“La discapacidad no es tanto personal como del entorno”

 

 

Invitadas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, estuvieron en Paraná dos mediadoras españolas, Genisa Prats San Roman e  Imma Alemany Ayats, quienes participaron de actividades y encabezaron una charla sobre ciudades inclusivas y amables. Su paso y opiniones fueron reflejados por El Diario en una nota publicada este lunes que se cita a continuación.

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“La discapacidad no es tanto personal como del entorno”

Los cambios, desarrollos y adaptaciones necesarios para lograr una ciudad integradora, según dos especialistas catalanas en educación social.

 

Profesionales catalanas estuvieron en Paraná, invitadas por la Defensoría. (Gentileza El Diario)

Hubo un coloquio con mediadores, organizado por la Defensoría del Pueblo en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, el martes por la tarde; y una charla abierta al día siguiente en la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio. En diálogo con EL DIARIO, las pedagogas sostuvieron la necesidad de relacionar los ámbitos de la accesibilidad y la mediación, con el objetivo de plantear espacios urbanos y públicos para las personas con discapacidad funcional.

 

Voluntad. “Normalmente, cuando pensamos en una ciudad más accesible, nos encontramos con que las organizaciones sociales están durante mucho tiempo golpeando puertas para poder ser escuchadas, y a veces son demandas de derechos y reivindicación, porque la ciudad no está preparada par a las personas con discapacidad. Y la administración pública, en muchos momentos no escucha y se defiende por las situaciones que a veces tiene de poca sensibilización, de falta de recursos económicos, o por no tener demasiadas ideas de cómo permitir esta accesibilidad. Yo creo que este diálogo entre unos y otros se hace difícil, entonces pensamos en las herramientas que la mediación nos trae para crear espacios de conversación; donde unos y otros puedan ser escuchados, reconocidos y trabajar juntos para esa ciudad amable y accesible”, sostuvo Genisa Prats.

 

“La idea es no trabajar con confrontación, sino con diálogo, cooperación y solidaridad entre unos y otros. Ponernos un espacio donde podamos hablar, proponer e intercambiar para encontrar soluciones a los problemas que tenemos en nuestras ciudades”, completó. “Sin voluntad política no hay accesibilidad ni ciudad amable. Además, tiene que haber leyes que acompañen esa voluntad política, una tecnología que esté al alcance de todos, y una sociedad civil que también escuche y se ponga del lado de las personas”, agregó Imma Alemany.

 

“Hay que tener en cuenta que en la mediación no ganan unos y pierden otros; todos tenemos que ceder, y para eso hay que dar un poco, para poder recibir. La idea de la mediación tiene que ver con dialogar aunque tenemos que ceder a veces con propuestas que desde las organizaciones sociales queremos que se hagan ya, y a lo mejor el proceso es un poco más lento; pero la administración pública también tiene que ceder, poner presupuesto y voluntad para que la ciudad pueda mejorar en ese sentido”, indicó Prats.

 

Todos. “No es un tema exclusivo de las personas con discapacidad funcional sino de toda la población. Prácticamente un 40% de la población de nuestras ciudades requieren de esta accesibilidad, en algún momento u otro, por algún tipo de movilidad reducida. Hablando de la parte más física, sea porque nos rompemos una pierna, o llevamos el cochecito de nuestros niños, el carrito de la compra, o porque somos mujeres embarazadas… son muchos los niños, mujeres y ancianos que padecen en algún momento de sus vidas esa reducción de su movilidad. Por eso no es para unos. Y esto en lo urbanístico, pero tiene que ver también con las barreras de comunicación”, señaló Prats.

 

“Cualquier servicio, actividad o bien común tienen que ser para todos, como ser también los formularios accesibles para personas con discapacidad visual. Vamos a hacer formularios para todos, vamos a hacer que la administración se ponga esas gafas de la accesibilidad para que todo sea, desde su diseño, creado desde este punto de vista. Igual que las páginas web, la información tiene que ser accesible, sino vamos a aumentar una brecha digital de exclusión muy grave y que puede repercutir en la ciudadanía”, expuso Alemany.

