El Defensor del Pueblo se reunió con funcionarios nacionales por la situación de beneficiarios del Procrear de Paraná

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, se reunió en Buenos Aires con funcionarios de Anses y del Banco Hipotecario de la Nación con el fin de que se reconsidere la situación de beneficiarios del Procrear paranaenses, cuyas viviendas quedaron sin terminar por falta de dinero.

Se trata de unos cincuenta casos, registrados por la Defensoría del Pueblo de Paraná, de titulares del Programa Crédito Argentino (Procrear) que recibieron la totalidad de las remesas entre el año pasado y principios de 2016, sin que los montos les alcanzaran para finalizar la construcción debido al notorio incremento de los precios que sufrieron los materiales en ese período. Así, hay casos que tienen un 80% de la obra concluida mientras que otros rondan el 60%.

Ante la situación, la posibilidad que se analizó sería el otorgamiento de un crédito complementario.

El Defensor del Pueblo conversó está alternativa con las funcionarias del Anses, Lic. María Eugenia López Isnardi, Directora General de Programas Especiales y Carmen Galán, Directora General de Programas Especiales Procrear; y el gerente de Banca Hipotecaria, Sergio Corradi, a quienes solicitó que se realice un análisis caso por caso y se otorgue una posibilidad financiera acorde.

Para eso, informaron que los organismos nacionales ya crearon una mesa de trabajo, en la que se evaluarán los listados –en este caso de Paraná, información que había sido alcanzada también por legisladores entrerrianos-. Asimismo, acordaron que la marcha de la tarea le será informada a la Defensoría de Paraná, con el fin de mantener una comunicación fluida que permita aceitar las gestiones.

El viernes, un grupo de beneficiarios del programa estuvieron en la Defensoría y se interiorizaron de las novedades.

 

Alquileres y compraventas, los temas de cierre de las jornadas sobre el Código Civil y Comercial

 

La apertura estuvo a cargo del Defensor Adjunto Pablo Donadío.

La tercera y última jornada de actualización del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su relación con aspectos de la vida cotidiana se realizó el viernes 25, con un marco importante de público. El tema giró en torno del Derecho Contractual, específicamente se habló sobre contratos de locación, haciendo hincapié en los de alquiler de inmuebles, y contratos de compraventa.

Los expositores fueron los abogados especialistas en contratos civiles y comerciales Elena Albornoz y Rodrigo Devinar. Y participó como moderador Horacio Gaitán, por la Defensoría del Pueblo.

La actividad fue organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná junto con la Asociación del Personal Superior (APS) del municipio local, con el propósito de difundir y promover el conocimiento de los derechos, con el fin de que los ciudadanos se apropien de ellos y exijan su cumplimiento.

La apertura estuvo a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío, quien remarcó la importancia y el objetivo de las jornadas, como motor de empoderamiento de derechos por parte de los vecinos, y valoró la posibilidad de haber encarado la organización conjunta con la APS.

Los expositores Elena Albornoz y Rodrigo Devinar junto a Horacio Gaitán (Izquierda de la foto).

A su turno, Darío Fernández, secretario general y adjunto de la Asociación destacó la instancia como un valioso espacio de información ofrecido a empleados públicos como también a la ciudadanía en general. En ese sentido, remarcó el hecho de haber podido participar en la organización de las jornadas y agradeció la invitación de la Defensoría del Pueblo.

La primera de tres jornadas se desarrolló el 9 de noviembre y se basó en el Derecho de Familia, poniendo énfasis en aspectos como la unión convivencial, el esquema de conformación de bienes, el matrimonio, el divorcio y la adopción, entre otros. La segunda se realizó el viernes 18 y se enfocó en el Derecho del Consumidor y lo que debe tener en cuenta el ciudadano al momento de, por ejemplo, contraer un préstamo en una financiera o en una compra en cuotas. También se mencionó la importancia del libro de queja y detalle del uso de la tarjeta de crédito. Y el cierre por este año de la actividad se desarrolló este viernes. El desarrollo del tema estuvo a cargo de las abogadas Mariela Panceri y Sandra López, integrantes del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec).

