Consternación y pedido de acciones contra los femicidios

 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, a través de la Red de Género de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), ámbito al que pertenece la institución local, expresa su profunda consternación por los nuevos femicidios ocurridos en Entre Ríos y llama a emprender actividades de formación y sensibilización que permitan la construcción de una sociedad en la cual las niñas y mujeres puedan gozar de sus derechos, especialmente el de vivir libre de violencia.

Los hechos ocurridos en Paraná, en Concepción del Uruguay y en Concordia el último fin de semana, nos interpelan y suman casos a una lista inadmisible de muertes en la provincia y en el país.

La Red de Género de Adpra expresó que el femicidio constituye una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres y es, por sus particularidades, un concepto nuevo que se incorporó para distinguirlo de los homicidios. Se trata de un asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad, en la mayoría de los casos relacionados por un vínculo. Constituyen un fenómeno social que da cuenta de la violencia estructural que sufren niñas y mujeres, propias de una cultura que acusa graves desigualdades entre hombre y mujeres.

Se estima que hay un femicidio por día en el país, pero se sabe que la cifra es mayor puesto que aún no existen estadísticas oficiales. Desde 2008, la Asociación Civil La Casa del Encuentro realizó el primer informe de femicidios en Argentina y con el objetivo de ampliar y profundizar los monitoreos en el año 2009 se conformó el “Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano”. Sus números emanan de los asesinatos de mujeres que aparecen en algunos medios de comunicación, por tal motivo los datos son parciales.

El asesinato de una mujer en manos de un hombre, o el asesinado de hijos e hijas de una pareja (femicidios vinculados) ocurren en razón de su género. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas.

El gran movimiento de mujeres que denuncia a lo largo de la historia la desigualdad y la violencia que padecen mujeres y reclama por sus derechos, motorizó tres expresiones de repudio masivo hacia este delito. Las jornadas del Ni Una Menos son un alerta que da cuenta que pese a los avances normativos como la sanción de la Ley Nacional 26.485, las obligaciones adquiridas por el Estado a fin de resguardar su seguridad, hay elocuentes deudas que hacen que las violencias hacia las niñas y mujeres no disminuyan.

Cabe recordar que la normativa existente expresa obligaciones concretas a los distintos Ministerios y organismos públicos involucrados en la denominada “ruta crítica de las violencias”, obligaciones que no pueden eludirse.

Desde la Red se entiende que la transformación cultural que permita dar paso a una sociedad justa e igualitaria lleva tiempo, pero ese tiempo será más breve si cada organismo e institución hace lo que obliga la ley, pero también aquello que esté al alcance de todos, de cada persona, en favor de la promoción y protección de los derechos.

Los conceptos citados están contenidos en un documento que lleva la firma de la Dra. Andrea Galaverna, Defensora del Pueblo de Bariloche y Coordinadora de la Red de Género de Adpra, al que adhieren los Defensores del Pueblo de Paraná, Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto).

Lo que hay que saber sobre el nuevo Código Civil y Comercial y su incidencia en la vida cotidiana

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná y la Asociación de Personal Superior del Municipio local (APS) organizan una serie de jornadas de actualización del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Temas de la vida cotidiana, relacionados al Derecho de Familia, al del Consumidor y Contractual serán objeto de tres encuentros que se realizarán durante este mes.
La primera jornada será el 9 de noviembre y se analizará el Derecho de Familia a partir de las exposiciones de los abogados Claudia Salomón y Martín Navarro. Se abordarán temas como el matrimonio, la unión convivencial, el divorcio, la adopción y el esquema de conformación de bienes, entre otros.
La actividad está dirigida a empleados públicos y a la ciudadanía en general. Es abierta y gratuita, y se entregarán certificados de asistencia.
La intención de los organizadores es facilitar información y promover el debate en torno de la nueva norma mediante el abordaje de expositores, especialistas en las temáticas.
El miércoles 9 de noviembre, la jornada empezará a las 9 de la mañana en la sede de la APS, en calle Monte Caseros 265 de Paraná.
En cuanto a los expositores, la abogada Claudia Salomón es especialista en Derecho Penal y en Derecho de Familia y Niñez. También fue Defensora de Pobres y Menores y jueza de Familia de Paraná.
Martín Rodrigo Navarro es abogado y escribano. Fue Juez Penal en la Ciudad de Comodoro Rivadavia y se diplomó en Derecho Constitucional. Actualmente es Jefe del Departamento Jurídico y Servicios Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná.
El moderador será Fabricio Retamal, por la APS.

