Colectivos: la Defensoría del Pueblo formalizó su pedido de prórroga hasta 2018

Los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto), elevaron hoy una nota a la presidenta del Concejo Deliberante local, Josefina Etienot, para formalizar la posición de la institución sobre aspectos del servicio transporte urbano de pasajeros en colectivo y las condiciones en análisis en el marco de un futuro llamado a licitación. Concluyeron que resulta necesario posponer el proceso hasta 2018, año en que vencen los permisos de cuatro líneas -4,6,15 y 22- reguladas a través de permisos provinciales, pero  con alto impacto en el servicio urbano, y encarar un trabajo con una mirada integral que incluya otros tipos de transporte. Asimismo, solicitaron que se atiendan los resultados de tres estudios técnicos realizados en los últimos ocho años, plantearon algunas dudas  y pidieron que los  planteos sean remitidos a la comisión pertinente Cuerpo.

A continuación, los puntos de la nota:

-“Las dudas que generan la redacción y alcance del Artículo 5 del proyecto del pliego de bases y condiciones generales para el llamado a licitación pública para adjudicar la concesión para la prestación del servicio integrado de transporte público de pasajeros. Concretamente preocupa la formulación expresa, con la consecuente garantía de protección a la economía del concesionario, en casos de que el Ejecutivo decida modificar aspectos del servicio con un impacto que sobrepase el 5% de la ecuación económica. En contraste, no se contempla resarcimiento en favor del Estado cuando se resuelvan mermas en el servicio. Se sabe que en cada período de receso escolar, de verano e invierno, como así también en días y horas determinados, el servicio se reduce.

-La necesidad de la fehaciente consideración en el proyecto del pliego de conceptos, resultados y recomendaciones contenidas en tres estudios técnicos realizados en los últimos ocho años. Ellos son: 1. Diagnóstico Preliminar del Sistema de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Paraná y su Microregión, realizado en 2008, por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Santa Fe y Entre Ríos. 2. Diseño conceptual del sistema de Transporte público de la ciudad, realizado en 2011 por la empresa brasileña Logitrans, 3. Paraná Emergente y Sostenible, Equilibrio Territorial para la Equidad Social Ambiental y Productiva, iniciado en 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presentado oficialmente en abril de 2015.

-En las consideraciones de dichos estudios, se impone considerar la temática del transporte en base al concepto de movilidad de la ciudad capital en armonía con el área metropolitana, como así también de servicios de colectivos en combinación con otros medios como el tren.

-La necesidad de estudiar profundamente el caso de las cuatro líneas que quedan fuera de este proyecto por considerarse de tipo suburbana, bajo la jurisdicción de la Provincia. Ellas son la 4, 6, 15 y 22, líneas que más allá de las definiciones de competencia de uno u otro Estado, brindan también un servicio de transporte urbano, entre distintos puntos de Paraná, y son consideradas las vías que concentran mayor cantidad de pasajeros. Los operadores tienen permiso provincial hasta 2018. Sobre este aspecto, algunos interrogantes son: ¿ habría diferencia de prestación para usuarios de Paraná de estas líneas en relación a cualquiera de las demás respecto, por ejemplo, a las obligaciones relacionadas a la inclusión de unidades accesible para personas con discapacidad? Otra duda consiste en: ¿ Qué pasaría con la prestación de esas cuatro líneas si se impusiera en el llamado a licitación empresas diferentes a las actuales concesionarias, a cargo también de las 4, 6, 15 y 22?

- También hay dos líneas que actualmente se hallan en servicio, y que no han sido incluidas en este pliego: Linea 12 y Linea 20. Su interrupción sería una merma considerable con respecto al servicio que hoy se brinda.

-Se impone además poder contar con datos claros y precisos. Uno, la cantidad de unidades ciertamente afectadas a la prestación. En cuanto a la exigencia de la inclusión del 20% de coches adaptados a las normas de accesibilidad universal a la flota, resulta imperioso conocer sobre qué número se aplicará ese porcentaje.

- Asimismo, se hace estrictamente necesario tanto para los órganos de control como para la ciudadanía, poder acceder en tiempo real, “ on line” a los informes del sistema de GPS con que cuenta la Municipalidad de Paraná, sin ningún tipo de mediación burocrática. Esta necesidad se impone incluso hoy mismo, como imprescindible para conocimiento público del grado de cumplimiento de las prestaciones ( nº de coches ).

