Conmemoración de la Defensoría por el 24 de marzo

En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná evoca y honra a las víctimas de la represión más feroz y cruel perpetrada contra el pueblo argentino.

La fecha es propicia para renovar y reforzar el compromiso con la verdad, la justicia y con la defensa de los derechos humanos, considerando que se trata de objetivos máximos y prioritarios.

Es demanda de esta institución que, a casi cuatro décadas de aquel nefasto golpe al orden constitucional, continúe el trabajo de la Justicia por el total esclarecimiento de los casos aberrantes originados por el terrorismo de Estado, con especial énfasis en las situaciones de ciudadanos entrerrianos, bregando por un avance efectivo y diligente de la causa Área Paraná.

 

La Defensoría de Paraná participó del primer encuentro del año de Adpra

 

El 12 y 13 de marzo se realizó en San Juan el primer plenario de 2015 de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra).  Al encuentro asistió por la Defensoría de la Ciudad de Paraná, el Defensor Adjunto Pablo Donadío, quien calificó como “muy positivo” el ámbito en el que se trató una diversidad de temas de interés ciudadano con la presencia de representantes de todo el país.

Entre los temas que se analizaron, se destacan:  la telefonía celular y la necesidad de encarar acciones para que sea considerada un servicio público, el pedido  a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para que se efectivicen las multas a las empresas de telecomunicaciones en orden al resarcimiento a los particulares por irregular prestación del servicio y la realización de gestiones ante Nación Servicios S.A, Ente de Control de la tarjeta SUBE en virtud de los cobros adicionales en la recarga del servicio. También se abordó la situación de vulnerabilidad de derechos de extranjeros residentes en el país , la interpretación discirminatoria de la Anses respecto del acceso al derecho a percibir la Asignación Universal por Hijo de niños argentinos con padres extranjeros, las barreras para la libre circulación de discapacitados en ruta, un proyecto para difundir y colaborar a fin de que los ciudadanos conozcan y puedan inscribirse en el Registro Nacional NO LLAME, la problemática de las provincias afectadas por las inundaciones, la tarifa de gas natural: aumento dispuesto por Resolución Nº 2848/2014 del ENARGAS y el pedido a las provincias para que  adhieran a la legislación vigente  de protección a la persona con diabetes.

La reunión convocó a Defensores de distintos puntos del país y fue presidida por el titular de Adpra  y Defensor del Pueblo de Avellaneda, Sebastián Vinagre. Contó con la presencia del gobernador de esa provincia, José Luis Gioja, y el Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y Defensor del Pueblo de Paraguay, Manuel Páez Monge.

 

Se conforma un ámbito de trabajo por las personas en situación de calle

 

Organizaciones sociales e instituciones junto a la Defensoría del Pueblo de Paraná están abocadas por estos días a la conformación de un espacio de trabajo conjunto, ante la preocupante situación de las personas que viven en la calle en la capital provincial.

 

La intención es poder definir y articular progresivamente determinadas acciones que efectivamente atiendan la realidad de estos ciudadanos, requiriendo la presencia del Estado con políticas públicas que aborden de manera integral la problemática de fondo. Para eso, se invitará a las áreas del Municipio y la Provincia, partiendo de la certeza compartida que el Estado ha estado ausente en el tema.

 

Se han desarrollado dos reuniones preparatorias y está convocada una tercera para el miércoles 18 de marzo. Uno de los objetivos, en esta etapa inicial, es poder seguir sumando a todas las organizaciones y grupos de vecinos que trabajan desde hace años con los ciudadanos en situación de calle. Vienen participando de la iniciativa y de los encuentros representantes de la Asociación Casa Solidaria, Emaus, Complejos Recordando, Cenador Manolo, la Asociación Israelita y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Como antecedentes, el año pasado la Defensoría del Pueblo rubricó un convenio marco de colaboración con la Asociación Casa Solidaria, acuerdo que permitió formalizar un trabajo que se venía desarrollando de manera conjunta con esa organización desde sus inicios. Además, la institución mantiene una comunicación permanente con las entidades y grupos en general que se ocupan de la problemática, pues se abordan en forma conjunta y cotidiana los casos de ciudadanos que requieren especial atención.

El Defensor del Pueblo se reunió con el presidente del Iosper

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, se reunió hoy con el presidente del directorio del Iosper, Fernando Cañete, para plantear situaciones relacionadas al funcionamiento de la obra social, en base a presentaciones de ciudadanos, y para convenir un canal de comunicación que permita acercar rápidamente los requerimientos de afiliados que se acuden a esta institución en busca de una respuesta.