 

“A muchas de las cuestiones culturales, los museos, los cines, el teatro, los que tienen discapacidad sensitiva (visual o auditiva) no pueden acceder. Hay que ver cómo podemos transformar eso, ya existen herramientas tecnológicas que nos permiten hacerlo: materiales probados y vistos para que todos puedan escoger. Que la persona con algún tipo de discapacidad pueda elegir aquello que necesita, no dejar de ir donde quiere por tener alguna discapacidad, por ser “yo como soy”. Ese es el gran hecho: que nos demos cuenta de que “soy así”, argumentó Prats.

 

“Esta diversidad de personas diferentes con necesidades diferentes tiene que ser la norma, no una excepción. Todos somos distintos y necesitamos cosas distintas. Es el entorno el que nos dificulta ser nosotros mismos y movernos por el mundo como queremos. La discapacidad no es tanto personal como del entorno”, explicó Alemany.

 

Ciudades. “Somos nosotros, la comunidad, la que no hemos preparado nuestras ciudades para acoger a todo el mundo. No son las personas las que tienen que adaptarse a las ciudades, sino estas a la diversidad de la ciudadanía”, subrayó Prats. “Todo lo que hacemos para la accesibilidad es imprescindible para unos, pero necesario para los demás.

Paraná y la accesibilidad

 

En su paso breve por nuestra ciudad, Imma Alemany y Genisa Prats observaron algunas cuestiones urbanísticas. “Me he fijado en intentos de hacer aceras accesibles, pero hay unas sí y otras no. Veo calles con pendientes, lo cual es complicado; pero Barcelona tiene siete montañas y también es complicado. Hay que tener una política de acceso en las calles, de remodelación del espacio”, sostuvo Alemany.

 

“Cuando hablamos de inclusión, una de las cosas que nos provoca es que tenemos que ser creativos, pone imaginación para hacer el transporte, la escuela y el trabajo accesibles. En la ciudad empieza a haber una sensibilidad en torno a las personas con diversidad funcional, y se ve con las rampas en los pasos peatones”, añadió Prats. “La historia es entender que no es algo que hay que poner como un parche, sino que a las cosas nuevas hay que construirlas ya con accesibilidad, que además es más barato. Cada calle nueva o transporte que se compre que sea de piso bajo, y poco a poco la ciudad irá cambiando, y las personas con diversidad funcional empezarán a estar en la calle, cosa que ahora nos cuesta más ver.

 

Esa es la tercera barrera que nos encontramos en nuestras ciudades: barreras sociales, producidas por el prejuicio y el desconocimiento de no saber cómo actuar ante alguien que es diferente a mí. Hay que trabajar en la información y sensibilidad para que el otro que no soy yo también pueda ser visto, y la única manera es que esté en la calle. Para eso necesitamos transportes, trabajo y escuelas accesibles”, concluyó Prats.

Al margen

 

Genisa Prats San Roman es licenciada en Ciencias de la Educación con posgrado en Educación Social de la Universidad de Barcelona. Comenzó en los años 80 a trabajar con organizaciones sociales de personas con discapacidad, en torno al ocio y el tiempo libre. Imma Alemany Ayats es diplomada en Educación Social en la Universidad Ramón Lull de Barcelona, y se metió en este tema aportando en la inserción laboral de personas con discapacidad.

Autor: Pablo Russo

 

Defensores del Pueblo del país se refirieron al fallo por la suba del gas

 

 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná adhiere a la declaración emitida este viernes por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) -organización de la que la institución local es parte-, en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre el aumento tarifario en el servicio público de gas.  A continuación, los puntos del documento:

 

“1. Ratificamos el comunicado de los Defensores del Pueblo de la República Argentina de la reunión plenaria celebrada en la Ciudad de Corrientes el último 12 de agosto (ver documento en: http://www.defensoriaparana.gov.ar/?p=3623), sobre el cual el fallo de la Corte ha coincidido en la mayoría de sus puntos.