-La inclusión en el artículo 19 del proyecto del pliego de la higiene diaria de las unidades. Esto implica la necesaria imposición de la obligación de realizar un lavado diario de la carrocería de las unidades, externo e interno.

-La inclusión dentro del Órgano de Control creado por la ordenanza de marco regulatorio de las asociaciones que nuclean a diversas comisiones vecinales de nuestra ciudad.

Por lo expresado, y ante la falta de tiempo para desarrollar la exposición en la Audiencia Pública realizada el 20 de diciembre de 2016, solicitamos a través de esta nota que se considere el pedido de esta Defensoría para que se prorrogue la concesión actual hasta 2018, año en que vencerán los permisos de las cuatro líneas mencionadas. Mientras tanto, se podrá abordar en forma integral el diseño de un sistema de transporte que abarque las necesidades de los usuarios de Paraná y su microrregión. Para ello se propone un trabajo en conjunto con Intendentes y Concejos Deliberante de las localidades abarcadas (San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda), organizaciones intermedias y usuarios.

Seguidamente, peticionamos tengan a bien comunicar estas inquietudes a la comisión pertinente del Cuerpo, al tiempo que quedamos a disposición para avanzar en el análisis y aportar ideas y trabajo relacionados al tema”.

Colectivos: la Defensoría pedirá que se haga un análisis integral e inclusivo de la microregión

 

Participación en la Audiencia Pública.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná participará de la Audiencia Pública, convoca por el Municipio para este jueves 29, sobre el transporte público en colectivo y el eventual llamado a licitación de oferentes en el marco de la renovación de la concesión.

Lo hará a través de su titular, el Defensor del Pueblo Luis Garay, quien expondrá la posición asumida por la institución, luego de acceder a los pliegos elaborados por el Ejecutivo municipal y actualmente, en análisis, en el Concejo Deliberante.

De acuerdo a los postulados de ese documento, a las condiciones del servicio actual de colectivos y a los informes técnicos elaborados en los últimos ocho años por tres autores diferentes, el Defensor Luis Garay propondrá que se prorrogue la decisión hasta 2018 y que en ese lapso de tiempo se analice de forma integral un sistema de transporte que incluya a los municipios vecinos (Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda), tal cual sucede hoy, en la práctica.

Sucede que el pliego de licitación no incluye cuatro de las 16 líneas existentes operadas por las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno.  Se trata de la 4, 6, 15 y 22-, líneas considerarlas suburbanas, una categoría cuyo poder concedente está en mano de la Provincia y no del Municipio de Paraná. En los hechos, esas líneas tienen también un recorrido urbano, trasladando pasajeros de un punto a otro de Paraná. El permiso, otorgado por la Provincia a las empresas que operan esas cuatro líneas, vence en 2018.

Por ello, y en vista de que los estudios técnicos han desarrollado diagnósticos y propuestas en base a la microregión, considerando insoslayable el flujo de pasajeros, la propuesta de la institución consiste en encarar un trabajo mancomunado entre los Municipios vecinos, la Provincia, la Comuna de Paraná, los Concejos Deliberantes, organizaciones de usuarios, para de esa forma lograr delinear un sistema de transporte que responda a las necesidades y demandas de los usuarios la ciudad capital y de las localidades satélites.

También, en este análisis, se deberían contemplar algunas cuestiones que a simple vista no aparecen resueltas en el pliego actual. Por ejemplo, el bosquejo de un sistema de comunicación por colectivo que contemple: la instalación de una nueva terminal de ómnibus en la zona norte de la cuidad, la posibilidad de combinación con otros tipos de transportes  (el tren y la estación ferroviaria y puntos de paradas), la construcción de estaciones de trasbordo y, un punto fundamental, los circuitos de recorridos troncales en relación con otros accesorios que cubran la mayor parte de los barrios de la ciudad.

También, la necesidad imperiosa de la instalación de refugios acordes a las exigencias de protección del sol, la lluvia y el frío; la debida señalización y un sistema efectivo de información al usuario.