Darío Fernández de la APS valoró la instancia y el trabajo en conjunto con la Defensoría.

La Defensoría participa en la instrumentación de una oficina de atención de adultos mayores

 

 

 

El Defensor del Pueblo Adjunto participó del acto de inauguración de la oficina.

Una oficina denominada Posta Accesible para Adultos Mayores (PA) quedó inaugurada en Paraná este viernes 25.  El área funcionará en calle 9 de Julio 71, y se encaró a partir de un convenio entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná y el Municipio local.

La función del área será proporcionar asesoramiento e información sobre los derechos de los adultos mayores y respecto de la prestación de servicios, atención, y beneficios a los que pueden acceder en el ámbito del Estado. La intención es poder orientar y acompañar a las personas de esta franja etaria en sus dudas, reclamos y necesidades, ofreciendo información y ayuda técnica.

Con un acto oficial, en el que hubo corte de cintas, se habilitó la oficina, primera en su tipo en la provincia, con la presencia del intendente Sergio Varisco, el Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío, la titular de Relaciones Institucionales del Municipio, Estela Boeykens; el secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari; la directora de Adultos Mayores de Paraná, Roxana Toso y concejales, entre otros funcionarios.

La apertura de la ceremonia, que se realizó en la vereda y parte de la calle, estuvo a cargo de Estela Boeykens, quien dijo que la “posta significa darle más posibilidades a los adultos mayores para que puedan tener un lugar donde ser escuchados. Es parte de la democracia darle esta oportunidad y apuntar a darle mejor calidad de vida a los ciudadanos de esa franja etaria que ha sido muy olvidada”.

Le siguió en el uso de la palabra el Intendente. “Esta posta tiene que ver con el concepto de ocuparnos y dejar una sociedad más inclusiva. Nosotros creemos en el Estado protector de la vida del ser humano y en un municipio que se ocupe de este tema y que sea el primer lugar donde el ciudadano pueda asistir para manifestar sus necesidades e inquietudes”, sostuvo Varisco.

 

El acto incluyó la firma de un convenio.

Por su parte, el Defensor Pablo Donadío dijo que la Defensoría del Pueblo aceptó “el desafío y la propuesta” del concejal Emanuel Gainza y Estela Boeykens de abrir un espacio conjunto. Y comentó que la Defensoría viene trabajando en la promoción de derechos,   atendiendo fundamentalmente los distintos reclamos de adultos mayores. Explicó que en casos los planteos no tienen que ver con el ámbito municipal y mencionó cuestiones relacionadas a la salud y a aspectos previsionales, entre otros.

La oficina posee rampa de acceso y un baño especialmente adaptado. La oficina atenderá de lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Estuvo también en el acto Silvia Campos, titular de la  delegación Entre Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Por el derecho de las niñas y las mujeres a “vivir una vida libre de violencias”

 

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.  Ante la fecha, la Red de Género de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) emitió el siguiente comunicado:

“Hoy conmemoramos el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. La fecha recuerda el día que asesinaron a tres activistas políticas, las hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, las “Mariposas”, hecho ocurrido en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y en 1999, la Asamblea declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde entonces, distintos países del mundo toman esta fecha para sensibilizar y movilizar para lograr un cambio cultural que permita hacer realidad el derecho de cada mujer y cada niña a “vivir una vida libre de violencias”.

Somos parte de una cultural capitalista y patriarcal, desigual, inequitativa, que discrimina a las mujeres y busca someterlas. La violencia contra la mujer tiene sus raíces en esas desigualdades y la discriminación imperantes, y su prevención y erradicación debe basarse en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; tarea en que el Estado tiene un rol crucial.

La violencia contra la mujer, como forma de discriminación y violación de los derechos humanos, está prohibida por instrumentos internacionales de derechos humanos- tales como la Convención de la CEDAW- así como por tratados regionales como la Convención de Belém do Pará; legislación nacional, provincial y local.

