Análisis y preocupación por la situación del hábitat

 

El hábitat es un tema de preocupación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. Concretamente, desvela el hecho de la demanda de familias que no tienen dónde vivir en contraste con la insuficiente capacidad de respuesta de los Estados en relación a tierras y vivienda social. La problemática ha sido motivo de Recomendaciones –vía formal por la que se expide la Defensoría del Pueblo- y también de reiteradas participaciones de la institución en busca de la enunciación de políticas de Estado viables al respecto. Con esa intención, los Defensores del Pueblo participan del primer plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), que se realiza en Neuquén desde el 20 al 31 de marzo, y uno de los temas propuestos por Paraná es la problemática relacionada al hábitat.

Paralelamente, la institución participó del Foro de Hábitat realizado en la ciudad de Paraná el 19 de octubre de 2016. Se trató del primer foro de debate abierto para la elaboración de un anteproyecto de ley de Hábitat de la provincia de Entre Ríos. El evento tuvo lugar en el aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná, y del mismo participaron diferentes actores sociales, del ámbito público y privado, los cuales expusieron sus puntos de vista y realizaron diferentes recomendaciones para avanzar en la confección de la normativa, se informa en un dossier con las ponencias elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social provincial.

A continuación, la exposición de la directora de Protección de Derechos Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de Paraná, licenciada Patricia Brumatti.

 

 

Dirección de Protección de Derecho Ciudadano de la Defensoría del Pueblo

Expositora: Directora Patricia Brumatti

 