En definitiva, se aspira a la elaboración de un sistema que tenga como centro al usuario, el respecto a su tiempo (las esperas en las paradas viene siendo un reclamo histórico), y el derecho de viajar en condiciones de seguridad y comodidad. De esa forma, y sólo de esa, se podría incrementar el uso del transporte público en detrimento de la utilización de vehículos particulares para viajar a trabajar, estudiar, al centro y viceversa. Un propósito buscado en todas las ciudades cuyo objetivo sea la superación.

El servicio de transporte público es un derecho ciudadano y cualquier sistema que se pretenda delinear e instrumentar, deberá tener como interés predominante al usuario.

La Defensoría del Pueblo pidió información sobre la intención de vender edificios municipales protegidos

Uno de los edificios incluidos en un proyecto de venta es el de Monte Caseros 159.

 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná solicitó información a la presidente del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, mediante una nota elevada el jueves, tras la difusión de la existencia de un proyecto de ordenanza del Ejecutivo municipal que incluye la intención de vender el edificio de calle Monte Caseros 159, lugar donde funciona esta institución desde su inicio, en 2003. Junto al inmueble de calle Monte Caseros 159, figuran dos en 25 de Mayo y uno en Alem 822. Los tres primeros, son edificios comprendidos por inventarios de sitios protegidos.

La información tomó de sorpresa a la institución, cuyos integrantes se enteraron el jueves por la publicación de la existencia del proyecto, elaborado por el Ejecutivo, con ingreso al Concejo en la sesión de ayer.

La sede de la Defensoría y la propiedad ubicada sobre la calle 25 de Mayo 116 y 128  “cuentan con Declaratorias Municipal y Provincial (Ordenanza 7305 – Decreto 6676/03, respectivamente) estando incorporadas al inventario del Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Ciudad de Paraná”, consigna la nota, para añadir seguidamente el pedido de información a la presidente y al Cuerpo.  Se solicitó conocer “los fundamentos del proyecto referido, como así también y especialmente previo a definir su aprobación, se contemple las normativas vigentes y prevea medidas concretas que protejan y conserven dichos edificios, su identidad y memoria histórica”.

Más de un centenar de mediadores se anotaron para conformar el Registro de la Defensoría del Pueblo

 

 

Los integrantes del Registro 2017 participaron de un taller de reflexión.

El Registro de Mediadores Comunitarios Voluntarios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná quedó constituido por 105 integrantes para 2017, mientras que hay 20 anotados de manera provisoria  debido a que les resta completar requisitos.

La nómina se actualiza cada año, en noviembre. Por ello, el Registro se renovó tras el llamado a inscripción, realizado desde el 14 a 18 del mes pasado.

Del total de 105 mediadores, 25 se inscribieron por primera vez, 10 volvieron luego de períodos de ausencia y 70 permanecen desde hace uno o más años. Por ejemplo, hay 13 mediadores que pertenecen al Registro desde el inició el Centro de Mediación y el primer Registro, en noviembre de 2003.

El número de integrantes puede si la veintena de mediadores que permanecen inscriptos en calidad de “provisorios”, completan la capacitación anual, un requisito solicitado para ingresar a la nómina junto a la presentación de los certificados del nivel secundario y formación de mediación, avalada por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Alojar al otro fue el tema del taller.

El Registro de Mediadores Comunitarios tiene una intensa actividad. A la par de la intervención en procesos de mediación entre vecinos, a partir de solicitudes ingresadas al Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, los integrantes del Registro tienen la posibilidad de participar de instancias regulares de capacitación, reflexión e intercambio de experiencias. Concretamente, la institución brinda talleres trimestrales, reuniones de intercambio y un curso de actualización anual a cargo de especialistas con reconocimiento nacional e internacional. Esta instancia de formación es una de las obligatorias.

El martes pasado, se realizó el primer taller de reflexión: se dictan cuatro en el transcurso de vigencia de cada Registro y es requisito asistir al menos a dos para poder re-inscribirse. Alojar al otro fue la temática. En la oportunidad se dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Registro. El encuentro se llevó a cabo en la Sala del instituto Audiovisual de Entre Ríos.

El Registro de Paraná está conformado por mediadores provenientes de distintas disciplinas y oficios, por lo que entre sus características sobresalientes a nivel nacional cuenta el abordaje interdisciplinario, el trabajo ad honorem de sus integrantes y la cantidad de mediadores que se anota cada año para brindar un servicio solidario a la comunidad.