Organismos internacionales alertan que las distintas violencias que padecen las mujeres son tan extendidas y persistentes que se trata de una pandemia global y denuncian una “impunidad generalizada debido a la falta de implementación de los instrumentos internacionales y regionales sobre los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres, además del fracaso en convertir estos instrumentos en una protección verdadera de cada mujer y de cada niña”.

Todas las instituciones del Estado, entre ellas las Defensorías del Pueblo como organismos cuyo objetivo central es la defensa de los derechos, con carácter urgente y en colaboración con la sociedad civil, deben intensificar esfuerzos para prevenir y erradicar todas las formas de violencia de género contra mujeres y las niñas.

Esta semana la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Šimonoviæ, visitó el país y advirtió al gobierno que el sistema argentino tiene “deficiencias considerables” para prevenir y enfrentar el fenómeno que constituye uno de los derechos humanos más extensa y sostenidamente vulnerados.

La relatora denunció que las mujeres que son víctimas de la violencia en el país “enfrentan un problema sistémico y generalizado”, que es “la falta de implementación de las normas internacionales y nacionales, con diferencias significativas entre las provincias, lo que resulta en un nivel de protección variable” para quienes denuncian y piden ayuda. Algo similar había señalado hace pocos días en Ginegra el Comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por su sigla en inglés).

Argentina debe dar cuenta periódicamente de sus avances en relación al cumplimiento de compromisos adquiridos; y en consecuencia, tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas hacen informes que permiten a los organismos internacionales ver si hay avances o no.

Los temas que se evaluaron: dispositivos estatales para prevención y asistencia de la violencia, registros estadísticos de casos; evaluación de cumplimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos; políticas públicas destinadas a erradicar la violencia hacia las niñas y mujeres. Temas de los que se ocupan de modo recurrente las organizaciones de la sociedad civil que velan por la protección y promoción de los derechos; y que aportan insumos fundamentales a los informes de monitoreo, tanto internacionales como locales.

La relatora especial de Naciones Unidas y el Comité que monitorea el cumplimiento de la CEDAW destacaron los avances normativos de la última década; pero fueron muy duros en relación a las deudas pendientes que el Estado tiene para hacer cumplir las leyes para erradicar la violencia

Pidieron jerarquizar el Consejo Nacional de las Mujeres para convertirlo en Ministerio (vieja demanda de las organizaciones) para dotarlo de mayor presupuesto y recursos humanos destinados a la implementación de políticas. También pidió al poder judicial que capacite a jueces y policías, que se garantice el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, especialmente a las más pobre, que elabore estadísticas mejores a las que hace actualmente que no permiten reflejar la realidad en su dimensión ni identificar dónde están las fallas que impiden proteger y prevenir la violencia hacia niñas, mujeres y colectivos de la diversidad.

También solicitaron al Estado que denuncien bolsones de tolerancia a dichas violencias, que perfeccionen herramientas de recolección de datos, porque la ausencia de ellos invisibilizan realidades dolorosas; además que refuercen las medidas de protección como refugios; y medidas preventivas como garantizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos como marca la Ley 26. 150, ya que no se cumple. En relación a derechos sexuales y derechos reproductivos, solicitaron que se garantice el acceso a abortos no punibles porque hasta el momento sólo 8 provincias han adoptado regulaciones que lo respetan, en línea con el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012. Al tiempo que solicitaron que se avance con la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto.

La relatora de la ONU remarcó: “Los desafíos que enfrenta el país son enormes. Valoro el movimiento Ni Una Menos que colocó el tema de los femicidios en el foco del mundo, desafiando así al gobierno para intensificar sus esfuerzos con vista a ponerle fin a este tipo de violencia y prevenirla”. Además apuntó a las causas estructurales del fenómeno: “La violencia contra la mujer se encuentra reflejada en las desigualdades y discriminación contra la mujer, por lo que su prevención y erradicación debe basarse en el logro de una igualdad de género y en el empoderamiento de la mujer mediante la prevención, protección y persecución de los hechos en forma holística, en todo el país, en cada una de las provincias, lo que no sucede en la actualidad”.