 

2. El fallo de la CSJN alcanza sólo a los usuarios residenciales. Esto es una interpretación restrictiva que hace la Corte sobre la legitimación procesal que tiene la asociación que interpuso el amparo.  Esto no obstaculiza que colectivos de los restantes usuarios, como por ejemplo las entidades de bien público, empresas y comercios no alcanzados por el fallo, tengan la posibilidad de recurrir judicialmente en reclamo de sus derechos.

 

3. El fallo establece la continuidad de la Tarifa Social, aplicándose la que resulte más beneficiosa para el usuario.

 

4. La CSJN ha establecido que las audiencias públicas del artículo 42 de la Constitución Nacional son obligatorias para la determinación de los valores tanto del transporte, la distribución y la producción a boca de pozo.

 

5. Reafirmamos la necesidad de la efectiva aplicación de la Ley 27218 de Entidades de Bien Público y de la Ley 27098 de Clubes de Barrio y de Pueblos, con la necesaria creación de cuadros tarifarios específicos.

 

6.  Las tarifas se retrotraen al cuadro tarifario anterior al aumento, razón por la cual el usuario que abonó la factura tendrá un crédito a su favor y el que no pagó deberá esperar a que llegue la nueva factura sin aumento.

 

7.  Por el principio de razonabilidad se establece la necesidad de gradualidad del aumento, por la magnitud del mismo, de acuerdo a los principios de protección del consumidor al cual el fallo refiere.

 

8. El fallo insta al Congreso de la Nación a cumplir con la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, lo cual fue ratificado en el día de hoy por la sala 3ra del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.  Este es un reclamo permanente de Adpra, que se ha expresado oportunamente en las elecciones nacionales del 2015 a través de una carta compromiso enviada a quienes eran en ese momento candidatos presidenciales”.

 

A sala llena, se desarrolló la charla sobre ciudades accesibles e inclusivas

 

 

El público llenó el salón de la Escuela de Música.

Con una importante afluencia de público se desarrolló la charla Pensando ciudades amables y accesibles. Derechos de las personas con discapacidad.  El encuentro que se llevó a cabo el miércoles 17, en el salón de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, contó con la presencia de dos especialistas españolas.

 

Representantes de instituciones y organizaciones junto a los Defensores Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto).

El objetivo de la charla consistió tratar la necesidad de volver accesibles a los ciudadanos los espacios urbanos y públicos de la ciudad. En ese marco,  Genisa Prats San Roman, licenciada en Ciencias de la Educación con posgrado en Educación Social de la Universidad de Barcelona,  junto a  Imma Alemany Ayats,  Diplomada en Educación Social en la Universidad Ramón Lull de Barcelona, se refirió a experiencias y adaptaciones necesarias  para que una ciudad resulte inclusiva y accesible.

 

Entre los presentes, estuvieron la decana de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader, Lic. Liliana Battauz y la Prof. Virginia D'Angelo Gallino.

El encuentro fue organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná junto a la Comisión de Enlace del Concejo Deliberante local, el  Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi),  la Asociación Paranaense de Síndrome de Down y otras discapacidades (Aspasid) y el Centro de Acceso a la Justicia (Caj). Participaron también en la organización el proyecto Redes VIII de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Proyecto La producción social de la discapacidad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos (Uner) y el Observatorio de los derechos de las personas con discapacidad.

 

En el encuentro se abordó la necesidad de volver "amables y accesibles" las ciudades.

Las especialistas españolas  son mediadoras e integran la Fundación Desarrollo Comunitario (FDC). Además de participar de la charla, se interesaron por el trabajo del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de Paraná y participaron de un encuentro con integrantes de la institución.