La reunión fue la primera del Registro actualizado.

La tarea requiere de un fuerte compromiso social,  pues radica en ser parte de un proceso de acercamiento de las personas en conflicto, con el fin de lograr una solución pacífica y colaborativa mediante el entendimiento de los vecinos involucrados.

La Defensoría del Pueblo de Paraná ofrece la mediación de forma gratuita a los vecinos. El proceso de mediación es voluntario, participativo y confidencial. En ese ámbito, los ciudadanos pueden hallar instancias de encuentro, acuerdo y solución a los problemas o diferencias.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al  (0343) 4211029 o a mediacionparana@hotmail.com

 

Suba del gas:El Defensor pidió que se considere el cálculo oficial de la inflación

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó en carácter de expositor de la audiencia pública realizada hoy, en Santa Fe, para definir un nuevo cuadro tarifario del gas natural que regirá desde el año que viene hasta 2021.

Después de escuchar la exposición de los representantes de empresas distribuidoras del Litoral del país y los respectivos pedidos de incrementos: la prestadora local Redengas solicitó una suba de más del 30%, el Defensor del Pueblo consideró “excesivos” los aumentos solicitados y los relacionó con la proyección inflacionaria que el gobierno nacional hace para 2017, del orden 17%. A eso le añadió el hecho de que el cuadro tarifario será quinquenal e incluirá actualizaciones semestrales de precios, fijados en base al índice inflacionario oficial.

“El bolsillo del trabajador es uno”, dijo el Defensor Garay al referirse al impacto que tendrá un nuevo incremento que se sumará al ya aplicado durante este año.

Al respecto, como Defensor del Pueblo de Paraná y vicepresidente segundo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), advirtió el rol de estas instituciones, que son “una verdadera caja de resonancia” de lo que les pasa a los ciudadanos con, por ejemplo, los incrementos de los servicios. Y mencionó que este año, todos los días se escucharon en la Defensoría quejas y lamentos de usuarios con dificultades para llegar a fin de mes y pagar las boletas.

Paralelamente, consideró que las empresas distribuidoras realizaron estudios “muy serios y prolijos”, en base a sus propias preocupaciones e intereses; pero pidió al gobierno nacional no perder de vista la situación de los usuarios, de los ciudadanos de a pie que no saben de los detalles sobre si se trata de costos de boca de pozo o distribución y que sí, en cambio, deben estar más que ocupados para poder llegar a fin de mes, abonar servicios, alimentar la familia y, en muchos casos, pagar el alquiler.

 

En ese sentido, pidió al Ejecutivo nacional que al analizar una eventual suba tenga en cuenta sus propias proyecciones -en relación a la inflación previstas para el año que viene- y que se atienda el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló los incrementos de principios de año, basado en los conceptos de “progresividad, proporcionalidad y razonabilidad” y en la consideración protectora de los más vulnerables, en este caso los usuarios. Seguidamente, se refirió a la quita de subsidios, decisión que consideró de alto impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores.

En otro tramo, hizo alusión concretamente a Redengas y coincidió con el pedido de la empresa local: que el gobierno nacional la considere en pie de igualdad de otras distribuidoras del país. Antes, desde la firma se había reprochado el trato desigual a partir de diferencias de conformación de origen. Garay justificó el requerimiento en que “indirectamente los beneficiarios van a hacer los vecinos de Paraná”.

En cuanto a un plan de inversiones presentado por la empresa, el Defensor del Pueblo lo consideró “muy importante”, pero se preguntó cómo se va a aplicar, quién lo va a auditar, qué pasará si no se cumple.

Por último, y en relación a la intención de instrumentar un amento a partir de abril próximo, pidió que se considere la posibilidad de aplazar la vigencia hasta después del invierno, época en que crece la demanda notablemente.

“Para nosotros es importante que se piense en el vecino, el ciudadano común que todos los días hace un esfuerzo para llegar a fin de mes (…). Pido que cualquier aumento que se otorgue sea prudente, progresivo y de acuerdo a un proceso inflacionario proyectado”, concluyó el Defensor.

