Adhesión de Adpra por Malvinas

Los Defensores del Pueblo de todo el país, nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), adhieren al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Hace hoy 35 años que la entonces dictadura militar emprendió aquella guerra que resultaría cara en vidas de jóvenes argentinos sólo para salvar su permanencia en el poder.

 

Los Defensores del Pueblo de Paraná participan de una reunión nacional en Neuquén

 

 

Defensores del país se reunieron en Neuquén.

Defensores del Pueblo del país se encuentran reunidos en la ciudad de Neuquén, en el primer encuentro de este año de la Asociación que los nuclea. Representantes de instituciones de ciudades y provincias debaten temas que interesan a cada jurisdicción y otros de tratamiento común, que podrían dar lugar a declaraciones conjuntas este viernes, cuando finalice el plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra).

Al encuentro asisten los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay (Titular) y Pablo Donadío (Adjunto) con la propuesta concreta de tratamiento de dos temas: la firma de un futuro convenio por parte de Adpra con el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, referido a la formación y  fortalecimiento de la mediación, como una vía efectiva de la resolución de conflictos a través de las Defensorías del Pueblo. El otro  tema es el concerniente a la preocupación de la institución paranaense en relación al hábitat y a la falta de políticas públicas en torno de la carencia de tierras y viviendas sociales para atender las demandas, cada vez más crecientes, de familias pobres.

La agenda de trabajo del plenario consta de 22 temas.  Por ejemplo, la Defensoría de la ciudad de Neuquén, a cargo de Ricardo Riva, propuso tratar la “mediación escolar, experiencias de establecimientos escolares”;  la “situación de la Torre Periodistas: ¿delito de lesa humanidad?” y en el marco Día Internacional de Concientización sobre Autismo, que se conmemora el 2 de abril, integrantes de la asociación Lazos Azuela  brindarán un informe denominado “Construyendo lazos para la inclusión de las personas con autismo en Neuquén”.

En tanto, la Defensoría de Santa Fe propuso referirse a la “Red de Niñez”, en el marco del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en convenio con UNICEF Argentina, también estaba previsto que hiciera  lo propio con “la Federación Iberoamericana del Ombudsman” y  sobre “Renta vitalicia”. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires  lleva los siguientes temas:  “Cuestión Migratoria y DNU”, “Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR” y “Apertura de Defensorías  provinciales y locales”. La Defensoría del Pueblo de Avellaneda  presenta la “Protección a los abuelos en sus derechos como consumidores y usuarios” y “Tasa social para jubilados y pensionados”. Es preocupación de la Defensoría del Pueblo  de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes la cuestión del “Rol de los consulados en los países limítrofes, ante situaciones extremas que requieran asistencia inmediata al ciudadano argentino” y de la Defensoría del Pueblo de Virasoro , el “Cambio del régimen de inscripciones N.N.”. En tanto, el acuerdo con la ANSES en la provincia  de Tucumán será presentado por la defensoría provincial y la institución de la ciudad de Salta expuso sobre “Defensa del consumidor, obsolescencia programada y gestión nacional de basura electrónica” y “Precio testigo GNC”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Matanza informa sobre “proyecto Electrodependientes” y “Migrantes”.

Participó el presidente de Adpra y titular de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor.

 

Análisis y preocupación por la situación del hábitat

 

El hábitat es un tema de preocupación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. Concretamente, desvela el hecho de la demanda de familias que no tienen dónde vivir en contraste con la insuficiente capacidad de respuesta de los Estados en relación a tierras y vivienda social. La problemática ha sido motivo de Recomendaciones –vía formal por la que se expide la Defensoría del Pueblo- y también de reiteradas participaciones de la institución en busca de la enunciación de políticas de Estado viables al respecto. Con esa intención, los Defensores del Pueblo participan del primer plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), que se realiza en Neuquén desde el 20 al 31 de marzo, y uno de los temas propuestos por Paraná es la problemática relacionada al hábitat.

Paralelamente, la institución participó del Foro de Hábitat realizado en la ciudad de Paraná el 19 de octubre de 2016. Se trató del primer foro de debate abierto para la elaboración de un anteproyecto de ley de Hábitat de la provincia de Entre Ríos. El evento tuvo lugar en el aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná, y del mismo participaron diferentes actores sociales, del ámbito público y privado, los cuales expusieron sus puntos de vista y realizaron diferentes recomendaciones para avanzar en la confección de la normativa, se informa en un dossier con las ponencias elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social provincial.

A continuación, la exposición de la directora de Protección de Derechos Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de Paraná, licenciada Patricia Brumatti.

