Defensores del Pueblo piden que se suspendan las subas de tarifas y que el gas en garrafa se declare servicio público

 

Adpra solicita que el gas envasado sea declarado servicio público esencial.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) reclamó la suspensión de la aplicación de aumentos en las tarifas de servicios públicos, que el gas en garrafa sea declarado un servicio público esencial y que el Gas Natural Comprido (GNC) tenga un valor testigo.

La declaración coincidió con el último anuncio realizado por el gobierno nacional en relación a una nueva suba del precio del gas natural,  y surgió del primer plenario del año realizado por Adpra, en la ciudad de Neuquén, entre el jueves y el viernes pasado.

La iniciativa fue presentada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y apoyada por los Defensores de Paraná, Luis Garay (Titular) y Pablo Donadío (Adjunto), entre otros integrantes del plenario.

Entre los fundamentos, se afirmó que “siguen sin contemplar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad considerados indispensables por la Justicia argentina”.

En la declaración final de la Asociación se consideró que “los aumentos no respetan el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad”. Y se señaló que “las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias pero previas a ellas, así los acuerdos salariales podrán medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador”.

En garrafa, más caro

El plenario acordó requerir al gobierno que el gas envasado en garrafa sea declarado servicio público esencial. Hasta ahora el precio libremente dispuesto por el mercado tiene un fuerte impacto en los usuarios: la mayoría pertenece a sectores vulnerables que termina abonando bastante más caro que el gas natural. También, solicitaron que el GNC tenga “un valor testigo”, con el fin de evitar que el precio quede a criterio del mercado.

Seguidamente, los Defensores del Pueblo se opusieron a “los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas y reclamaron que la tarifa social se incremente hasta los 800 kw por mes, actualmente está 300 kw/mes”.

Por último, exigieron de “las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando”.

Los Defensores de la Ciudad de Paraná sumaron a la agenda de temas que trató el plenario de Adpra la preocupación por la situación del hábitat, dada por la insuficiente disponibilidad de tierras y viviendas sociales por parte del Estado en contraste con la creciente demanda de familias carentes de recursos económicos, y la firma futura de un convenio con el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación para promover la mediación comunitaria en Defensorías del Pueblo del país.

 

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