Las jornadas que vienen

La segunda jornada será el 18 de noviembre y se abordarán temas relacionados al Derecho del Consumidor. Concretamente, se analizará el funcionamiento de las financieras, condiciones de préstamos dinerarios y pagarés de consumo. Y la tercera y última jornada será el 25 de noviembre sobre Derecho Contractual. El temario comprende contrato de locación y contrato de compraventa.
Para más información, los interesados pueden escribir a defensoriaparana@gigared.com.

 

 

Reunión de organizaciones por la convivencia y calidad de vida en la Villa 351

Representantes de distintas organizaciones se reunieron en la escuela Gelabert y Crespo.

Representantes de una decena de organizaciones e instituciones se reunieron este miércoles para retomar el análisis de propuestas y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida y la convivencia de vecinos de la Villa 351, ubicada en inmediaciones de las avenidas de las Américas, Ramírez y El Paracao.

El encuentro se llevó a cabo en la Escuela Obispo Gelabert y Crespo, situada a metros de la villa, y reunió a directivos de esa institución y de otras de la zona, que reciben a niños y jóvenes del barrio. También participaron áreas del Estado provincial y municipal con injerencia en la problemática.

La preocupación por los niveles de violencia y las consecuencias en la vida cotidiana de sus habitantes, principalmente en la de los niños y adolescentes, movilizó en 2014 a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, a pedido de directivos de la Escuela Gelabert y Crespo, a convocar a una mesa ampliada de sectores relacionados al tema. En esa oportunidad, se realizaron una serie de reuniones y actividades en el barrio, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y cuestiones propias de la convivencia.

Pero los problemas persisten. Los enfrentamientos y las balaceras, con la consecuente ausencia de los estudiantes en las escuelas y la falta de servicios básicos en el barrio, como un ingreso intransitable, falta de iluminación pública y de saneamiento general de la zona, son aspectos que se imponen en la agenda.

A modo de conclusión, y como una acción inicial, se resolvió realizar pedidos ante la Municipalidad por cuestiones básicas del barrio, coordinar actividades de cara a las vacaciones de verano con el Copnaf y realizar una jornada integral de promoción de derechos en la villa ante de que termine el mes. Mientras, se programó una nueva reunión para la próxima semana.

 

Estuvieron en la reunión el Jefe Departamental de Policía, Marcos Antoniouw junto a los jefes de las comisarías 13 y 6ta; el Director de la Escuela Obispo Gelabert y Crespo, Edgar Centurión; la Rectora de Escuela Neuquén, Rosana Rutili; la Directora de Escuela Primaria Nocturna para Adultos Onetti, Griselda Balcaza; la Directora del Centro Huella Lilia García; el  Director del Hospital Illia, Raúl Hergenreder; el Director del Centro de Salud Mental Mercedes DeGiusto; personal del Centro de Salud Belgrano; representantes del Copnaf; de la Secretaría de Extensión de Uader; del Ministro de Gobierno provincial, funcionarios del área de Saneamiento, Medio Ambiente y Dirección de Jardines Maternales de la Municipalidad, entre otros. La convocatoria y corrdinación estuvo a cargo del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo.

 

El encuentro del miércoles le siguió a una reunión que se realizó la semana pasada en Casa de Gobierno, del que participaron el Ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri, la Ministra Desarrollo Social, Laura Stratta, el Presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo junto a otros integrantes del CGE, la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Marisa Paira (Copnaf), el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, y referentes de instituciones de la zona.

 

 

Vecinos piden poder regularizar la titularidad de la tierra donde tienen sus casas

 

La reunión tuvo lugar en el barrio, en la casa de una de las vecinas.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, junto a integrantes de la institución, se reunió con vecinas del barrio San Francisco de Asís, ex Mainini, preocupadas por la imposibilidad de poder regularizar la tenencia de los terrenos donde tienen sus casas desde hace más de dos décadas.