 

 

Dirección de Protección de Derecho Ciudadano de la Defensoría del Pueblo

Expositora: Directora Patricia Brumatti

 

La Defensoría es un organismo del Estado que trasciende las gestiones de gobierno, y que tiene la misión de proteger, promocionar y defender los derechos ciudadanos. Desde la Defensoría venimos trabajando desde sus inicios, en 2003, el tema de hábitat, ya que son numerosos los reclamos, preocupaciones e inquietudes que recibimos cotidianamente respecto de esta cuestión, en su más amplia acepción, ya que trasciende el espacio físico de la vivienda y la construcción. Es un terreno que abarca mucho más y tiene que ver con el entorno, con el acceso a los servicios, a la infraestructura, a los lugares de recreación, de encuentro. Así que cuando pensamos en este espacio, y en el aporte que podíamos hacer desde la Defensoría, pensamos en tres ejes que ineludiblemente tenían que estar: el derecho a la ciudad y justicia territorial y el derecho al hábitat propiamente dicho. Y para dar un aspecto más gráfico nos pareció importante traer a colación las recomendaciones que hace la Defensoría respecto a cuestiones que tienen que ver con el hábitat. Un caso es, a partir de la presentación de vecinos de la zona de La Toma y de Los Arenales y, en otros casos, es una recomendación de oficio, pero que también se inicia a partir de varios reclamos de derechos colectivos que veíamos vulnerados. En los considerandos de la recomendación, que es la figura, la herramienta o el instrumento que tiene la Defensoría para presentar ante las autoridades, municipales en este caso (porque es una Defensoría de jurisdicción local), cuando las otras vías se han agotado. No es un instrumento que es vinculante y no obliga al Estado Municipal a recibir la sugerencia del defensor, pero sí es la posición de la Defensoría en donde entiende lo que el Estado debería hacer en relación a la vulneración de algún derecho. En el primer caso la recomendación se hace a partir de la presentación de vecinos de la zona de La Toma y de Los Arenales que sienten vulnerados sus derechos al acceso a la ciudad, el derecho del acceso al río, cuando se comienza la construcción de un emprendimiento urbano y se construye un muro que divide la urbanización del resto de los vecinos que hacía 20, 30, 40, 50 o 60 años que vivían en el lugar. Ese muro les impidió seguir viendo y seguir vinculándose y relacionándose con el río. Entonces la Defensoría, luego de analizar todo el expediente del trámite administrativo iniciado para la aprobación de ese loteo, hace estas consideraciones: en los vistos nos planteamos, a partir de la presentación formulada por 54 vecinos, que en lo que refiere a estos vecinos “que esta muralla nos prohíbe la vista al río Paraná, del que hemos disfrutado toda la vida”, entre otros planteamientos. Entonces, la Defensoría plantea y hace alusión al 2002 en que este permiso de uso establece como destino un proyecto y construcción de un complejo urbano residencial recreativo deportivo con viviendas de tipo independientes con vista al río, que en el acto administrativo se dispuso en relación al cerramiento exterior del inmueble una altura máxima 2 metros que permita el libre movimiento de los habitantes; deber ser realizado con materiales y elementos que armonicen con las características de la zona. Se los notificó a los urbanizadores de que no estaban el cerramiento como correspondía, se les pidió paralizar la obra en forma inmediata para demoler la construcción. Entre los considerandos decimos: podemos señalar que el desarrollo verificado en el proyecto urbanístico viola flagrantemente los principios y las normas del código urbano municipal, al igual que las atinentes a la preservación del medio ambiente, que existen engorrosas peticiones vinculados al proyecto que pretenden evitar resoluciones contrarias a las normativas vigentes. Varias consideraciones más tienen que ver exclusivamente con el expediente administrativo y se referían al incumplimiento que el propietario del proyecto establecía. Lo que me interesa destacar es la postura de la Defensoría no sólo a este muro en particular sino a los muros que dividen una cuidad de otra que provoca esta segmentación, estas cuestiones de exclusión. Entre otros considerandos, decimos “se encuentra vigente el código urbano que establece las disposiciones en materia de ejido urbano y definiendo una configuración de ciudad acorde a las condiciones morfológicas resaltando en especial las potenciales paisajísticas que poseen las diferentes áreas y distritos en los cuales se divide la ciudad y que marcan el nombre en la concepción de ciudad que se pretenden: pretendemos una ciudad con vista al río o ribereña, volcada al río, controlando la extensión hacia el interior del territorio y lo largo de las vías de acceso y penetración a la misma (esto establece el código) que la cuestión ambiental como entorno natural se ha conformado como una de las temáticas esenciales a tener en cuenta desde el punto de vista de la calidad de vida, como del equilibrio de la naturaleza, el ser humano y demás especies. Que los procesos de urbanización indicadores de cambio deben realizarse de manera armónica, impactando de manera favorable en el entorno natural y social existente fortaleciendo las características particulares de los distintos ambientes y sectores con identidad propia. Y que además las urbanizaciones privadas y estas nuevas modalidades de ocupación del espacio urbano se corresponden con una lógica global presente en distintas sociedades y que pueden darle una dinámica que profundiza los procesos de segmentación social.