Uno de los temas abordados fue el referido a los medicamentos, principalmente del plan oncológico, y a la demora en las entregas. Al respecto, Cañete informó que  la obra social está delineando acciones, como la elaboración de protocolos médicos y cambios en la comisión de medicamentos de la obra social, para regularizar la prestación. Las medidas –dijo- fueron encaradas en base a una evaluación interna respecto a compras y prescripción en relación a lo casos, que dio cuenta de promedios sobrepasados.

Otra de las cuestiones planteadas fue la relacionada al corte de la cobertura de parte de neurólogos y neurocirujanos. En ese sentido, el titular de Iosper afirmó que la obra social brinda cobertura en clínicas y sanatorios de Rosario. Y aclaró puntualmente, que se atienden en la provincia solo los casos de urgencia.

Por último, y tras analizar otros temas, el Defensor del Pueblo pidió poder mantener en el tiempo un contacto fluido que permita canalizar las distintas problemáticas que llegan a la Defensoría en vista del alcance de la obra social y el numeroso padrón de afiliados.

Reunión en una mesa de diálogo por familias de calle Churruarín

 

 

 

Se realizó hoy la primera reunión convocada por el Centro de Mediación Comunitario de la Defensoría del Pueblo de Paraná en el marco de la situación generada a partir de la orden judicial de desalojo de familias que habitan un inmueble en calle Churruarín y López Jordán de Paraná. En la oportunidad, estuvieron en el encuentro funcionarios municipales, provinciales y judiciales con quienes pudieron tomar contacto directo los vecinos que viven en el predio. Faltó al encuentro el titular del inmueble en cuestión, que volverá a ser convocado para la próxima reunión cuya fecha será fijada próximamente.

La coordinadora del Centro Mediación, Irina Chausovsky, calificó como “positiva” la reunión, porque “sirvió como un primer encuentro en este tema”. Dijo que es una situación “bastante compleja y que se sabía que no se iba a resolver en una sola reunión”, al tiempo que reafirmó que el proceso de diálogo se desarrolla sin desconocer la orden judicial, que ya está firme, y que indica el desalojo. La intención es encontrar entre todas las partes alternativas para lograr una salida pacífica y que contemple a las partes. A continuación opinó, en declaraciones a Apf, que fue “un avance” el hecho de que la familia Petrechelli pudiera “tomar contacto directo con funcionarios municipales, provinciales y judiciales”, quienes mostraron “compromiso e involucramiento” por el caso.

 

El encuentro se realizó en el salón Mariano Moreno, ubicado en las calles Corrientes y Andrés Pazos, y estuvieron presentes miembros de las familias en cuestión, José Ángel y Gabriela Petrechelli y Griselda Chávez, junto a su asesor legal Marcelo Boeykens; la Defensora de Pobres y Menores Nº 1, Noelí Ballhorst; Juan Domingo Cabrera por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); y Gualberto Domé por la Fiscalía de Estado. Por parte de la Municipalidad de Paraná, participaron Dante Molina, de la Secretaría Legal y Técnica; la secretaria de Derechos Humanos, Salud y Educación, Florencia Amore y Federico Feltes, de Economía Social. También el Defensor del Pueblo, Luis Garay. De la Agrupación Evita fue convocado el diputado Juan José Albornoz, pero no pudo concurrir y en su representación estuvo Gimena Franco. Además participó Flavia Franco, de la Corriente trabajadora de la economía popular. También el fiscal Cristian Giunta, que fue quien convocó a la Defensoría a actuar en el caso. No acudieron al encuentro el cesionario del inmueble, Raúl Prosdocimo, ni sus apoderadas legales María Liliana Cabrera Bustos y Norma Demartín. Al respecto, la coordinadora aseguró que se seguirá buscando la participación de esta parte y que en los próximos días se hará la convocatoria para una segunda reunión.

 

La Defensoría del Pueblo, a través de su Centro de Mediación, generó el espacio de diálago a partir de la convocatoria del Ministerio Público Fiscal, realizada con el fin de “promover y facilitar un encuentro entre los involucrados junto a los organismos estatales pertinentes a fin de buscar una solución pacífica que contemple los derechos e intereses de todos”. La intervención de la Defensoría fue requerida por el fiscal auxiliar Cristian Giunta, en el marco de una causa penal iniciada luego de los intentos de desalojo de la familia Petrechelli de los días 2 y 9 de diciembre de 2014, por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones.