Desde entonces, hace 22 años, las vecinas aseguran haber empezado con el tema de la adquisición de la tierra, de propiedad por entonces de Carlos Mainini. Luego, en la década pasada hubo gestiones en la esfera administrativa municipal que habrían incluido el traspaso de la titularidad al Estado, pero el trámite habría quedado inconcluso. Lo cierto es que las vecinas aseguran que no pueden acceder a la escritura de los predios, que en numerosos casos fueron cedidos mediante un boleto de compraventa con el consiguiente pago de cuotas mensuales.

Las vecinas mencionan que el impedimento de acceder a la escritura les genera una serie de inconvenientes, aparte de la incertidumbre de no ser propietarios. Por ejemplo, con la conexión de servicios básicos como el agua potable, al que acceden mediante cañerías que en su momento se extendieron con la participación de los vecinos en la compra de elementos. También es un reclamo de los vecinos el servicio de cloacas y el arreglo de calles de tierra internas.

Tras el planteo, el Defensor del Pueblo, Luis Garay, dijo que la institución buscará la información administrativa de lo actuado y que acompañará a los vecinos en el esclarecimiento de la situación en busca de una solución. Participaron por la Defensoría de la reunión, realizada en el barrio, Patricia Brumatti , trabajadora social y Directora de Protección de Derechos Ciudadanos  y Belén Menghi, abogada integrante del área de legales.

 

El rol de la Defensoría y los derechos ciudadanos, tema de un encuentro con la comunidad de sordos

 

 

 

Los alcances y los objetivos de la Defensoría fueron tema del encuentro.

Integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná participaron de un encuentro con la comunidad de sordos junto a miembros de la Tecnicatura en Lengua de Señas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El encuentro se realizó el jueves en las instalaciones de la Asociación Bancaria.

En la oportunidad, se conversó sobre la razón de ser y los objetivos de la Defensoría del Pueblo, como así también se analizaron los derechos que resguarda la institución y cómo lo hace, en términos prácticos. La charla estuvo a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío, junto a Patricia Brumatti, Emilio Pata Ruberto, Fernando Veiga y Cecilia Greca.

La institución y la Facultad de Trabajo Social (UNER), donde se dicta la Tecnicatura en Lengua de Señas, firmaron un convenio de colaboración, en el marco del cual se han encarado una serie de actividades mancomunadas.

Así, los días jueves, de 11 a 13, la Defensoría del Pueblo brinda atención, a la comunidad de sordos de la ciudad. Lo hace mediante intérpretes de señas y en la vocación de la institución de trabajar en favor de la inclusión,  en base al trato igualitario a los ciudadanos.

Desde octubre, los jueves son los días en que integrantes de la carrera universitaria estarán en la sede de la institución, en calle Monte Caseros 159, para colaborar con el personal de la Defensoría en la atención de personas sordas que necesiten realizar un planteo, un reclamo o solicitar asesoramiento.  La atención abarca también temáticas concernientes al Centro de Mediación, incluyendo el desarrollo del proceso de mediación.

 

 

Reconocimiento de la Defensoría del Pueblo a los mediadores que trabajan por la resolución de conflictos


Con un taller de reflexión y un festejo, se recordó el Día del Mediador Comunitario.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná hace un reconocimiento a los mediadores que integran actualmente el Registro Voluntario del Centro de Mediación y a los tantos que han sido parte del trabajo desde hace trece años cuando comenzó a funcionar la institución. Se trata, en total, de más de 350 mediadores que han colaborado en la resolución pacífica de conflictos entre vecinos.

La mención se enmarca en la celebración del Día del Mediador Comunitario, que es mañana, 1 de noviembre, en homenaje al inicio en 2003 del Centro de Mediación. La fecha se instituyó mediante la ordenanza Nº 9.117, sancionada en 2013, año en que la Defensoría del Pueblo y su Centro de Mediación cumplieron una década de existencia, y fue en reconocimiento a la valiosa tarea que realizan los mediadores en forma voluntaria y ad honorem.

En consonancia, el viernes se realizó un taller de reflexión que incluyó un festejo y un homenaje a los mediadores comunitarios. El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278, y fue el cuarto y último taller de reflexión del Registro 2016.

La actividad contó con la participación de los Defensores del Pueblo Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto), la Coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky y la Concejal Silvina Fadel en representación de la Comisión de Enlace de la Defensoría con el Concejo Deliberante. Y concluyó con la invitación a los asistentes a interpretar cada uno un instrumento de percusión, siguiendo en conjunto y a la par distintos ritmos como forma de expresar un concepto trabajado en los encuentros: que se puede vivir y encarar tareas y acciones en armonía con el otro, partiendo desde el respeto mutuo y la valoración de las diferencias.