El Defensor del Pueblo se reunió con funcionarios nacionales por la situación de beneficiarios del Procrear de Paraná

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, se reunió en Buenos Aires con funcionarios de Anses y del Banco Hipotecario de la Nación con el fin de que se reconsidere la situación de beneficiarios del Procrear paranaenses, cuyas viviendas quedaron sin terminar por falta de dinero.

Se trata de unos cincuenta casos, registrados por la Defensoría del Pueblo de Paraná, de titulares del Programa Crédito Argentino (Procrear) que recibieron la totalidad de las remesas entre el año pasado y principios de 2016, sin que los montos les alcanzaran para finalizar la construcción debido al notorio incremento de los precios que sufrieron los materiales en ese período. Así, hay casos que tienen un 80% de la obra concluida mientras que otros rondan el 60%.

Ante la situación, la posibilidad que se analizó sería el otorgamiento de un crédito complementario.

El Defensor del Pueblo conversó está alternativa con las funcionarias del Anses, Lic. María Eugenia López Isnardi, Directora General de Programas Especiales y Carmen Galán, Directora General de Programas Especiales Procrear; y el gerente de Banca Hipotecaria, Sergio Corradi, a quienes solicitó que se realice un análisis caso por caso y se otorgue una posibilidad financiera acorde.

Para eso, informaron que los organismos nacionales ya crearon una mesa de trabajo, en la que se evaluarán los listados –en este caso de Paraná, información que había sido alcanzada también por legisladores entrerrianos-. Asimismo, acordaron que la marcha de la tarea le será informada a la Defensoría de Paraná, con el fin de mantener una comunicación fluida que permita aceitar las gestiones.

El viernes, un grupo de beneficiarios del programa estuvieron en la Defensoría y se interiorizaron de las novedades.

 

Alquileres y compraventas, los temas de cierre de las jornadas sobre el Código Civil y Comercial

 

La apertura estuvo a cargo del Defensor Adjunto Pablo Donadío.

La tercera y última jornada de actualización del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su relación con aspectos de la vida cotidiana se realizó el viernes 25, con un marco importante de público. El tema giró en torno del Derecho Contractual, específicamente se habló sobre contratos de locación, haciendo hincapié en los de alquiler de inmuebles, y contratos de compraventa.

Los expositores fueron los abogados especialistas en contratos civiles y comerciales Elena Albornoz y Rodrigo Devinar. Y participó como moderador Horacio Gaitán, por la Defensoría del Pueblo.

La actividad fue organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná junto con la Asociación del Personal Superior (APS) del municipio local, con el propósito de difundir y promover el conocimiento de los derechos, con el fin de que los ciudadanos se apropien de ellos y exijan su cumplimiento.

La apertura estuvo a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío, quien remarcó la importancia y el objetivo de las jornadas, como motor de empoderamiento de derechos por parte de los vecinos, y valoró la posibilidad de haber encarado la organización conjunta con la APS.

Los expositores Elena Albornoz y Rodrigo Devinar junto a Horacio Gaitán (Izquierda de la foto).

A su turno, Darío Fernández, secretario general y adjunto de la Asociación destacó la instancia como un valioso espacio de información ofrecido a empleados públicos como también a la ciudadanía en general. En ese sentido, remarcó el hecho de haber podido participar en la organización de las jornadas y agradeció la invitación de la Defensoría del Pueblo.

La primera de tres jornadas se desarrolló el 9 de noviembre y se basó en el Derecho de Familia, poniendo énfasis en aspectos como la unión convivencial, el esquema de conformación de bienes, el matrimonio, el divorcio y la adopción, entre otros. La segunda se realizó el viernes 18 y se enfocó en el Derecho del Consumidor y lo que debe tener en cuenta el ciudadano al momento de, por ejemplo, contraer un préstamo en una financiera o en una compra en cuotas. También se mencionó la importancia del libro de queja y detalle del uso de la tarjeta de crédito. Y el cierre por este año de la actividad se desarrolló este viernes. El desarrollo del tema estuvo a cargo de las abogadas Mariela Panceri y Sandra López, integrantes del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec).

Darío Fernández de la APS valoró la instancia y el trabajo en conjunto con la Defensoría.