 

 

Piden que se derogue la resolución que aprueba la cesión de datos personales

 

 

Los Defensores del Pueblo del país reunidos en Corrientes se expidieron sobre la medida dispuesta a nivel nacional por la que permite a Anses ceder la base de datos personales a la Secretaría de Comunicación Pública. En un documento, los Defensores consignaron que la información debe ser utilizada en el marco del fin de su recolección, quedando vedada la utilización para otros objetivos. La titularidad de la información personal corresponde a cada uno de los sujetos y el Estado posee los datos sólo en calidad de depositario de los mismos. Rige en la materia el principio de autodeterminación informativa. Los Defensores pidieron al Jefe de Gabinete de la Nación se derogue la disposición, detalla el documento que se adjunta a continuación.

 

La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación aprobó por Resolución 166-E/2016 el “Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública” que tiene por objeto la cesión electrónica periódica de los datos personales que obren en sus bases de datos personales: nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha nacimiento y estudios, con el fin de “establecer un marco técnico y jurídico para el intercambio electrónico de información entre LAS PARTES”.

Según cita el convenio dicha cesión de datos propicia el objetivo de “mantener informada a la población, así como identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país que permita incorporar la diversidad federal en la comunicación política”. Al efecto, se sostiene que la información de la población debe hacerse “a través de diversas modalidades que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta lograr un contacto individual e instantáneo” y agrega, además, que  “resulta necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de la comunicación”. O sea que el objetivo es la comunicación oficial y el análisis de los datos.

 

En mérito a lo expuesto, los Defensores del Pueblo de la República Argentina “tenemos la misión institucional de velar por la protección de los derechos y garantías de los argentinos, entre ellos el derecho a la intimidad, a la privacidad, al honor, a no ser discriminado, a la autodeterminación informativa y  a la protección de los datos sensibles, por lo que no podemos quedar ajenos a la cuestión planteada”. En el documento, los Defensores destacaron -de conformidad con lo establecido por las leyes 25.326 y 1845 (CABA) y por el propio convenio en su cláusula octava- “que la cesión y transferencia de información personal existente en bases de datos públicos constituye un dato personal. Estos datos, relacionados entre sí o bien de manera individual, pueden constituirse a su vez como datos sensibles, entendidos estos como aquellos que pueden generar algún trato discriminatorio a su titular. No huelga recordar al efecto que, conforme lo ha establecido la propia Corte Suprema en el precedente “Halabi”, no sólo los datos sensibles pueden lesionar derechos o provocar conflictos al ser utilizados ‘sino también que datos que no entran dentro de esta categoría, al ser conectados con otros, pueden dar determinados perfiles de la persona, lo que atentaría del mismo modo contra su intimidad’”.

Si bien el Estado cuenta entre sus facultades la de recolectar información de los ciudadanos, dicha prerrogativa no es ilimitada. Por el contrario, la recolección de datos personales debe estar justificada, es decir hacerse en cumplimiento de funciones propias o en virtud de una obligación legal, requisito que claramente no se satisface con una apelación genérica a satisfacer necesidades comunicacionales como surge del convenio en análisis. Por otro lado, además de justificada, la recolección y el tratamiento de datos debe garantizar el pleno e irrestricto respeto de los derechos humanos así como asegurar un uso racional de los mismos, añade el documento.

En esta línea, la normativa vigente en la materia consagra un principio rector que establece que la información debe ser utilizada en el marco del fin de su recolección y que veda toda utilización para fines distintos a los que motivaron su obtención. Se trata éste de un requisito esencial que hace a la licitud de la cesión pretendida y que, según se desprende de los propios instrumentos suscriptos por la Administración no se verifica en el caso ya que no existe concordancia alguna entre el fin que motivó la recolección de información que hoy integra las bases de datos del Anses y la utilización que de ella hará la Secretaría de Comunicaciones Pública.