Desde la Red de Género de ADPRA, pedimos un fuerte compromiso a las Defensorías del Pueblo del país para ser parte de esta transformación cultural, cumpliendo y haciendo cumplir la normativa municipal, provincial, nacional e internacional a la que adhiere la Argentina con fuerza de ley; instrumentos destinados a proteger a niñas y mujeres.

Recordamos que los Estados tienen la obligación de enfrentar este flagelo que afecta la vida de millones de mujeres de modo cotidiano y que en muchos casos llega a la muerte. Y se reclama un esfuerzo especial y con todos los recursos de que dispongan para cambiar esta dolorosa realidad.

Tenemos la responsabilidad de seguir profundizando esta luchar para lograr que todas las niñas y mujeres gocen del derecho a “vivir una vida libre de violencias” y de hacer realidad los principios rectores de los Derechos Humanos: los principios de igualdad y no discriminación.

Sobran los diagnósticos. Cada rincón del Estado debe transformarse para cumplir los objetivos de nuestra Ley Nacional (Ley 26. 485) de “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Estamos muy lejos de esos objetivos y con enormes deudas de parte de los Estados Nacional, Provincial y Municipal que no tienen ninguna excusa para desconocer las Leyes existentes y sus obligaciones. La tarea no es sencilla. Se trata de un problema complejo, multicausal, y los problemas complejos requieren de respuestas complejas con múltiples abordajes.

Comprendemos que el gran cambio cultural inicia en cada persona y requiere de tiempo, pero las obligaciones del Estado no pueden ser eludidas ni postergadas ante los hechos que debemos lamentar.

Recordemos que en 1996, nuestro Parlamento sancionó la Ley 24.632 en la que aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer – “Convención de Belem do Pará”. Recordemos que en el año 2003 se aplicó en un proceso judicial, la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano en el caso María da Penhna, condenando al Estado de Brasil por no haber hecho lo suficiente para evitar que la mujer quedara paraplégica luego de que su marido le disparara en la columna, tras haber hecho innumerables denuncias de violencia hacia su ex pareja.

En 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas. Además, estableció recomendaciones de naturaleza individual para el caso y también de políticas públicas para el país, entre ellas la de completar el procesamiento penal del responsable; proceder a una investigación y responsabilización en relación con las irregularidades y retrasos injustificados en el proceso; proveer una reparación simbólica y material a la víctima; promover la capacitación de funcionarios judiciales y policiales especializados; simplificar procedimientos judiciales penales; promover formas alternativas de solución de conflictos intrafamiliares; multiplicar el número de Comisarías de la Mujer con recursos especiales y brindar apoyo al Ministerio Publico en sus informes judiciales; incluir en los planes pedagógicos unidades curriculares sobre el respeto a la mujer, sus derechos, la Convención de Belém do Pará y el manejo de conflictos intrafamiliares.

Este fallo, alerta sobre la responsabilidad Estatal y las consecuencias que puede acarrear su desconocimiento”.

Dra. Andrea Galaverna, Coordinadora de la Red de Género de Adpra

Se analizarán los contratos de alquiler y de compraventa y su incidencia en la vida cotidiana

 

 

El viernes, a las 9, comenzará la tercera y última jornada de actualización del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su relación con aspectos de la vida cotidiana, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná junto con la Asociación del Personal Superior (APS) del municipio local. La actividad será en la sede de la APS, en calle Monte Caseros 265.

En esta oportunidad se analizará el Derecho Contractual. El temario comprenderá el contrato de locación, haciendo hincapié en los de alquiler de inmuebles, y contratos de compraventa, entre otros.

Los expositores serán los abogados especialistas en contratos civiles y comerciales Elena Albornoz y Rodrigo Devinar.

Las jornadas son abiertas y gratuitas y el objetivo que motorizó la organización de la actividad es la difusión y promoción del conocimiento de los derechos, con el fin de que los ciudadanos se interioricen y exijan su cumplimiento.

La primera de tres jornadas se desarrolló el 9 de noviembre  y se basó en el Derecho de Familia, poniendo énfasis en aspectos como la unión convivencial, el esquema de conformación de bienes, el matrimonio, el divorcio y la adopción, entre otros. La segunda se realizó el viernes pasado y se enfocó en el Derecho del Consumidor y lo que debe tener en cuenta el ciudadano al momento de, por ejemplo, contraer un préstamo en una financiera o en una compra en cuotas. También se mencionó la importancia del libro de queja y detalle del uso de la tarjeta de crédito.