El Registro 2016 está integrado por 127 mediadores y es interdisciplinario. Lo conforman psicólogos, martilleros, ingenieros, abogados, contadores públicos, arquitectos, docentes, entre otras profesiones y áreas del conocimiento. Se trata de un grupo heterogéneo, unido en la convicción de que los conflictos interpersonales y comunitarios pueden tratarse y resolverse de manera pacífica, en un marco de diálogo y entendimiento.

La Defensoría del Pueblo brinda -y exige- instancias de capacitación y actualización continua a sus mediadores

Cada año se ofrece la oportunidad de que nuevos mediadores se incorporen a la nómina. La inscripción al Registro 2017 tendrá lugar entre el 14 y el 18 de noviembre.

 

 

El trabajo de este año

 

La tarea de los mediadores en este último año ha seguido siendo incesante, centrada en diferentes temas. En términos estadísticos, el planteo que concitó mayor cantidad de solicitudes se refiere a los conflictos agrupados en el título Convivencia. Este ítem nuclea el mayor número de pedidos de mediación, con un 39% de solicitudes, e involucra a más de un tema y, en casos, afecta especialmente y de modo general el encuentro entre vecinos. Ese porcentaje contiene pedidos de intervención por  agresiones y  amenazas. Le siguen los planteos referidos a filtraciones de humedad, desagües en paredes, tapiales, patios, veredas, techos, entre otras, con un 19,5%.   

Otras solicitudes se refieren a conflictos en torno de medianeras, que incluye afectaciones por construcciones linderas y a problemáticas relacionadas a mascotas (mordedura, ataque, suciedad u otros inconvenientes ocasionados mayormente por perros). También figuran conflictos ocasionados por árboles, el uso de espacios comunes y terrenos baldíos, entre otros.

Este año ha continuado teniendo un alto impacto en el volumen de trabajo los casos girados desde el ámbito judicial. Hubo 225 derivaciones. Cabe recordar que desde 2010, la Defensoría del Pueblo trabaja en colaboración tanto con el Ministerio Público Fiscal como con Juzgados, desde donde se realizan derivaciones de conflictos entre vecinos que se manifiestan con agresiones, amenazas e insultos, entre otros.

 

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo de Paraná ofrece la mediación en forma gratuita a los vecinos. El proceso es voluntario, participativo y confidencial. En ese ámbito, los ciudadanos pueden encontrar instancias de encuentro, acuerdo y solución a los problemas o diferencias. Las vías de contacto son: calle Monte Caseros 161, donde funciona el Centro de Mediación de 8 a 13, de lunes a viernes. También al teléfono 421-1029 o al mail: mediacionparana@hotmail.com.

 

La Defensoría del Pueblo acordó trabajar en conjunto con Missing Children

 


Lidia Grichener, presidente de la Asociación nacional, llegó a Paraná junto a Corina Morano.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná y la Asociación Civil Missing Children – Chicos perdidos en Argentina firmaron este miércoles un convenio marco de cooperación y asistencia.

Los Defensores del Pueblo, Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto), y la presidente de la Asociación en Argentina, Lidia Grichener, rubricaron el acuerdo que permitirá aunar esfuerzos en  lo que atañe a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, poniendo especial énfasis en la situación de “niños, niñas y adolescentes perdidos”. Además, se acuerda garantizar la asistencia jurídica a los sectores sociales de escasos recursos económicos.

Al respecto, ambas instituciones convinieron  en que será de gran valor el trabajo conjunto, “con miras a concretar el objetivo más valioso, como lo es el hallazgo de chicos perdidos de nuestro país”. Asimismo, los fundamentos del convenio expresan que “el extravío de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno de suma preocupación en nuestro país, que alarma de modo extraordinario a la comunidad en general, y la ciudad de Paraná en particular, no queda aislada de los hechos sucedidos”. Y añade que “la búsqueda del “niño” es un imperativo de nuestro Estado, un deber indelegable de todos y cada uno de los gobiernos, siendo los niños el futuro de la sociedad, y el bien más preciado de cada familia”.