La Defensoría es un organismo del Estado que trasciende las gestiones de gobierno, y que tiene la misión de proteger, promocionar y defender los derechos ciudadanos. Desde la Defensoría venimos trabajando desde sus inicios, en 2003, el tema de hábitat, ya que son numerosos los reclamos, preocupaciones e inquietudes que recibimos cotidianamente respecto de esta cuestión, en su más amplia acepción, ya que trasciende el espacio físico de la vivienda y la construcción. Es un terreno que abarca mucho más y tiene que ver con el entorno, con el acceso a los servicios, a la infraestructura, a los lugares de recreación, de encuentro. Así que cuando pensamos en este espacio, y en el aporte que podíamos hacer desde la Defensoría, pensamos en tres ejes que ineludiblemente tenían que estar: el derecho a la ciudad y justicia territorial y el derecho al hábitat propiamente dicho. Y para dar un aspecto más gráfico nos pareció importante traer a colación las recomendaciones que hace la Defensoría respecto a cuestiones que tienen que ver con el hábitat. Un caso es, a partir de la presentación de vecinos de la zona de La Toma y de Los Arenales y, en otros casos, es una recomendación de oficio, pero que también se inicia a partir de varios reclamos de derechos colectivos que veíamos vulnerados. En los considerandos de la recomendación, que es la figura, la herramienta o el instrumento que tiene la Defensoría para presentar ante las autoridades, municipales en este caso (porque es una Defensoría de jurisdicción local), cuando las otras vías se han agotado. No es un instrumento que es vinculante y no obliga al Estado Municipal a recibir la sugerencia del defensor, pero sí es la posición de la Defensoría en donde entiende lo que el Estado debería hacer en relación a la vulneración de algún derecho. En el primer caso la recomendación se hace a partir de la presentación de vecinos de la zona de La Toma y de Los Arenales que sienten vulnerados sus derechos al acceso a la ciudad, el derecho del acceso al río, cuando se comienza la construcción de un emprendimiento urbano y se construye un muro que divide la urbanización del resto de los vecinos que hacía 20, 30, 40, 50 o 60 años que vivían en el lugar. Ese muro les impidió seguir viendo y seguir vinculándose y relacionándose con el río. Entonces la Defensoría, luego de analizar todo el expediente del trámite administrativo iniciado para la aprobación de ese loteo, hace estas consideraciones: en los vistos nos planteamos, a partir de la presentación formulada por 54 vecinos, que en lo que refiere a estos vecinos “que esta muralla nos prohíbe la vista al río Paraná, del que hemos disfrutado toda la vida”, entre otros planteamientos. Entonces, la Defensoría plantea y hace alusión al 2002 en que este permiso de uso establece como destino un proyecto y construcción de un complejo urbano residencial recreativo deportivo con viviendas de tipo independientes con vista al río, que en el acto administrativo se dispuso en relación al cerramiento exterior del inmueble una altura máxima 2 metros que permita el libre movimiento de los habitantes; deber ser realizado con materiales y elementos que armonicen con las características de la zona. Se los notificó a los urbanizadores de que no estaban el cerramiento como correspondía, se les pidió paralizar la obra en forma inmediata para demoler la construcción. Entre los considerandos decimos: podemos señalar que el desarrollo verificado en el proyecto urbanístico viola flagrantemente los principios y las normas del código urbano municipal, al igual que las atinentes a la preservación del medio ambiente, que existen engorrosas peticiones vinculados al proyecto que pretenden evitar resoluciones contrarias a las normativas vigentes. Varias consideraciones más tienen que ver exclusivamente con el expediente administrativo y se referían al incumplimiento que el propietario del proyecto establecía. Lo que me interesa destacar es la postura de la Defensoría no sólo a este muro en particular sino a los muros que dividen una cuidad de otra que provoca esta segmentación, estas cuestiones de exclusión. Entre otros considerandos, decimos “se encuentra vigente el código urbano que establece las disposiciones en materia de ejido urbano y definiendo una configuración de ciudad acorde a las condiciones morfológicas resaltando en especial las potenciales paisajísticas que poseen las diferentes áreas y distritos en los cuales se divide la ciudad y que marcan el nombre en la concepción de ciudad que se pretenden: pretendemos una ciudad con vista al río o ribereña, volcada al río, controlando la extensión hacia el interior del territorio y lo largo de las vías de acceso y penetración a la misma (esto establece el código) que la cuestión ambiental como entorno natural se ha conformado como una de las temáticas esenciales a tener en cuenta desde el punto de vista de la calidad de vida, como del equilibrio de la naturaleza, el ser humano y demás especies. Que los procesos de urbanización indicadores de cambio deben realizarse de manera armónica, impactando de manera favorable en el entorno natural y social existente fortaleciendo las características particulares de los distintos ambientes y sectores con identidad propia. Y que además las urbanizaciones privadas y estas nuevas modalidades de ocupación del espacio urbano se corresponden con una lógica global presente en distintas sociedades y que pueden darle una dinámica que profundiza los procesos de segmentación social.