La Defensoría del Pueblo renueva la invitación a los vecinos a participar de la jornada del viernes, donde además de acceder a información, se podrá realizar consultas a los expositores.

Se entregarán certificados de asistencia al finalizar la jornada. Para más información, los interesados pueden escribir a defensoriaparana@gigared.com.

 

Con la participación de vecinos, finalizó el Ciclo Diálogos en la Comunidad

 

 

El Defensor Luis Garay, junto a vecinos, en una de las instancias del ciclo.

El viernes 18 concluyó el Ciclo de Diálogos en la Comunidad, edición 2016, organizado por el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, con una exitosa convocatoria a lo largo del año.

“Saber estar en mi comunidad. Darse cuenta y hacerse cargo” fue la propuesta con la que se cerró el ciclo. El tema se abordó en dos talleres realizados en el Centro de día Virgen de la Esperanza, ubicado en Avenida Selva de Montiel 1695.

Con trabajos al aire libre y experiencias grupales, los encuentros se desarrollaron con reflexiones y en el marco del enfoque gestáltico, coordinados por Leticia Costa, Viviana Poggio y Paola Silberman.

En octubre hubo otros dos talleres referidos a cómo surgen los conflictos de la convivencia y las distintas formas de tramitarlos y transformarlos recomendadas desde el paradigma de la resolución pacífica y colaborativa de las controversias.

Una particularidad del ciclo en 2016 fue que los talleres circularan por la ciudad,  cambiando de sedes y barrios. Así, en mayo comenzó un módulo de tres encuentros sobre Programación Neurolingüística, en la Asociación Civil Barriletes, y otros tres sobre Biodanza y un camino para el encuentro humano se concretaron en junio en la Escuela Nº 190 Obispo Gelabert y Crespo. En la segunda etapa, en el último semestre, se realizaron cuatro talleres: dos sobre Los conflictos de la convivencia. Influencia de las emociones y percepciones, en el anexo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en calle Urquiza 732, y los dos finales, en el Centro de Día Virgen de la Esperanza.

La actividad incluyó momentos de reflexión y debate al aire libre.

El ciclo comenzó en 2015, con el fin de promover acciones y espacios tendientes a facilitar herramientas para el abordaje adecuado de los conflictos cotidianos y la prevención de la violencia, apuntando a compartir reflexiones y realizar aportes constructivos a la convivencia. Tras el éxito de la propuesta que congregó a más de cien participantes por jornada, se reeditó este año con la particularidad del cambio de sede de dictado de los talleres con el fin de acercar la propuesta a vecinos de distintos puntos de la ciudad.

Con el paso de decenas de ciudadanos por estas instancias de reflexión, debate e intercambio se cierra el ciclo, con la firme intención de instrumentar una nueva reedición el próximo año.

La Defensoría del Pueblo agradece la colaboración de todos los docentes que brindaron su tiempo y experiencia de manera generosa para el desarrollo de estas propuestas.

 

 

 

Con nutrido público, se trataron las relaciones de consumo y la ley

 

 

 

La apertura estuvo a cargo de Horacio Gaitán, de la Defensoría del Pueblo.

Se realizó este viernes la segunda de tres jornadas programadas sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su injerencia en la vida diaria.

Con una notable afluencia de público, se abordó el Derecho del Consumidor contemplado en la nueva norma y su relación con las operaciones habituales y comunes de consumo.

Sobre el tema se refirieron  las abogadas Mariela Panceri y Sandra López, integrantes del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec), junto al director de Defensa del Consumidor municipal, Dr. Pablo Gabioud, quien ofició de moderador. La apertura del encuentro y la coordinación tuvo a cargo de Horacio Gaitán, integrante de la Defensoría del Pueblo de Paraná, quien se refirió al tema y a las principales consultas y dudas que recepta la institución de parte de vecinos de la ciudad. Explicó que la Defensoría interviene en reclamos en torno de relaciones no comprendidas por la legislación como el acuerdo de palabra (sin contrato) de alquiler o la contratación de un servicio sin que medie factura (como arreglo de un electrodoméstico).

