Informe anual 2008-2009

 

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VII INFORME ANUAL

DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

(1/10/08 al 30/09/09)

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Defensora Adjunta del Pueblo, a cargo de la Defensoría: Lic. Martha B. Benedetto Centro de Mediación: Mediadora A /C de Articulación de Programas, Abog. Irina Chausovsky

Paraná, 30 de Septiembre de 2009.

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INDICE

1. Introducción (Pág. 3)

2. Criterios generales de trabajo de la Defensoría del Pueblo (Pág. 11)

3. Resumen del trabajo de las áreas:

3.a. Servicios al Ciudadano (Pág. 14)

3.b. Promoción y Fortalecimiento de la Ciudadanía (Pág. 55)

3.c. Comunicación y RR II (Pág. 73)

3.d. Organización Interna (Pág. 79)

4. Centro de Mediación (Pág. 81)

5. Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. (Pág. 92)

6. Resoluciones de la Defensoría del Pueblo (Pág. 95)

7. Planilla de ejecución presupuestaria (Pág. 98)

8. Bibliografía de Referencia (Pág. 99)

9. Organigrama y Equipo de trabajo (Pág. 100)

10. Anexos (Pág. 101 )

10.a. Recomendaciones y Resoluciones

10.b. Prensa y Boletín Virtual

10.c. Abordajes especiales

10.c.1. Audiencia Pública Residuos Sólidos Urbanos

10.c.2. Fundamentos y Nota Modelo para Descargo Multa por Foto Radar

10.c.3. Análisis Tarifa Energía Eléctrica

10.c. 4. Análisis de casos de Aumento de TGI, por zonas

10.c.5. Modelo de Nota para Pago en Disconformidad del Gas Natural

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1. Introducción :

―Los derechos no son jamás otorgados por un Amo o un Protector,

porque no son otorgables; son derechos que los ciudadanos se aseguran a si mismos,

en la medida que los ejercen, por una práctica cotidiana

que es en el fondo la misma democracia‖

Ètienne Balibar

A los y las Integrantes del Concejo Deliberante:

Al concluir el sexto período de funcionamiento de la Defensoría, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza nº8391, presentamos el informe anual correspondiente. Con el objeto de dar cuenta ante Ustedes y a la ciudadanía la labor realizada, las acciones emprendidas por la Institución, al tiempo de pensar y plantear nuevas perspectivas en el marco de su misión y funciones, de su archivo, de su actualidad; inscribiendo su andar en la promesa permanente de no burocratizar nuestro trabajo, de la puesta en el porvenir bajo los objetivos de igualdad y justicia para todos, como aquello de lo cual no podemos claudicar.

A la par del trabajo diario no podemos dejar de lado la preocupación por la consideración teórica y política acerca de los derechos. Por la deconstrucción de los discursos que van conformando el sentido común con lo que opera el enarbolamiento de la razón de estado, transformada en razón gubernamental, que se pone por encima de la soberanía popular y los derechos.

Esta perspectiva es necesaria para alimentar nuestra forma de resolución y no paralizarnos ante la negativa típica: ―no hay fondos‖, ―haga un amparo‖, ―está a resolución‖, ―se encuentra en el sistema‖, ―debe esperar el turno‖, etc., etc.; para esto la historia nos puede ayudar.

Cuando en 1789 se discute el proyecto de Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano, existe un acuerdo generalizado para reconocer que la sociedad debe ayudar aquellos de sus miembros, que se encuentran en el desamparo. Los socorros públicos, se dice corresponde a una deuda sagrada Pero al mismo tiempo que proclaman ese derecho a la asistencia, los hombres de 1789 no lo separan de otro elemento fundamental: el derecho a vivir del trabajo propio.

Target, señala que el cuerpo político debe a cada hombre medios de subsistencia, ya sea por la propiedad ya por el trabajo, ya por el socorro de sus habitantes.

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Los constituyentes tienen así una visión generalizada, cada hombre debe vivir de su trabajo, los socorros públicos no son más que un paliativo. Se apuesta así a la inserción social cuyo eje lo constituye el trabajo y así la famosa frase: ―los primeros acreedores de la nación son los brazos, que exigen ocupación‖.

El gran problema que nos atraviesa, es sin lugar a duda, hoy como en los inicios de la Revolución Industrial, el éxodo a las ciudades, la desocupación el sub -ocupado, el trabajo informal, que conforman un circuito de exclusión cada vez más duro y que se consolida en el tiempo y lo que es más preocupante, su naturalización. Paralelamente a una nueva categoría social: los nuevos pobres, que engloban un arco bastante amplio- los jubilados, los empleados públicos, los empleados de comercio, los obreros etc. etc.-.

La exclusión es ni más ni menos una regresión política. De los ideales fundantes de igualdad y justicia de la sociedad liberal, ideales profundizados por el estado de bienestar, se ha pasado a una sociedad de segregación, los incontables del sistema. Dentro de los excluidos, los niños y jóvenes sufren el abandono cuanto más la compasión, quedando silenciados sus derechos más allá de la función retórica de las leyes de la infancia y el cambio de nombres, o fungiendo como leiv motiv del discurso político, o un tema para coloquios de expertos o reuniones académicas y sin dejar de lado los famosos Observatorios de pobres, de derechos, de medios etc.

Los millones de argentinos desocupados beneficiados (no todos) de los programas sociales que vinieron para quedarse y no como una coyuntura, inmigrantes y migrantes, que acampan en las orillas, son incansablemente convocados con promesas de cambio, pero sin consecuencias cuanto que ellos mismos carecen de voz, o cuando pocos irrumpen exigiendo la parte que les corresponde, prontamente son silenciados con argumentos racionales, jurídicos. de equilibrio fiscal, o sus justificaciones de oportunidad, argumentos que se anteponen a los derechos en nombre de la gobernabilidad, operando el miedo a caer de la sutil línea de la inclusión. No es entonces casualidad la ideología invisible o visible que ha instado en el sentido común aquello que los Derechos sociales, su cumplimiento, está condicionado a la caja; es por ello que la división en generación de derechos no es inocente, sustituye la exigencia de justicia y de reivindicación igualitaria, disfrazado de buenas intenciones (no anulando los derechos sino todo lo contrario, actualizándolos permanentemente).

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Es por ello que, como lo decíamos antes, la Defensoría tiene la obligación de tener presente en su tarea diaria que no hay diferencias sostenible políticamente en el cumplimiento de los derechos, y así promover el ejercicio ciudadano para su cumplimiento, labor tanto del Área de Servicio al Ciudadano como la de Promoción de Ciudadanía, transitando el camino de la exigibilidad acorde a la Constitución y a los Tratados Internacionales, a los cuales prestamente hemos adheridos.

Un reto agregado es la reformada Constitución de la Provincia y la incorporación detallada de los Derechos Sociales, que ha sido motivo de nuevos reclamos de la ciudadanía, la alimentación, la vivienda, la protección integral para los ciudadanos con necesidades especiales, la protección de niños y adolescentes. Es indudable que no podemos caer en la trampa de ponerlos en la amplitud de los Derechos Humanos en su versión de calendario o de efeméride.

En su camino de institucionalización y reconocimiento social se afianza cada día, como lo demuestra la especificidad de los reclamos, la confianza que se pone en la institución a la cual se concurre sin temor y con libertad, en paralelo hay una demanda de la palabra pública por los ciudadanos, los medios de comunicación, organizaciones intermedias de profesionales, empresa que prestan servicios, y en este año varias convocatorias de Comisiones tanto de Diputados como Senadores, para tratar temas vinculadas a las tarifas de los Servicios Públicos.

En este sentido cada vez más organismos nacionales, sobre todo vinculados a la Seguridad Social, tienen un área específica para reclamos de las Defensoría del Pueblo, lo cual facilita y agiliza los reclamos y su resolución.

Creo propicio en esta instancia, avanzando en esta línea argumentativa acerca de la institucionalidad, y en víspera de terminar en noviembre la prorroga de un año que se realizó al mandato de Defensora Adjunta, expresar la necesidad de la apertura a la convocatoria a un nuevo período para Titular y Adjunto en cumplimiento de la Ordenanza.

Retomo algunos conceptos que expresé de una u otra forma en la Introducción del período 2007-2008, en cuanto a la misión institucional de la Defensoría que involucra la defensa y protección de los Derechos Humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas; y decir que más allá de la función defensiva de los derechos, tiene a su cargo – por imperio del Art 86 de la Constitución Nacional- el

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control del ejercicio de las funciones administrativas públicas y, en esta función de control, se ha puesto el acento durante el período no sin algunas dificultades que subsisten por la falta de respuestas rápidas, a los requerimientos que se dan en algunas áreas más que en otras, pero que de última se trata de la comprensión de la Institución, y de su papel que es de colaboración y no de obstrucción de la administración o de las políticas gubernamentales.

Porque interpretamos que este control del ejercicio de las funciones administrativas públicas no fiscaliza la actividad señalada para detectar directamente violaciones a los derechos ni para defenderlos, sino para verificar si el ejercicio de las funciones administrativas presenta irregularidades, aún cuando no irroguen directamente violación a los derechos, y poder recomendar y señalar aquello que sí podría avanzar, tal vez, en el desconocimiento o perjuicios para el Estado, vuelvo aquí a señalar la colaboración y no obstrucción; para ejercer con responsabilidad es necesario que la Defensoría cuente con recursos y la disponibilidad de los mismos como del personal capacitado para cumplir tal objetivo, permitiendo avanzar en este sentido.

Reitero que avanzar en la ampliación de las responsabilidades institucionales constituye una política hasta aquí sostenida por esta gestión, porque hace a la institucionalidad, a la confianza y a la consolidación de prácticas democráticas. La referida función de control, posibilita la centralidad de la práctica ciudadana y la lucha contra una impotencia colectiva palpable en el diario contacto con los ciudadanos reclamantes, ante el desconocimiento de la soberanía popular y la necesidad del ejercicio de la ciudadanía que comprende por una parte, el control de los poderes y, por otra parte, la representación o representatividad que se ha delegado.

La confianza en la política y en las decisiones políticas es vital e indispensable en el espacio público. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro, es una actitud que concierne al futuro en la medida que ese futuro depende de la acción de otro; es una categoría ética, y es desde una mirada política, de política democrática, que la confianza adquiere importancia, porque la democracia consiste en hacer confianza a los ciudadanos para que sean jueces y actores de las decisiones que le conciernen (este tema lo desarrolle con motivo de la audiencia pública y va como anexo)

Es de enorme responsabilidad comprender que las políticas del gobierno afectan la vida de los ciudadanos, la modifican, no siempre para bien y que cualquier decisión

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no es neutra, esto se puede ejemplificar con los reclamos acerca del aumento de las tasas municipales a las que le siguieron las provinciales y los servicios públicos, que se llevan un 50% del salario y en los de mayor nivel salarial hasta un 30%, porcentaje que se aumenta para las jubilaciones, sobre todo las nacionales. La preocupación ciudadana en su mayoría gira alrededor de poca capacidad contributiva, con salarios bajos, con inflación y las restricciones que se hacen en la economía familiar, alteran el mercado local y producen una retracción que afecta el comercio, actividades recreativas, entre otras; si además está vinculado a la creación de nuevas estructuras dentro del Municipio produce malestar y desconfianza. El argumento que la mayoría ha pagado a pesar del incremento, habla bien de la ciudadanía y no de la política impositiva, no hay que confundir.

La accesibilidad a los servicios Municipales que, de acuerdo a las estadísticas que observamos en la expresión cuantitativa del informe, se mantiene sin solución de continuidad y hoy presenta una coyuntura favorable ante la caída de la emergencia económica del Municipio y la coparticipación de recursos para la realización de obras, mejorar el hábitat, el acceso al agua potable, iluminación, asfalto, más jardines maternales, es abrir un camino para la inclusión desde lo que el Municipio y su función específica puede hacer.

El núcleo duro de la exclusión, como mencionaba antes, se consolida cuando vemos que varias generaciones de ciudadanos, repiten y reproducen las condiciones de pobreza y de marginalidad, basta ver como ejemplo los distintos informes, para observar que del grupo de derechos afectados la mayor parte de la torta se concentra en los derechos sociales con un 57%, sin desconocer que la afectación impacta en los derechos políticos y civiles.

Es muy doloroso el retroceso que como país hemos experimentado en cuanto al cumplimiento de los Derechos, sin ir más lejos, el derecho a tener el documento de identidad, hoy una gran cantidad de niños carecen del mismo, y un retraso considerable en la renovación documental no solo es un problema económico, es cultural.

Esta situación de precariedad de la población por un lado compromete fuertemente la misión de la Defensoría y por otro profundiza la necesidad de promover el ejercicio pleno de la ciudadanía, la elevación de la voz pública en el reclamo de los derechos. En esta línea argumental se encuentra el trabajo del área Promoción Ciudadana.

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El Área de Promoción, desarrolla dos programas fundamentales: ―Al encuentro con los ciudadanos‖ y ―la Defensoría en la escuela‖, y cuya acción se articula con dos redes de ADPRA: La Red por los Derechos de los ciudadanos con necesidades Especiales y la Red de Mujeres, que propician acciones de discriminación positiva para el pleno ejercicio de los derechos, para la lucha por los mismos y la exigencia de cumplimiento desde la propia ciudadanía.

Cabe recordar que, cuando pensamos el Área, el objetivo fundamental fue el conocimiento de la Institución, para que no esté restringida al sector social que tiene capacidad de demanda; un programa conjunto con Servicio al Ciudadano es Defensoría Móvil y en ambos también participa el Centro de Mediación

Seguir manteniendo los mismos es muy importante para la institución y para sus objetivos y el contacto con las asociaciones del barrio, las escuelas, las iglesias, el centro comunitario, enriquecen el trabajo, y abre un canal de diálogo por encima de los conflictos con la vecinal, con los dirigentes, funcionarios, la comisaría, las pandillas o tribus urbanas;

La acción educativa y cultural de la Defensoría es insoslayable porque la vigencia de los derechos necesita de una ciudadanía informada y garante y vigía de la democracia.

El personal que componen las áreas de la Defensoría ha ido formándose en esta concepción de los Derechos y, en años anteriores, se ha facilitado su capacitación y actualización concurriendo a encuentros nacionales e internacionales de Defensores del Pueblo y los seminarios que acompañan estos encuentros, pero la restricción impuesta por el Presidente del Concejo Deliberante, para el uso de los recursos presupuestarios que oportunamente ese Concejo había aprobado, ha detenido el proceso de formación vital para esta Defensoría. Los cursos realizados han corrido por cuenta de los agentes de esta Defensoría como así también, y en el mismo sentido, la concurrencia tanto a reuniones de Defensores, como a la cámara corrieron por cuenta personal. Entiendo que esta situación es injusta sobre todo teniendo en cuenta que en el presupuesto presentado y aprobado, presupuesto hecho por programa, permite visualizar lo que se tiene, para que se ha pedido y luego, como se ha ejecutado.

Con respecto al personal, está en suspenso y sin dar solución a una leve recomposición propuesta para dos agentes, ambos con una categoría mayor, sin

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necesidad de creación porque están destinadas a esta Institución por Decreto Nº 805/03 anexo II Estructura orgánica.

En oportunidad de presentar el presupuesto para el año 2010, se acompañó con una estructura de cargos que permitirán la promoción del personal a escalas superiores, porque la actual dotación obtura la posibilidad de ascenso y de carrera en la administración, situación que obviamente no es buena ni recomendable.

Por último quiero resaltar la formación, especificidad y el compromiso del personal con los vecinos y la institución, en un marco de pluralismo y respeto por las ideas.

Programas a Desarrollar.