Entonces, en ese sentido decimos que la producción social de este espacio se realiza en buena parte motivada por los miedos, por los estigmas, por las percepciones e imaginarios y el componente simbólico del paisaje urbano producido, son los modos que se separan el aquí del allá, el nosotros del ellos. Y así las ciudades se van fragmentando, y el sentido de comunidad se erosiona. Manifestamos también que este tipo de emprendimientos implica, en cierta medida, la privatización del espacio público y que sirve también para que el mercado inmobiliario recurra a la publicidad para vender un ideal de seguridad en estos territorios creando un clima de “dime dónde resides y te diré que tan seguro vives”. Esto es un poco el panorama en relación a esta temática en particular y lo que el Defensor resuelve recomendar al presidente municipal de la ciudad de Paraná es que instruya a las reparticiones pertinentes que procedan a la demolición del cerramiento de este proyecto sito en Los Arenales, e instruya a las oficinas técnicas a que se rechace cualquier petición que pretenda violar las normas vigentes previstas en el Código Urbano, que están referidas a la conservación del medioambiente. También tengo que decir que luego de largas charlas, negociaciones y reuniones se logró una primera demolición, como abriendo una ventana en el muro, pero no en su totalidad. Como ya expliqué, las resoluciones que la Defensoría puede realizar las hace bajo el carácter de recomendaciones. Otro tema que no es menor, y sobre el que hemos tenido varios reclamos, tiene que ver con vecinos que adquirieron lotes en diferentes proyectos urbanísticos y que, una vez que quieren empezar a construir, se encuentran con que no pueden construir porque las urbanizaciones no cumplen con los requisitos que establece el código. Es decir, el acceso, por ejemplo a los servicios y a la infraestructura necesaria. Y menos aún pueden tramitar la escritura de la propiedad de dominio, porque el loteo no está habilitado. Estas situaciones, si bien está la normativa vigente, tiene que ver con el incumplimientos y falta de controles o falta de aplicación de las penalidades que correspondan estos casos. Por lo tanto, esta recomendación tiene que ver con esta cuestión. En los considerando se establecía que en cuanto a la compra del lote, los vecinos manifiesten haberlo adquirido de buena fe ante la publicación de avisos en diferentes medios gráficos de la ciudad, donde constaban servicios que el loteo tenía, que después se constataba con que no era así. Los considerandos decían que es el Estado Municipal, a través del Código Urbano, el que regula y controla la actividad urbanística de la ciudad, que está a cargo de toda urbanización, que el proyecto y ejecución de dicha infraestructura debe realizarse bajo la exclusiva responsabilidad del propietario. Que ante la situación consumada de venta de lotes sin servicios, los ciudadanos después de hacer el camino a la inmobiliaria, al desarrollador inmobiliario, y no tener respuesta, recurren al Estado. E insta a que el Estado se haga cargo de la ejecución de esa infraestructura a modo de garantizar el acceso a los servicios básicos. Cuando hacemos la recomendación, luego de haber recibido los planteos de los vecinos, vemos que casi la totalidad de las urbanizaciones incumplían con la etapa de habilitación, que es indispensable para efectuar la venta. Que estos incumplimientos por parte de los propietarios de las urbanizaciones, como así también de los operadores comerciales, han generado innumerables inconvenientes y perjuicios varios a los adquirentes de los lotes. En ese caso, tuvimos una reunión con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, le hicimos algunas sugerencias con respecto al control de la actividad inmobiliaria. También el artículo 231 del Código Urbano establece penalidades para quienes fueran responsables de ventas a terceros de lotes integrales de subdivisiones que no cuenten con la habilitación municipal, quienes serán pasibles de multas equivalentes al 30% del avalúo fiscal del in – mueble a subdividir, por cada lote vendido (estas penalidades generalmente no se cumplen). Si bien el Estado intima a los propietarios al cumplimiento de la normativa, las situaciones se incrementan y van pasando a las carpetas de expedientes sin que haya respuestas del propietario, quien continúa ejerciendo la actividad haciendo caso omiso a la reglamentación vigente. En ese momento, cuando nosotros hacemos esta recomendación, había loteos en los cuales había transcurrido una década y éstos aún no estaban regularizados. Ante esto, el Defensor del Pueblo recomendó realizar la difusión permanente acerca de las condiciones que deben cumplir las urbanizaciones para su venta, realizar a través del área de defensa del consumidor municipal las publicidades de origen publicados en medios gráficos referidos al tema, instando a que se incorporen los datos correspondientes a la aprobación y la habilitación del loteo, aplicar efectivamente las penalidades establecidas en el código urbano -para el caso en el que se observen irregularidades- hacer cumplir efectivamente los plazos que establece la resolución de factibilidad que se otorgue y, por parte del Estado, realizar el control de las obras ejecutadas.