El director de Defensa del Consumidor municipal ofició de moderador.

Por su parte, Gabioud habló sobre el alcance y trabajo de Defensa del Consumidor de Paraná y respecto de las normas que fijan la actividad del área. La importancia del libro de queja y las diferencias entre lo que establece la ley y lo que suelen implementar algunos comercios en cuanto al uso de la tarjeta de crédito fueron algunos de los aspectos abordados por el responsable de la dependencia municipal.

 

Seguidamente, Sandra López hizo un resumen de la evolución en el tiempo de la consideración del derecho del consumidor en la legislación nacional hasta llegar al Código Civil y a las leyes vigentes. Tras delinear ese marco, comentó que hay juzgados civiles donde aún hay cierta lentitud en aplicar los términos de la norma en materia de consumo y concluyó en que resulta de suma importancia que los ciudadanos conozcan los derechos que los asisten en esta temática.

 

Sandra López, integrante del Codec.

A su turno, Mariela Panceri se refirió a la norma vigente y lo aplicó a casos concretos como la toma de un préstamo en una financiera o la compra a plazo en una casa de electrodomésticos. En ambas situaciones, puntualizó lo que tiene que tener en cuenta el ciudadano de acuerdo a lo establecido por la ley.

El detalle y las recomendaciones se informarán en próximas notas.

Luego de las exposiciones, se abrió el espacio a las preguntas del público presente.

 

La actividad es organizada por la Defensoría del Pueblo junto a la Asociación del Personal Superior del municipio (Aps) con el propósito de promover y hacer circular información sobre los derechos ciudadanos. En vista de ese objetivo, se trata de jornadas abiertas y gratuitas con convocatoria especial a empleados de la administración pública provincial y municipal.

 

Mariela Panceri, integrante del Codec.

El ciclo de jornadas cierra el próximo viernes 25 con el abordaje del Derecho Contractual, siendo el contrato de alquiler uno de los principales temas. El inicio fue el 9 de noviembre con una jornada dedicada al Derecho de Familia (matrimonio, divorcio, adopción, división de bienes).

La convocatoria para el viernes que viene será a las 9, en el salón de Aps, en calle Monte Caseros 265.

Para más información, los interesados pueden escribir a defensoriaparana@gigared.com.

A CONTINUACIÓN, LOS LINK CON LAS EXPOSICIONES DE MARIEL PANCERI Y SANDRA LÓPEZ, INTEGRANTES DEL CODEC.

https://soundcloud.com/user-483009091/whatsapp-audio-2016-11-18-at-120739-pm

https://soundcloud.com/user-483009091/whatsapp-audio-2016-11-18-at-121102-pm

Jornadas abiertas: Para saber qué hacer en una relación de consumo

Mañana, viernes, se realizará la segunda jornada de actualización del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su influencia en la vida cotidiana.

En esta oportunidad, el tema girará en torno del Derecho del Consumidor.  Qué hay que tener en cuenta al comprar un producto, contraer un préstamo o contratar un servicio o bien a plazo, cómo operan las garantías y los beneficios del adquirente serán algunos de los aspectos que se abordarán en la actividad que se realizará a partir de las 9, en calle Monte Caseros 265.

La participación es abierta y gratuita, por lo que la Defensoría del Pueblo invita a los vecinos  a participar, obtener información y hacer consultas.

La actividad es organizada por la Defensoría en conjunto con la Asociación de Personal Superior (Aps) del municipio local con la intención de facilitar información y promover el debate en torno de la nueva norma mediante el abordaje de expositores, especialistas en las temáticas.