Estamos preparados para enfrentar nuevos desafíos y diversificar la acción, una vinculación concreta con Juzgados de Menores, y con el programa de Trata y Tráfico de Persona de las Defensorías, y la Red de Alerta contra la explotación Comercial y la Trata, esto a través de un 0800 asesoramos en función del protocolo aprobado y realizamos la orientación pertinente.

Hay una acción coordinada con el Centro de Mediación de la Defensoría que posibilita la resolución de problemas que se presentan en la comunidad, fundamentalmente de convivencia a lo cual, en la mayoría de los casos, no es ajeno la arquitectura sobre todo de las construcciones FONAVI, IAPV, fuente de la mayoría de los conflictos entre vecinos.

En cuanto al ejercicio de la independencia, se ha actuado con total independencia, sin recibir órdenes de ninguno de los poderes, en el desarrollo de las actuaciones, resoluciones, recomendaciones, Programas implementados, relaciones entabladas etc. Conservando así el carácter y el sentido Constitucional de la figura.

La Defensoría es miembro pleno de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.

Este informe anual contempla los doce meses de trabajo desde el 1 de Octubre del 2008 al 30 de Septiembre del 2008.

En primer lugar se hace referencias a los criterios generales del trabajo, en segundo término se detallan las actividades de las Áreas: Servicio al Ciudadano, Promoción y Fortalecimiento de la Ciudadanía, Comunicación y Relaciones Institucionales, Despacho y Organización Interna y Centro de Mediación.

En lo concerniente a la recepción de reclamos y denuncias, se presenta un informe cuantitativo, destacándose algunas temáticas que son objetos de reclamos recurrentes y las actuaciones destacadas de la Defensoría asociadas a la misma. Se

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informa sobre proyectos y trabajos especiales, investigaciones, Posteriormente se adjuntan Recomendaciones, y Resoluciones. Y una planilla de ejecución presupuestaria.

Quiero mencionar la colaboración del Área Informática del Concejo en las personas de Dante Cejas, José Menghi, Hugo Acosta y Alejandro Eckell que nos socorrieron arreglando las computadoras, para poder avanzar en el trabajo y fundamentalmente en el informe.

Por último quiero hacer referencia a la necesidad de Legitimación Procesal de la Defensoría teniendo en cuenta que en algunas circunstancias, la protección de los Derechos debe ir más allá de una magistratura de opinión, y se hizo necesario dotar al Defensor del Pueblo de herramientas para promover demandas de acciones o abstenciones, cuando se afectaran Derechos, sobre todo aquellos de incidencia colectiva.

En función de este convencimiento, en el año 2004, presentamos un proyecto a la Legislatura Provincial con el fin de obtener la Legitimación Procesal que alcanzó la aprobación de la cámara de Senadores, porque en ese momento implicaba una reforma a la Ley 3001. Hoy, con la incorporación de la figura en la reforma de la Constitución, vemos el camino allanado.

Lic. Martha B. Benedetto

Defensora Adjunta del Pueblo

A cargo de la Defensoría del Pueblo

Municipalidad de Paraná

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2. Criterios generales de trabajo de la Defensoría del Pueblo

La institucionalización de la figura del Defensor del Pueblo en la ciudad de Paraná constituye, desde la fundación del organismo en 2003, una de las orientaciones centrales de trabajo, puesto que la misma coadyuva al establecimiento de bases sólidas para el desarrollo de las actuaciones. La consolidación de la figura en la protección, defensa y promoción de los derechos de los ciudadanos paranaenses se construye cotidianamente a través de la acción y la comunicación institucional. Luego de más de seis años de trabajo, la Defensoría del Pueblo se ha transformado en un espacio socialmente legitimado de reclamo ante la vulneración de derechos, al tiempo que un organismo de promoción ciudadana.

Justamente, la definición de la misión de la Defensoría del Pueblo: promover ciudadanía en Paraná, orienta a la institución hacia el desarrollo de dos diferentes, aunque complementarios, tipos de actividades. Los servicios externos de la Defensoría están organizados según atiendan al denominado carácter ―pasivo‖ de la ciudadanía o al llamado carácter ―activo‖ de la misma. El carácter pasivo entiende al ciudadano como poseedor de derechos, garantías y seguridades y como receptor de servicios con calidades elementales según esos derechos. El carácter activo hace referencia a la capacidad y posibilidad del ciudadano de ser partícipe, de ser actor transformador de situaciones, promotor de nuevos derechos, competente en el manejo de herramientas para el ejercicio autónomo de sus derechos y para la actuación dentro del espacio público común como ciudadano pleno.

La tarea regular de la Institución se estructura, entonces, según los ejes de:

A. Defender y representar al vecino de Paraná ante cualquier negación, privación, violación, maltrato, incumplimiento o insatisfacción en el libre ejercicio de algún Derecho Individual, Colectivo, Cultural, Económico, Social, Ambiental o cualquier otro Derecho Ciudadano, a través de la recepción de reclamos, denuncias o diferentes tipos de presentaciones por parte de los ciudadanos de Paraná y de la realización, en consecuencia, de las correspondientes actuaciones orientadas a la corrección de la situación. También, en este sentido, se puede iniciar de oficio cualquier actuación y realizar propuestas de mejoras o de cambios en cuestiones que hacen a problemáticas vinculadas a los ciudadanos y el ejercicio pleno de sus Derechos.

B. Promover Derechos Ciudadanos, a través de actividades formativas y de difusión, para colaborar en el incremento de la conciencia ciudadana de cada

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paranaense a fin de que podamos aportar en la construcción de una sociedad más democrática y participativa y para afirmar y extender los Derechos ciudadanos, Sociales, Económicos y Culturales, Ambientales. En este sentido la Defensoría asiste a los ciudadanos en la familiarización con las normas que posibilitan participación, protagonismo e incidencia en las decisiones públicas; difunde los catálogos de Derechos Ciudadanos así como también los mecanismos que se pueden utilizar para ejercer, defender derechos y promover mejores vínculos y relaciones entre administración pública, organizaciones en general y ciudadanos; difunde derechos y mecanismos de acceso a los mismos; elabora y difunde información de carácter general que involucre a los ciudadanos e incide para que cualquier tipo de información de carácter general y público llegue a los ciudadanos genuinamente.

Promover ciudadanía consiste también en cooperar para que los ciudadanos establezcan vínculos y relaciones que posibiliten una mejor convivencia y para que puedan resolver sus conflictos y controversias de manera cooperativa, propendiendo a que Paraná, en un futuro, se transforme en una ciudad mediadora.

Según esta misión general, la Defensoría del Pueblo tiene los siguientes rasgos que caracterizan la forma de actuar y orientan el desarrollo de las actividades:

 Es una Institución independiente y objetiva que apunta más allá de los intereses concretos sobre los cuales le cabe intervenir, entendiendo que cada vez que se defiende un Derecho en una situación particular se procede a la afirmación de ese Derecho, y de otros Derechos vinculados al mismo.

 Se caracteriza por la prudencia, lo cual no ha de ser entendido como sinónimo de complacencia, sino que la prudencia y la seriedad apuntan a promover el aprendizaje social necesario para afirmar mejores relaciones, derechos y obligaciones.

 No es un órgano de gobierno ni un amortiguador de disputas políticas o sectoriales; es una institución de y para los ciudadanos y la ciudad.

 No sustituye a los órganos y procedimientos de control ya estatuidos, sino que los complementa.

 El perfil institucional es el mandatario ciudadano cuya función es la de representar intereses ciudadanos vinculados a los derechos, controlar, advertir sobre desviaciones; sin que ello signifique ser oponente sino colaborador crítico.

 Si bien incide para la solución de los problemas particulares presentados por los ciudadanos, tiene en cuenta que la mayoría de los problemas son síntomas o

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consecuencias de causas más profundas, las cuales deben tenderse a superar. Por lo tanto, tiene también como responsabilidad institucional la de elaborar recomendaciones, sugerir soluciones y realizar propuestas de fondo.

 Es una institución instrumentadora de diálogo, que desarrolla excelencia en la comunicación y una profunda solidaridad entre las organizaciones y las personas, vinculando los derechos de la ciudadanía con su efectivo ejercicio.

 El enfoque de sus actuaciones y de sus esfuerzos es perseverar en gestiones mediadoras y de resoluciones de problemas entre la Administración Pública, las organizaciones en general y el ciudadano.

El compromiso de la institución se asienta sobre las siguientes premisas de trabajo: transparencia; competencia; confiabilidad; igualdad; capacidad de respuesta; accesibilidad; respeto y cortesía.

La Defensora del Pueblo y todo el personal de la Defensoría se encuentran profunda y firmemente comprometidos con la misión de promover ciudadanía en Paraná a través de la defensa activa y la promoción de los Derechos.

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3. Resumen del trabajo de las Áreas de la Defensoría

3.a. Servicios al Ciudadano

3.a.1. Criterios generales del trabajo en el Área.

Como criterio general de trabajo, el Área de Servicios al Ciudadano, prioriza la atención inmediata del reclamo, la consulta o la denuncia, realizando los contactos y trámites que sean pertinentes para cada caso con la mayor celeridad posible, garantizando una información permanente sobre el avance y estado de las actuaciones realizadas.

Las tareas son desarrolladas por personal especializado en las diferentes disciplinas (economía y finanzas; legales; social; construcción e infraestructura; educación; etc.), según las cuales se organiza la atención de los reclamos y se coordinan esfuerzos entre las distintas Áreas en abordajes interdisciplinarios.

Se recepciona el reclamo, se analiza la problemática y se procede a la consecución del trámite ante el organismo pertinente, bajo los siguientes principios: impulsión e instrucción de oficio; informalidad; accesibilidad; inmediatez; gratuidad; celeridad; imparcialidad; publicidad; pronunciamiento obligatorio; obligación de denunciar.

Las siguientes, constituyen premisas en la atención del ciudadano: INFORMALIDAD: a diferencia del procedimiento administrativo normal, no es necesario presentar ninguna nota ni medio documental alguno. La sola exposición verbal hecha en forma personal o telefónica es suficiente para iniciar una actuación de la DP. ACCESIBILIDAD: a la informalidad del trámite se suma la posibilidad de efectuar reclamos o consultas por correo electrónico, vía telefónica a través del número gratuito de atención (0800 777 1112), a través de familiares o allegados al ciudadano que se sienta vulnerado en sus derechos y, finalmente, mediante las instancias de descentralización (Defensorías móviles en los distintos barrios) de la atención. No es necesario el patrocinio letrado para solicitar la intervención institucional. INMEDIATEZ: en la atención personal –en sede- de los ciudadanos, con un tiempo de espera no mayor a diez minutos.

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GRATUIDAD: las presentaciones ante la Defensoría no están aranceladas, ni tampoco hay gastos administrativos a cargo del ciudadano. CELERIDAD: en el tratamiento del reclamo, lo cual implica una actitud comprometida con la resolución de la actuación en el menor tiempo posible, dependiendo del grado de complejidad de la problemática planteada. Existen situaciones de resolución inmediata (a veces, simplemente, mediante una gestión telefónica) mientras que hay otras que requieren de tramitaciones y plazos más prolongados para su resolución. IMPARCIALIDAD: ante una situación planteada, se analiza la existencia efectiva de un derecho vulnerado. Se trabaja bajo la premisa de la buena fe del ciudadano por lo cual se cree prima facie en su palabra. Se evalúa la pertinencia En los casos en que el reclamo no resulta pertinente, se orienta al ciudadano.

3.a.2. Asesoramiento y orientación general al ciudadano

En muchas oportunidades el vecino se presenta desconociendo el funcionamiento de las áreas del Estado Municipal y/o Provincial e, incluso, desconociendo la existencia de organismos de contralor en las diferentes áreas de servicios. A partir de estas situaciones, se informa y orienta al ciudadano en la realización de su gestión. Esta tarea involucra un importante espacio en el trabajo diario.

En todos los casos se trata que el trámite administrativo sea iniciado por el ciudadano. La Defensoría del Pueblo no obra como gestora, sino que actúa cuando la demora administrativa vulnera derechos, es decir que, si el expediente no es atendido por las áreas específicas, o existen situaciones de mora que afecten derechos, se da inicio a la actuación institucional, teniendo siempre como norte la restitución de derechos vulnerados. Situaciones como esta han dado origen, incluso, al desarchivo de expedientes, permitiendo reencauzar la problemática denunciada y obtener -en muchos casos- resoluciones favorables.

El desconocimiento generalizado sobre las diferentes gestiones ante organismos públicos y privados tendientes a procurar la restitución de un derecho vulnerado, así como también la existencia y plena vigencia del derecho resultan cuestiones ampliamente desconocidas por los ciudadanos, por lo cual, la función de asesoramiento y orientación general que se brinda desde la Defensoría de enorme

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amplitud temática posee un profundo sentido de promoción ciudadana, puesto que para el ejercicio de los derechos es condición su conocimiento y reconocimiento.

Además de la orientación general, se brinda a los ciudadanos asesoramiento específico profesional ante problemáticas concretas. Las áreas más frecuentes de problemas están dadas por: cuestiones de índole social, que son atendidas por una Licenciada en Trabajo Social; cuestiones de índole económico financiera, atendidas por un profesional de Cs. Económicas; cuestiones vinculadas a infraestructura y obras, atendidas por Ingeniera en construcciones; y otros problemas específicos que requieren de un asesoramiento profesional.

Las especificidades profesionales del personal posibilitan, además de la atención al ciudadano, la complementariedad y el trabajo de equipo interdisciplinario para la resolución de temas complejos.

3.a.3. Admisibilidad y procedencia de los reclamos ante la Defensoría del Pueblo

Aunque por Ordenanza (Nº 8391) la jurisdicción de la Defensoría se circunscribe a la Municipalidad de Paraná, la política institucional en relación al encuadre del reclamo es la de atender a todo ciudadano que tome contacto con la institución, cualquiera sea el lugar de residencia y/o el origen de procedencia de la temática del reclamo. Este criterio de amplitud en la atención, se fundamentó en el relativo desconocimiento inicial, por parte de la ciudadanía, de la competencia y jurisdicción específica de la institución, así como también, en la inexistencia de una Defensoría en la órbita de la Provincia de Entre Ríos o en otras municipalidades. Actualmente se sostiene una política de amplitud en la recepción de reclamos, no obstante notarse una creciente comprensión ciudadana en relación al alcance y pertinencia de la actuación de la Defensoría que redunda en una creciente focalización del trabajo en torno a cuestiones pertinentes.

Más allá del área de competencia de la Defensoría del Pueblo1; cuando el reclamo formulado refiere a personas, organismos, actos, hechos u omisiones que no están bajo la misma y teniendo en cuenta la política vigente de amplitud y flexibilidad en la admisión de reclamos, se procede a la derivación correspondiente a la autoridad competente, previa orientación del ciudadano en la resolución de su problema.

1 Ordenanza Nº 8391/ 2002

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No se da curso a las quejas, aunque fundamentando la decisión, cuando se advierte mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial y, en principio, en caso de asuntos ya juzgados.

3. a. 4. Informe Cuantitativo

Entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de Septiembre de 2009, período comprendido por el presente informe, se iniciaron actuaciones y solicitudes de mediación, por lo que la totalidad de asuntos atendidos llegan a ser .

Cuadro comparativo de ingreso de temas en la institución: 04/08/2003-30/09/2005 01/10/2005- 30/09/2006 01/10/06 30/09/07 01/10/07 30/09/08 01/10/08 30/09/09 Totales desde los inicios Servicios al Ciudadano 2238 824 831 962 1353 6208 Centro de Mediación 276 246 219 185 175 1101 Total de actuaciones 2514 1070 1050 1147 1528 7309

Durante el período del presente informe anual2 se han atendido también, a ciudadanos provenientes de otras localidades de la provincia, fuera del ámbito de jurisdicción de la Defensoría.