 

La titular del Centro aclaró seguidamente, en diálogo con la agencia de noticias, que el “primer objetivo” de este espacio de diálogo es “que es cuando se tenga que cumplir la orden judicial de desalojo, no se haga de manera violenta”. También se busca de “que se atienda y escuche la situación que vive esta familia, que habita el inmueble hace 25 años. Es decir, poder atender los derechos, necesidades y preocupaciones de todos”.

La familia Petrochelli está compuesta en realidad por cinco grupos familiares, pues  José y Griselda conviven con hijos que a su vez tienen chicos. La Defensoría tomó contacto con la familia en diciembre, durante el primer intento de desalojar a los habitantes de una casa modesta ubicada sobre Churruarín, en un costado de un amplio terreno.

 

Principio de acuerdo para 168 familias y una cooperativa de viviendas

 

 

 

 

El caso de una cooperativa de vivienda de Buenos Aires, que en 2008 proyectó construir un barrio en Paraná, y 168 familias asociadas encontró por estos días un principio de acuerdo, tras seis años de demoras en la ejecución del emprendimiento.

Ante el pedido de asociados titulares del plan de viviendas denominado  Altos de Paraná, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad intervino acercando a las partes y planteando posibles alternativas a la paralización de la iniciativa.

Las 168 familias se asociaron hace siete años a la Cooperativa Río Iguazú, con domicilio en Buenos Aires, para acceder a un plan de viviendas sociales concernientes en dúplex de 60 metros cuadrados. Dicho proyecto se enmarcó en el Programa Federal Plurianual de construcción de viviendas, el que fue reconvertido en 2011.

En 2008, la Cooperativa con el aporte de sus socios adquirió un terreno de 6.5 hectáreas en la intersección de las calles Jozami y López Jordán de Paraná. El avance llegó hasta esa instancia, pues luego Río Iguazú argumentó imposibilidad de continuar con la etapa constructiva debido al corte del crédito nacional.

Tras intensas tratativas que incluyeron reuniones del Defensor del Pueblo, Luis Garay, en Buenos Aires con representantes de la Cooperativa, el martes 4 de marzo se concretó una reunión entre las familias involucradas, los directivos de Río Iguazú y el titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) de la provincia, Daniel Yrigoyen. En la oportunidad, en la que participó también el Defensor Garay, el funcionario provincial informó de la firme posibilidad de poder avanzar en la construcción del barrio a través de la implementación del Programa de Viviendas Rurales. Aclaró que dicho programa admite tres situaciones: la construcción de casa en el campo propiamente dicho, en los bordes de las ciudad (éste sería el caso de las 168 familias) y en casos de asentamientos. Se trata de viviendas de 80 metros cubiertos, por la que cada titular deberá abonar a razón de mil pesos por mes durante 50 años. El mecanismo de ejecución es a través de la modalidad de consorcio y para la concreción del acuerdo se deberá firmar un convenio.

La presentación de la posibilidad generó expectativas y alivio en las familias que venían siguiendo el tema con extrema preocupación. Se trata, en su mayoría, de  jóvenes con hijos pequeños y sin un lugar propio dónde vivir.

La reunión fue en un salón del centro de la ciudad.

Reincorporan a la planta municipal a un empleado despedido durante la dictadura

 

Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, la Municipalidad resolvió -mediante el decreto 336 del 20 de febrero pasado- reincorporar a la planta permanente  a un ex empleado que trabajó en la Comuna hasta mayo de 1976, cuando el gobierno de facto lo apartó del cargo de forma arbitraria, sin sumario previo.

En noviembre de 2013, la Defensoría emitió la Recomendación Nº 5, a través de la que solicitó a la presidenta municipal Blanca Osuna la reincorporación del ex empleado. Lo hizo luego de presentar una serie de argumentos basados en el procedimiento ilegítimo utilizado durante uno de “los períodos más nefastos que recuerde la historia institucional argentina, que tuvo su génesis y desarrollo a partir de que la dictadura militar usurpó el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983”.