Entonces, en ese sentido decimos que la producción social de este espacio se realiza en buena parte motivada por los miedos, por los estigmas, por las percepciones e imaginarios y el componente simbólico del paisaje urbano producido, son los modos que se separan el aquí del allá, el nosotros del ellos. Y así las ciudades se van fragmentando, y el sentido de comunidad se erosiona. Manifestamos también que este tipo de emprendimientos implica, en cierta medida, la privatización del espacio público y que sirve también para que el mercado inmobiliario recurra a la publicidad para vender un ideal de seguridad en estos territorios creando un clima de “dime dónde resides y te diré que tan seguro vives”. Esto es un poco el panorama en relación a esta temática en particular y lo que el Defensor resuelve recomendar al presidente municipal de la ciudad de Paraná es que instruya a las reparticiones pertinentes que procedan a la demolición del cerramiento de este proyecto sito en Los Arenales, e instruya a las oficinas técnicas a que se rechace cualquier petición que pretenda violar las normas vigentes previstas en el Código Urbano, que están referidas a la conservación del medioambiente. También tengo que decir que luego de largas charlas, negociaciones y reuniones se logró una primera demolición, como abriendo una ventana en el muro, pero no en su totalidad. Como ya expliqué, las resoluciones que la Defensoría puede realizar las hace bajo el carácter de recomendaciones. Otro tema que no es menor, y sobre el que hemos tenido varios reclamos, tiene que ver con vecinos que adquirieron lotes en diferentes proyectos urbanísticos y que, una vez que quieren empezar a construir, se encuentran con que no pueden construir porque las urbanizaciones no cumplen con los requisitos que establece el código. Es decir, el acceso, por ejemplo a los servicios y a la infraestructura necesaria. Y menos aún pueden tramitar la escritura de la propiedad de dominio, porque el loteo no está habilitado. Estas situaciones, si bien está la normativa vigente, tiene que ver con el incumplimientos y falta de controles o falta de aplicación de las penalidades que correspondan estos casos. Por lo tanto, esta recomendación tiene que ver con esta cuestión. En los considerando se establecía que en cuanto a la compra del lote, los vecinos manifiesten haberlo adquirido de buena fe ante la publicación de avisos en diferentes medios gráficos de la ciudad, donde constaban servicios que el loteo tenía, que después se constataba con que no era así. Los considerandos decían que es el Estado Municipal, a través del Código Urbano, el que regula y controla la actividad urbanística de la ciudad, que está a cargo de toda urbanización, que el proyecto y ejecución de dicha infraestructura debe realizarse bajo la exclusiva responsabilidad del propietario. Que ante la situación consumada de venta de lotes sin servicios, los ciudadanos después de hacer el camino a la inmobiliaria, al desarrollador inmobiliario, y no tener respuesta, recurren al Estado. E insta a que el Estado se haga cargo de la ejecución de esa infraestructura a modo de garantizar el acceso a los servicios básicos. Cuando hacemos la recomendación, luego de haber recibido los planteos de los vecinos, vemos que casi la totalidad de las urbanizaciones incumplían con la etapa de habilitación, que es indispensable para efectuar la venta. Que estos incumplimientos por parte de los propietarios de las urbanizaciones, como así también de los operadores comerciales, han generado innumerables inconvenientes y perjuicios varios a los adquirentes de los lotes. En ese caso, tuvimos una reunión con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, le hicimos algunas sugerencias con respecto al control de la actividad inmobiliaria. También el artículo 231 del Código Urbano establece penalidades para quienes fueran responsables de ventas a terceros de lotes integrales de subdivisiones que no cuenten con la habilitación municipal, quienes serán pasibles de multas equivalentes al 30% del avalúo fiscal del in – mueble a subdividir, por cada lote vendido (estas penalidades generalmente no se cumplen). Si bien el Estado intima a los propietarios al cumplimiento de la normativa, las situaciones se incrementan y van pasando a las carpetas de expedientes sin que haya respuestas del propietario, quien continúa ejerciendo la actividad haciendo caso omiso a la reglamentación vigente. En ese momento, cuando nosotros hacemos esta recomendación, había loteos en los cuales había transcurrido una década y éstos aún no estaban regularizados. Ante esto, el Defensor del Pueblo recomendó realizar la difusión permanente acerca de las condiciones que deben cumplir las urbanizaciones para su venta, realizar a través del área de defensa del consumidor municipal las publicidades de origen publicados en medios gráficos referidos al tema, instando a que se incorporen los datos correspondientes a la aprobación y la habilitación del loteo, aplicar efectivamente las penalidades establecidas en el código urbano -para el caso en el que se observen irregularidades- hacer cumplir efectivamente los plazos que establece la resolución de factibilidad que se otorgue y, por parte del Estado, realizar el control de las obras ejecutadas.