La última recomendación refiere puntualmente al hábitat, al derecho al hábitat, entendemos que la vivienda no es sólo la construcción física sino que justamente ese lugar en el mundo que las personas que allí habitan piensan, organizan, resuelven cotidianamente su existencia. Habitar significa mucho más que ocupar, significa ser habitante de una situación social determinada. Nosotros entre los puntos a tener en cuenta a aportar, más allá de lo que podemos ir pensando en relación a lo que hemos manifestado como recomendación, pensábamos en el derecho a la ciudad, en adecuar la legislación nacional, provincial y local a los estándares internacionales de derechos humanos, para que ese sea el marco general de toda política pública, privilegiar el beneficio colectivo, el interés público por sobre el interés privado, generar instrumentos específicos para frenar la especulación y la segregación urbana, democratizar la cuestión de la ciudad. Esta sería una manera de constituir espacios institucionalizados en los que los ciudadanos no sólo puedan aportar sino también decidir sobre algunas políticas que se definan. Por eso destacamos la constitución de estos espacios. Y en cuanto a la relación de la justicia urbana territorial consideramos tener en cuenta justamente la cuestión de democratizar el acceso a los servicios públicos, las desigualdades en el territorio se pueden visualizar mayormente por las peores condiciones en lo que a infraestructura y servicios se refieren. Por lo cual es imprescindible una mirada integral y a mediano plazo para incrementar la dotación de infraestructura, trabajar sobre todo en las zonas más vulnerables, que están en los bordes de la ciudad. Finalmente, sobre el derecho al hábitat pensábamos 2 o 3 cuestiones. Diversificar las propuestas de solución, readecuando los programas públicos a las diferentes realidades sociales y regionales, impulsar los programas flexibles y acordes a las posibilidades de los sectores de menores ingresos, que haya asesoramiento técnico y sistemas de microcréditos (que es algo fundamental para las familias no consideradas sujetos de crédito por la banca formal). Que implique también el derecho a un hábitat que sea productivo, que fortalezca la economía popular; recuperar y valorar la capacidad productiva de quienes habitan o van a habitar un barrio, desde una mirada integral, definiendo los programas e instrumentos necesarios jurídicos, financieros, urbanos, administrativos; como por ejemplo alentar la puesta en marcha de proyectos productivos en los conjuntos habitacionales; ferias populares como espacios de socialización y de generación de ingresos. También recuperar instrumentos normativos que existan a nivel local, a nivel municipal. En alguna época, en los primeros años democráticos se generó la ordenanza del programa “Arraigo”, también confluyendo con el mismo programa a nivel nacional. Con su implementación muchos barrios se han regularizado, tales como Antártida Argentina, Gaucho Rivero, Las Flores, Anacleto Medina Norte. En ese entonces tanto la UTN y la Facultad de Trabajo Social participaron en la cuestión, y se han entregado escritura de dominio a los adjudicatarios. Se acompañó a las familias con equipos técnicos formados por estudiantes becados de esas faculta – des, acompañando el proceso de construcción de la vivienda, porque muchas veces se organiza esta cuestión y se les facilita el derecho a la tierra pero si no acompañamos eso con un proceso de asesora – miento técnico en la construcción de la vivienda, muchas veces las viviendas no duran un largo plazo o son construidas quizá con materiales que para la zona no sirven. Hay mucho camino todavía por andar y las recomendaciones están ahí para que las puedan utilizar.

Copia textual Gentileza Ministerio de Desarrollo Social

 

Vivió en la calle y ahora ayuda a los que siguen en el desamparo

 

Ahora Guillermo es parte del grupo que ayuda a personas que viven en la calle.

Guille “El chileno” estuvo los días y las noches de casi dos años en la calle. Pasó el calor aplastante de Paraná bajo los árboles de la Plaza 1°de Mayo, las heladas de las madrugadas del invierno durmiendo a la intemperie, sobre cartones, y las tormentas, en recovecos de locales del microcentro. Vivió sin contemplaciones el desamparo, el abandono y la falta de afectos hasta que un día del año pasado “algo hizo un click” en él y todo cambió.

 

Es viernes y el olor a bizcochuelo saliendo del horno es lo primero que se percibe en la puerta de entrada de la casa de calle Libertad 272, sede de Suma de Voluntades, una organización que funciona desde 2010 y que tiene como “principal objetivo socorrer a los sectores más vulnerados, sobre todo a la niñez desamparada”. Desde marzo de 2016, también se dedicó a asistir con alimentos, ropa y compañía a las personas que están en la calle.

Entre ese aroma a torta recién hecha y un trajín de gente preparándose para otra recorrida nocturna por la ciudad ofreciendo comida caliente, preparada los días viernes por la gente de la cárcel de varones, está Guillermo, como un integrante más de la organización, ayudando a poner a punto los últimos detalles.

Está con una cara distinta, “soy otro”, dice, en la charla con integrantes de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

 

Aquí, algo de su historia.

Guillermo López tiene 50 años y nació en Santiago de Chile. Llegó a Argentina a los 22, “en busca de horizontes”, cuenta y agrega que su sueño era seguir por EE.UU y alcanzar  Europa. Pero su destino fue Paraná, después de haber estado en Mar del Plata, Rosario y Santa Fe. En ese raid, hizo changas: trabajó de albañil, de pintor, cortó el pasto, entre otras cosas. Y también conoció gente y modos de vida que -comenta- lo llevaron por las adicciones. Consumió droga y pudo dejarla cuando se instaló en Paraná, no así el alcohol que lo terminó empujando a la calle, lejos de su pareja y su hijo.

Sufrió hambre, estuvo sucio y más de una vez se vio con el cuerpo duro, las manos rojas e hinchada, por el frío. Ofrecía estampitas en la parada de colectivo de la Plaza 1º de Mayo y después se dejaba caer en un banco de la plaza con otros hombres tan desahuciados como él, con la sola compañía de la caja de vino a cualquier hora, a toda hora en lo posible.

Tomó mucho alcohol, todo lo que pudo y más, hasta que una noche del año pasado, se vio sentado en un rincón del hospital San Martín, un lugar que cobijó sin proponérselo con techo y comida a muchos desamparados. Fue hasta octubre de 2016, cuando una orden de la dirección del nosocomio prohibió que una decena o más de personas de la calle se siguieran quedando por las noches en la sala de espera.

Pero antes de esa decisión, recuerda Guillermo que estaba en el San Martín, una noche de frío, frente a una bandeja de comida que le había dejado la gente de Suma de Voluntades. “Me puse a comer y a leer un poco. Mientras hacía eso, miro enfrente a un viejito que se agachaba y estaba con la botella. Y yo tenía otra botella de vino, la mía. Él tomaba y tocía.  Yo lo miraba y pensaba: qué estoy haciendo acá. Pensaba en mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi casa.