El ex agente municipal trabajó desde el 9 de febrero de 1971 hasta el 2 de julio de 1976, tiempo en que era representante gremial, delegado de la Sección de Tránsito del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem). Fue separado del Municipio mediante el   Decreto 247, basado en el Decreto_ley de facto 5.831 de 1976, que autorizaba “a dar de baja, por razones de servicio y sin sumario previo, el personal de la administración pública incluido el de las Municipalidades…”. El ciudadano presentó su reclamo ante la Defensoría, luego de elevar su caso en dos oportunidades al Municipio -vía expediente- y no obtener resultados.

“Surge evidente el detrimento experimentado por el (ex empleado) en su derecho a la estabilidad laboral, puesto que el mismo sufrió el apartamiento ilegítimo de sus funciones sin causa alguna y sin la sustanciación de un sumario previo, a manos de un grupo de personas que usurpó el poder público, desarmó la estructura del Estado en miras de satisfacer sus intereses particulares. Este acto de avasallamiento a un derecho humano y, por ende, a la propia Constitución Nacional, no sólo debe ser dejado sin efecto por la Administración sino que además deben ser debidamente subsanadas sus consecuencias”, consigna un párrafo del decreto 336, rubricado el 20 de febrero pasado por la intendente Osuna y el Secretario Legal y Administrativo municipal, Dante Molina.    

El reingreso a la planta permanente será en una categoría equivalente a la que el ex agente tenía en 1976 y el reconocimiento de sus servicios por los años que estuvo fuera de la administración pública a causa del apartamiento ilegítimo.

Qué proponen los Defensores para el nuevo mandato

El 29 de septiembre de 2014 se produjo la apertura del registro de aspirantes a ocupar la función de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, en vista del vencimiento de los mandatos en diciembre pasado de Luis Garay y Pablo Donadío, titular y adjunto respectivamente.

 El 21 de octubre cerró el período de inscripción. Hubo cinco anotados y el 17 de noviembre fue la fecha fijada para que los aspirantes expusieran su proyecto de trabajo en el marco de una audiencia pública. La actividad se realizó en el salón Mariano Moreno ante un importante marco de público.   

A continuación,  los enlaces en youtube de las exposiciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=5thClYYk-qA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XIJ5l5_G3b4&fb_action

Luis Garay y Pablo Donadío fueron reelectos por el Concejo Deliberante, con la mayoría especial del Cuerpo, el 26 de noviembre de 2014 por un nuevo período de cinco años.

La Defensoría del Pueblo de  Paraná fue creada por la Ordenanza Nº 8391 y comenzó a funcionar en 2003 con el objetivo de proteger y promover los derechos de los ciudadanos.

El trabajo de la Defensoría en el Informe Anual

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná presenta cada año, en setiembre, ante el Concejo Deliberante local un Informe Anual que busca resumir el trabajo realizado durante doce meses. El acceso al documento es libre por parte de los ciudadanos.

La elaboración de un Informe Anual y su presentación ante el Cuerpo Deliberativo están establecidas por la ordenanza 8.391, que en diciembre 2002 instituyó la institución a nivel local. Fue en  agosto de 2003 cuando la Defensoría comenzó a organizarse y a dar sus primeros pasos, iniciando así un período de doce meses que difiere del año calendario. Por eso, el registro de trabajo reflejado en cada Informe Anual comprende desde octubre de un año a septiembre del próximo año, según consigna la Introducción del documento.

La Defensoría ha mantenido un nivel de presentaciones registradas estadísticamente, con un promedio de 15 actuaciones por día, mientras que ha profundizado el trabajo en terreno, en zonas de la ciudad “denominadas conflictivas” y en problemas intrincados de índole comunitario, a través de la participación activa de la institución en reuniones y actividades con otros actores de la sociedad. Lo viene haciendo mediante la facilitación del diálogo entre las partes, promoviendo el encuentro de, por ejemplo, vecinos entre sí y con funcionarios de áreas concernientes al problema. Así, se ha venido trabajando en la Toma Nueva, en Avenida Almafuerte -en ambos casos el inconveniente son las inundaciones-, en el Arroyo La Santiagueña, por el viejo reclamo del saneamiento, y en la Villa 351. Cabe recordar que la Justicia convocó en 2014 al Centro de Mediación Comunitario para que  intervenga en la zona de la villa, tras el recrudecimiento de los conflictos internos. También sumaron la solicitud de escuelas de la zona y de otras organizaciones. A partir de entonces se realizan reuniones periódicas con vecinos, docentes de instituciones educativas, funcionarios nacionales, municipales y provinciales de distintas áreas y representantes de universidades, entre otros.