En ese sentido, cabe recordar que la titularidad de la información personal corresponde a cada uno de los sujetos y que el Estado los posee sólo en calidad de depositario de los mismos. Rige en la materia el principio de autodeterminación informativa, principio que encuentra su origen en la consciencia adquirida en las últimas décadas sobre los daños que el irregular tratamiento de la información le puede irrogar a los ciudadanos. En virtud del mismo, se le reconoce a sus titulares el derecho a controlar y consentir el tratamiento de sus datos personales al tiempo que obtura toda posibilidad de que el Estado ceda o transfiera dichos datos sin el previo y expreso consentimiento de sus titulares.

 

En mérito a los fundamentos expuestos,

LOS DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AGRUPADOS EN ADPRA INSTAN:

  1. Al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, licenciado Marcos Peña que arbitre los medios necesarios a fin de derogar la Resolución nº 166-E/2016 que aprueba el Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Comunicación Pública del Poder Ejecutivo nacional por colisionar directamente con lo preceptuado por las leyes nº 25.326 y 1845 (CABA).
  2. Al Señor Secretario de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Miguel Grecco y al señor Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, que se abstengan de transferir y/o de hacer uso de los datos personales cedidos en el marco del citado convenio sin el previo y expreso consentimiento de sus titulares, tal como es su obligación.
  3. Llamar la atención a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en cabeza de su titular Dr. Eduardo Bertoni, por cuanto el presente caso no se encuadra en la posibilidad de intercambio de información permitido por la ley de Protección de Datos Personales.
  4. Pedir sea ponderado el criterio seguido por la CABA de dar a un órgano extra poder la custodia de los mismos para ser replicado en la normativa nacional, recomendando sea la Defensoría del Pueblo de la Nación.
  5. Retirar la necesidad de acelerar el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde 2009.

 

 

Defensores remarcaron la preocupación por las tarifas

La Defensoría de Paraná ocupa la vicepresidencia segunda de la Asociación nacional que reúne a las instituciones del país.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), organización en la que la institución de Paraná ocupa la vicepresidencia segunda, emitió un documento referido al aumento de tarifas remarcando la profunda preocupación por las subas y la importancia del llamado a audiencia pública.

El documento consigna que los Defensores del Pueblo de la República Argentina, reunidos en la Ciudad de Corrientes el último fin de semana reafirmaron  lo que vienen  sosteniendo desde el mes de enero de este año:

“La aplicación del nuevo cuadro tarifario adoleció y adolece de deficiencias en cuanto a lo normativo y en cuanto al reconocimiento de realidades regionales y sociales.

Las medidas judiciales han sido la respuesta desde distintos sectores a la aplicación de los aumentos sin cumplir con obligaciones básicas como por ejemplo la realización de las Audiencias Públicas previstas en la legislación vigente.

En ese sentido, reafirmamos la necesidad de la realización de las Audiencias Públicas, donde el Gobierno nacional detalle el cuadro de situación energético actual, la propuesta de inversión y desarrollo como política de Estado de cara al futuro, la definición de las tarifas, la definición de la tarifa social ampliada -incluso con la posibilidad del acceso automático a la misma-, la consideración de las economías regionales, la situación de las PyMEs, generadoras del 70% del empleo en la Argentina y la progresividad y la razonabilidad en los aumentos.

Como Defensores del Pueblo de la Argentina habremos de participar en las audiencias fijando no solo una postura común, sino también detallando las situaciones propias con las características de cada una de las provincias y municipios.

Reunión por el segundo plenario anual de Adpra.

Hemos decidido la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como Amicus Curiae para expresar en ese ámbito también las posturas que venimos sosteniendo. Allí nuestro aporte es el de acercar la realidad inmediata de los vecinos, de los comercios, de las PyMEs y de propuestas que permitan hacer razonable, progresivo equilibrado y con responsabilidad social los aumentos que se definan.