 

La presidente de Missing Children y Corina Morano, voluntaria de Santiago del Estero -ambas provenientes de Buenos Aires-, junto a Silvina Calveyra de Red Alerta, se reunieron con los Defensores del Pueblo en la sede de la institución y abordaron el tema de las personas perdidas, previamente a la firma del convenio. En el encuentro, se informó que hay siete niños en Entre Ríos, de un total de 27 personas buscadas. Se mencionó el caso de la familia Gil, Fernanda Aguirre, Kevin Sánchez, entre otros.

La inmediatez de la denuncia de la ausencia de la persona es fundamental, aseveró Lidia Grichener, quien dijo que no hay que dejar pasar horas y menos, días para dar aviso. También,  la difusión de lo que hay que hacer  y de los derechos que tienen los ciudadanos son puntos fundamentales sobre los que hay que hacer hincapié. Por ello, la importancia de acordar convenios de cooperación y  trabajos en red con distintas instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema en diferentes partes del país, explicó. La sede de la Asociación está en Buenos Aires y trabajan desde 1999.

Defensores del Pueblo e integrantes de la Asociación, en el momento de la firma del convenio.

En consonancia, los Defensores del Pueblo valoraron la posibilidad de encarar acciones en conjunto con la organización nacional, pudiendo coordinar estrategias de difusión, promoción de derechos e intercambio de información y conocimientos entre las instituciones y sus integrantes.

Concretamente, el convenio, en su artículo 1, enumera las acciones que se priorizarán en el trabajo combinado: a) la defensa, promoción y protección de los derechos humanos; b) la asistencia jurídica de los sectores sociales con recursos insuficientes para obtenerla; c) la capacitación de las personas que trabajan en ambas instituciones; d) la promoción en toda la comunidad, de una sana cultura jurídica a través de la difusión de normas regulatorias de las obligaciones y derechos de los ciudadanos.

Por último, se planteó que “la democracia es un sistema que debe promover el bien común, respetar y concretar los derechos básicos de las personas, por lo que el respeto a las personas concebidas como niños, niñas y adolescentes, será prioritario”.

Las integrantes de las organización recordaron que Missing Children -Chicos perdidos en Argentina tiene una línea gratuita en todo el país que es el 0800-333-5500, mediante la que se brinca orientación respecto de qué pasos seguir en la búsqueda.

Debate sobre hábitat: La Defensoría pidió políticas integrales que atiendan la necesidad de miles de familias

 

 

 

La trabajadora social, Lic. Patricia Brumatti, expuso en nombre de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná fue convocada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a participar de un Foro para la elaboración de un anteproyecto de ley de hábitat en Entre Ríos.

A través de una nota, la ministra María Laura Stratta invitó a la institución a sumar su aporte sobre el tema a través de una ponencia realizada el 19 de octubre en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Paraná. Hasta ahí llegaron integrantes de distintas instituciones y organizaciones. Por la Defensoría del Pueblo participó la trabajadora social, Lic. Patricia Brumatti, Directora de Protección de Derechos Ciudadanos de la institución. A continuación, un resumen de lo expuesto por la representante de la Defensoría:

 

“Esta institución celebra la convocatoria y la iniciativa de poner en discusión la cuestión social del hábitat, sumando aportes de diferentes áreas del Estado y organizaciones e instituciones que trabajan en la temática para la elaboración del anteproyecto sobre el tema.

Desde este organismo, ya en sus inicios, se ha venido planteando la necesidad de definir e implementar políticas públicas en relación a la temática del hábitat, pensadas con una mirada integral y que sean sostenidas en el tiempo, que destinen recursos (humanos, administrativo-financieros, tecnológicos, otros) que den respuesta fundamentalmente a la situación de familias que sufren la vulneración de su derecho a vivir dignamente. En este sentido, cuando se pensó en los aportes que podía hacer la Defensoría a este espacio, se consideraron tres ejes que ineludiblemente tenían que estar presentes: Derecho a la Ciudad, Justicia Urbano-territorial y Derecho al Hábitat.

Para graficarlo, se vincularon estos tres conceptos a Recomendaciones realizadas por la institución  a diferentes gestiones de gobierno, considerando que ejemplifican claramente la concepción y el posicionamiento de la Defensoría respecto a estos temas, y que pueden aportar elementos para la elaboración de un anteproyecto de la normativa referida. Se trata de la Recomendación Nº 5, del 6 de diciembre de 2010, en relación al muro construido en el proyecto urbanístico “Barrio Amarras del Sol”, y la Recomendación Nº 6, del 17 de noviembre de 2011. Esta última se basa en la publicación y venta de lotes, en el marco de la normativa que regula los nuevos emprendimiento urbanos. También, la Recomendación Nº 1, del 21 de junio de 2012 sobre la situación del hábitat en la Ciudad de Paraná.