Iba a tomar un trago y dije: no, y pedí: Dios ayudame, quiero salir de esto. Me pare, fui al baño, destape la botella y la volqué. Algo pasó en mí, me desperté”, relata con lágrimas llenándole los ojos  y cerrando su garganta.

Y continúa: “Me fui, estaba oscuro y salí a caminar y caminar. Llegué a la zona del mercado central (el shopping), estaba apoyado, y vino un hombre  y me encargó que le cuide la moto y me dio plata. Y entonces pensé que podía trabajar de eso (cuidacoche). Nos hicimos amigos con ese hombre, nos sacamos una foto. Y después seguí trabajando y no tomé más”.

 

La pelea contra el alcohol.

“La abstinencia me la banqué solito”, afirma y describe que cómo fue: “Donde estaba yo, estaba el demonio. Es un demonio que te sigue y te dice hacelo, tomá; y entonces, te encontrás con un compañero que te dice tomate un trago, dale, que te pregunta y recrimina:  ahora a vos qué te pasa, que te comiste vos?”.

Entiende que su cambio fue parte de un proceso en el que se cruzó con gente, que lo ayudó a avizorar otra forma de vida.

En 2015, acudió a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná en busca de ayuda para tramitar la documentación referida a su situación de inmigrante. Ese primer contacto fue el puntapié de una relación que incluyó asesoramiento, conversaciones y acompañamiento por parte del equipo de la institución.

Paralelamente, en la calle, se encontró con gente de Suma de Voluntades, que le acercó más que un plato de comida: “Ellos me trajeron (la noche en que decidió dejar el alcohol) una sopa calentita porque sabían que a mí me gustaba. Ellos sabían que yo estaba cambiando”, aclara.

También, en la calle, conoció a integrantes de un grupo adventistas que le hablaron de Dios, de que iba a poder dejar de tomar, y lo llevaron al templo, a volver a creer en él, en sus fuerzas. Y cuenta una anécdota que le tocó el corazón: “Un día, yo estaba en la plaza como siempre, y los adventistas me llamaron y me llevaron hasta un auto. Prendieron una computadora y ahí estaba mi mamá hablándome y me decía ‘qué te pasó, hijo, venite para acá, acá tenés todo. Me saltaron las lágrimas, no podía creer, ella sabía que estaba durmiendo en la calle”.

La emoción vuelve al cuerpo de  Guillermo ante el gesto de los integrantes del grupo religioso, quienes habían dado con su casa en Chile y habían grabado el  mensaje de su madre. Concluye que buscaban darle un sacudón para sacarlo de dónde estaba.

 

Otro.

Ya sin alcohol encima se sintió otro: pudo arreglar su cabello, mantenerse bien afeitado y vestido con ropa limpia y prolija. Encontró un lugar en la casa de su compadre y pudo encontrarse también con su hijo de 17 años.

Cuando recién estaba transitado ese cambio, le llegó la invitación de Suma de Voluntades para integrarse al grupo, para ser uno más en el trabajo de la institución. La primera propuesta fue a asistir a una reunión en la casa de calle Libertad y una vez allí, a sumarse como voluntario.

Desde entonces, ayuda en la cocina, en la organización de juguetes y ropa donada, en las jornadas de los sábados en el Volcadero, con los chicos de uno de los barrios más pobres de la ciudad, y en las recorridas nocturnas donde alcanza un plato de comida a quienes permanecen en la calle.

Guillermo dice que se siente orgulloso de sí mismo, de lo que está haciendo. Y se arrepiente de cosas que hizo: “El alcohol me mandó a hacer cosas que no debía hacer”. Y menciona la cárcel, como lo más feo que le tocó vivir. Estuvo más de un año preso por robar y dice que lo hizo para comprar alcohol o por hambre.

Ahora, en esta nueva etapa, donde se siente renovado, quiere estudiar, terminar la primaria y, lo urgente, encontrar un trabajo.

“Guille es uno más de nosotros”, reafirman Silvina Fernández y Beatriz Franco, integrantes de Suma de Voluntades, entusiasmadas por el cambio de Guillermo. Comentan que la situación de la gente que vive en la calle sigue igual, que bridan entre 60 y 70 raciones por noche y que otra vez no sabe qué pasará cuando se instale el frío. El lugar que la Municipalidad abrió el año pasado como albergue para atender la urgencia no ha funcionado en los últimos meses y todavía no hay novedades al respecto. La preocupación es compartida por la Defensoría del Pueblo, institución que viene solicitando desde hace años soluciones integrales y de fondo para la problemática, como también otras organizaciones dedicadas a tender una mano a las personas que viven en la calle.

 

Marta Marozzini

 

Por la memoria, la verdad y la justicia

 

Con cada año se afianza la necesidad de mantener viva la memoria, de tener fresca la historia, para volver a reafirmar el “nunca más”.

A 41 años del último golpe cívico militar, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná renueva su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su convicción en que la memoria, la verdad y la justicia deben ser políticas de Estado inalienables e indiscutibles.

