sobre la creación de la figura del Defensor en las provincias que aún no tienen (Tierra del Fuego, Catamarca, Mendoza, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Misiones, La Rioja, Entre Ríos, Salta), así como el pedido a los gobernadores para que trabajen en su implementación.

Además, junto al Defensor del Pueblo de Paraguay, Miguel Ángel Godoy, se trabajó la cuestión migratoria para avanzar en la colaboración entre las distintas Defensorías con el fin de asesorar a inmigrantes argentinos y paraguayos sobre los trámites de documentación correspondientes en cada caso.

Del encuentro participaron los Defensores Adjuntos de la Ciudad, María América González y Arturo Pozzali; la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández; el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay; el Defensor de los Vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez; la Defensora del Pueblo de La Plata, Florencia Barcia; el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto; el Defensor del Pueblo de Frías, Ramón Sequeira; el Defensor Adjunto de Córdoba, Hugo Pozzi; el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia; el Defensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini; y la Defensora del Pueblo de La Matanza, Silvia Caprino

La Defensoría ofreció a vecinos facilitar el diálogo con funcionarios

Reunión en el barrio Santa Lucía.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, junto a integrantes de la institución, participó -en carácter de invitado- de una reunión realizada el lunes, en el barrio Santa Lucía, por vecinales agrupadas en la Asamblea Ciudadana.

Después de escuchar los planteos de vecinos y representantes de distintos barrios, el Defensor ofreció la instancia de facilitación de diálogo, un proceso que la institución viene realizando con excelentes resultados y que brinda la posibilidad de un acercamiento  de vecinos entre sí, de distintas comunidades barriales, organizaciones intermedias y de ciudadanos con funcionarios. La intención se basa justamente en promover la búsqueda de soluciones consensuadas en torno de un problema o reclamo.

En este caso, la demanda de los vecinos radicaría principalmente en cuestiones ligadas al estado de sus barrios, concretamente en aspectos relacionados a obras y servicios públicos y también sociales. Por lo tanto, el acercamiento y el diálogo requerirían la participación de vecinos y  distintas áreas del Estado.

La posibilidad -explicó el Defensor- sería  poder organizar procesos de facilitación de diálogo en cada vecinal en torno a temas puntuales, coyunturales. El ofrecimiento quedó planteado y la Asamblea  resolvió tratarlo próximamente.

La convocatoria del lunes reunió a representantes de vecinales y también abarcó a funcionarios de la Municipalidad de Paraná. El objetivo era poner en debate el estado de la ciudad en términos generales. Sin embargo, hubo un tema que ocupó buena parte de la reunión debido a la intensidad de los planteos de los vecinos y fue el relacionado a la reubicación en terrenos del barrio Santa Lucía de familias que se quedaron sin casa a partir del desmoronamiento  de la zona donde vivían. Según argumentaron los vecinos de Santa Lucía, el barrio esperaba desde hace años la construcción de un polideportivo en el terreno en cuestión.

El encuentro tuvo momentos de tensión y luego, el clima se distendió a partir del aviso en la reunión de que de que el Municipio revería la decisión. Mientras tanto, se detendrían las obras iniciadas en los últimos días, se informó. En ese marco, el Defensor del Pueblo pidió que se escuchen las partes y se analice el fondo de la situación, que es parte de una problemática mayor relacionada a una necesidad habitacional creciente en la ciudad. Al respecto, la Defensoría se ha expedido en años anteriores  a través de Recomendaciones, como así también mediante un informe en el Foro para la elaboración de un anteproyecto de ley de hábitat en Entre Ríos, organizado por el gobierno de la provincia en octubre pasado. En la oportunidad, la Defensoría volvió a pedir que se instrumenten políticas integrales que atiendan la necesidad de miles de familias.

Conflicto en LT 14: Los Defensores del Pueblo participaron de las conversaciones

 

El viernes se realizó una asamblea en el edificio de la radio.

Los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto), participaron este viernes de la asamblea de trabajadores de Radio LT 14 y FM Baxada, ante la situación generada a partir de la decisión de autoridades nacionales de transmitir la señal de Radio Nacional por esta última emisora, anulándose así la programación propia.
Los Defensores participaron también de reuniones con autoridades nacionales de Radio y Televisión Argentina (RTA) SA que llegaron a la ciudad con el mandato de aplicar las modificaciones, así como también con el director de la radio, Pedro Oilhaborda, y referentes gremiales. Seguidamente, asistió al edificio de la emisora ubicado en Alameda de la Federación 126 el secretario general de la Gobernación de la provincia, Edgardo Kueider.
“Este conflicto no es gremial, es social”, dijo Luis Garay, quien junto a Pablo Donadío colaboraron en la facilitación del diálogo entre las partes.
El viernes, los Defensores escucharon a los trabajadores, se interiorizaron sobre la situación, y renovaron la preocupación que causa la intención de introducir dichos cambios, al tiempo reiteraron la necesidad de preservar los medios de comunicación locales, que reflejen la identidad y acontecer de esta zona, y que lo hagan en base a la libertad y a la pluralidad de ideas, pilares fundamentales de la vida en democracia.
Asimismo, remarcaron que el conflicto abarca a una emisora que es parte de la historia de Paraná y de la provincia, con más de 70 años de existencia. Se trata de una institución valiosa, con sobrado raigambre social y cultural, que el Estado debiera apuntalar y salvaguardar. Es por ello que la Defensoría de Paraná insiste en la necesidad de que se revea la decisión de instrumentar modificaciones.