En el período –octubre de 2013-setiembre de 2014-  se profundizó la preocupación de la institución, ya expresada en el Informe Anual pasado, por la persistencia y  agudización de cuestiones sociales en Paraná.  Es que se observa cómo sigue en crecimiento la violencia en barrios de la ciudad, la mayoría situados en los márgenes urbanos, dejando saldos escandalosos de muertes, principalmente de jóvenes paranaenses.

“Así vemos en diferentes zonas y márgenes de la ciudad, barrios enteros sufriendo las consecuencias generadas por continuos episodios de confrontación entre bandas, o entre familias, disputándose el liderazgo de territorios”, se consigna en el capítulo Temas Destacados del último Informe. Y se menciona, a modo de ejemplo, el caso de calle Hernandarias al final y el de la comunidad de la Villa 351, “un emergente que aparece, un conflicto entre dos o tres familias, que deja al descubierto, (para quienes quieren mirar) un sinfín de derechos vulnerados, una comunidad entera con miedos, con imposibilidades, desprotegida. Y violencia también es no tener agua, no tener trabajo, vivir hacinados, dormir en el piso o transcurrir un día entero encerrados en una letrina por temor”, se añade el la Introducción del Informe.

De números y temas

En el período septiembre 2013-octubre 2014 se registraron 2634 actuaciones iniciadas por ciudadanos sobre temas locales y también de índole provincial y nacional. Hay que aclarar que si bien la Defensoría del Pueblo tiene un alcance limitado: la jurisdicción de la ciudad de Paraná, viene actuando en temas de tipo provincial. Es que se reciben habitualmente casos de ciudadanos con demandas urgentes, que requieren una respuesta. La situación da cuenta, casi permanentemente, de la falta de la Defensoría de Pueblo provincial, cuya conformación está trabada desde hace cuatro años.

Los reclamos de jurisdicción nacional también son atendidos en la Defensoría. Desde 2010, estas presentaciones son receptadas por la Oficina del Defensor del Pueblo de la Nación en Entre Ríos, área que funciona en la sede local, a partir de un convenio de trabajo conjunto entre la Defensoría local y la nacional.

En este período predominan, en cuanto a cantidad, las presentaciones referidas al grupo los Derechos Civiles y Políticos, concretamente el subtema Derecho al nombre propio y a la identidad. Y la demanda mayoritaria corresponde al acceso y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI).  Se registran situaciones de niños/as, adolescentes y adultos que carecen de documentos y situaciones de chicos y jóvenes que nunca fueron inscriptos, careciendo de  partida de nacimiento. La acción de la Defensoría en este tema se articula en vista a que la identidad es uno de los derechos elementales básicos.

En segundo lugar se ubica el grupo de los Derechos de Acceso a los Servicios Municipales, conservando -como en el Informe pasado- el grueso de las quejas en los servicios de agua y cloacas. Otra vez, los reclamos mayoritarios giran en torno a la rotura de caños, la falta de suministro de agua y obstrucciones en redes de cloacas. Seguidamente, se ubican los pedidos relacionados al alumbrado público: falta de iluminación por farolas dañadas es la razón prevaleciente. También tiene un lugar destacado el ítem Conservación Vial y Obras Particulares con reclamos por los pozos en las calles, las denuncias por inundaciones que frentistas atribuyen a problemas en los desagües, pedidos de reparación de calzadas, entre otros. Luego, sobresalen los pedidos referidos a falencias en la recolección domiciliaria y de ramas en algunos sectores. En cuanto a los residuos de las podas se destacan las demoras, al igual que con el  servicio atmosférico.

El cambio en la recepción de reclamos, por parte de la Municipalidad de Paraná, a través de la instrumentación a partir de mayo de una central telefónica única, genera una serie de quejas de los ciudadanos. Es que el cambio tomó desprevenidos a vecinos que se enteraron en la marcha de la instrumentación del teléfono gratuito 147. Además, la modalidad evita el inicio de expedientes, lo que se considera un paso administrativo fundamental a la hora de continuar o probar el reclamo. En sintonía, continúan las quejas por la tardanza de respuestas de la Municipalidad.