Mañana abordarán la temática referida a los derechos previsto por el nuevo código a los  consumidores las abogadas Mariela Panceri y Sandra López, integrantes del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec), junto al director de Defensa del Consumidor municipal, Dr. Pablo Gabioud. Participará como moderador Horacio Gaitán, integrante de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

El ciclo de jornadas empezó el 9 de noviembre con una jornada dedicada al Derecho de Familia y el tratamiento de tales como matrimonio, divorcio, adopción, división de bienes, y finalizará el próximo viernes 25 con el abordaje del Derecho Contractual. El temario de este último día  comprende contrato de locación y contrato de compraventa, entre otros puntos.

Para más información, los interesados pueden escribir a defensoriaparana@gigared.com.

 

Se abre la inscripción de mediadores comunitarios en la Defensoría del Pueblo

 

Desde el lunes 14 al viernes 18 de noviembre estará abierta la inscripción para integrar el Registro de Mediadores Comunitarios 2017 del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná.

Los interesados deberán cumplimentar los siguientes requisitos: tener título del nivel secundario y formación en mediación (capacitación básica de 100 horas con curso introductorio, entrenamiento y pasantía), avalada por una institución inscripta en el Ministerio de Justicia de la Nación.  Para anotarse, los postulantes deberán presentar fotocopias de ambos certificados, como así también podrán añadir los comprobantes de otros niveles educativos (terciario y universitario) si los tuvieran.  A la documentación se tendrá que adjuntar el currículum vitae con foto, concurrir personalmente a la oficina del Centro de Mediación, en Monte Caseros 161, de 8 a 12.30, y completar la ficha de inscripción. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al  (0343) 4211029 o a mediacionparana@hotmail.com

El Centro de Mediación se dedica  al abordaje pacífico y colaborativo de los conflictos entre vecinos. Trabaja en torno de ese objetivo desde noviembre de 2003 y lo hace en el marco de la ordenanza Nº 8.391, norma que instauró la Defensoría del Pueblo en Paraná y  al Centro de Mediación como un área de la institución.

La intervención de los mediadores que integran el Registro del Centro es ad honorem y se  funda en el convencimiento de que una mejor convivencia es posible a través del diálogo, la cooperación y la comprensión entre las personas. El trabajo en estas condiciones representa  un gran compromiso hacia los ciudadanos de Paraná y una muestra de solidaridad con el otro.

El Registro está conformado por mediadores provenientes de distintos ámbitos de formación académica y laboral.

La diversidad en el padrón de mediadores y el sostenimiento en el tiempo ha colocado al Centro de Mediación de Paraná, como pionero  en la provincia y  un punto de referencia a nivel nacional e incluso, de países vecinos.  A estas características se suma el volumen de la nómina: desde 2011 superan el centenar. El Registro actual está compuesto por 127 mediadores, y cada año se suman nuevos integrantes, así como renuevan su permanencia quienes cumplen con los requisitos exigidos para la continuidad.

El Registro de Mediadores Comunitarios tiene una intensa actividad, ya que se ofrecen instancias regulares de capacitación, reflexión e intercambio.

Los mediadores son siempre convocados a mediar en equipos de co-mediación.


Temas de mediación

Cabe recordar que de acuerdo a la ordenanza, el ámbito de aplicación del Centro son los conflictos entre vecinos. Se excluyen las cuestiones laborales, penales y familiares, excepto los aspectos patrimoniales relativos a éstas últimas.

Los temas más frecuentes son aquellos que alteran la convivencia: filtraciones de humedad, ruidos molestos, medianería, mascotas, inconvenientes ocasionados por construcciones, árboles, desagües, uso de espacios comunes, entre otros.

En el período abarcado por el último Informe Anual de la Defensoría se registraron 230 solicitudes de mediación y otro número similar sumaron los casos derivados por la Justicia local, en el marco de un convenio entre ambas instituciones existente desde 2013. Este último grupo reúne asuntos referidos a conflictos de convivencia entre vecinos, con instancias de agresiones verbales y hasta físicas, en los casos en que éstos no tramitan en el ámbito penal.

El Centro y sus integrantes han recibido reconocimientos por su vocación y trabajo.