3.a. 5. Estadísticas de actuaciones iniciadas por el área Servicios al Ciudadano, según los derechos vulnerados, durante el período.

El gráfico de tortas representa el porcentaje de actuaciones iniciadas a partir de los reclamos de los ciudadanos, registrados por grupo de derecho vulnerado. Se observa que el grupo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con un 57% de actuaciones iniciadas es el de mayor incidencia de reclamos. En segundo término se encuentra el derecho a acceder a los distintos servicios municipales (24%) y en

2 Del 1 de octubre de 2008 hasta 30 de septiembre 2009.

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tercer lugar, la vulneración de los derechos Civiles y Políticos(11%). Un 8% de las

presentaciones ciudadanas constituyen solicitudes de asesoramiento o consultas, a

investigaciones de oficio o actuaciones donde no aparece –claramente- un derecho

vulnerado (otros):

Grupos de Derechos Afectados

11%

57%

24%

8%

Derechos Civiles y

Políticos

Derehos Económicos y

Sociales

Acceso a los Servicios

Municipales

Otros

En la siguiente tabla, se desagregan los grupos de derechos en función del derecho

específico afectado, identificando la cantidad de actuaciones iniciadas a partir de los

reclamos recepcionados.

DERECHOS VULNERADOS Actuaciones

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Al nombre: a un nombre propio y al apellido de sus padres o al de uno de

ellos 24

A la integridad personal: a que se respete su integridad física, psíquica y

moral. 4

Derecho a la protección contra la discriminación

2

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A la Libertad y seguridad personales 8 A la reparación (material, moral o de otra índole) 17 A la privacidad 2 De rectificación o respuesta 5 A la propiedad, y a la propiedad intelectual 15 A gozar de garantías judiciales 52 A la igualdad ante la Ley 5 A participar de los asuntos públicos 2 De circulación y residencia 1

Derecho de los Extranjeros

1 Derecho a postularse para Cargos Públicos 1

Derecho de acceso a la información pública

2 Subtotal actuaciones 141 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES A la oportunidad de acceder a una actividad remunerada 7 A condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo 4 A la seguridad social (jubilación, pensión, cobertura de obra social, ART) 60 A la salud 10 A la alimentación 3 A una vivienda digna 14 A la protección de la familia 96 De los niños, niñas y adolescentes 2 De los ancianos 1 De las mujeres 6 De las personas con necesidades especiales 10 A la educación 11

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A participar de la vida cultural 3 A un medio ambiente sano 2 A la protección de la salud, seguridad e intereses económicos . (Consumidores) 55 A recibir información adecuada y veraz (Consumidores) 29 A la calidad, al acceso y a la eficiencia de los servicios públicos (nacionales, provinciales, privatizados y/ o tercerizados) 446 A condiciones de trato digno y equitativo (Consumidores) 14 Subtotal actuaciones 773 DERECHO DE ACCESO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES Limpieza, Regadores y Atmosféricos 23 Agua Potable 37 Cloacas 9 Medio Ambiente 33 Control de la vía pública 8 Obras y conservación Vial 19 Alumbrado Público 16 Conservación de Parques y Paseos 10 Tránsito 7 Transporte 9 Obras particulares 27 Viviendas y Asentamiento Urbano 2 Habilitaciones Comerciales 19 Rentas 99 Justicia de Faltas 6 Reglamentaciones de Cementerios y Servicios fúnebres 1 Salud 1

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Consorcios y Concesiones 1 Derecho a la Defensa Civil 1 Derecho a la Cultura 2 Catastro y Cartografía Urbana 1 Subtotal actuaciones 331 OTROS Solicitud de Asesoramiento y consulta 104 Subtotal actuaciones 104 TOTAL 1349

Observación: durante el período comprendido por el presente informe se recibieron a través de correo electrónico 229 reclamos referidos a la vulneración del Derecho a la calidad, acceso y a la eficacia de los servicios públicos (nacionales, provinciales, privatizados y/o tercerizados). Particularmente en relación con la aplicación del Cargo Decreto 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional en las facturas de gas.

3.a. 6 Actuaciones según el estado de trámite y el tipo de resolución.

Estado del Trámite 30/09/08 30/09/09 Archivado 565 En trámite 788 Total de actuaciones 1353

Resolución del trámite Actuaciones Favorable al ciudadano 167 De conformidad 395 Renuncia del ciudadano 3 En trámite 788

Nota: de las 788 actuaciones en trámite aprox. El 65% corresponde a reclamos referidos a la vulneración del Derecho a la calidad, acceso y a la eficacia de los servicios públicos

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(nacionales, provinciales, privatizados y/o tercerizados), por incremento en la tarifa de gas y electricidad.

3.a.7. Vulneración de derechos en la ciudad de Paraná.

La recepción de reclamos y su tratamiento en el marco de la Defensoría del Pueblo, representa una oportunidad privilegiada para monitorear, analizar y efectuar consideraciones sobre la situación de vulneración de derechos, o de ejercicio de los mismos, de parte de los ciudadanos paranaenses.

En el presente apartado se exponen sintéticamente los temas que –en forma recurrente- constituyen objeto de reclamo en la institución, configurando situaciones estructurales de vulneración de derechos en la ciudad, que requieren de la atención e intervención de las autoridades competentes.

Los temas abordados, se ilustran con actuaciones específicas que por su complejidad o por el tratamiento dispensando desde la institución, resultan destacadas.

I . Derechos Económicos Sociales y Culturales

En el presente período, como en anteriores, se puede observar que el mayor porcentaje de reclamos y presentaciones refiere a la vulneración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En efecto, para un gran sector de la población, el ejercicio del derecho a la protección de la familia, a vivir en un hábitat adecuado, a la alimentación, a la salud, aún sigue siendo una deuda pendiente del Estado.

Hay una causalidad recíproca entre la persistencia y acentuación de la pobreza y la violación de los derechos humanos.

En particular, es un resultado de la responsabilidad y capacidad de respuesta de las instituciones estatales. Las estructuras sociales y las instituciones constituyen el marco en las que se producen las relaciones económicas y políticas, configurando muchas de las dinámicas que crean y sustentan la pobreza.

Desde la perspectiva de los derechos, la pregunta que deberíamos hacernos es: cual es la vigencia de los derechos humanos y que sentido tiene para los pobres la democracia y la justicia, el debido proceso y la participación en el ejercicio del poder político, el voto y la libertad de expresión, la igualdad y el crecimiento económico?

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La pobreza es cuestión de dignidad y derechos; socava las democracias al negar sus valores intrínsecos y poner en entredicho la eficacia de su funcionamiento. El tiempo ha demostrado que la libertad y la igualdad formales no son suficientes para el desarrollo de sociedades justas.

Y en ese sentido, el fuerte compromiso con las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y la promoción del ejercicio pleno de la ciudadanía son premisas prioritarias para la institución.

Algunos datos La pobreza, el desempleo, la subocupación y el alto nivel de informalidad laboral que persiste continúa siendo una gran preocupación para muchos; si bien a nivel país el empleo no registrado cayó del 47 % en el primer trimestre del 2003, al 40,6 % en el mismo período de 2007 (MTEySS-Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales-Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales en a base a EPH-INDEC) el porcentaje de trabajadores informales sigue siendo extremadamente alto. El efecto concreto es que las regulaciones laborales y las políticas públicas que impulsan el salario indirecto (como el aumento en las asignaciones familiares, las regulaciones sobre obras sociales, el esquema jubilatorio) excluyen a cuatro de cada diez asalariados. Dentro de este número se incluye a los receptores de programas de transferencias de ingresos, lo que aumenta el nivel de registro aunque no implica la creación de nuevos puestos de trabajo. Tampoco se han modificado las condiciones de desigualdad en la distribución del ingreso, y las mayores fragilidades se encuentran en la alta sensibilidad de los hogares pobres frente a cambios en los precios de las Canastas Básicas; pequeños cambios en los precios podrían implicar la caída de numerosos hogares a la pobreza o a la indigencia. La CBA (Canasta Básica Alimentaria) representa los productos requeridos para la cobertura de un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Quienes no puedan cubrirlas son considerados indigentes. La CBT (Canasta Básica Total), en tanto, suma algunos servicios básicos para definir quiénes son los pobres.

Aunque ―Estar o no en los umbrales de la indigencia o de la pobreza es parte de la convergencia del valor de la canasta básica alimentaria y otras necesidades, además

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del ingreso percibido en el hogar según la cantidad de perceptores que este tenga‖, señala la Dirección de Estadísticas y Censos Provincial.

El costo de la canasta básica en Paraná creció, en los primeros ocho meses de 2009 un 0,70 %; según los datos oficiales de la Dirección de Estadística y Censos de Entre Ríos, dando cuenta que, durante agosto, el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un hogar tipo —compuesto por dos adultos de entre 30 y 59 años y dos niños de ambos sexos de entre 10 y 12 años— pasó de 703,40 pesos a 711,58. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó en 1.544,14 pesos.-

En relación al mercado de trabajo, en el primer trimestre de 2009, y según informa la DEC, la desocupación creció en el Aglomerado Gran Paraná 3 puntos: pasó del 5,8 al 8,6%, mientras que el nivel de subocupación, en ese período, se ubicó en el 7,7%. Aunque la desocupación bajó un punto en el segundo trimestre de 2009, igualmente es alta en comparación con igual período de 2008: tres puntos más, ya que pasó del 4,5 al 7,5 %, es decir, casi 9 mil desempleados en Paraná. La medición correspondiente al segundo trimestre 2009 arrojó un 12,4 % de subocupación, casi 14 mil personas en esa condición. Según el Indec, si se computase como desempleados a quienes son beneficiarios de los planes sociales, como el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, la tasa de desempleo subiría al 8,9%. En Entre Ríos, en el Plan Jefes/ as de Hogar hay un universo de 12.711 personas, de las cuales 3.354 se concentran en el departamento Paraná. En tanto, en el Plan Familias por la Inclusión Social, hay otras 18.149 personas, de las cuales 4.943 están en el departamento Paraná. El dato sobre la evolución del costo de la canasta no es menor: en un mercado de trabajo fuertemente condicionado por el empleo público –en la provincia, más de 70 mil personas empleadas en el Estado—, y con un estancamiento del salario en el sector, sumado a los índices del mercado laboral, una suba de esa envergadura en el costo de la canasta impacta en los niveles de pobreza de la sociedad.

En este contexto, hasta marzo de 2009, sobre una población provincial total estimada para 2008 de 1,2 millones de habitantes, 129.725 niños entrerrianos en edad escolar, bebés de hasta 45 días, embarazadas, personas con discapacidad,

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adultos mayores y desocupados acudían a los distintos comedores comunitarios, escolares y de ancianos provinciales, según datos del Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos.

Las estadísticas de esa cartera también muestran que hasta el primer trimestre de este año, 18.884 son las familias con NBI que reciben una tarjeta magnética para adquirir alimentos, y 18.164 los chicos de hasta 14 años y embarazadas que cuentan con un aporte alimentario especial por su déficit nutricional.

Hasta la segunda mitad de 2008 en el aglomerado Gran Paraná se registró un 11,7%, aproximadamente 35 mil personas, debajo de la línea de pobreza, inferior al 13,0 % del primer semestre del 2008. Para el segundo semestre de 2008 se muestra una disminución de 1,3 puntos porcentuales en la línea de pobreza, lo que implica 31.590 personas.

Sin embargo, expresiones del propio Ministro de Salud y Acción Social de la Provincia, en medios de comunicación, dan cuenta de que “la pobreza aumenta, al igual que la desocupación‖, afirmando que según las estimaciones en la provincia actualmente hay ―por lo menos 300 mil personas que se ubican por debajo de la línea de la pobreza‖.

Números, estadísticas, líneas de medición, y detrás, niños/as, mujeres y hombres con sus historias de privaciones, sueños y luchas; poco nos dicen estos datos sobre sus derechos, sobre la duración en el tiempo de una situación de desprotección, sobre la suficiencia de los recursos en términos de satisfacer necesidades básicas, sobre la variedad de los recursos y su efectiva utilización y la variedad de procedencias sociales y demográficas, entre otros aspectos que son considerados necesarios a los efectos de identificar y entender la pobreza en toda su dimensión.

Al decir de Robert Castel “Ser pobre o un empobreciente es estar en situación de descenso con respecto a la magnitud de la integración social, es ser en situación de mengua de posibilidades de participación en distintos ámbitos: laboral, educacional, sanitario, recreativo… Es ser con amenazas crecientes, y sobre todo, novedosas para el marco de referencia habitual”

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Derecho a la protección integral de la familia

En el presente período, se recibieron 96 (noventa y seis) consultas de ciudadanas sobre la posibilidad de intervención de la Defensoría para su incorporación al Programa Familias por la Inclusión Social, en su mayoría, derivadas desde áreas sociales de organismos públicos.

Según información brindada por la Coordinación provincial del Programa, las solicitudes de alta, a partir de la caracterización de familias en riesgo social, se realiza de manera excepcional ante la intervención de organismos públicos, y deben ser elevadas, por Juzgados, Defensoría del Pueblo, Áreas Sociales del Estado (en este caso refrendadas por funcionario de alto rango y acompañada de Informe Social). Su procedimiento requiere de un circuito administrativo y de evaluación que es llevado a cabo por la Unidad Ministro y la Subsecretaría de Organización del Ingreso Social, es decir por fuera del ámbito del Programa. La solicitud de alta llega al Programa cuando ya se ha evaluado el riesgo social del núcleo familiar y se requiere la conformación del legajo para poder efectivizar el alta de acuerdo a los procedimientos del Programa.

Si bien el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Resolución MDS Nº 825/05 establece que podrá, ese Ministerio, ―…determinar la incorporación al Programa de nuevas familias beneficiarias, atento al alcance nacional del mismo, antes circunstancias que así lo justifiquen…‖; desde el año 2002, no se ha implementado un mecanismo de inscripción, quedando así supeditada la accesibilidad al Programa solo a aquellas ciudadanas que sean informadas de la posibilidad de solicitar ser incluidas al Programa, mediante la condición de ―alta excepcional‖.

Esta restricción contradice el principio de universalidad de los derechos humanos. El Comité DESC de Naciones Unidas ha considerado que la obligación de garantizar ―contenidos mínimos‖ surge del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), expresando que ―un Estado en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de la formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones. Si el Pacto se ha de interpretar de manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser‖. Así, el Estado está jurídicamente obligado a garantizar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, y no puede

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escudarse en la falta de recursos disponibles para justificar su accionar si este induce a un sector de la población por debajo del estándar mínimo de protección de este derecho.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo ha actuado ante la Coordinación Provincial del Programa Familias, durante el mes de octubre de 2008 hasta la fecha, ante la presentación de ciudadanas que requirieron de nuestra intervención, con el objetivo de solicitar su incorporación a dicho Programa, entendiendo que esta Institución aparece como viabilizadora para la concreción del derecho de las ciudadanas al acceso al Programa.

Al mantener las entrevistas con las ciudadanas, nos encontramos frente a situaciones de extrema vulnerabilidad: madres, muchas de ellas adolescentes, cuyos hijos/ as se encuentran bajo su exclusiva responsabilidad, ya que en muchos casos, si bien el padre de los niños mantiene un vínculo afectivo, no puede realizar un aporte económico sostenido porque no cuenta con ingresos estables; en todos los casos se trata de mujeres desempleadas, que no han completado estudios primarios o secundarios; en un mínimo porcentaje, realizan tareas domesticas o elaboran y venden algún producto casero, con escasos y esporádicos ingresos. La mayoría refiere su situación habitacional como crítica: condiciones de extrema precariedad de las viviendas, asentadas sobre terrenos no aptos (cercanos a arroyos, a basurales), hacinamiento; irregular situación dominial de la tierra (viviendas o casilla asentadas sobre predios privados o sobre traza de calles públicas) o inestabilidad en las condiciones de uso (permisos precarios, préstamo por un tiempo determinado).