Otros aportes obtenidos a partir de diferentes documentos de especialistas, instrumentos normativos, declaraciones de organizaciones no gubernamentales, movimientos y organizaciones sociales de base, activistas de Derechos Humanos y grupos académicos.

Derecho a la Ciudad

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades

Basa su propuesta en tres ejes fundamentales:

• El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, el ejercicio de todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y gestión social del hábitat;

• La gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de forma directa y participativa en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo tanto las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones sociales;

• La función social de la propiedad y de la ciudad, con predominio del bien común sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano

En relación con los diferentes sectores sociales, el derecho a la ciudad presta especial atención tanto a los grupos más débiles o vulnerables así como también a los excluidos, y tiene en cuenta no sólo que son los que están en peores condiciones sino que además son los que tienen más dificultades para mejorar su situación en la ciudad. Además, el derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos reconocidos y por lo tanto incluye: los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. No sólo se plantea el respeto por los derechos humanos en la ciudad sino que, también, se pide un compromiso para que se hagan efectivos.

Los puntos a tener en cuenta, de acuerdo a la visión de la Defensoría del Pueblo, son:

 

* Adecuar la legislación nacional, provincial y local a los estándares internacionales de derechos humanos para que ése sea el marco general de toda política pública.

* Privilegiar el beneficio colectivo, el interés público antes que el interés privado, individual. Se deben generar instrumentos específicos para frenar la especulación, la segregación urbana y la exclusión.

*Democratizar la gestión de la ciudad, constituyendo espacios institucionalizados de toma de decisiones y no sólo como espacios consultivos ciudadanos; que no sólo «aconsejen» sino que también puedan tener capacidad de decisión y de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

*Disponibilidad y calidad de los espacios públicos para que cumplan sus diversas funciones de intercambio; posibilitar el acceso igualitario a espacios de encuentro, convivencia, ocio, recreación, creatividad colectiva, manifestación cultural. Sitios que son básicos para la vida de la comunidad como plazas, parques, foros, salón de usos múltiples, centros culturales

Justicia Urbano-territorial

La falta de una política de regulación del uso de la tierra, en general, es lo que ha ido incrementando de manera exponencial, el valor de la tierra y ha constituido uno de los mayores obstáculos para el acceso al suelo urbano y al hábitat adecuado para gran parte de la población, principalmente por falta de políticas que intervengan en el mercado para frenar la especulación y que favorezcan la recuperación de tierras vacantes con finalidad social. Se sabe que se trata de un tema álgido, de profunda complejidad, y de intereses en pugna, pero desde esta institución se entiende que es urgente la puesta en la agenda pública para un debido y necesario debate.

Puntos a tener en cuenta:

* Intervención activa, directa y permanente del Estado a través de la asignación de recursos que estén destinados a la conformación de Bancos de Tierra.

* Democratizar el acceso a los servicios públicos. Las desigualdades en los territorios se pueden visualizar mayormente por las peores condiciones en lo que a infraestructura y servicios se refiere por lo cual es imprescindible una mirada integral y de mediano plazo sobre su impacto, para incrementar la dotación de infraestructura, trabajando sobre las zonas más rezagadas, poniendo en valor sus propios recursos humanos y naturales

*Establecer un procedimiento de regularización dominial y urbana de tierras aptas, que contemple la integralidad de los procesos. Para el caso que sea urbana o ambientalmente imposible la regularización, deben impulsarse políticas de relocalización a tierras aptas, urbanizadas y cercanas al lugar de origen. Debe incluirse en los presupuestos recursos para la compra de tierras ocupadas y libres, y asignar fondos a las leyes de expropiación sancionadas y no implementadas

* Propiciar una implicación efectiva de los pobladores en la configuración de su hábitat, con políticas de participación en la planificación, gestión y administración de los recursos (materiales, mano de obra, herramientas, asistencia técnica, derechos y seguros, capacitación) estimulando su rol protagónico en procesos locales y barriales.