Reconocimiento

En noviembre de 2013, el Centro de Mediación fue designado Embajada de Paz, portadora de la Bandera Internacional de la Paz con el símbolo de los tres círculos diseñada por Nicolás Roerich, distinción otorgada por las Fundaciones Mil Milenios de Paz y Paz, Ecología y Arte. En septiembre de 2016, el Centro y los mediadores integrantes del Registro recibieron el reconocimiento de la Casa de la Pax Cultura como Constructores de Paz.

 

Con el análisis de aspectos de la familia, se realizó la primera jornada sobre el nuevo Código

 

Los abogados Martín Rodrigo Navarro y Claudia Emilia Salomón.

La primera de tres jornadas sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y sus implicancias en la vida cotidiana se desarrolló este miércoles. La propuesta fue abordar el Derecho de Familia, poniendo énfasis en aspectos como la unión convivencial, el esquema de conformación de bienes, el matrimonio, el divorcio y la adopción, entre otros.

La actividad es organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná junto a la Asociación del Personal Superior (Aps) del municipio local y tiene el objetivo de difundir y promover el conocimiento de los derechos, con el fin de que los ciudadanos los interioricen y exijan su cumplimiento. La apertura estuvo a cargo del Defensor del Pueblo, Luis Garay, quien expresó la importancia de la iniciativa encarada en conjunto entre la institución y el gremio en favor de brindar una instancia de información y capacitación. Seguidamente, Fabricio Rematal, de Aps, dijo que el tipo de actividad fortalece a la asociación y aporta a la capacitación, al tiempo que recalcó también la organización mancomunada. Participó el Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los abogados Claudia Emilia Salomón, especialista en Derecho Penal y en Derecho de Familia y Niñez y exdefensora de Pobres y Menores y exjueza de Familia de Paraná; y Martín Rodrigo Navarro, quien fue Juez Penal en la Ciudad de Comodoro Rivadavia y se diplomó en Derecho Constitucional. Actualmente es Jefe del Departamento Jurídico y Servicios Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná.

El inicio estuvo a cargo de Martín Navarro quien marcó las diferencias conceptuales del nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el 1 de agosto de 2015,  con el anterior, escrito en el siglo XIX.

Mencionó el cambio de cosmovisión: de personal y un criterio capitalista en lo que refiere a los bienes a un derecho colectivo, como por ejemplo, el medio ambiente y donde las situaciones individuales se consideran en un contexto. También, citó la introducción del nuevo código del reconocimiento y protección de la dignidad de la persona.

En cuanto a las uniones convivenciales, terminología que reemplaza a la anterior de concubinato o unión de hecho, se trata de la incorporación de nuevas formas de vivir en familia. De hecho, el matrimonio viene dando lugar a otros tipos de uniones. Así lo reflejan los resultados del Censo de 2010: sólo el 60% de las uniones son en matrimonio, el resto ha optado por otras formas, expresó Navarro.

La abogada Claudia Emilia Salomón se refirió a la nueva normativa en cuanto a divorcio y adopción. En forma detallada y contrastada con la práctica con anclaje en casos concretos, la especialista analizó las disposiciones nuevas en relación con las anteriores. Se refirió al matrimonio, a la separación y al divorcio, proceso este último que ahora se desencadena con la sóla petición de una de las partes de la pareja. En ese sentido, remarcó que el Código actual introduce el principio de “autonomía de la voluntad”, volviendo más simple el proceso. Respecto de la adopción, hizo una pormenorizada comparación entre el viejo sistema y el actual y  puntualizó, entre otros aspectos, que el nuevo Código establece plazos y que el niño, niña y adolescente y su decisión es lo gravitante en el proceso.

A CONTINUACIÓN, LOS LINKS PARA ESCUCHAR LAS EXPOSICIONES:

La actividad fue organizada por la Defensoría junto con la Aps.

Próximas jornadas

La segunda jornada será el 18 de noviembre y se abordarán temas relacionados al Derecho del Consumidor. Concretamente, se analizará el funcionamiento de las financieras, condiciones de préstamos dinerarios y pagarés de consumo. Y la tercera y última jornada será el 25 de noviembre sobre Derecho Contractual. El temario comprende contrato de locación y contrato de compraventa.
Para más información, los interesados pueden escribir a defensoriaparana@gigared.com.

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