La última recomendación refiere puntualmente al hábitat, al derecho al hábitat, entendemos que la vivienda no es sólo la construcción física sino que justamente ese lugar en el mundo que las personas que allí habitan piensan, organizan, resuelven cotidianamente su existencia. Habitar significa mucho más que ocupar, significa ser habitante de una situación social determinada. Nosotros entre los puntos a tener en cuenta a aportar, más allá de lo que podemos ir pensando en relación a lo que hemos manifestado como recomendación, pensábamos en el derecho a la ciudad, en adecuar la legislación nacional, provincial y local a los estándares internacionales de derechos humanos, para que ese sea el marco general de toda política pública, privilegiar el beneficio colectivo, el interés público por sobre el interés privado, generar instrumentos específicos para frenar la especulación y la segregación urbana, democratizar la cuestión de la ciudad. Esta sería una manera de constituir espacios institucionalizados en los que los ciudadanos no sólo puedan aportar sino también decidir sobre algunas políticas que se definan. Por eso destacamos la constitución de estos espacios. Y en cuanto a la relación de la justicia urbana territorial consideramos tener en cuenta justamente la cuestión de democratizar el acceso a los servicios públicos, las desigualdades en el territorio se pueden visualizar mayormente por las peores condiciones en lo que a infraestructura y servicios se refieren. Por lo cual es imprescindible una mirada integral y a mediano plazo para incrementar la dotación de infraestructura, trabajar sobre todo en las zonas más vulnerables, que están en los bordes de la ciudad. Finalmente, sobre el derecho al hábitat pensábamos 2 o 3 cuestiones. Diversificar las propuestas de solución, readecuando los programas públicos a las diferentes realidades sociales y regionales, impulsar los programas flexibles y acordes a las posibilidades de los sectores de menores ingresos, que haya asesoramiento técnico y sistemas de microcréditos (que es algo fundamental para las familias no consideradas sujetos de crédito por la banca formal). Que implique también el derecho a un hábitat que sea productivo, que fortalezca la economía popular; recuperar y valorar la capacidad productiva de quienes habitan o van a habitar un barrio, desde una mirada integral, definiendo los programas e instrumentos necesarios jurídicos, financieros, urbanos, administrativos; como por ejemplo alentar la puesta en marcha de proyectos productivos en los conjuntos habitacionales; ferias populares como espacios de socialización y de generación de ingresos. También recuperar instrumentos normativos que existan a nivel local, a nivel municipal. En alguna época, en los primeros años democráticos se generó la ordenanza del programa “Arraigo”, también confluyendo con el mismo programa a nivel nacional. Con su implementación muchos barrios se han regularizado, tales como Antártida Argentina, Gaucho Rivero, Las Flores, Anacleto Medina Norte. En ese entonces tanto la UTN y la Facultad de Trabajo Social participaron en la cuestión, y se han entregado escritura de dominio a los adjudicatarios. Se acompañó a las familias con equipos técnicos formados por estudiantes becados de esas faculta – des, acompañando el proceso de construcción de la vivienda, porque muchas veces se organiza esta cuestión y se les facilita el derecho a la tierra pero si no acompañamos eso con un proceso de asesora – miento técnico en la construcción de la vivienda, muchas veces las viviendas no duran un largo plazo o son construidas quizá con materiales que para la zona no sirven. Hay mucho camino todavía por andar y las recomendaciones están ahí para que las puedan utilizar.

Copia textual Gentileza Ministerio de Desarrollo Social

 

Subscribe / Share

Article by Defensoria

Authors bio is coming up shortly.

Comments are closed

Contacto

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
de la ciudad de Paraná
Monte Caseros 159
CP E3100ACC - Paraná, E. Ríos
Tel: (0343) 420-2322
0800 777 1112
defensoriaparana@gigared.com

CENTRO DE MEDIACIÓN
Monte Caseros 161
CP E3100ACC - Paraná, E. Ríos
Tel: (0343) 421-1029
mediacionparana@hotmail.com

Delegación Defensoría del Pueblo de la Nación:
defensornacionerios@hotmail.com

Multas de tránsito en rutas entrerrianas

Consultas a los teléfonos:
0343-484-0719
0343-484-0671
0343-484-0616
0343-484-0675
0343-484-0884
0343-484-0778
0343-484-0676
0343-484-0718
0343-484-0617

o por mail a la delegación de la
Defensoría del Pueblo de la Nación:
parana@dpn.gob.ar