En el grupo Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobresalen las actuaciones referidas a los Derechos a la salud y a la seguridad social. En este subgrupo concentran los pedidos acerca de la atención del Hospital San Martín: solicitudes de turnos, de historias clínicas, de estudios, entre otros. También cuestiones concernientes a obras sociales (Pami, Iosper) y a requerimiento de prestaciones ante casos de consumo de sustancias tóxicas. Le siguen los Derecho a una vivienda digna con  situaciones, algunas extremas, planteadas por ciudadanos/as que carecen de un lugar para vivir. Asimismo, figuran reclamos por terrenos y una serie de planteos al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

En cuanto a las presentaciones de jurisdicción nacional, sigue encabezando la estadística –como en períodos pasados- las consultas y actuaciones por multas de tránsito labradas en rutas provinciales y de otras jurisdicciones (foto-multas). En segundo lugar, se ubican las quejas por falta de cobertura de prestaciones por parte de las obra sociales. Cabe destacar que a raíz de la incorporación en el Programa Médico Obligatorio de las prestaciones previstas por la Ley de Fertilización Asistida, se recibieron consultas a nivel de asesoramiento en este aspecto.

El Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría participa activamente del trabajo. Interviene en conflictos entre vecinos, familias, comunidades barriales, promoviendo el diálogo como vía de solución de los desencuentros. En este período siguen destacándose los temas referidos a la convivencia: abarcan un conjunto de cuestiones conflictivas que, en casos, incluyen agresiones, insultos y amenazas entre vecinos. En segundo lugar se ubican los planteos referidos a filtraciones de agua y humedad en paredes, tapiales, patios, veredas. También los  inconvenientes generados en torno de las  construcciones: contiene reclamos generados  por obras de edificios y refacciones de casas. Cuentan además los reclamos por ruidos molestos, problemas generados por mascotas y medianería.

Paralelamente, el Centro recibe casos derivados del Poder Judicial de la Provincia. En el período fueron 96 las derivaciones, de las cuales una parte se encuentra en trámite y otras ya se transformaron en solicitudes de mediación por haber sido aceptado el intento de diálogo. Otro grupo de casos fue destrabado con un acuerdo de partes.

Recomendaciones

La Defensoría fija posición a través de Recomendaciones y declaraciones públicas sobre distintos temas. Entre las Recomendaciones contenidas en el Informe 2013-2014, está el pedido al Ejecutivo municipal para que deje sin efecto la exigencia de la presentación del certificado de buena conducta de parte de vecinalistas. También solicitó al Ejecutivo que convoque a la Mesa de Transporte Municipal y que amplíe  la conformación de ese ámbito, en vista de la necesidad de tratar cuestiones esenciales del servicio de transporte. Otra Recomendación se basó en el derecho a la reincorporación e indemnización por despido arbitrario durante la dictadura militar de un empleado municipal, cesanteado en 1976. Y una cuarta, relacionada a la situación de vecinos frentistas de Avenida Ramírez, entre las calles Racedo y Avenida de las Américas, generada a partir de la exigencia municipal del pago de la contribución por mejoras de la obras de ensanche, repavimentación y desagües en esa arteria. También han sido temas de la Defensoría, entre otros, los referidos al servicio del gas natural, al aumento del boleto del transporte urbano local e interurbano (Santa Fe-Paraná), el saneamiento del Arroyo La Santiagueña.

Preocupación de la Defensoría por la falta de asistencia en verano de personas en situación de calle

 

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Paraná, Pablo Donadío, expresó la profunda preocupación de la institución ante la situación de desprotección y vulnerabilidad, agravada en los meses de verano, de personas que viven en la calle en la capital provincial. Lo hizo mediante una nota dirigida al Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, Fernando Báez, en la que consignó que desde diciembre hasta marzo ningún área del Estado ni organizaciones e instituciones de la sociedad civil estarían asistiendo con alimentos y albergues a personas que carecen de un lugar donde pernoctar.

La presentación se basa en testimonios de ciudadanos que recurrieron a la Defensoría en estos días de enero con el fin de obtener datos sobre posibles lugares de asistencia.

“Ante esta acuciante realidad”, sobre la que la Defensoría se ha venido expidiendo en reiteradas ocasiones por la intrumentación de políticas de Estado que promuevan soluciones de fondo, se solicita en esta coyuntura al Municipio información sobre si se tiene previsto atender estas situaciones o si lo está haciendo sin que hayan trascendido detalles. “Si así no fuera, requiero de su urgente intervención a fin de garantizar derechos básicos e inalienables de todo ser humano”, pidió el Defensor Donadío en la nota elevada esta semana al secretario de Desarrollo Social municipal.

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