* Implementar de políticas de recuperación de los inmuebles urbanos (tierra y edificios) ociosos. Gravamen especial progresivo en el tiempo a dichos inmuebles

* Participación del Estado en la valorización de inmuebles generada por acciones urbanísticas o cambios normativos producidos por cualquier instancia estatal

Derecho al Hábitat

Entendemos el derecho al hábitat como el acceso a la propiedad o tenencia segura de la tierra y la vivienda, que incluye la disponibilidad de infraestructura y servicios básicos y sociales, en asentamientos humanos integrados y accesibles, que eviten la discriminación y la segregación.

La baja calidad del hábitat rural-urbano y de los asentamientos informales es una de las problemáticas más sentidas y demandadas por los municipios y comunas, debido a la insuficiente capacidad por parte del Estado para dar respuestas a las necesidades habitacionales, por lo cual requiere de la construcción de una agenda común sobre los principales temas vinculados al hábitat: mejoramiento de los mecanismos de producción y gestión del suelo urbano; acceso a la infraestructura y servicios básicos; mejoramiento del espacio público y generación de actividades productivas.

 

Puntos a tener en cuenta:

El Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en su Observación General N° 4, octavo punto, como vivienda adecuada, la que cumple con los siguientes indicadores:

a- Seguridad jurídica de la tenencia, sea cual fuere el tipo de tenencia, que garantice la seguridad y la protección legal;

b- Disponibilidad de infraestructura y servicios esenciales para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición;

c- Gastos soportables, que no comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas;

d- Asequibilidad, debe ser alcanzable para todos, pero especialmente para los grupos en situación de desventaja;

e- Localización, en lugar que permita el acceso al empleo, a los servicios de salud, educación, recreación y sociales. No debe construirse en lugares contaminados ni en su proximidad;

f- Adecuación cultural, la manera en que se construye, los materiales utilizados y las políticas en que se apoya deben permitir la expresión de la identidad cultural;

g- Habitabilidad, que ofrezca un espacio adecuado, protección a la salud y seguridad física a sus habitantes.

+ Diversificar las propuestas de solución, atendiendo la multiplicidad de problemáticas, readecuando los programas públicos a las diferentes realidades sociales y regionales, impulsando programas flexibles y acordes a las posibilidades de los sectores de menores ingresos, diseñando soluciones habitacionales progresivas y con costos compatibles a las capacidades de pago de las familias y a los subsidios que puede aportar el Estado

+ Sistemas de Microcrédito y asesoramiento técnico para familias no consideradas sujetos de crédito por la banca formal, contratación de mano de obra especializada y/o compra de materiales destinados a:

a) Construcción de un núcleo húmedo o vivienda progresiva;

b) Ampliación, refacción, terminación y/o mejora de vivienda;

c) Construcción y/o terminación de instalaciones internas, incluyendo la conexión a redes de servicios básicos;

d) Construcción de redes de servicios públicos domiciliarios;

e) Regularización dominial.

+ Derecho a un hábitat que sea productivo, que fortalezca la economía popular. Recuperar y valorar la capacidad productiva de quienes habitan o van a habitar los barrios, desde una mirada integral, definiendo los programas e instrumentos necesarios (jurídicos, financieros, administrativos, fiscales, formativos, socio-organizativos, tecnológicos). Como ejemplo, alentar la puesta en marcha de proyectos productivos en los conjuntos habitacionales, ferias populares, como espacios de socialización y de generación de ingreso.

+ Recuperar instrumentos normativos existentes a nivel local, provincial, nacional.

+ Sistematizar la demanda; elaborar, actualizar, reformular sistemas estadísticos”.

 

Integrantes de distintas instituciones y organizaciones participaron del encuentro realizado en la sede de la UTN.

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Desarrollo Social, se realizará una síntesis de lineamientos generales y un dossier conteniendo la totalidad de las ponencias, las que serán elevadas por el Consejo de Políticas Sociales de la provincia junto con las que se recojan en otros foros a realizarse en otros puntos de la provincia, a las autoridades provinciales.