El Estado tiene un rol central  en la producción y administración de la energía, pero también -y fundamentalmente- en la protección de los sectores más vulnerados. El Estado es el ordenador social por naturaleza y ese es el rol que debe cumplir con mayor responsabilidad en esta etapa.

Hoy hay incertidumbre, desorden y falta de certeza sobre lo que cada vecino debe hacer frente a los aumentos.

Los Defensores del Pueblo de la República Argentina tenemos la obligación de transmitir certeza, equilibrio y responsabilidad en nuestro accionar, pero fundamentalmente un absoluto compromiso social.

Y eso es lo que estamos haciendo.

Vemos con absoluta preocupación la postura de algunas empresas energéticas que amenazan con cortes de servicios, amparados en la falta de aumentos por las medidas judiciales que hicieron lugar a medidas cautelares. No solo rechazamos esas expresiones, sino que las consideramos una amenaza sobre los usuarios que desconoce que los servicios de energía constituyen derechos humanos básicos, y que su corte por parte de las empresas será denunciado por las Defensorías ante la justicia.

Los aumentos tarifarios están en el debate de toda la sociedad. Lo que se necesita es precisión, claridad, certeza y responsabilidad social en su aplicación.

Reafirmamos nuestro compromiso con la necesidad de la realización de las Audiencias Públicas, con la consideración de las economías regionales, el sostenimiento de las PyMEs, la tarifa social ampliada y de posibilidad de acceso automático con criterios idénticos tanto en agua, como en luz y gas, la progresividad y la razonabilidad de los incrementos.

 

Se invita a la ciudadanía a participar de una charla sobre la accesibilidad de la ciudad y las personas con discapacidad

 

El miércoles 17 de agosto se realizará una charla abierta a todo público sobre “ciudades amables y accesibles” y el derecho  de las personas con discapacidad con la participación especial de dos especialistas españolas. El encuentro se llevará a cabo en el salón de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, en calle Italia 61 de Paraná, y será de 17.30 a  20.30.

La convocatoria busca atender la necesidad de volver accesibles a los ciudadanos los espacios urbanos y públicos y, en ese marco, se escuchará la experiencia de Barcelona, España.  Genisa Prats San Roman, licenciada en Ciencias de la Educación con posgrado en Educación Social de la Universidad de Barcelona,  junto a  Imma Alemany Ayats,  Diplomada en Educación Social en la Universidad Ramón Lull de Barcelona, hablarán de los cambios, de su desarrollo, y las adaptaciones que son necesarias realizar en una ciudad para que resulte integradora y accesible.

Inserción laboral, espacio público y edificación, transporte, cultura y accesibilidad física y comunicativa serán algunos de los ejes de la charla que contará con la participación especial de las profesionales españolas que  integran la Fundación Desarrollo Comunitario (FDC), entidad de economía social que inició la tarea de innovación, producción y gestión del conocimiento en el ámbito de las políticas públicas basándose en la participación ciudadana, mediación, acción comunitaria, accesibilidad e inclusión social en relación a grupos concretos como personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, ciudadanos de origen extranjero, entre otros.

La actividad es organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná junto a la Comisión de Enlace del Concejo Deliberante local, el  Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi),  la Asociación Paranaense de Síndrome de Down y otras discapacidades (Aspasid) y el Centro de Acceso a la Justicia (Caj).

Participan también de la organización el proyecto Redes VIII de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Proyecto La producción social de la discapacidad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos (Uner) y el Observatorio de los derechos de las personas con discapacidad.

Las profesionales españolas llegan a Buenos Aires con la posibilidad de visitar otra ciudad del país. Optaron por Paraná con la intención de conocer la tarea que se realiza en el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo local.

 

Embarazo y maternidad adolescente fue tema de trabajo de Defensores del país

 

Defensores del Pueblo iniciaron el trabajo en un taller.