En todos los casos, los niños/ as en edad escolar se encuentran incluidos en el sistema educativo, a pesar de que varias de las mamás entrevistadas manifiestan el enorme esfuerzo que ello les implica, por la frecuente imposibilidad de adquirir útiles, calzado, vestimenta, y costear transporte, por lo que en muchas ocasiones concurren caminando aún a pesar de las largas distancias que deben recorrer algunos de ellos/ as.

Sumidas en la pobreza, cifran sus esperanzas en lograr un ingreso, que aunque mínimo, les permita cubrir al menos la básica necesidad de alimentar a sus hijos

En el mes de agosto del cte. año, fueron consideradas posibles altas excepcionales por la Subsecretaría de Organización de Ingresos Sociales, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, MDS, 18 .solicitudes de inclusión, realizadas por esta Defensoría.

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Resulta válido reiterar la valoración del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su documento ―Programa Familias por la Inclusión Social: entre el discurso de derechos y la práctica asistencial‖ “..los problemas que hacen a la integración social son problemas de derechos -sociales y políticos- que se encuentran ligados a la construcción y reproducción de ciudadanía. En consecuencia, las estrategias de inserción social deben ser, por un lado, adoptar un formato de transferencia de recursos económicos, sociales, políticos y culturales tendientes a fortalecer las redes sociales de los hoy excluidos para asegurar su desarrollo y autonomía socio-económica y política; por el otro, asegurar características político-institucionales de gobierno y acción estatal accesibles y abiertas a las preferencias y control social y que no incluyan pautas y prácticas discriminatorias…”

Derecho a la vivienda y a un hábitat adecuado

La problemática del hábitat de familias en condición de pobreza, constituye una de las más crudas y complejas manifestaciones de la cuestión social y ha sido una preocupación permanente en el ámbito de la Defensoría, no solo en la atención de situaciones en las que ciudadanos/ as ven vulnerado o negado este derecho, sino también generando instancias de investigación, formación y capacitación en la temática.

Partiendo de considerar al hábitat como una construcción histórica donde se interrelacionan los sujetos y el medio natural, podemos afirmar que a lo largo de la historia, la población ocupa un espacio, lo transforma en la medida de sus necesidades y posibilidades o se adapta a sus condiciones cuando no puede cambiarlo; así la sociedad y el espacio se van transformando, configurando una unidad donde las modificaciones en uno de ellos tiene impacto sobre el otro.

La forma singular en que el ser humano vive y construye el espacio es parte de la identidad del grupo al cual pertenece y expresa aquellas especificidades que lo distinguen de ―los otros‖. Y al mismo tiempo, cumple una función clave en el proceso de socialización de los sujetos

En la producción del ambiente construido-en el cual las políticas habitacionales son relevantes- las formas que asume tienen que ver con la posición de los individuos en la estructura social. Las ciudades se han ido construyendo, consciente o inconscientemente, separando y segregando a los mas pobres, generándose lo que

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aparece graficado en los planos: los pobres arrinconados en una zona, y la ciudad ―formal‖ o ―normal‖ en la otra.

Toda política habitacional se sustenta en una determinada concepción teórica y determinadas formas de gestión. Esto nos lleva a preguntarnos como estamos entendiendo la vivienda social. La entendemos solo como el dispositivo de una política que se propone afrontar el problema que tienen los hogares en situación de pobreza, para superar los impedimentos originados en la condición de mercancía de la vivienda y abordar su precio de mercado? O la entendemos como una acción efectiva de redistribución de riqueza?.

Las intervenciones generadas por las políticas urbanas deben abordarse desde la perspectiva de los derechos humanos; como sociedad tenemos la obligación de especializar estos derechos, que son económicos, sociales, culturales, ambientales.

Es necesario satisfacer la necesidad de un techo, un cobijo, pero también construir una ciudadanía más justa y más solidaria porque cuando hablamos de vivienda, no sólo nos estamos refiriendo a la dimensión territorial, sino también a dimensiones políticas-económicas y socio-culturales, vinculadas con las experiencias de los habitantes.

La política habitacional tiene que garantizar la calidad residencial, preocupándose no solo de los estándares de la vivienda sino también del barrio que se pretende generar, el tipo de tejido urbano y social que se pretende construir; tiene que promover condiciones de acceso a los servicios del hábitat mucho más equitativas e integradoras, que avancen en el reconocimiento del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda y al hábitat adecuado para todos.

Partir de estas consideraciones, nos ha permitido intervenir en los reclamos recibidos, desde una perspectiva enmarcada en los derechos, y en ese sentido, realizar las presentaciones, resoluciones, recomendaciones, ante los organismos pertinentes, como así también coordinar acciones con las áreas que abordan la problemática

Si bien el numero de las actuaciones vinculadas directamente con el derecho a la vivienda no aparecería como significativo, debemos aclarar que ciudadanos/ as que se han acercado a plantear el no reconocimiento o negación de otros derechos, traen

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aparejado la vulneración del derecho a la vivienda. Como ejemplo, baste mencionar que en las 96 actuaciones iniciadas para solicitar la incorporación de ciudadanas al Programa Familias por la Inclusión Social, en el total de los casos se ve vulnerado tal derecho (por precariedad, por falta de servicios, por hacinamiento, por estar asentada sobre terrenos no aptos, por carecer de vivienda y poseerla en calidad de préstamo o alquiler, y no poder hacer frente al mismo, entre otros)

Dentro de las situaciones que aparecen con mayor recurrencia se destacan:

La ilegalidad/ irregularidad/ informalidad, que implica dos formas de transgresiones: respecto a los aspectos dominiales y respecto al proceso de urbanización. La primera se basa en la falta de títulos de propiedad; la segunda, en el incumplimiento de las normas de construcción de la ciudad. Cada una de ellas se concretan en diferentes tipos que definen formas distintas de segregación urbana:

a. Desde el punto de vista dominial: ocupación de tierra pública o privada en “villa”, asentamiento, ocupación de lote individual; loteos irregulares; ocupación de inmuebles de propiedad fiscal o privada; permisos de uso entre municipios y ocupantes de inmuebles, indefinidos en el tiempo. Es decir que se trata tanto de ocupaciones directas como a través del mercado informal del suelo, algunas de ellas de muy compleja forma de producción y uso.

b. Desde el punto de vista de la urbanización: Ocupación de tierras: sin condiciones, desde el punto de vista urbano – ambiental, para ser usadas como residenciales: tierras inundables y sin infraestructura; dificultosa accesibilidad a los centros de empleo, educación primaria, servicios primarios de salud; contaminación del suelo; cercanía a basurales clandestinos y hornos de ladrillo; construcción de viviendas por fuera de la normativa existente. Ocupación de áreas públicas (calles públicas, por ejemplo).

En relación al punto a) existe preocupación de ciudadanos asentados sobre terrenos privados, en relación a la inestabilidad frente a un posible desalojo, implicando además el no arraigo al lugar, no poder acceder a los servicios básicos (agua, luz), no lograr mejorar sus condiciones habitacionales y el entorno, entre otros.

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Con respecto al punto b) las presentaciones tienen que ver con familias asentadas en los bordes de arroyos que surcan la ciudad, aquellas que viven en la zona del Volcadero y por último, grupos familiares asentados sobre traza de calle publica.

En la casi totalidad de estas situaciones, se trata de familias en situación de extrema vulnerabilidad social y riesgo habitacional, condicionadas por el desempleo, caracterizadas por la precariedad de las construcciones que habitan, sin la infraestructura necesaria ni equipamiento urbano, que no tiene acceso a los mercados formales de tierra y vivienda y, por lo tanto, produce modos de ocupación informal tanto en lo legal como en lo físico territorial.

En cuanto al abordaje integral de estas situaciones debemos destacar la implementación de Programas como el PRO.ME.BA- Programa de Mejoramiento Barrial- (ejecutado en Barrios Anacleto Medina Sur y Norte, Anegadizos, Gaucho Rivero, Santa Rita, y próximos, Barrio Belgrano y La Delfina, entre otros) que permite la intervención física, infraestructura básica, regularización y mensura de lotes, extensión de redes, conexiones domiciliarias de agua potable, cloacas, gas, energía eléctrica, vías de acceso, alumbrado público, desagües pluviales, red vial y peatonal, cordón cuneta, forestación y arbolado público, ejecución de núcleos básicos habitacional y sanitario, relocalización de población, obras de mitigación ambiental, sedes y comedores comunitarios.- Promueve, además, la capacidad de organización y de gestión de las comunidades.

Sin embargo, es necesario decir que aun existe un gran número de familias en la ciudad, cuyas condiciones habitacionales y/0 del hábitat continúan siendo absolutamente deficitarias y degradadas.

Si bien se puede señalar que las cifras de hogares afectadas por el problema de la vivienda es altísima, no existen relevamientos actualizados que permitan determinar con rigurosidad el alcance de la población afectada.

Un informe del año 2006, proveniente del Ministerio de Planificación Federal, arrojaba un déficit cuantitativo de 25.800 viviendas nuevas para la provincia de Entre Ríos y aportaba que, aproximadamente, unas 57000 familias vivían en viviendas deficitarias recuperables.

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El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda es el organismo que implementa la política habitacional en la Provincia.

En su Registro Único y Permanente de Demanda Habitacional, daba cuenta, en el año 2008, de un total de 28.000 familias inscriptas en el mismo, con la presunción de que se inscribe sólo una de cada tres familias que necesitan vivienda.

Pero se observa que el instrumento posee limitaciones en relación a que el número final de la demanda registrada no contempla en su total magnitud la situación vivenciada por los sectores pobres.

Y es que la población en situación de pobreza no participa de la convocatoria de inscripción, porque no está ni se siente contenida dentro la política del Instituto, la que establece determinados criterios que excluye a los sectores de población que no cuentan con ingresos demostrables.

Por otro lado, y no menos significativas, existen numerosas presentaciones de ciudadanos adjudicatarios y/u ocupantes de viviendas del Instituto, demandando la intervención de la Defensoría, desgastados por el circuito burocrático del organismo provincial y ante la falta de respuesta a sus reclamos:

Podemos mencionar Gran porcentaje relacionados con deficiencias constructivas o de vicios en la construcción que se traduce, con el paso del tiempo, en problemas de humedad, fisuras en paredes, entre otros. Al respecto, los informes en virtud de inspecciones realizadas por personal de Obras Particulares de la Municipalidad, analizados por profesionales de Servicios al ciudadano, permiten concluir que el seguimiento de obra ejercido por el IAPV, en la ejecución de los complejos habitacionales, sigue siendo deficiente. Constituyen ejemplos: problemas por humedades, pozo en medianera, inundación como consecuencia de desnivel en el terreno Falta de respuesta, del Instituto, a denuncias presentadas por supuestas irregularidades. Complejos habitacionales concretados sin cumplimentar la normativa municipal vigente, generando consecuencias negativas para el futuro por cuanto la factibilidad de los servicios no está garantizada.

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Ocupación indebida de los espacios comunes por parte de los adjudicatarios, situación que deriva en problemas de convivencia (la mayoría de estas situaciones son derivadas al Centro de Mediación)

Continúa siendo complejo establecer un canal de comunicación fluido y encontrar una resolución ágil de parte del IAPV.

Puntualmente se ha mantenido entrevista con el Pte. del Directorio, Dr. Julio César Aldaz, y con funcionarios y profesionales del organismo, a expreso pedido de la Defensora, a partir de los encuentros que la Defensoría ha venido concretando con vecinos de los Barrios Lomas del Mirador I y II y en los que han planteado numerosas inquietudes y preocupaciones. Muchas de ellas se han canalizado desde el área de Servicios al Ciudadano (limpieza y desmalezado, recolección de basura, desobstrucción red cloacal, entre otros), desde el área de Promoción se ha comenzado a trabajar con los adolescentes que concurren a la Escuela Nº 38 ―Lomas del Mirador‖

Pero una de las cuestiones planteadas con mayor fuerza por la mayoría de los vecinos del Barrio Lomas del Mirador II tiene que ver con su situación habitacional.

Es importante recordar que este complejo habitacional fue ocupado irregularmente, aproximadamente en el año 1989, al no ser entregado formalmente por el IAPV a quienes habían resultado adjudicatarios, por haberse detectado deficiencias en la construcción. Luego siguió un largo proceso judicial, pero mientras tanto las viviendas fueron ocupadas y es un hecho fáctico que las familias actualmente continúan viviendo allí, mientras el organismo responsable de resolver la situación planteada, no ha tenido intervención.

Desde la Institución consideramos que un eje central del que se debería partir para empezar a mejorar las condiciones de vida de las/ los ciudadanos que allí habitan, es la regularización dominial de las viviendas que ocupan, previa intervención de los organismos competentes que determinen la habitabilidad de las mismas.

Y esto no tiene que ver con una cuestión de ilegalidad/ legalidad, sino fundamentalmente con la posibilidad de otorgar o promover en las familias un sentido de pertenencia, de apropiación de ese espacio, porque ―habitar‖ significa justamente arraigarse, echar raíces, apropiarse de un territorio, establecerse como individuo, grupo, comunidad, familia.

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En los relatos de los vecinos (hombres, mujeres, adolescentes) aparece una clara percepción de bajo reconocimiento de sus historias, de sus necesidades y expectativas por parte del Estado y de la sociedad; sienten que se ignoran sus intereses de participación e integración, lo que se traduce en sentimientos de malestar y descontento. Descontento que constituye un obstáculo para que se miren de manera positiva a sí mismos y en su relación con los demás. Y que se refleja, además, en el abandono y el deterioro de las viviendas y sedes comunitarias; en la falta de mantenimiento de las calles, pasajes y espacios públicos; en la basura acumulada en varios lugares; en los bancos y juegos infantiles descuidados.

En función de poder comenzar a modificar estas situaciones y del objetivo primero, la regularización dominial, se mantuvo una reunión con un Vocal del Directorio del IAPV y con profesionales del mismo, de la que surgió el compromiso del Vocal, Sr. Osuna, de solicitar los estudios técnicos, sociales y legales correspondientes al Barrio Lomas del Mirador II, previo a cualquier decisión que pueda tomar posteriormente ese Instituto.

Finalmente podemos decir con total certidumbre que el Estado es el principal responsable y el actor fundamental para abordar este proceso que posibilitará el reconocimiento y el rescate de las necesidades, intereses e identidades de los/ as ciudadanos/ as que allí habitan y que, por otra parte, les dará legitimidad, reconstruyendo de este modo el tejido social.

Derecho a la Seguridad Social (jubilación, cobertura de obra social, A.R.T.)

Con preocupación podemos asegurar en base a las estadísticas de actuaciones que tramitan ante la Defensoría que los reclamos de ciudadanos por cuestiones previsionales (jubilaciones, pensiones, subsidios, etc.) siguen configurando una de las problemáticas más numerosas a las cuales hemos tenido que dar respuestas.