Justamente,  en esta jornada, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, resulta pertinente recordar que “la dictadura implementó un sistema de aniquilamiento y violación de los derechos, suspendió las garantías constitucionales, vedó la actividad política y organizó un mecanismo de represión y saqueo nunca vistos en la historia moderna, que dejó un país empobrecido y miles de familias que todavía hoy no saben qué fue de sus seres queridos”, publica la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, añade, que “el Estado tiene el deber de asegurar el derecho de las familias a conocer la verdad de lo sucedido con sus seres queridos y preservar la dignidad de su memoria”.

1983  fue el año de reinicio de la democracia, tras más siete años de la más sangrienta y atroz dictadura. Ese comienzo, primero, y el desarrollo después, han requerido y requieren del constante aporte de las instituciones con el fin de mantener fortalecido el sistema republicano y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Todo ello son grandes motivos que inspiran el trabajo diario de esta institución.

La Directora Nacional de Mediación calificó de “modelo” al Centro de la Defensoría

 

Reunión con represntantes de una decena de instituciones de Entre Ríos y Santa Fe.

Invitada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, la directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos,  Raquel Munt, estuvo en la capital provincial y desarrolló una intensa agenda que incluyó encuentros institucionales y de trabajo.

El grueso de las actividades se centró durante todo el miércoles, y en los diferentes espacios, frente a distinto público, la funcionaria destacó el rol del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo local. Dijo que la institución avanza con el respaldo del trabajo constante: ese es su mejor aval, resaltó. Y anunció que el Ministerio de Justicia de la Nación iniciará un relevamiento a nivel país respecto de la situación de la mediación comunitaria y partirá del Centro de Mediación local por considerarlo “ institución modelo”.

El miércoles por la mañana, se inició un encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas con representantes de una decena de instituciones de Entre Ríos y Santa Fe, relacionadas con la mediación.  Participó de la apertura y del desarrollo de la jornada  la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, y representantes de las siguientes instituciones: Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Oficina de Mediación Penal (dependientes del Superior Tribunal de Justicia), de los centros e institutos de mediación de los Colegios de Martilleros, Correderos Inmobiliarios y Abogados de Entre Ríos, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y de la Universidad Católica santafesina. También, integrantes del programa EnREDarse del Consejo General de Educación (CGE),  de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER), del INADI, del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de Paraná y Ministerio Público Fiscal, por el vínculo de colaboración y trabajo en conjunto que mantiene con éste. El ítem de la jornada fue: Presente y futuro de la mediación. Construcción colectiva de cultura de paz.

“Es un gusto para nosotros, la Defensoría del Pueblo de Paraná”, dijo Luis Garay, titular de la institución, al dar la bienvenida -junto a su par adjunto Pablo Donadío y a la Coordinadora del Centro de Mediación Irina Chausovsky- a la funcionaria nacional y a los asistentes. También agradeció a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas por albergar la actividad y mantener un intenso trabajo en mediación, y a la presidente del Concejo Deliberante por el acompañamiento en la concreción de esta jornada. Seguidamente, mencionó que en febrero hubo una reunión en Buenos Aires entre integrantes de la comisión directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y Raquel Munt, en la que se acordaron acciones tendientes a fomentar y fortalecer la mediación comunitaria en el país. Asimismo, mencionó el apoyo de Raquel Munt  a la próxima firma de un nuevo convenio con el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, en el que se contemple la formación y  robustecimiento de la mediación, como una vía efectiva de la resolución de conflictos a través de las Defensorías del Pueblo.

Por su parte, Josefina Etienot habló de la necesidad de generar consensos, y de trabajar en base a esos acuerdos. Se refirió al plano legislativo y dijo que es desde los consensos de donde deben surgir normas que promuevan una mejor convivencia. Entendió que resulta muy difícil, atendiendo a los conflictos cotidianos, pero dijo, convencida, que se pueden utilizar las herramientas de la mediación para trabajar en la resolución de los problemas y reclamos de los ciudadanos.

Por la tarde, se desarrolló un taller para mediadores voluntarios del Registro del Centro de la Defensoría.

“No hay justicia sin paz”, afirmó la abogada,  mediadora y especialista en facilitación del diálogo, Raquel Munt. Y agregó: “Si no trabajamos por la cultura de la paz, difícilmente podamos tener desarrollo. La mediación y todos los métodos (de resolución de conflictos) son herramientas de pacificación para poder descubrir cuáles son las verdades necesidades e intereses (de las comunidades y de las partes) y desde ahí lograr acuerdos”.  Afirmó que en el caos no se crece y que el país necesita volver a tener espacios de “respeto, respeto al diferente, de comprensión, reflexión y trabajo en común”.

Seguidamente sostuvo que hay  mucha gente que está dispuesta a trabajar desde esas convicciones, con el fin de generar esfuerzos conjuntos, vínculos y así tejer redes y encuentros. Desde ese lugar, habrá que ponerse de  acuerdo en qué necesitamos y  para dónde vamos.

En cuanto a la mediación y los conflictos, planteó que se trata de un desafío el hecho de poder resolver el mayor número posible de casos a través de métodos de resolución pacífica, evitando  la judicialización en todas aquellas causas que se puedan.

La funcionaria nacional destacó el trabajo del Centro de Mediación local.