Defensores del Pueblo de distintas ciudades y provincias del país, reunidos en Corrientes, abordaron el tema del embarazo y maternidad adolescente en relación a las políticas de Estado y la necesidad de que “posibilite visibilizar el problema en la agenda pública”. Fue el miércoles por la tarde, en una jornada previa de trabajo al comienzo del segundo plenario anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), que formalmente se inicia este jueves y continúa mañana.    Del encuentro en el que se tratarán temas relacionados al aumento de las tarifas, a la cesión de datos de Anses, jubilados, a la línea de crédito Procear, entre otros, participan los Defensores del Pueblo de Paraná, Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto).

Están en el encuentro,  el Defensor de los Vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez; el presidente de Adpra, Alejandro Amor;  y  los Defensores del Pueblo de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Posadas, Misiones, Corrientes (provincia), Ituzaingó, Goya y Virasoro (Corrientes); Santa Fe; Santiago del Estero (provincia); Santiago del Estero (ciudad); Santa Fe (provincia), Córdoba (provincia), Villa María, Córdoba; Bariloche, Santiago del Estero; Chubut, Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Matanza, Escobar, General Pueyrredón, Vicente López y Pilar, Buenos Aires; el Defensor del Pueblo de la Nación, la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes y ex Defensores.

Se prevé , durante el plenario, el tratamiento de la protección de datos que la Anses  cede a áreas del Estado nacional; la propuesta de inclusión del derecho a voto para extranjeros con más de 10 años de residencia en el país; la baja de la línea de créditos Procrear por parte del Banco Hipotecario; el aumento de tarifas en servicios públicos; el Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y su reglamentación, a cargo de la defensora adjunta de CABA; la creación de una comisión que pueda trabajar los temas de trata de personas y esclavitud, entre otros temas.

En cuanto al taller realizado el miércoles, entre los objetivos se planteó que fuera una “instancia para construir información y producir conocimiento que posibilite visibilizar el problema en la agenda pública”.

 

Defensores del país analizarán la suba de tarifas y la cesión de datos por parte de Anses

Este jueves y viernes, se realiza la segunda reunión anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) en Corrientes. Al encuentro asisten los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, y Pablo Donadío (Adjunto).

Entre los temas a tratar por el ámbito integrado por unas cuarenta Defensorías del país, figura la puesta en análisis la protección de datos personales en relación a la decisión del gobierno nacional de que Anses ceda información a otras áreas de la Nación y la situación generada a partir del fuerte aumento de las tarifas de electricidad y gas. También figura en la agenda el tema referido al establecimientos de límites a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros en el territorio de la República Argentina y la normativa existente (leyes y decretos). El debate contemplará la propuesta de que los Observatorios Electorales que funcionan en el ámbito de las Defensorías del Pueblo analicen el proyecto oficialista de reforma electoral tendiente a aplicar, entre otros puntos, el voto electrónico en 2017.  En este punto se impulsará la inclusión del derecho a voto para extranjeros con más de 10 años de residencia en el país.

Otro punto en análisis será la baja de la línea de créditos PROCREAR por parte del Banco Hipotecario y, en los casos en que están otorgados, la solicitud por parte de adjudicatarios de un crédito suplementario para poder completar las viviendas iniciadas.

Figura en el temario,  la sugerencia al plenario para alcanzar un “pronunciamiento de la Asociación para que el Estado Nacional cese en la judicialización de los precios y tarifas de los servicios públicos esenciales de energía eléctrica y gas y se decida urgentemente una medida sobre ENARSA, CAMMESA con el objetivo de que clarifiquen los valores y devoluciones que deberían realizar a las distribuidoras provinciales y estas a los usuarios residenciales y comerciales”, consigna el documento. Y añade, entre los temas a tratar, el Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y su Reglamentación;  la creación de una comisión que pueda trabajar las temáticas de Trata de personas y Esclavitud; la solicitud a los Ministerios Federales competentes para garantizar al NEA no solamente la prosecución urgente de la construcción del gasoducto del NEA y la incorporación de las conexiones secundarias; entre otros.