No nos equivocaríamos si también afirmáramos que la ―desinformación‖ es una de las causas de inquietud e incertidumbre en quienes han concurrido a reclamar y/o solicitar se clarifiquen cuestiones relacionadas a: a) las condiciones y requisitos necesarios para acceder a los beneficios previsionales; b) la procedencia o no de los importes percibidos por dicho concepto; y c) el traspaso de las AFJP al SIPA (Sistema Integrado Provisional Argentino). Esto ha determinado una fluida comunicación escrita con la Oficina de Coordinación de Defensorías del Pueblo de la ANSES, quien

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en la mayoría de los casos nos ha informado sobre estado de trámites y/o requisitos para la continuidad de los mismos. Fundamentalmente las consultas están referidas al atraso que presentan las actualizaciones, a la demora en la resolución de los fallos, la posibilidad de acogerse al fallo Badaro.

En particular cabría destacar los reclamos de ciudadanos que han sido traspasados por el SIPA (Sistema Integrado Provisional Argentino) al ANSES y cuyos haberes se han visto disminuidos sin una aparente justificación. La reforma jubilatoria cambia la situación jurídica de los fondos, que a partir de ahora pasarán a ser propiedad del Estado, en el sistema de capitalización los aportantes al sistema eran propietarios de sus fondos y o sorpresa en el traspaso aquellos que tenían la mínima han perdido el suplemento que el estado les proveía.

El derecho de los ciudadanos de acceder a la cobertura integral de la salud, ya sea a través de obras sociales a las cuales se encuentran afiliados o asociados, u otras instituciones entidades reguladas por leyes nacionales o provinciales, ha sido también uno de los temas importantes de intervención de la Defensoría.

Los reclamos se han orientado principalmente al incumplimiento de estas entidades de brindar las prestaciones médicas y provisión de prótesis o medicamentos según lo establecido por el P.M.O (Plan Medico Obligatorio Nacional).

Debemos remarcar como un hecho negativo de importancia, la falta de respuesta del I.O.S.P.E.R. (Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos) respecto a la cobertura de patologías relacionadas con afiliados afectados por algún tipo de ―discapacidad‖, y que reclaman por su derecho de ser incorporados en los alcances de la Ley Nacional de Discapacidad Nº 26378 y Provincial Nº 9891, mediante las cuales se dispone la cobertura integral y gratuita. El principal argumento del IOSPER ha sido la no reglamentación de la Ley a nivel provincial para incorporarla al menú de prestaciones. No obstante es de nuestro conocimiento que la negativa del instituto ha habilitado el derecho de los afiliados a gestionar las coberturas por vía de Amparos Judiciales, con su posterior presentación y reconocimiento.

En general la Defensoría interviene ante organismos públicos y privados cuando hay negación del Derecho a la Salud.

La situación de los/las afiliados/as a la OSBA

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La Defensoría del Pueblo ha recibido reclamos de afiliados/as a la Obra Social Bancaria – OSBA- , quienes se encuentran desprotegidos dada la falta de solvencia que, a todo nivel, tiene la obra social. Por una parte los ―activos‖ ni tienen acceso a medicamentos, atención médica, en los casos de enfermedad de largo tratamiento, crónicas o terminales, las demoras en la autorización del envío de insumos, medicamento y de reintegros, ha ocasionado la interrupción de dichos tratamientos, en casos de por ej. Cáncer, esclerosis múltiple, dolencia cardíaca. Por otra parte, los afiliados jubilados, quedaron cautivos de los descuentos que la OSBA les efectúa, sin atención médica y sin la posibilidad de obtener al traspaso, al PAMI, por ej.

Es grave la situación en que se encuentran los afiliados a la Obra Social Bancaria de la ciudad de Paraná, por el incumplimiento de la atención de la salud. Esta situación -que se repite sin interrupciones- somete a los ciudadanos a una situación de indefensión, con graves consecuencias para su calidad de vida, y hasta poniendo en riesgo la misma.

Si bien la actuación en relación con esta entidad comenzó en el año 2005, en el período comprendido por el presente informe, durante octubre 2008 se produjo en la OSBA un agravamiento del desorden institucional, con una serie de renuncias en simultáneo y reordenamiento de funciones, que nos dejó todo un bimestre sin interlocutores para las quejas de los beneficiarios presuntos. En esa ocasión, en el lapso de dos semanas tuvimos oportunidad de hablar con, por lo menos 6 funcionarios, cada vez con alguien diferente y sin capacidad de dar solución. A raíz de eso, remitimos carta al presidente de la entidad Sr. Zanola, seguida de varios correos electrónicos, sin ningún tipo de respuesta. Por ello, en el mes de noviembre comenzamos a tramitar ante la Superintendencia de Servicios de Salud –SSS- a cargo del Dr. Rinaldi y allí dimos inicio al Expte. 148.602/08. Durante enero 2009, ante las dilaciones burocráticas de la propia SSS, entablamos comunicación con el Ministerio de Salud, a través del Dr. García Vila a quien remitimos por fax el detalle de los reclamos y enviando carta a la Lic. Ocaña, en el mes de abril, planteando que en la ―maraña‖ de vericuetos burocráticos, se soslayaba el cumplimiento de los derechos y la asistencia a los afiliados. Durante ese mes, se nos indicó desde la SSS, dirigirnos al Defensor del Beneficiario, Sr. Finvarb, a fin de agilizar los reclamos y su respuesta. Finalmente, en el mes de agosto y, habiendo mediado la presentación de un Recurso de Amparo por una de las afiliadas, recibimos de la SSS, las actuaciones

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exigiendo a la OSBA el cumplimiento de las obligaciones pendientes del primer trimestre 2009, sólo para la mencionada reclamante. En ese intervalo se fueron solucionando reclamos puntuales de los afiliados.

El Derecho a la Salud, Derecho Humano fundamental, de raíz constitucional, es un principio rector a la hora de resolver conflictos que afectan la salud del ciudadano, y toda persona que es socia de una entidad que presta salud a cambio de un pago periódico es, antes que nada, beneficiario de ese sistema. No hay excusas para negar las prestaciones, demorarlas, o minimizar los reclamos, porque se está negando el ejercicio de un derecho, estando en juego -en esa negativa- la vida, la salud y la integridad personal.

Habiendo realizado reclamos con nombres y apellidos ante la falta de cobertura, en forma reiterada, a lo que se respondió con argumentos burocráticos, o con pasaje a distintas áreas o a distintos funcionarios, sin lograr soluciones permanentes. Agotadas las vías administrativas y jerárquicas, se pensó en recurrir a la Comisión Interamericana de DDHH en busca de protección para los ciudadanos usuarios de la OSBA, la que, sin solución de continuidad ha negado la atención de la salud de sus afiliados/as, llegando al escándalo de enviar cheques sin fondos a modo de Reintegros, oportunamente auditados y autorizados. Las información pública ha desnudado un circuito perverso en cuanto al manejo del dinero de los afiliados y el funcionamiento de la obra social

II. Derechos Civiles y Políticos

Sistema Nacional de Seguridad Vial. Multas por Foto-Radar.

Debido a los numerosos reclamos recibidos durante el año, en lo que refiere a multas emitidas mediante el sistema de control por Foto Radar, se intervino desde el

Área asesorando a los ciudadanos de diferentes localidades del país, por la cantidad de multas que le son reclamadas por Municipios y otros por la Policía Provincial A tal efecto se facilitó el envío de una nota tipo, con los fundamentos para efectuar el descargo de manera personal o bien para solicitar se remitan las actuaciones al lugar de residencia, invocando el derecho a ser juzgado dentro de su jurisdicción. ( ver anexo).

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Ante la multiplicidad de los reclamos, y la queja por la supuesta injusticia que se cometía, nos pusimos en contacto con el área correspondiente de la Policía Provincial.

Según información suministrada por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, los diferentes equipos con que se efectúan los controles para detectar posibles excesos de velocidad y otras infracciones, se encuentran perfectamente homologados de acuerdo a la legislación y todas las acciones se hacen con exclusiva atención a la Ley Nacional de Tránsito.

Obra en la Defensoría, bajo actuación de oficio N 482/09, toda la documental suministrada por la Policía de Entre Ríos consistente en copias certificadas donde consta la ―homologación de los radares por parte de la autoridad pertinente, INTI, y copias de procedimientos efectuados por personal policial en donde se ha procedido a la detención in situ del ―supuesto infractor‖, entendiendo el mismo como un procedimiento de prevención y alerta, en muchos casos, a fin de generar conciencia sobre quien tiene a su cargo la responsabilidad de conducir.

III. Derecho al acceso de los Servicios Municipales

Teniendo en cuenta la pertinencia, en función de las jurisdicción, de la intervención institucional en el reclamo ciudadano vinculado a la prestación de los servicios municipales, se describen a continuación los problemas que más frecuentemente son objeto de trámite, en un apartado específico.

El agua como derecho humano

El derecho al agua, incorporado en noviembre de 2002 por el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales marca un hito en la historia de los derechos humanos. Por primera vez el agua es reconocida de forma explícita como un derecho humano fundamental y los 145 países que ratificaron el PDESC se verán ahora obligados a asegurar progresivamente que todos tengan acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación. En este sentido en informes anteriores hacemos hincapié en este Derecho por la importancia que tiene el reconocimiento a los efectos de la implementación de la política municipal para de

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satisfacer a toda la población de este vital elemento, necesario para la vida y para preservar la salud, está más que demostrado que su distribución es prioritaria.

Por lo general, las obligaciones de los gobiernos respecto al derecho al acceso al agua potable en el marco de la legislación sobre derechos humanos se encuadra de manera amplia en los principios de respeto, protección y satisfacción de las necesidades. La obligación de respetar este derecho requiere que los Estados Parte se abstengan de adoptar cualquier conducta que interfiera con el goce de este derecho, tal como las prácticas que, por ejemplo, nieguen acceso igualitario al agua potable aceptable o que contaminen ilegalmente el agua por medio del vertido de desechos de empresas, industrias etc. Las Partes se obligan a proteger los derechos humanos evitando que terceras partes interfieran con el goce del equitativo al agua.

Las dificultades en el acceso al servicio esencial de agua potable es motivo de numerosas presentaciones en la Defensoría, especialmente en la temporada estival.

Los reclamos por deficiencias en el acceso al agua potable provienen de diferentes zonas de la ciudad y se originan en causas diversas: problemas de abastecimiento, sea por rotura de la red, por falta de presión e incluso por la falta de previsión en las tareas de mantenimiento. Se destacan en particular aquellos que son originados por deficiencias de presión y caudal en importantes sectores, ej. el casco antiguo de la ciudad, abastecido por una red externa que presenta obsolescencias y se encuentra saturada.

La puesta en funcionamiento de la Nueva Planta de Agua Potable, y la nueva red de impulsión ha ido generando roturas a lo largo de las cañerías que conforman las redes complementarias, en diferentes zonas de la ciudad y la capacidad de respuesta en tiempo y forma no alcanza a cubrir la demanda, ya sea por falta de recursos, o por la falta de afectación presupuestaria. Se entiende que la planificación de la Obra Pública en la ciudad solo puede ser sustentable en el tiempo si se ejecutan además de los grandes proyectos las acciones complementarias de corto plazo y se afectan los recursos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento.

El agua potable debe ser un servicio garantizado por el estado municipal, por consiguiente, la ausencia de infraestructura en algunos sectores de la ciudad pone en evidencia la falta de previsión para atender la demanda conforme crece la densidad poblacional.

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Las ―conexiones irregulares‖ también reconocida como clandestina ha surgido en la mayoría de los casos como una necesidad de los vecinos de disponer de un elemento vital como el agua, del cual no se puede prescindir y al cual muchos ciudadanos solamente acceden por que han ejecutado la extensión del servicio de manera particular ante la ausencia de la red como sucede en algunos sectores de Bajada Grande. Al respecto, se destaca en particular la situación de vecinos frentistas quienes reclaman por conexiones realizadas a la red de agua provenientes de viviendas asentadas sobre urbanizaciones que carecen de factibilidad. Los vecinos manifiestan preocupación por la demora en la tramitación de los expedientes administrativos y por los inconvenientes que se pueden generar a futuro en la provisión del servicio. Asimismo, persiste como motivo de preocupación para la Defensoría, las denuncias que refieren a la comercialización de lotes con factibilidades provisorias.

Del análisis de este tipo de situaciones, se constata que sigue habiendo un defasaje en los tiempos administrativos y el proceso de ejecución de los proyectos de loteo, observándose que los lotes llegan a ser comercializados con la carpeta de factibilidad en trámite.

La normativa vigente -Ordenanza Nº 8563 de Código Urbano- establece claramente, en el Capitulo 4, art. Nº 113, la responsabilidad del propietario de ejecutar íntegramente las redes de infraestructura, agua, cloaca, alumbrado y otros. Solamente de esta forma, el Estado puede garantizar el funcionamiento efectivo de los servicios, mediante la función de contralor de las urbanizaciones privadas, cualquier otra situación, es regular y de resultados inciertos.

Deficiencias en infraestructura vial (obras y mantenimiento).

En el período y como consecuencia, en parte, de las copiosas precipitaciones, han sido recurrentes los reclamos por falta de mantenimiento (bacheo, cunetas, etc.) o de obras de infraestructura vial.

Al respecto, la legislación vigente establece claramente cuales son las funciones que se le atribuyen a determinadas áreas municipales, para el efectivo cumplimiento de las acciones operativas que posibiliten ―concretar, mantener y conservar las obras

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viales e hidráulicas realizadas dentro del ejido de la ciudad de Paraná‖. Se reclama de manera reiterada por el cumplimiento de algunas funciones, a saber:

1- Intervenir en las tareas concernientes a la construcción, la conservación y el mantenimiento de obras viales, obras de arte, desagües pluviales, drenajes, construcción de caños de Hº Aº y elementos premoldeados.

2- Estudio de factibilidad sobre determinadas obras, elaboración de proyectos en sus diferentes etapas entre otros.

El análisis de las actuaciones, nos permite concluir que muchas familias paranaenses ven afectada su vivienda por las precipitaciones debido a que la zona donde residen se inunda con el agua acumulada. Situaciones como esta, tienen su origen en la falta de mantenimiento de los desagües pluviales, en los problemas derivados de las obras linderas ejecutadas por particulares que generan alteración en los niveles existentes y en la ausencia de infraestructura que posibilite el libre escurrimiento de las aguas.

Se interviene desde la Defensoría solicitando un pronto despacho de los expedientes administrativos y estableciendo comunicación con el responsable del área para conocer y aportar al plan de intervención previsto. Consensuado el procedimiento, se le informa al ciudadano respecto a los proyectos existentes y las posibilidades de ejecución en el corto plazo. Toda vez que se constata que las obras referidas no han sido incluidas en el plan de obra pública del presente ejercicio, se genera un expediente, solicitando la factibilidad técnica y la afectación presupuestaria para la ejecución. Intervenciones de este tipo, requieren del trabajo articulado con la Dirección de Vialidad Urbana, área responsable de formular las soluciones técnicas de fondo y determinar los montos que demandaría la obra. La mayoría de las presentaciones realizadas, en este sentido, han sido evaluadas oportunamente y se encuentran pendientes de ejecución.

Es importante destacar en relación a las actuaciones iniciadas, que el nivel de afectación de la propiedad privada ha requerido en algunos casos dictamen legal y técnico para que se efectúe el reconocimiento municipal sobre los daños materiales ocasionados. En otras situaciones ha sido necesario emitir una Recomendación desde la Defensoría instando a la ejecución de obras pendientes .y solicitando fechas previstas sobre todo a partir del levantamiento de la emergencia económica del Municipio.

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A los efectos de generar una respuesta de corto plazo, se trasladan los reclamos a las áreas de competencia y se realiza un trabajo de investigación para constatar la existencia de algún proyecto de infraestructura para la zona. Desde el área se informa sobre la documentación existente, la cual consiste de planos y estudios que servirán de base para la continuidad del acto administrativo desde la Defensoría.

Planificación Urbana, Edificaciones y temas afines.