Por la tarde, la directora participó del Taller de Reflexión: Mediación comunitaria hoy. Inquietudes y expectativas, dirigido a los integrantes del Registro del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná. El encuentro fue en la Sala Mayo (Zona Puerto Nuevo). Se habló sobre el trabajo del mediador,  sus expectativas y preocupaciones, y respecto del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría como fuente de referencia constante por su trayectoria, valorando especialmente el trabajo y compromiso de los mediadores voluntarios. Al respecto, el Defensor Garay destacó los logros del Centro y se refirió a la importancia de contar con recursos suficientes para la tarea y le planteó  a la funcionaria nacional la posibilidad de que la inquietud pueda ser presentada al Ministro de Justicia y DHH de la Nación, Germán Garavano. Todo ello, en vista de las gestiones en torno de la próxima firma del nuevo convenio entre Adpra y ese Ministerio.

El martes por la noche, la directora nacional fue recibida por la presidente del STJ, Claudia Mizawak. Ese encuentro se prolongó durante casi dos horas, hasta las 22, y concurrió acompañada del Defensor del Pueblo, Luis Garay, y de la Coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky. La conversación giró en torno de la mediación prejudicial y penal, su importante función social y de la importancia del trabajo articulado y en colaboración con otros ámbitos, como el de la mediación comunitaria, así como de la necesidad de la capacitación para la profesionalización del sistema.

Raquel Munt es abogada, mediadora pre-judicial y comunitaria, negociadora con formación en liderazgo, comunicación y efectividad y facilitadora en procesos colaborativos de construcción de consenso, entre otras especializaciones. Ocupa la Dirección de Medicación Nacional desde fines de 2015 y, en su gestión, la mediación comunitaria ha recibido un importante apoyo. Su área es parte del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

Parte del grupo, al cierre del encuentro.

Llega la directora Nacional de Mediación y participará en reuniones con mediadores

 

 

Raquel Munt, directora nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.

La titular de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Dra. Raquel Munt, llegará esta tarde a Paraná, invitada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para participar de una serie de actividades.

Apenas llegue a la ciudad, tiene previsto reunirse con la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Dra. Claudia Mizawak, mientras que el grueso de la agenda se desarrollará mañana.

Para el inicio de la actividad está programado un encuentro con referentes de instituciones públicas dedicadas a la mediación en Paraná y Santa Fe.  Con el título “Presente y futuro de la mediación. Construcción colectiva de cultura de paz”, se realizará la reunión en la Facultad de Ciencias Económicas (Uner), desde las 10 a las 12. Entre los participantes invitados que han confirmado su asistencia figuran: el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial, la Oficina de Mediación Penal, centros de mediación de los Colegios de Abogados, Martilleros y Corredores Inmobiliarios, Programa Enredarse del Consejo General de Educación, Centro de Estudios, Análisis y Transformación de Conflictos de la Facultad de Ciencias Económicas (Uner), Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), Inadi y Defensoría del Pueblo de Paraná.

En tanto, desde Santa Fe se espera la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo Provincial, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Dirección Provincial de Desjudicialización de los Conflictos Interpersonales.

La viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, dará la bienvenida a la funcionaria nacional y a los referentes de las instituciones en dicho encuentro.

Por la tarde, la directora participará del “Taller de Reflexión: Mediación comunitaria hoy. Inquietudes y expectativas”  con los Mediadores Voluntarios  que integran el Registro del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná. El encuentro será en la Sala Mayo (Zona Puerto Nuevo).

Raquel Munt es abogada, mediadora pre-judicial y comunitaria, negociadora con formación en liderazgo, comunicación y efectividad y facilitadora en procesos colaborativos de construcción de consenso, entre otras especializaciones. Ocupa la Dirección de Medicación Nacional desde fines de 2015 y, en su gestión, la mediación comunitaria ha recibido un importante apoyo.

La Defensoría del Pueblo de Paraná mantiene un estrecho vínculo con la Dirección Nacional de Mediación, pues integra la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria del Ministerio de Justicia de la Nación, y fue la impulsora de una reunión realizada el 20 de febrero pasado entre la comisión directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y Raquel Munt, con la intención de promover y fortalecer la mediación comunitaria en todas las Defensorías del Pueblo del país.

 

Reunión por la marcha de mujeres y la denuncia de agresiones

 

Integrantes de la Asamblea Participativa reunida por el Paro Internacional de Mujeres, convocado  el 8 de marzo pasado, acudieron a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná debido a los problemas suscitados ese día, durante la marcha por calles aledañas a Casa de Gobierno,  que terminaron con una manifestante lesionada a causa del accionar de un automovilista.

Ante el hecho, los Defensores del Pueblo solicitaron un pedido de informe a la Municipalidad con el fin de conocer si se había considerado la asignación de personal de tránsito a lo largo del recorrido de la manifestación para organizar la circulación vehicular. De acuerdo a las aseveraciones de las organizadoras, la marcha estuvo desprovista de los controles de tránsito.

El grupo fue recibido por los Defensores del Pueblo, Luis Garay y  Pablo Donadío (Adjunto),  junto a la Coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria de la institución, Irina Chausovsky.  Durante la reunión realizada en la sede de la Defensoría, las integrantes de la Asamblea dieron detalles  respecto a “la agresión sufrida por una de las manifestantes de parte de un automovilista, que le provocó lesiones de consideración”. El hecho ocurrió en calle Córdoba, frente a la Jefatura de la Policía de Entre Ríos y a la Casa gris, y fue motivo de una denuncia judicial.