El Consejo de Políticas Sociales de la Provincia de Entre Ríos tiene como objetivo establecer las políticas sociales prioritarias a desarrollar o mejorar en corto, mediano y largo plazo, para definir así, estrategias de abordaje, metodologías de trabajo y perspectivas de intervención territorial en problemáticas referidas a la emergencia, empleo, hábitat, políticas alimentarias, familia, niñez, entre otras. El mismo está integrado por todos los actores políticos y de la sociedad civil interesados en la planificación y el desarrollo de políticas sociales. Asimismo participan activamente el Estado provincial en sus tres poderes: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, consigna la nota de invitación firmada por la ministra Stratta.

 

El Defensor reafirmó el rechazo a una eventual nueva suba de la luz en una reunión con el titular del Epre

 

 

 

 

El Defensor del Pueblo se reunió con el titular del Epre, José Carlos Halle.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, se reunió con el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (Epre), José Carlos Halle, para reafirmar la postura de la institución, expresada en la audiencia pública realizada el 31 agosto en Villaguay, de rechazo rotundo a la aplicación de una eventual suba de la tarifa de la electricidad.

El encuentro  de este jueves fue para transmitir a Halle, quien debe expedirse a fin de mes sobre si autoriza el aumento solicitado por las distribuidoras, que la situación socio-económica no ha variado y que sigue tan complicada como en el momento de la concreción de la audiencia.  “Entendemos que hoy aumentar un 23% sin hablar de paritarias es muy difícil”, expresó el Defensor Garay, quien le planteó al interventor que la institución viene receptando situaciones complejas de ciudadanos ante el pago de los servicios básicos.

El Defensor del Pueblo pidió, tal como lo hizo en la audiencia pública, que si finalmente el Epre resuelve autorizar una suba, que su aplicación sea progresiva, a partir del año que viene; pues reiteró que hay una franja importante de la población que está imposibilitada de afrontar un incremento más. “Si se termina definiendo un aumento, pedimos al menos que no impacte este año en el bolsillo de los ciudadanos, que empiece en forma progresiva el año que viene”, apuntó.

A continuación, el Defensor Garay recordó cómo ha sido la evolución del precio de la luz en lo que va del año: en enero pasado empezó a regir un aumento del 19,8%, establecido en febrero de 2014 después de la realización de una audiencia pública por el Epre y cuya aplicación fue suspendida en el marco de un acuerdo nacional al que adhirieron las distribuidoras. A esa suba -explicó el Defensor- se sumó otro porcentaje similar elevando el incremento definido por la provincia en alrededor de un 37%, en concepto de actualizaciones trimestrales desde 2014 a 2015, tiempo en que la suba se mantuvo en suspenso por ese acuerdo. El incremento, dijo,  se añade al nacional, trepando actualmente a un promedio del 137%, con lo que si se agregara el 23% solicitado ahora por la distribuidora Enersa, alcanzaría a casi el 160%.

La institución de Paraná fue llamada a participar de la audiencia pública realizada en Villaguay para revisar la tarifa eléctrica, como defensora de los usuarios. En la oportunidad, la empresa distribuidora de energía Enersa solicitó un incremento del 23% y la Cooperativa Eléctrica de Concordia de un 25%.

Convocatoria a participar de una mesa

El titular del Epre convocó a la Defensoría del Pueblo de Paraná para que participe de una Mesa Conjunta de Diálogo y Trabajo, conformada mediante la Resolución Nº 92/16, emitida por el Ente el 4 de agosto pasado. El objetivo de la mesa, que tendrá su primera reunión el 26 de octubre, consiste en “estudiar y proponer una revisión técnica y jurídica del servicio público eléctrico procurando un mejoramiento de las condiciones de la prestación del servicio”, consigna la nota elevada a Luis Garay. Al respecto, el Defensor consideró una buena instancia para abordar el tema en vista de que el acceso al servicio eléctrico es un derecho ciudadano y el Estado tiene el rol indelegable de garantizar el alcance de la prestación, principalmente a las familias de menores recursos, más vulnerables.

 

Por NiUnaMenos

 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná adhiere a la manifestación nacional contra la violencia de género, que ha causado centenares de muertes en el país. Y la estadística es escandalosa: van doscientos veintiséis femicidios en el país en lo que va del año, de los cuales 19 se cometieron en octubre, según informaron organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.  Advirtieron, a continuación, que “en el último mes una mujer murió cada 21 horas por violencia machista”.  Por eso, sigue tan vigente el clamor de NiUnaMenos y se impone la necesidad de pensar acciones que destierren la violencia de todo tipo.

 

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