Es importante recordar en primera instancia que parte del objetivo fijado por la Defensoría como Institución de Jurisdicción Municipal es bregar por el cumplimiento de la Normativa Vigente y en temas relativos a Construcción y a Planificación Urbana, corresponde mencionar la existencia del Código Urbano (Ordenanza Nº 8563) y el Código de Edificación (Ordenanza Nº 4948 y modificatorias).

Cabe destacar de las presentaciones realizadas, que se evidencia un desconocimiento de la legislación y del trámite administrativo que debe iniciar el ciudadano al momento de planificar la construcción de una obra, cualquiera sea la dimensión de la misma, y de la responsabilidad que tiene como propietario y contratista. Ante situaciones como esta, la Defensoría brinda el asesoramiento correspondiente, solicita -en caso de considerar pertinente- la intervención a las áreas de competencia y plantea un escenario de las posibles soluciones.

Los reclamos más frecuentes vinculados a la construcción que se reciben en la institución refieren a las consecuencias negativas derivadas del proceso constructivo, entre los cuales destacamos, además del conflicto entre particulares, las situaciones generadas por el tendido de las redes de infraestructura derivadas de la intervención del estado municipal y de las empresas prestadoras de servicios públicos privatizados, rotura de vereda y pavimento, entre otros.

La Defensoría ha intervenido, de oficio, para que se intime a través de las áreas de competencia, al cumplimiento de la colocación de los Carteles de Obra por cuanto, la mayoría de ellas carecían del mismo, lo cual impide la identificación de los profesionales responsables que son datos necesarios al momento de intentar resolver un conflicto suscitado por la obra en ejecución. En determinadas situaciones y ante solicitud del actuante, se realizaron gestiones directamente con los profesionales a cargo a fin de intermediar en los conflictos que se van originando a medida que se avanza en la construcción.

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Incremento de las Tasas Municipales. Nueva zonificación en la ciudad.

Dentro de los reclamos referidos al ámbito Municipal, en el mes de febrero y durante los primeros días de marzo de 2009, la gran mayoría se centró en incremento de las Tasas Gral. Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios; lo que derivó tema en presentaciones masivas en la institución, y como consecuencia de ―una nueva valuación oficial‖ de los inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción municipal. Dicha determinación surgió a partir de un Decreto aprobado en diciembre del año 2008, por el cual el Ejecutivo Municipal disponía una actualización del valor medio del metro cuadrado de superficie según nuevas zonas urbanas y de acuerdo a indicadores preestablecidos, impactando directamente en el contribuyente por el aumento de las mismas, que como se demuestra en el anexo Nº alcanza a un gran sector de la ciudad.,

La preocupación de los ciudadanos tiene que ver con la imposibilidad de afrontar los incrementos de los tributos, teniendo en cuenta el aumento del costo de vida y el bajo nivel de los salarios. Según datos aportados por la Dirección de Estadística y Censo, el ingreso promedio total familiar para el Aglomerado Gran Paraná, se mantiene sin variaciones desde el año 2006 con un promedio que no supera los $ 1800, para el total del grupo familiar.

Desde esta Defensoría se ha tenido en consideración, entre otros, el principio de igualdad, el que entendido dentro de una política de bienestar se identifica con el principio de la capacidad contributiva, considerando a esta última como la valoración política de una realidad económica. se emitió así la Recomendación N 01/09, destacando la indelegabilidad legislativa del Poder Tributario en el Poder Ejecutivo, consagrado en la Constitución Nacional.. y la necesidad de que el decreto tenga reserva de ley,

Oportunamente se remitió por nota a los Concejales de los diferentes bloques, un breve informe realizado en la Defensoría a partir de las actuaciones que reflejaban el aumento de la Tasa General Inmobiliaria y en virtud de contar con una muestra de las variaciones sufridas, realizando una comparación con el período correspondiente a los bimestres 6/08 y 1/09. Se trato de un análisis demostrativo y exclusivamente cuantitativo en el cual se observa una dispersión que va desde el 49 % de

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incremento hasta un 600 % (2009). El análisis de los criterios que se tuvieron en cuenta para la intervención en la modificación de las tasas no se realizó por carecer al momento de los indicadores que se usaron para establecer las nuevas zonas fiscales.

Asimismo, y de acuerdo a datos de la Dirección de Catastro, el revalúo que se realizó en el año 2006 impactó en un 38 %, zonas 5 a 7, y un 30 %, zonas 1 a 4, actualmente modificadas y, que sumados a los actuales nos estarían indicando un aumento en el período de 2años

Se puede observar en los cuadros que se anexan, sobre un muestreo de doce casos al azar de inmuebles ubicados en la zona 1, que los mismos han sido objeto de un revalúo cuyo promedio arroja un 118, 63 % de incremento, mientras que la tasa liquidada, en promedio, sufrió un 115,12 %.

En la zona 2, sobre un muestreo de cinco casos al azar, se observa un incremento promedio de 128, 85 % en sus avalúos fiscales; mientras que la tasa liquidada sufrió un aumento del 91,39 % en promedio.

Con respecto a la zona 3, para un total de ocho casos, el promedio sobre los avalúos fiscales fue del 140, 25 % mientras que sobre la tasa liquidada el incremento fue de un 86,15 %.

En la zona 4, para nueve casos con la misma metodología, el promedio sobre los incrementos para los avalúos fiscales fue del 88,70 % mientras que para la tasa liquidada fue del 84,87 %.

La zona 5, arrojó un incremento sobre seis casos al azar, del 385,18 % en el promedio de los avalúos fiscales, y del 150,27 % en el de la tasa liquidada.

Respecto a la zona 7, sobre cuatro terrenos considerados, el promedio de incrementos fue de 1150 % en sus avalúos fiscales, dos de los cuales superaron este monto. El promedio del incremento sobre las tasas liquidadas fue del 602 %.

Contribución por Mejoras.

En el mismo sentido, se registraron reclamos en la Defensoría en virtud de la intención del Municipio de cobrar en concepto de ―Contribución por mejoras‖ la realización de obras (de pavimentación, iluminación, ensanches, etc.) realizadas varios años atrás. Si bien el cobro de la contribución se fundamenta en el beneficio que reciben los frentistas como consecuencia de la realización de una Obra Pública por parte del estado, y que en razón de la misma los contribuyentes deben abonarla; no obstante se recomienda establecer por Ordenanza los principios y conductas a

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seguir cuando las mismas se ejecutan bajo la figura de ―asistencia financiera‖ de la Nación, teniendo en cuenta los principios de generalidad, de previsibilidad, y la capacidad contributiva de los ciudadanos.

Situaciones como esta fueron denunciadas en la Defensoría por vecinos de la ciudad, que entendieron intempestivo el reclamo por parte de la Agencia Fiscal Municipal, AFIM, por cuanto la obra iba a ser ejecutada con fondos federales, a saber: Plan de Pavimentación VI Etapa 74 cuadras y Plan de Pavimentación VII Etapa 74 cuadras. Lo que motivó el dictado de la Recomendación Nº 3/09.

Control de actividades comerciales. Legislación

El tema continúa siendo objeto de reclamo en la Defensoría y se trabaja instando al cumplimiento de la legislación municipal vigente.3

La mayoría de las denuncias refieren al trámite de habilitación comercial de Bares y Confiterías Bailables, de clubes y a la actividad posterior que desarrollan, sus consecuencias en la afectación de la convivencia con los vecinos, y como incide sobre el ambiente.

Merece especial atención, el funcionamiento de otro tipo de actividades comerciales, en muchos casos lesiva para la seguridad de la población, que se realizan a puerta cerrada entorpeciendo el accionar municipal e impidiendo el correspondiente registro, habilitación y control de dichas actividades. Estos locales no se encuentran registrados en la base de datos del municipio lo cual indica que la autorización el ejercicio de la actividad no fue solicitada por el titular. En caso de verificar situaciones irregulares en el procedimiento, se solicita la intervención de la Secretaría Legal y Administrativa o del Juzgado de Faltas, para disponer la aplicación de multas u ordenar la clausura.

Es imprescindible una actualización de las Ordenanzas vigentes en cuanto habilitación, como de la intervención del Municipio sobre todo para aquellos locales o actividades que no tienen habilitación de acuerdo a la misma y se siguen pasos como por ej, notificar, intimar, multar, situación que se puede extender por un largo tiempo, demorando la clausura, y el trámite administrativo para el permiso correspondiente,.

3 Medio Ambiente. Capitulo II: Ruidos Molestos

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Derecho a disponer de un Ambiente Sano

Desde la máxima jerarquía normativa del estado, el art. 41 de la Constitución Nacional contempla el derecho de los habitantes de Argentina a un “…medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…”, y el deber de preservación del mismo en aras del desarrollo sustentable. Este derecho goza de una garantía constitucional prevista en el mismo artículo, en cuanto le impone a las autoridades estatales la obligación de proveer “…a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales…”. En este orden, son los municipios como entidades autónomas los que tienen la facultad de dictar para sí sus propias normas con el “alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero” que fije el gobierno provincial (art. 123 C. N.).

Invocando este Derecho, la Defensoría interviene ante situaciones vulneradas de manera precautoria y en cumplimiento de la legislación vigente, donde el estado municipal no ha logrado abordar la problemática de manera integral sino efectuando intervenciones parciales a medida que los hechos se suceden.

Un apartado especial merecen las obras de infraestructura cuyo emplazamiento impacta directamente sobre el entorno urbano, y que han sido objeto de reclamo en esta Defensoría. En este sentido, la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (ADP Nº 644/08) ha demandado la intervención del área, a partir de la preocupación de los vecinos afectados en principio por el lugar de emplazamiento, la posibilidad de la pérdida del trabajo para un amplio sector social. Y otros

En este sentido se emitió una resolución donde se intereso al ejecutivo sobre la posición de la Defensoría y se participo en la audiencia pública convocada el documento integra la sección documental.

Todo ciudadano tiene derecho a un mínimo de sanidad y seguridad ambiental, resultante de una armónica relación entre las condiciones de aire, suelo y agua y todos los factores que conforman el medio. Existen sectores de la ciudad que carecen de una red colectora cloacal domiciliaria, por falta de presupuesto, por carecer de un proyecto ejecutivo o por las características propias del terreno que dificulta el desagüe de los efluentes, y para los cuales la situación se resuelve

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disponiendo una estación elevadora. Cuando dicho sistema no funciona en condiciones optimas, se genera el desborde de los líquidos cloacales sobre sectores públicos urbanizados convirtiendo a los mismos, en cloacas a cielo abierto, afectando el curso de los arroyos o incluso, terrenos de propiedad privada. Ante situaciones como esta se interviene de manera inmediata, denunciando ante el área de competencia de manera telefónica, y generando un expediente administrativo a los fines de dejar constancia de la gravedad del hecho.

El estado de abandono de una importante cantidad de terrenos baldíos ubicados dentro del ejido de la ciudad de Paraná, genera la presencia de micro basurales y colabora con la propagación de alimañas y animales portadores de enfermedades.

La Ordenanza Nº 8275, responsabiliza claramente a los propietarios, usufructuarios y poseedores a título de dueño, a mantener los inmuebles (baldíos o edificados) ―en debidas y adecuadas condiciones de higiene, conservación y limpieza, y asimismo libre de yuyos, matorrales, otras malezas, de animales transmisores de enfermedades…‖. La misma norma – Artículo 7, una vez constatado el incumplimiento por parte del propietario, prevé la intervención de la Administración Municipal para ―realizar los trabajos necesarios para poner en condiciones el inmueble con cargo al responsable‖.

Se interviene articulando acciones con las áreas de competencia municipal; son las Unidades Municipales radicadas en cuatro puntos estratégicos de la ciudad las encargadas de recepcionar el reclamo y programar las tareas que serán ejecutadas por las cuadrilla de limpieza. Algunas áreas municipales encuentran dificultades operativas que hacen imposible el cumplimiento en tiempo y forma por carecer de recursos materiales. El desagote de los pozos ciegos y la poda de árboles son situaciones que no pueden esperar decisiones burocráticas, y a pesar de las intervenciones realizadas desde el área, sigue existiendo demoras considerables, que se justifican por la falta de recursos. Los procesos de descentralización si no van acompañados de los recursos necesarios a lo último se vuelven ineficientes, y se puede confundir con desentendimiento, más que descentralización.

Contaminación Sonora. Ruidos Molestos

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Retomando el tema que refiere a la habilitación de locales, el trámite municipal establece claramente para determinadas actividades, la condición de cumplir con estudios específicos de aislamiento acústico, a fin de evitar perjuicio sobre terceros.

La situación planteada en la Defensoría por los ciudadanos reclamantes, refiere en primera instancia ―al nivel de ruido y al grado de molestia‖ que genera la actividad sobre el entorno inmediato y en segunda instancia, a la habilitación comercial.

El nivel máximo de sonido emitido no se evalúa conforme a la normativa vigente al momento de otorgarse la habilitación, por eso es relevante el lugar de emplazamiento que se tiene previsto, dentro de la planificación urbana, para determinado tipo de actividades. Una vez otorgada la habilitación el estado debe garantizar el debido ejercicio de los derechos adquiridos, efectuando el contralor de dichas actividades. A tal efecto interviene la Defensoría, instando al cumplimiento de la legislación, que establece claramente el procedimiento a seguir disponiendo una franja horaria y una forma de medición que debe ser considerada para la valoración de los niveles sonoros. Sobre la mayoría de los reclamos se solicita la verificación del hecho denunciado pudiendo constatar que refieren a una serie de actividades comerciales que no han dado cumplimiento a las exigencias establecidas por la normativa. Por consiguiente el local se encuentra trabajando en infracción y con un trámite de habilitación incompleto que se prolonga por tiempo indeterminado de no mediar una acción intimidatoria. ( Metalúrgicas. Hotel Internacional )

Destacamos en particular la presentación realizada por un grupo de vecinos, que a pesar de haber denunciado el reclamo ante el ejecutivo municipal mediante nota, y de haber solicitado intervención del Centro de Mediación de la Defensoría, para establecer las normas de convivencia, no lograron dar cumplimiento al compromiso asumido de respetar los horarios de descanso.

Situaciones como esta son motivo de una investigación posterior por parte del área Servicio al Ciudadano a fin de agotar la vía administrativa y clarificar el estado del trámite de habilitación del local, reconociendo que toda actividad comercial debe desarrollarse bajo determinadas exigencias técnicas, las cuales no estaban siendo cumplimentadas por el Complejo Deportivo denunciado. En este sentido se solicito mediante una Recomendación la intervención de la Secretaría Legal y Técnica habida cuenta que en el expediente observado. no consta resolución o dictamen acerca de la situación legal del mismo en lo que hace a la Habilitación del local,

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estas situaciones si no son denunciadas por los vecino pueda durar años o nunca regularizarse.

Respecto a los expedientes que se reciben solicitando la intervención del Centro de Mediación, por el solo hecho de considerar que el tema debe ser abordado como un ―problema de convivencia entre vecinos‖, es importante señalar primero que el proceso, para que sea viable y efectivo, requiere de la voluntad de una de las partes, lo cual no se observa en la nota de derivación. En segundo término entendemos que el derecho a peticionar el proceso de mediación lo tiene quien efectua la denuncia mediante el trámite administrativo, por consiguiente debería ser entrevistado previamente para brindar su conformidad o bien ser notificado en alguna instancia del procedimiento. En caso de proceder y antes de solicitar la mediación, se revisa el contenido del expediente a fin de verificar si la vía administrativa se encuentra agotada.

IV. Derechos de Consumidores y Usuarios. Servicios Públicos

Telefonía

Aunque existen organismos de control específicos de los servicios públicos privatizados, la Defensoría del Pueblo además de brindar asesoramiento e intervenir, constituye un espacio de consulta y queja para los ciudadanos que se acercan.