Los Defensores expresaron preocupación por lo sucedido  y se refirieron a la presentación del pedido de informe al Municipio con el fin de obtener la explicación oficial respecto de lo sucedido con el control del tránsito.

 

Exposición del Defensor del Pueblo en la audiencia pública por el gas

El Defensor del Pueblo de Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó vía teleconferencia de la audiencia pública nacional por la tarifa del gas. La sede de la audiencia en Entre Ríos fue en Paraná, en la Sala Mayo, y el Defensor fue el único orador. A continuación, la dirección donde se puede escuchar la exposición: https://www.youtube.com/watch?v=1i3MTDwJa4E

“Que no haya más aumentos”, pidió el Defensor en la audiencia por el gas

 

 

Luis Garay, Defensor del Pueblo de Paraná.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay,  único expositor por Entre Ríos en la audiencia pública nacional por el gas, pidió que no se autoricen nuevos aumentos para la tarifa durante este año. “El bolsillo del trabajador no va a alcanzar para pagar todo”, dijo y enumeró las subas registradas en el gas aplicadas el año pasado, en la luz que a nivel provincial ya asciende a un 137%, en impuestos inmobiliarios y tasas municipales, en alquileres y demás servicios.

Así consideró que no se pueden autorizar más incrementos en servicios básicos sin considerar la situación económica de buena parte de la ciudadanía. Y mencionó, a modo de ejemplo, que el promedio del sueldo de empleados públicos en Paraná -como el de docentes y  trabajadores municipales- ronda los 10 mil pesos y comparó ese número con los salarios considerados altos, entre los que citó a los del sector de comercio con 12 mil pesos.

A esa realidad añadió el hecho de que la aplicación de aumentos es amplia y abarca a otros aspectos del costo de vida, con lo que una eventual nueva suba del gas volvería más pesado, y en casos imposible, el pago de las boletas por parte de una franja de usuarios. Estimó que si se aplican los incrementos que componen la tarifa del gas (distribución, boca de pozo, transporte), la suba podría rondar entre el 70% y el 80%.

Y se preguntó “qué va a pasar cuando lleguen las boletas con el consumo del mes de mayo, junio y julio. Estoy pensando en la Defensoría llena (de ciudadanos) nuevamente como fue el año pasado a partir de septiembre y octubre. Qué vamos a decir, que (el aumento) fue autorizado por audiencia pública”. Seguidamente, y dirigiéndose al Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, dijo: “No quiero legitimar estos aumentos con audiencias públicas formales, quiero que nos escuchen a las Defensores del Pueblo”. Y aclaró que las Defensorías del Pueblo son organismo del Estado no gubernamentales, “no somos opositores a un gobierno”. Y sostuvo que en Entre Ríos gobierna un partido político diferente al nacional, y el planteo realizado por esta Defensoría ha sido el mismo en oportunidad de las audiencias públicas provinciales para subir la tarifa de la electricidad.

“Cuando hablan de que es barato el gas o la luz, decimos que el barato o caro es relativo al poder adquisitivo de cada uno” y mientras no haya un sinceramiento en el tema salarial, siempre el ajuste recaerá con mayor fuerza en los sectores más vulnerables, opinó.

Seguidamente reiteró el pedido de que los Defensores del Pueblo sean escuchados como transmisores de lo que le sucede a la ciudadanía.

 

Observaciones a la organización

El Defensor del Pueblo Luis Garay fue el único expositor por Entre Ríos, por lo que la Sala Mayo de Paraná –desde donde se transmitía en directo a nivel nacional-, estaba prácticamente vacía, sin casi participantes ni público. Sin embargo, la custodia de parte de personal de las policías Federal y de Entre Ríos era nutrida, con vallas, pulsera identificatoria y cacheo incluidos. Es por ello que el Defensor Garay inició su exposición refiriéndose a la seguridad que consideró desmesurada.

Otro aspecto de la organización de la audiencia pública que observó durante su intervención fue la referida a la inscripción a la audiencia, a la elección de la ciudad, al día y horario. Comentó que en su encuentro con vecinalistas días pasados, le expresaron que tenían interés en participar pero que los aspectos mencionados  resultaban un obstáculo a la hora de anotarse y asistir. “Es muy engorroso”, calificó, tras lo cual detalló que se hizo en un día laborable y que para participar, tanto en carácter de expositor como oyente, había que inscribirse en Concordia. El trámite debía hacerse personalmente o por vía postal con costo incluido. “Se ponen muchas trabas”, en una instancia en la que debería facilitarse la participación ciudadana.

Por último, apeló a la actitud del gobierno nacional empleada en otras oportunidades en las que ha dado marcha atrás en decisiones que consideró erróneas. “Ojalá que esta audiencia determine que es un error aplicar un nuevo aumento”, afirmó, para referirse luego a que la quita de los subsidios en los servicios. Entendió que la baja de esa asistencia “repercute en el bolsillo del trabajador que lo tenía (al subsidio) prácticamente incorporado al salario”. Y añadió: “No voy a discutir si la política de subsidios ha sido buena o mala, lo que estoy discutiendo es que si se saca con progresividad, esa progresividad no va acompañada por los aumentos salariales que se necesitan”. Así, reafirmó el pedido de la Defensoría del Pueblo local: “Desde Paraná pedimos que no se haga un aumento por boca de pozo, que se discuta el año que viene cuando la economía se estabilice”.

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