La Defensoría participa en la instrumentación de una oficina de atención de adultos mayores

 

 

 

El Defensor del Pueblo Adjunto participó del acto de inauguración de la oficina.

Una oficina denominada Posta Accesible para Adultos Mayores (PA) quedó inaugurada en Paraná este viernes 25.  El área funcionará en calle 9 de Julio 71, y se encaró a partir de un convenio entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná y el Municipio local.

La función del área será proporcionar asesoramiento e información sobre los derechos de los adultos mayores y respecto de la prestación de servicios, atención, y beneficios a los que pueden acceder en el ámbito del Estado. La intención es poder orientar y acompañar a las personas de esta franja etaria en sus dudas, reclamos y necesidades, ofreciendo información y ayuda técnica.

Con un acto oficial, en el que hubo corte de cintas, se habilitó la oficina, primera en su tipo en la provincia, con la presencia del intendente Sergio Varisco, el Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío, la titular de Relaciones Institucionales del Municipio, Estela Boeykens; el secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari; la directora de Adultos Mayores de Paraná, Roxana Toso y concejales, entre otros funcionarios.

La apertura de la ceremonia, que se realizó en la vereda y parte de la calle, estuvo a cargo de Estela Boeykens, quien dijo que la “posta significa darle más posibilidades a los adultos mayores para que puedan tener un lugar donde ser escuchados. Es parte de la democracia darle esta oportunidad y apuntar a darle mejor calidad de vida a los ciudadanos de esa franja etaria que ha sido muy olvidada”.

Le siguió en el uso de la palabra el Intendente. “Esta posta tiene que ver con el concepto de ocuparnos y dejar una sociedad más inclusiva. Nosotros creemos en el Estado protector de la vida del ser humano y en un municipio que se ocupe de este tema y que sea el primer lugar donde el ciudadano pueda asistir para manifestar sus necesidades e inquietudes”, sostuvo Varisco.

 

El acto incluyó la firma de un convenio.

Por su parte, el Defensor Pablo Donadío dijo que la Defensoría del Pueblo aceptó “el desafío y la propuesta” del concejal Emanuel Gainza y Estela Boeykens de abrir un espacio conjunto. Y comentó que la Defensoría viene trabajando en la promoción de derechos,   atendiendo fundamentalmente los distintos reclamos de adultos mayores. Explicó que en casos los planteos no tienen que ver con el ámbito municipal y mencionó cuestiones relacionadas a la salud y a aspectos previsionales, entre otros.

La oficina posee rampa de acceso y un baño especialmente adaptado. La oficina atenderá de lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Estuvo también en el acto Silvia Campos, titular de la  delegación Entre Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Por el derecho de las niñas y las mujeres a “vivir una vida libre de violencias”

 

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.  Ante la fecha, la Red de Género de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) emitió el siguiente comunicado:

“Hoy conmemoramos el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. La fecha recuerda el día que asesinaron a tres activistas políticas, las hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, las “Mariposas”, hecho ocurrido en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y en 1999, la Asamblea declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde entonces, distintos países del mundo toman esta fecha para sensibilizar y movilizar para lograr un cambio cultural que permita hacer realidad el derecho de cada mujer y cada niña a “vivir una vida libre de violencias”.

Somos parte de una cultural capitalista y patriarcal, desigual, inequitativa, que discrimina a las mujeres y busca someterlas. La violencia contra la mujer tiene sus raíces en esas desigualdades y la discriminación imperantes, y su prevención y erradicación debe basarse en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; tarea en que el Estado tiene un rol crucial.

La violencia contra la mujer, como forma de discriminación y violación de los derechos humanos, está prohibida por instrumentos internacionales de derechos humanos- tales como la Convención de la CEDAW- así como por tratados regionales como la Convención de Belém do Pará; legislación nacional, provincial y local.

Organismos internacionales alertan que las distintas violencias que padecen las mujeres son tan extendidas y persistentes que se trata de una pandemia global y denuncian una “impunidad generalizada debido a la falta de implementación de los instrumentos internacionales y regionales sobre los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres, además del fracaso en convertir estos instrumentos en una protección verdadera de cada mujer y de cada niña”.