Los reclamos para con los servicios de las empresas prestadoras de los servicios de telefonía se resuelven a través de gestiones de buenos oficios, a fin de lograr en el menor tiempo posible una respuesta favorable al ciudadano.

Concretamente en los reclamos por telefonía celular, además de las deficiencias que se siguen observando en la prestación del servicio, se registran irregularidades en la comercialización de los equipos por parte de las agencias oficiales locales de las distintas empresas. En general este tipo de presentaciones se enmarcan en el derecho del consumidor, por ello, se articulan acciones con organismos de defensa del consumidor siempre que el tema pueda ser abordado en el contexto de la Ley N 24240, con la Comisión Nacional de Comunicaciones como organismo de contralor en lo que refiere a la prestación del servicio específicamente o se procede a intermediar entre el usuario y la empresa para consensuar una salida al conflicto.

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Está claro que al ciudadano más que la multa que le aplican a la empresa antes está la solución del problema.

Cabe señalar, en relación a la existencia de antenas de telefonía Celular, se continua trabajando por el cumplimiento de la normativa vigente, Ordenanza N 8216 – que regula la instalación de antenas y establece parámetros de funcionamiento- destacando en particular una actuación que demando la intervención de la Secretaria Legal y Administrativa por el nivel de complejidad. Las investigaciones realizadas desde la Defensoría se encuentran contenidas en una recomendación que fue emitida con el objeto de lograr la ―remoción de la antena del lugar de emplazamiento por estar contravención de la normativa vigente‖ lo cual se encuentra en vías de ejecución.

Energía Eléctrica

La distribución del servicio público de Energía Eléctrica en la Provincia de Entre Ríos durante el periodo 1996-2005 se encontraba concesionado hasta que por decreto provincial, se declara la caducidad de dicha concesión por incumplimiento del contrato, pasando nuevamente a manos del estado provincial.

Durante el periodo en que el servicio estuvo a cargo de la empresa privada, el Ente Provincial Regulador de la Energía fue el organismo de contralor, responsable de vigilar el cumplimiento del contrato de concesión, por lo tanto de la observancia del cumplimiento de los derechos de los usuarios. Aunque el servicio retorno a manos del Estado provincial, persisten situaciones de reclamos al EPRE, y se trabaja desde la Defensoría articulando acciones conjuntas.

Los reclamos se han incrementado de manera exponencial desde marzo del corriente año, periodo en el cual las primeras actuaciones referían al perjuicio que ocasionaba la variación del precio de la energía eléctrica como resultado de la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios. Esta situación dio origen a una resolución desde la Defensoría, instando al cumplimiento de la solicitud efectuada por el Defensor del Pueblo de la Nación donde claramente se solicitaba a los Entes Reguladores Provinciales y a las Empresas Prestadoras del Servicio Público de Distribución Eléctrica de todo el país, que se abstengan de efectuar cortes en el servicio de energía eléctrica, motivados por la falta de pago de las facturas afectadas

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por la Resolución 1169/08, por la cual se autorizo el traslado de los nuevos precios a los usuarios que superen los 1000 kwh de consumo.

Destacando el interés por la protección de los derechos económicos y el derecho a una información adecuada y veraz, se reciben los reclamos de los usuarios y se brinda el asesoramiento correspondiente. De las observaciones realizadas sobre las facturas emitidas se puede concluir que ―las variaciones registradas‖ en las boletas de la luz ―corresponden al aumento del consumo, producto de la necesidad de calefacción e iluminación en estos meses de frío‖ y a la desinformación que existe sobre el consumo promedio de los artefactos eléctricos. El último incremento que afectó a los usuarios entrerrianos data del 1º de noviembre del año pasado, cuando el Gobierno nacional dispuso ―una quita de subsidios‖ lo que provocó una suba tarifaría para los consumos de 1.000 kw bimestrales (o 500 mensuales). Existen excepciones en la aplicación del aumento, contenidas en la Resolución 202 del EPRE. ―A las excepciones las estableció la Secretaría de Energía de la Nación, tanto ENERSA como las distribuidoras provinciales atiendan el requerimiento de los usuarios encuadrados en ellas‖.

Respecto a quienes se le aplica la excepción, las situaciones recibidas han sido diferentes por lo cual se les sugiere, cuando se encuentran encuadrados en uno de los requisitos, solicitar en la distribuidora el formulario tipo y completar la información según corresponda.

Existen asimismo otras situaciones que si bien no están comprendidas por la Resolución 202/08, pueden ser consideradas dentro de ―Programa de Tarifa Eléctrica Social e Inclusión al Consumo de Energía Eléctrica‖ que maneja la Secretaría de Energía Provincial, por el cual se subsidia parte del consumo de energía a las familias de escasos recursos.

Merece especial atención las dificultades planteadas por usuarios residenciales de escasos recursos que no pueden afrontar el pago de las facturas del servicio eléctrico por el consumo elevado que se origina al utilizar equipos destinados a la atención de la salud. Estas situaciones deben ser consideradas tanto por la empresa prestadora del servicio como por la Secretaría de Energía para que sean incluidos en el Programa de Tarifa por Salud (Decreto 817/03). Desde la Defensoría se trabaja en procura de encontrar solución a los diferentes casos que se presentan y de articular acciones en conjunto con los organismos encargados de cumplir la legislación vigente. Las dificultades observadas refieren en su mayoría a las condiciones que

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deben acreditar los usuarios para acceder al beneficio por cuanto el estricto cumplimiento de la norma vigente limita la condición solamente al consumo medio anual de la energía eléctrica dejando en segundo plano la realidad socioeconómica de cada familia. Existen situaciones de hecho que no pueden esperar, ante el corte de energía eléctrica producido, se articulan acciones de manera inmediata con la prestadora o con el EPRE a fin de garantizar en una primera instancia la restitución del servicio y en una etapa inmediata posterior el análisis de pertinencia del beneficio o de la situación particular en consecuencia.

Gas Natural

En relación al servicio de gas natural, las presentaciones en la Defensoría refieren a la imposibilidad de los vecinos de asumir el aumento en las facturas por cuanto se han visto incrementadas al incorporar entre otros rubros, ―otros cargos‖, Decreto N 2067708 y el impuesto al valor agregado (IVA). A esta situación y a diferencia de la facturación por energía eléctrica, el usuario se ve afectado además por la aplicación del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PURE), el cual consiste en un plan impulsado desde el Estado nacional para estimular el ahorro de fuentes energéticas no renovables. La Secretaría de Energía de la Nación propuso este modelo en 2005 con el fin de generar conciencia alrededor de la importancia de los recursos de energía y la necesidad de no derrocharlos. El sistema establece una serie de descuentos a quienes ahorren y aumentos a quienes, por el contrario, derrochen gas. En síntesis el programa establece que aquellos usuarios que ahorren en el consumo del año actual respecto del período de referencia, recibirán incentivos (descuentos) en su facturación. Por el contrario, aquellos que los incrementen deberán abonar cargos adicionales.

Ante la solicitud de asesoramiento proveniente de diferentes lugares de la provincia de Entre Ríos, y sobre la cantidad de presentaciones realizadas se concluye que, ni el incremento del valor del servicio con motivo del nuevo cargo tarifario, ni su aplicación en forma retroactiva, ni la segmentación y recategorización efectuada en base al consumo, fueron puestas en conocimiento de los usuarios residenciales. Invocando la inconstitucionalidad del Decreto 2067/08 se puso a disposición de los usuarios una nota tipo mediante la cual se realizaban las presentaciones individuales ante la

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prestadora del servicio, REDENGAS, donde se manifestaba además, el pago en disconformidad con la reserva de iniciar acciones legales.

Desde el área se efectuó un relevamiento a mediados de agosto sobre la totalidad de los reclamos presentados, arrojando un valor de 544 actuaciones, de las cuales 315 se hicieron de manera personal y 229 vía mail. Los antecedentes que obran en esta Defensoría, fueron remitidos a la Defensoría del Pueblo de la Nación para la toma de conocimiento y posterior incorporación al trámite judicial iniciado.

En lo que refiere a este punto la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una medida cautelar y suspendió provisoriamente la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas, hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión, esto es si declara la nulidad o no de las resoluciones que fijaron los aumentos. De esa manera, el Tribunal dispuso que los usuarios podrán seguir pagando sus facturas de acuerdo con el régimen tarifario anterior, y ordenó que tampoco se podrán realizar cortes en el servicio a usuarios que no paguen los incrementos de referencia.

La cámara revocó así el fallo de primera instancia que no hizo lugar a la cautelar, en el marco de una causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación, por la que pidió se declare la nulidad del decreto 2067/08, de la resolución 1451/08 del Ministerio de Planificación y de la resolución 563/08 de ENARGAS, normas que fijaron el nuevo cuadro tarifario.

En menor incidencia, respecto al total de las actuaciones presentadas, vale mencionar el ―desconocimiento del consumo‖ que efectúan algunos usuarios ante lo cual se les sugiere solicitar ante la Distribuidora, una revisión técnica del medidor y de la instalación a fin de descartar irregularidades, o bien solicitar la intervención con la asistencia de un particular matriculado que pueda constatar las valoraciones efectuadas. El reglamento del servicio establece claramente respecto a los medidores y equipos de medición, que ―la precisión de trabajo deberá ser verificada por la Distribuidora a intervalos razonables, y, de ser solicitado, en presencia de representantes del Cliente. En caso de que el Cliente solicite una comprobación especial de cualquier equipo, las partes cooperarán para garantizar una inmediata verificación de la precisión del equipo cuestionado.‖

Entendemos que los reclamos del gas no se han solucionado por lo cual las numerosas actuaciones están en trámite.

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3.a.8. Participación en Actividades de Capacitación del personal de Servicios al Ciudadano

1. I Jornadas de intercambio y capacitación con el Municipio de Paraná – setiembre, octubre y noviembre 2008 – Secretaría de Extensión e Investigación – Facultad de Trabajo Social UNER y Subsecretaría Promoción y Desarrollo Social – Municipalidad de Paraná.-

2. Congreso Internacional sobre la Vivienda Social: gestión del territorio urbano y ciudadanía.- 8, 9, 10 y 11 de octubre 2008– Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional – Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat – UNC – Córdoba.-

3. 1º Jornadas Provinciales de Hábitat Social: ―Desafíos para su abordaje‖, en calidad de organizadores – Destinatarios: municipios y juntas de gobierno de Entre Ríos – 28 y 29 de abril y 21 de mayo en Paraná y 26 de agosto – 2009 – en Concepción del Uruguay – Convenio de Cooperación y Asistencia entre Facultad de Trabajo Social y Vice Gobernación de la Provincia de Entre Ríos.

4. II Jornadas de reflexión y debate del Trabajo Social en el ámbito de la Municipalidad de Paraná – 27 de agosto – 2009 – Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná.

5. Mediación y Resiliencia, organizado por el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo – Agosto 2009, Paraná.

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3.b. Promoción y Fortalecimiento de la Ciudadanía

3.b.1. Criterios Generales de trabajo del área.

La Promoción de Ciudadanía, pilar fundamental para el ejercicio de los derechos ─a través del conocimiento, el reconocimiento y la práctica en el ejercicio de los mismos─, está al centro de los propósitos institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. La extensión y el alcance de estos derechos dependerán, en parte sustantiva, de la práctica que los ciudadanos hagan de ellos en la esfera pública. Para la profundización democrática es necesario motivar la participación ciudadana, así como fortalecer el rol fiscalizador que pueden llevar a cabo los propios ciudadanos, sobre la base de sus derechos fundamentales y utilizando los mecanismos legales existentes.

Por ello la promoción y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos ─que encuentran especificidad en el trabajo del área correspondiente─ atraviesan todo el trabajo institucional: desde la recepción de un reclamo y la orientación consecuente, pasando por la codificación, el seguimiento, hasta el archivo administrativo de la actuación, y marcan el estilo de todas las actividades de difusión pública y comunicación comunitaria.

La actividad de promoción se materializa en un conjunto amplio y creciente de acciones destinadas a fomentar autonomía, favoreciendo la ampliación del concepto de ―ciudadano‖, para hacerlo extensivo a todas las personas y organizaciones de la ciudad, en tanto sujetos de derechos. Se aporta así, a una mejor protección de los derechos y un mejor control del accionar público de los representantes.

3.b.2. Perfil y acento con el que ha trabajado el Área.

El trabajo con Jóvenes:

La percepción que los adolescentes que habitan las zonas periféricas de la ciudad, ─especialmente en los conjuntos habitacionales llamados de vivienda social, como es el caso de la comunidad de Lomas del Mirador─, está caracterizada por

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elementos tales como el encierro, la exclusión y la estigmatización4. La marca de ser ―los del B° X‖ acompaña a estos jóvenes, tanto dentro como fuera del conjunto, en la medida en que expresan pudor de revelar de dónde provienen o a dónde pertenecen. Cargan con la responsabilidad del proceso de estigmatización sufrido por toda la comunidad residente; este estigma ―refuerza la segmentación, la desconfianza generalizada, el temor social y la pérdida de espacios públicos …‖

El objetivo del trabajo con los jóvenes desde el Área de Promoción se enfoca a posibilitar espacios de oportunidad para el ejercicio de los derechos y el reconocimiento de esos derechos por parte de los otros, para la inserción social, a partir de su contribución en la toma de conciencia, realización y diseminación de los derechos de los jóvenes y la puerta de entrada a un proceso participativo más general, público y creador de sentido.

Para ello, las propuestas de trabajo con los adolescentes tienen como común denominador la apertura de espacios donde puedan expresar sus necesidades, expectativas, temores, privilegiando las instancias y dinámicas grupales, puesto que, los adolescentes, valoran al grupo como ámbito propicio para los vínculos con sus pares.

Trabajamos sobre la noción de ciudadanía, entendida como la capacidad de las personas de comportarse como actores sociales, es decir, para modificar su entorno social de modo de poder realizar proyectos personales, en eso el papel de la escuela es esencial

Es importante que el conocimiento de los demás esté fundado en los contextos más inmediatos, por ejemplo que el adolescente conozca su barrio, su municipio, su provincia y que se organicen encuentros entre adolescentes y jóvenes miembros de distintos entornos sociales y también es importante que el adolescente aprenda a expresar lo que percibe en sí mismo y en los demás, en su entorno más inmediato (en su familia, en la escuela, en el barrio) 5

4Cfr. Segovia, Olga, Habitar en conjuntos de vivienda social: ¿cómo construir identidad, confianza y participación social?, en Los Con Techo, Un desafío para la política de vivienda social, op.cit.

5 Cfr. Niremberg, Olga, Participación de Adolescentes en Proyectos Sociales, Aportes conceptuales y pautas para su evaluación, Ed. Paidós, Bs. As. 2006.

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La conciencia de ciudadanía es, por último, lo que exigiría más netamente la intervención del Estado (en sus diferentes niveles, pero sobre todo en el local) ya que, para salir de la apatía, el conformismo y/o la desconfianza generalizada que tienen respecto de de las instituciones y los políticos, los adolescentes y jóvenes necesitan sentir que influyen en las decisiones que afectan su vida colectiva, a través del reconocimiento institucionalizado de sus reivindicaciones y propuestas; de tal modo, la apertura de espacios para sus expresiones, críticas y propuestas, requerirían además de respuestas políticas .