En la oportunidad, se presentará el nuevo Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, recientemente electo en reemplazo de Edgardo Bistoletti, quien falleció hace dos años.

 

Cambio de fecha para el cine móvil en la Escuela 100 del Puerto Nuevo

 

La actividad del cine móvil prevista para mañana en la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 100 Puerto Nuevo será reprogramada debido a inconvenientes técnicos del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, área  con la que la Defensoría del Pueblo organiza la visita a establecimientos escolares con el fin de difundir y promover derechos ciudadanos.

La suspensión de la actividad será hasta la semana que viene, cuando se fijará una nueva fecha para proyectar un documental del Ciclo Igual de Diferentes, coproducido por Canal Encuentro y el INADI, a estudiantes de 1º, 2º y 3ª año de esa escuela.  Tras la proyección,  se propondrá un taller en base a un trabajo en grupo sobre consignas disparadoras que permitan reflexionar sobre temáticas surgidas de la proyección como prejuicios, estigmatización, discriminación, visiones del mundo.

Las escuelas interesadas en recibir el cine móvil podrán enviar un mail al siguiente correo de la Defensoría: direccionproteccionderechos@gmail.com o llamar a los números 420-2322 – 0800 777 1112.

 

Llega el cine móvil a la Escuela Nº 100 de Puerto Nuevo

 

Chicos de la Escuela Obispo Gelabert y Crespo, durante la proyección de Metegol.

El ciclo de cine móvil en escuelas de la ciudad, organizado por la Defensoría del Pueblo de Paraná y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, hará este miércoles una nueva proyección.  Esta vez, será en la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 100 Puerto Nuevo, de 9 a 11, en  Santiago de Liniers 395. Se proyectará un documental del Ciclo Igual de Diferentes, coproducido por Canal Encuentro y el INADI, a estudiantes de 1º, 2º y 3ª años.

Tras la proyección,  se realizará un taller en el que se propondrá un trabajo en grupo sobre consignas disparadoras que permitan reflexionar sobre temáticas surgidas de la proyección como prejuicios, estigmatización, discriminación, visiones del mundo.

En mayo, la Defensoría y el Instituto iniciaron un ciclo de cine en escuelas de nivel primario y medio con el fin de promover la difusión y el debate de los derechos ciudadanos. “Ejercitando nuestros derechos” se denomina el ciclo del cine móvil que comenzó en la Escuela Nº 190 Obispo Gelabert y Crespo,  en Avenida de las Américas 1901, con la proyección a chicos de 5to grado de la película Metegol, de Juan José Campanella. En ese caso, luego del film, hubo un espacio de juego con los chicos, poniendo énfasis en los derechos abordados en la película en relación con la realidad.

La Defensoría del Pueblo de Paraná tiene como misión principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. En ese marco, se ideó la actividad para conectar a niños, niñas y adolescentes con sus derechos a través de proyecciones cinematográficas, que abordan temas actuales y de interés. Para eso, se busca establecer un lugar de encuentro que posibilite, mediante el uso y apropiación del espacio del cine, democratizar el acceso tanto al entretenimiento como el aprendizaje, creando un espacio para la reflexión colectiva, consigna el proyecto de trabajo.

De esta forma, los niños y jóvenes pueden aprehender los derechos y deberes tanto individuales como colectivos, en un marco interactivo y participativo con el fin de aportar elementos para el desarrollo de una ciudadanía activa, basada en el respeto al otro, la solidaridad, la corresponsabilidad y el pensamiento crítico.

Las escuelas interesadas en recibir el cine móvil podrán enviar un mail al siguiente correo de la Defensoría: direccionproteccionderechos@gmail.com o llamar a los números 420-2322 – 0800 777 1112.

 

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