Todas las instituciones del Estado, entre ellas las Defensorías del Pueblo como organismos cuyo objetivo central es la defensa de los derechos, con carácter urgente y en colaboración con la sociedad civil, deben intensificar esfuerzos para prevenir y erradicar todas las formas de violencia de género contra mujeres y las niñas.

Esta semana la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Šimonoviæ, visitó el país y advirtió al gobierno que el sistema argentino tiene “deficiencias considerables” para prevenir y enfrentar el fenómeno que constituye uno de los derechos humanos más extensa y sostenidamente vulnerados.

La relatora denunció que las mujeres que son víctimas de la violencia en el país “enfrentan un problema sistémico y generalizado”, que es “la falta de implementación de las normas internacionales y nacionales, con diferencias significativas entre las provincias, lo que resulta en un nivel de protección variable” para quienes denuncian y piden ayuda. Algo similar había señalado hace pocos días en Ginegra el Comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por su sigla en inglés).

Argentina debe dar cuenta periódicamente de sus avances en relación al cumplimiento de compromisos adquiridos; y en consecuencia, tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas hacen informes que permiten a los organismos internacionales ver si hay avances o no.

Los temas que se evaluaron: dispositivos estatales para prevención y asistencia de la violencia, registros estadísticos de casos; evaluación de cumplimiento de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos; políticas públicas destinadas a erradicar la violencia hacia las niñas y mujeres. Temas de los que se ocupan de modo recurrente las organizaciones de la sociedad civil que velan por la protección y promoción de los derechos; y que aportan insumos fundamentales a los informes de monitoreo, tanto internacionales como locales.

La relatora especial de Naciones Unidas y el Comité que monitorea el cumplimiento de la CEDAW destacaron los avances normativos de la última década; pero fueron muy duros en relación a las deudas pendientes que el Estado tiene para hacer cumplir las leyes para erradicar la violencia

Pidieron jerarquizar el Consejo Nacional de las Mujeres para convertirlo en Ministerio (vieja demanda de las organizaciones) para dotarlo de mayor presupuesto y recursos humanos destinados a la implementación de políticas. También pidió al poder judicial que capacite a jueces y policías, que se garantice el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, especialmente a las más pobre, que elabore estadísticas mejores a las que hace actualmente que no permiten reflejar la realidad en su dimensión ni identificar dónde están las fallas que impiden proteger y prevenir la violencia hacia niñas, mujeres y colectivos de la diversidad.

También solicitaron al Estado que denuncien bolsones de tolerancia a dichas violencias, que perfeccionen herramientas de recolección de datos, porque la ausencia de ellos invisibilizan realidades dolorosas; además que refuercen las medidas de protección como refugios; y medidas preventivas como garantizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos como marca la Ley 26. 150, ya que no se cumple. En relación a derechos sexuales y derechos reproductivos, solicitaron que se garantice el acceso a abortos no punibles porque hasta el momento sólo 8 provincias han adoptado regulaciones que lo respetan, en línea con el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012. Al tiempo que solicitaron que se avance con la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto.

La relatora de la ONU remarcó: “Los desafíos que enfrenta el país son enormes. Valoro el movimiento Ni Una Menos que colocó el tema de los femicidios en el foco del mundo, desafiando así al gobierno para intensificar sus esfuerzos con vista a ponerle fin a este tipo de violencia y prevenirla”. Además apuntó a las causas estructurales del fenómeno: “La violencia contra la mujer se encuentra reflejada en las desigualdades y discriminación contra la mujer, por lo que su prevención y erradicación debe basarse en el logro de una igualdad de género y en el empoderamiento de la mujer mediante la prevención, protección y persecución de los hechos en forma holística, en todo el país, en cada una de las provincias, lo que no sucede en la actualidad”.

Desde la Red de Género de ADPRA, pedimos un fuerte compromiso a las Defensorías del Pueblo del país para ser parte de esta transformación cultural, cumpliendo y haciendo cumplir la normativa municipal, provincial, nacional e internacional a la que adhiere la Argentina con fuerza de ley; instrumentos destinados a proteger a niñas y mujeres.

Recordamos que los Estados tienen la obligación de enfrentar este flagelo que afecta la vida de millones de mujeres de modo cotidiano y que en muchos casos llega a la muerte. Y se reclama un esfuerzo especial y con todos los recursos de que dispongan para cambiar esta dolorosa realidad.