 

Repudio de los de Defensores del Pueblo del país a la reforma introducida a la Ley de Migraciones

 

La Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) repudia la reforma introducida por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a la Ley de Migraciones 25.871 y a la Ley de Ciudadanía 346. A continuación, el texto emitido por la asociación, de la que es parte la Defensoría de Paraná.
“La reforma de la Política Migratoria argentina por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia nro. 70/17 genera el rechazo de organismos públicos y de la sociedad civil dedicados a la protección de los derechos de las personas migrantes que llegan a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida tanto personales como familiares.
Durante los últimos meses, ADPRA ha expresado su preocupación respecto del discurso que desde los medios de comunicación masiva se ha instalado. Funcionarios nacionales y periodistas han construido un relato negativo de la migración asociada al delito. Este discurso ha permitido avanzar en la drástica y absolutamente regresiva modificación de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, sancionada hace casi 15 años con el aval de distintos sectores políticos y sociales, y de la Ley de Ciudadanía 346.
La regresividad del decreto se observa en distintos aspectos. Especialmente preocupante es el retroceso que plantea el DNU en el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales tales como la reunificación familiar, el debido proceso y el control judicial de las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones.
Así, el procedimiento implementado afecta a las poblaciones más vulnerables al disponer, por ejemplo, que si no se constituye domicilio o es inexistente el declarado quedará notificado por Mesa de Entradas en DOS días hábiles. Aquella persona tendrá que ir todos los días a la Dirección Nacional de Migraciones a ver su expediente. Esta modificación no promueve su derecho de defensa, sino que lo atenta.
Por su parte, para acceder a asistencia jurídica gratuita las personas deberán acreditar ante la DNM “fehacientemente” la falta de medios económicos, caso contrario, se continuarán las actuaciones administrativas sin más trámite. Es sabido que la obtención de cartas de pobreza demora más que el plazo recursivo de TRES DÍAS IMPRORROGABLES que fija la nueva norma, lo que termina vulnerando el acceso a la justicia de la población migrante que no se encuentre en condiciones de contratar un abogado particular.
En igual sentido, el procedimiento de revisión de las decisiones administrativas que supo marcar un cambio de paradigma respecto de la política migratoria durante la vigencia de la Ley Videla, se transforma en un control simbólico, automático, de los actos de la Dirección Nacional de Migraciones. Tal es así, que la Ley le dice al Juez cómo actuar frente a cada supuesto restándole un escaso margen de decisión. Por ejemplo: el juez no puede dispensar un impedimento por reunificación familiar, el que solo puede dispensar la DNM previa acreditación de la “convivencia del grupo familiar” para lo que se tendrá en cuenta el interés afectivo y económico. Se desconocen así las distintas modalidades de familia y además se genera una intromisión en la vida privada de las personas por parte de la autoridad administrativa.
Solo como un ejemplo más de la regresividad normativa, cabe mencionar la obligación de responder los pedidos de informes sobre la situación migratoria por parte de las oficinas públicas, que se verán sancionadas de no hacerlo en plazos que van de 2 a 5 días hábiles. Esta modificación merece el repudio por su naturaleza, en tanto obliga a sus destinatarios a generar un control de permanencia sobre la población migrante, resabio de la Ley Videla que supo ser cuestionado y finalmente modificado, lo que fue la famosa “obligación de denuncia”.
Merece destacarse la modificación a otra norma, la Ley de Ciudadanía 346. Este cambio resulta irrazonable ya que se sustenta en el “fraude a la ley migratoria”, categoría que no es ni delito ni sanción administrativa, sino meramente una construcción doctrinaria de la DNM utilizada para negar derechos. Se exige así la obtención de residencia temporaria o permanente para acreditar el arraigo normado por la Constitución Nacional. Que esta modificación es contraria a la Constitución Nacional y a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ni I- Hsing) y de numerosos precedentes jurisprudenciales que de modo unánime dispusieron que los dos años de residencia no estaban sujetos a una categoría de residencia migratoria. Lo más preocupante es que no hay argumentos para modificar esta Ley, ya que el DNU se centra en “los hechos de criminalidad organizada” en tanto que la obtención de la ciudadanía exige acreditar medios de vida lícitos, lo que se prueba con numerosos informes que el Juez solicita a las distintas fuerzas de seguridad. De este modo, ¿cuál es el sentido de modificar la forma de probar el arraigo? Se observa una desviación de poder preocupante que merece su rechazo.
Es importante subrayar que la Ley 25.871 y el Decreto 616/2010 buscan proteger a un colectivo especialmente vulnerable que ha estado expuesto durante décadas a abusos y arbitrariedades por parte tanto de la Administración Pública como de redes delictivas. La migración en Argentina ha estado siempre vinculada al trabajo y a las posibilidades de mejorar la calidad de vida. Hoy como hace más de un siglo, hombres, mujeres y niños llegan a nuestro país motivados por el deseo de desarrollar una vida digna.
El cambio normativo por decreto, cuya urgencia se funda en la lucha contra el delito, preocupa no solo porque desconoce el lugar de las instituciones de la democracia sino, fundamentalmente, por el impacto que tendrá en la vida cotidiana de miles de familias migrantes hoy utilizadas como chivo expiatorio del poder político.
ADPRA refuerza más que nunca su compromiso en la protección de los derechos de las personas migrantes y repudia la modificación arbitraria y regresiva de una ley que es considerada modelo en el mundo entero”.

 

 

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