Tenemos la responsabilidad de seguir profundizando esta luchar para lograr que todas las niñas y mujeres gocen del derecho a “vivir una vida libre de violencias” y de hacer realidad los principios rectores de los Derechos Humanos: los principios de igualdad y no discriminación.

Sobran los diagnósticos. Cada rincón del Estado debe transformarse para cumplir los objetivos de nuestra Ley Nacional (Ley 26. 485) de “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Estamos muy lejos de esos objetivos y con enormes deudas de parte de los Estados Nacional, Provincial y Municipal que no tienen ninguna excusa para desconocer las Leyes existentes y sus obligaciones. La tarea no es sencilla. Se trata de un problema complejo, multicausal, y los problemas complejos requieren de respuestas complejas con múltiples abordajes.

Comprendemos que el gran cambio cultural inicia en cada persona y requiere de tiempo, pero las obligaciones del Estado no pueden ser eludidas ni postergadas ante los hechos que debemos lamentar.

Recordemos que en 1996, nuestro Parlamento sancionó la Ley 24.632 en la que aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer – “Convención de Belem do Pará”. Recordemos que en el año 2003 se aplicó en un proceso judicial, la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano en el caso María da Penhna, condenando al Estado de Brasil por no haber hecho lo suficiente para evitar que la mujer quedara paraplégica luego de que su marido le disparara en la columna, tras haber hecho innumerables denuncias de violencia hacia su ex pareja.

En 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas. Además, estableció recomendaciones de naturaleza individual para el caso y también de políticas públicas para el país, entre ellas la de completar el procesamiento penal del responsable; proceder a una investigación y responsabilización en relación con las irregularidades y retrasos injustificados en el proceso; proveer una reparación simbólica y material a la víctima; promover la capacitación de funcionarios judiciales y policiales especializados; simplificar procedimientos judiciales penales; promover formas alternativas de solución de conflictos intrafamiliares; multiplicar el número de Comisarías de la Mujer con recursos especiales y brindar apoyo al Ministerio Publico en sus informes judiciales; incluir en los planes pedagógicos unidades curriculares sobre el respeto a la mujer, sus derechos, la Convención de Belém do Pará y el manejo de conflictos intrafamiliares.

Este fallo, alerta sobre la responsabilidad Estatal y las consecuencias que puede acarrear su desconocimiento”.

Dra. Andrea Galaverna, Coordinadora de la Red de Género de Adpra

Se analizarán los contratos de alquiler y de compraventa y su incidencia en la vida cotidiana

 

 

El viernes, a las 9, comenzará la tercera y última jornada de actualización del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su relación con aspectos de la vida cotidiana, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná junto con la Asociación del Personal Superior (APS) del municipio local. La actividad será en la sede de la APS, en calle Monte Caseros 265.

En esta oportunidad se analizará el Derecho Contractual. El temario comprenderá el contrato de locación, haciendo hincapié en los de alquiler de inmuebles, y contratos de compraventa, entre otros.

Los expositores serán los abogados especialistas en contratos civiles y comerciales Elena Albornoz y Rodrigo Devinar.

Las jornadas son abiertas y gratuitas y el objetivo que motorizó la organización de la actividad es la difusión y promoción del conocimiento de los derechos, con el fin de que los ciudadanos se interioricen y exijan su cumplimiento.

La primera de tres jornadas se desarrolló el 9 de noviembre  y se basó en el Derecho de Familia, poniendo énfasis en aspectos como la unión convivencial, el esquema de conformación de bienes, el matrimonio, el divorcio y la adopción, entre otros. La segunda se realizó el viernes pasado y se enfocó en el Derecho del Consumidor y lo que debe tener en cuenta el ciudadano al momento de, por ejemplo, contraer un préstamo en una financiera o en una compra en cuotas. También se mencionó la importancia del libro de queja y detalle del uso de la tarjeta de crédito.

La Defensoría del Pueblo renueva la invitación a los vecinos a participar de la jornada del viernes, donde además de acceder a información, se podrá realizar consultas a los expositores.

Se entregarán certificados de asistencia al finalizar la jornada. Para más información, los interesados pueden escribir a defensoriaparana@gigared.com.

 

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