La ciudadanía es el espacio de universalización de lazos sociales igualitarios; es la dimensión humana por excelencia, en torno a la cual se plasman los derechos civiles, sociales y políticos. Son relevantes los derechos sociales que se sitúan en la esfera de la justicia distributiva. Es impensable que se consoliden actitudes de independencia y autonomía si está vedado el acceso a la educación, este derecho adquiere relevancia no sólo axiológica (como valor en sí), sino también estratégica (como valor para), dado que numerosos estudios confirman que el bajo nivel educativo es la variable que más influye en la mayor parte de los resultados negativos en salud y bienestar: embarazo precoz, consumo de drogas, violencia. El no reconocimiento de los derechos sociales, en el caso particular de la adolescencia pobre, transforma a esos jóvenes en adolescentes vulnerables, desventaja que se acumula a medida que el tiempo transcurre; y un adolescente vulnerable es un firme candidato a ser un futuro adulto excluido.

Los adolescentes excluidos del mundo escolar habitan un mundo sin pertenecer realmente a él, no están conectados a circuitos de intercambio productivo, perdieron la posibilidad de acceso a los bienes y servicios culturales y a las nuevas tecnologías y plantean a la vez serios problemas sociales.

La exclusión puede tomar distintas formas: hay una exclusión total asimilable a la imagen de la marginalidad, pero también existen exclusiones relativas a esferas específicas de la vida social, como por ejemplo: exclusión de los servicios de salud, de la formación profesional, del mercado laboral formal, de la vida cultural, de ciertos bienes colectivos, etc., y si bien cada una puede no desencadenar en la exclusión total, van conformando acumulativamente peores condiciones de vida.

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La Convención por los Derechos del Niño y de la Niña define un sistema de protección integral, para el acceso a la educación, a la salud y en general a los bienes y servicios públicos, así como para la participación, sin distinción de género o edad. Así se hace foco en la democratización y en la construcción de ciudadanía. esto plantea interrogantes acerca de cuáles serán las acciones más efectivas para que estos derechos se garanticen, en particular en lo que atañe al acceso y permanencia en el sistema educativo, en establecimientos en condiciones apropiadas. Existen distintas formas de discriminación social, una consiste en que los niños y adolescentes escolarizados de los sectores pobres acuden a escuelas ―pobres‖ y si bien la escolarización por sí sola no asegura la igualdad de condiciones en la futura inserción en el mercado de trabajo la restringe.

Es por ello que los programas que encara el área tienen un encuadre en la Educación Social, y los principios fundantes de la Pedagogía Social. Retomando las experiencias de otros países que como producto de la revolución neoconservadora produjo una brecha social grande y juventud excluida.

Trabajar con esta concepción en el campo de la infancia y la adolescencia apuntan a la filiación simbólica de los jóvenes a través de la apropiación de los legados culturales y sociales y a crear y /o sostener posibilidades de acceso a la escuela, en tanto las prácticas sociales educativas se ocupan de la redistribución de la herencia cultural y social

“La educación social es un intento de articular el orden de lo particular de cada sujeto con el orden de lo social, aquello que es patrimonio común”, un recurso que posibilita a la palabra del sujeto.

3.b.3. Consideraciones sobre derechos específicos:

a) Derecho a la Educación:

Desde mediados del Siglo XX puede leerse en las distintas Declaraciones y Convenciones de Derechos Humanos que la educación estará orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, debiendo

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fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, para concluir que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre … También está establecido que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

La educación tiene, como bien y como responsabilidad de cada sociedad, la misión de permitir a todos sin excepción, hacer plena la condición humana de sus miembros, facilitar la fructificación de sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar un proyecto personal, contribuyendo, a la vez, a la continuidad y mejora del grupo social.

Cuando esa participación en el proceso social/político/pedagógico es denegada, las personas empiezan un largo, y muchas veces irreversible por medios propios, camino de distanciamiento respecto de su sistema social, privadas de la llave de acceso a su entorno más propio, es decir, excluidas en un sentido literal del término.

Entonces, el analfabetismo, provocado por la falta o la insuficiencia en el acceso a la educación, así como la repitencia y el abandono escolar denotan, mucho más allá de rubros estadísticos, la existencia de pares humanos cuyo proceso de humanización no puede ser completado, de niñas, niños, jóvenes y adultos que no pueden jugar el juego de vivir en una sociedad democrática, porque no conocen sus reglas.

En el período objeto de este informe, ha sido frecuente el reclamo de la comunidad por el estado de deterioro, por falta de mantenimiento, de los edificios escolares, indicando una vulneración al acceso a su ejercicio por las condiciones materiales que le dan soporte. Sumando a las distintas intervenciones que la Defensoría ha llevado adelante desde sus inicios (a saber: Escuela Nº 21 ―Baxada del Paraná‖; Nº 109 ―Scalabrini Ortiz‖ y Nº 108 ―Jauretche‖, Escuela Nº 207 de San Benito, entre otras), durante este período iniciamos actuaciones en relación con las instalaciones de la Esc. Nº 101 ―Juan Manuel de Rosas‖; Escuela de Comercio Nº 1 ―J. Urquiza‖, y con particular dedicación, la Esc. Nº 38 ―Lomas del Mirador‖.

La actuación de la Defensoría constó de cartas a la titular del CGE -ninguna de las cuales fue respondida-; solicitud de intervención de Aéreas Municipales, en particular Fiscalización de Obras Urbanas, pero también Alumbrado, Parques y Paseos,

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Limpieza y Obras Sanitarias en el caso puntual de Lomas del Mirador, atendiendo al entorno de la institución educativa. En el caso de esta escuela la Defensoría solicitó una inspección, por parte de Fiscalización de Obras particulares, que constató el estado de deterioro y la falta de mantenimiento del edificio Se elevó entonces un informe al Consejo General de Educación solicitando la reparación urgente de la totalidad de las faltas observadas, así como a la Dirección de Arquitectura de la Provincia.

b) Necesidades especiales:

Durante los meses de abril y mayo de 2009 se elaboró y presentó, en conjunto con el Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados; el Proyecto de Discapacidad de la Fac. de Trabajo Social y el INADI, ante el Secretario Electoral Nacional, una propuesta tendiente a facilitar el acceso de electores con movilidad reducida a las escuelas para la Elección del 28 de junio. En el documento elevado al Sec. Electoral se proponían dos medidas tendientes a garantizar que las personas con movilidad reducida pudieran votar en forma segura y autónoma, mediante la realización de un relevamiento de escuelas accesibles en la Provincia, libres de barreras arquitectónicas que impidieran el ingreso al establecimiento de personas con movilidad reducida (ya sea en forma permanente o transitoria); también se propuso habilitar líneas telefónicas gratuitas de atención al público, a fin que los ciudadanos con movilidad reducida que conozcan, que el establecimiento donde deben emitir su voto presenta barreras que impiden su ingreso, den a conocer esta situación, con el objeto de intentar removerlas con medidas alternativas (por ej. Colocación de rampas transitorias, habilitación de ingresos secundarios libres de obstáculos).

En el periodo objeto del presente informe, los reclamos vinculados con la vulneración de derechos de ciudadanos con necesidades especiales se concentran, al igual que en períodos previos, en los siguientes aspectos:

- Problemas de accesibilidad al medio físico por presencia de barreras arquitectónicas.

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- Falta de cobertura de las Obras Sociales y específicamente, falta de cumplimiento de la Ley Nº 24.901/97 Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.6

- Dificultades en el acceso a Pensiones o Salario Familiar por deficiencias en la documentación, concretamente, el Certificado Nacional de Discapacidad, sin el cual es imposible acceder a la protección de las leyes específicas. Se presentaron ciudadanos que no tenían esta documentación por carecer de DNI.

- Dificultades en el acceso al transporte de pasajeros por dilaciones en la obtención de pases, pasajes, incumplimiento de las empresas de la normativa específica, etc.

c) Derecho a la Identidad, derecho al nombre :

Abordar este tema y su protección supone tener en cuenta el reconocimiento de la integralidad e interrelación de los derechos.

Los elementos de este derecho están, básicamente, constituidos por el nombre y apellido, la nacionalidad y las relaciones familiares. Alguien que no conoce su identidad no puede tener plena libertad, puesto que el saberse uno mismo es el prerrequisito para la toma libre de decisiones. Cada ser humano es único e irrepetible, entonces la identidad es la condición de nuestra particularidad. Como producto de nuestro ser individual cada uno de nosotros es susceptible de ser identificado.

Pero en la realidad asistimos a muchos reclamos que llegan a la Defensoría, o son detectados a partir de los distintos programas de Promoción ciudadana que se desarrollan en contacto con la comunidad, que nos permiten ver que numerosos niños y adultos no tienen documentos e, incluso, algunos hasta carecen del registro de su nacimiento; son los no contados de la sociedad. También hay quienes necesitan la renovación del DNI -por el mal estado del mismo, la actualización, el cambio de domicilio, etc… La mayoría no dispone del dinero que demanda el costo del Documento, a esto se le suma la necesidad de contar con las correspondientes fotos, para el caso de renovación o extravío. Estas son sólo algunas de las situaciones que repercuten directamente en la posibilidad de las personas de

6 Al respecto, la Defensoría emitió en 2004, la Recomendación Nº13, en la cual se solicitó a la Provincia, la adhesión a Ley Nacional Nº 24.901/97 de cobertura integral para las personas con discapacidad.

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acceder a otros derechos como el trabajo, la educación, el sufragio, el ingreso a planes de ayuda social, a los hospitales, etc. Por esto, la Defensoría del Pueblo actúa en distintos sentidos para tratar de recomponer este derecho, ya sea difundiendo la importancia de contar con el DNI, dando solución a casos puntuales o facilitando a los ciudadanos el trámite.

Durante este período se incrementó el número de reclamos relacionados con la identidad, sumando 24 reclamos. Entre ellos se encuentran problemas de demora en la entrega del DNI, entrega con errores – ya sea en la fecha de nacimiento o en el nombre o apellido-; solicitudes de partidas de nacimiento, de Entre Ríos y de otras provincias; demoras de DNI de extranjeros.

d) Explotación y Trata de personas.

Se entiende por ―trata de personas‖ la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, la cual puede incluir: la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos.

Este delito viola el derecho a la libertad, a la integridad, a la seguridad, a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles e inhumanos, a la salud, a la educación …, es decir la casi totalidad de derechos que figuran en la Declaración Universal.

La explotación y trata de personas configuran motivo de preocupación e intervención para la Defensoría del Pueblo. La acción se centra en actividades de promoción, discusión e información a la sociedad, en torno a este tema, lo que se traduce en prevención. Asimismo, durante el último año iniciamos, a pedido de la Red de Alerta contra la Trata y la Explotación comercial, actuaciones para indagar sobre las condiciones de habilitación de locales que realizan, de manera solapada, estas actividades.

e) Maltrato y abuso de niños, niñas y adolescentes:

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El maltrato y el abuso infantil vivieron al amparo del silencio y en el mundo de lo ―privado‖ durante siglos. Todavía resulta novedoso en algunos ámbitos, plantear que es una cuestión de interés público el maltratar o lastimar a los/las niños/as, a pesar de la existencia de legislación específica al respecto. Es esta condición pública del tema, la que impone la intervención del Estado, y no de cualquier modo, dada la multiplicidad de factores que interjuegan en los casos en que el problema aparece. Por ejemplo, la asimetría de la relación adulto/niño, el frecuente hecho de un lazo familiar y/o afectivo entre ambos, la confusión emocional que esto conlleva, las formas –explícitas o veladas- de violencia que allí se dan … En la construcción de la ciudadanía es importante el derecho a la palabra en el espacio público y es importante ver si ese derecho se cumple efectivamente, o está subsumido, en algunos casos, por el asistencialismo; los programas especiales; el acceso a circuitos diferenciados; la indiferencia; o bien, el consumismo que, a su vez, produce mayor diferencia y entraña situaciones de discriminación.

Se puede percibir que la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes aparece como un hecho recurrente, bajo las formas de pobreza, maltrato, abuso, explotación y trata. Y, si bien existe un consenso generalizado, acerca de la importancia de estos derechos, poco se han tenido en cuenta cuando de legislar, educar, formar, decidir, se trata. Es por ello que la Convención incorporada al texto constitucional es ignorada a la hora del diseño e implementación de políticas. Los discursos sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes; los programas de asistencia; los cambios en el lenguaje; las jornadas; talleres…, son insuficientes y hasta nos pueden convencer que vamos en el camino del ejercicio de los derechos. Sin embargo, las variadas formas que adopta la exclusión, no hacen más que reproducir y recrear un modelo estructuralmente injusto, que no se modifica con expresiones de voluntarismo.

En la consideración del alcance y los efectos de la CIDN, vamos viendo las contradicciones que aparecen y cómo mucha de la legislación aún vigente, pero anterior a la sanción de la Convención, colisiona con los derechos allí consagrados y que esperan cobrar en los hechos, la fuerza de lo asumido como compromiso de los estados. Entre los aspectos más relevantes que, a partir de la Convención, deben ser considerados, destacamos: el ―interés superior del niño‖ (3º), principio insoslayable a la hora de tomar decisiones o medidas administrativas, judiciales, legislativas, la obligación del Estado de proteger a los/las niños/as de los abusos sexuales, entre

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otros (19º); el derecho a ser oídos/as en las cuestiones que los/las involucran (12º).

3. b.4. Actividades del Área:

Dando continuidad al trabajo que viene implementando el Área desde los inicios del funcionamiento de la institución, se prosiguió en el desarrollo de los Programas “Al encuentro con los Ciudadanos” y “La Defensoría en la Escuela”.

Por otra parte, debido a que el Área de Comunicación se encontraba vacante –excepto durante el último trimestre 2009- desde al Área Promoción se asumieron algunas de sus tareas, por ejemplo la administración de la comunicación electrónica (recepción y respuesta de correos electrónicos); la redacción o corrección de textos para recomendaciones y resoluciones de la Defensoría, así como otras, coyunturales e imprevistas.

Asimismo y, debido a una creciente afluencia de reclamos durante este período, motivado sobre todo por las medidas tributarias y tarifarias que los ciudadanos tuvieron que afrontar, la colaboración en la atención al público y toma de actuaciones fue más intensa desde el personal del Área, que en años anteriores. Finamente, en relación con las actuaciones, se continúa asumiendo el seguimiento de aquellas referidas a Educación, Identidad; Necesidades Especiales, y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como de Mujeres.

Los programas que desarrolla el Área de Promoción, en general, implican un trabajo enfocado de manera interdisciplinaria, dado que en el caso de ―Al Encuentro con los Ciudadanos‖ y ―Defensoría Móvil‖, se actúa en conjunto con el Área de Servicios, en tanto que, para ―La Defensoría en la Escuela‖ se concibió un abordaje especial, junto al Área de Comunicación.

3. b.4.1. Al Encuentro con los Ciudadanos y Defensoría Móvil

Estos programas consisten en acercar la institución a los ciudadanos y tomar contacto con los problemas, en cada zona de la ciudad. A partir de la recepción de reclamos en la sede de la Defensoría y del recorrido que los integrantes del Área realizan en la ciudad, se organizan reuniones públicas en salones comunitarios; escuelas o centros de salud. Combinando la difusión de derechos, con tareas de

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recepción de reclamos o quejas, se trabaja para que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos y sepan cómo defenderlos; se brinda asesoramiento sobre dónde y cómo pueden presentar sus reclamos y se inician actuaciones.

Durante el presente período se realizaron reuniones con vecinos en el marco de intervenciones integrales que la Defensoría llevó adelante en zonas particularmente afectadas. En este sentido, se destaca la actividad en el B° San Martín (ex Volcadero), en ocasión de llamado a licitación para la instalación de la planta procesadora de residuos, que motivó la Audiencia Pública del mes de noviembre 2008.

También se organizaron reuniones en el B° Lomas del Mirador, a partir de una solicitud del INADI, con posterioridad al derribamiento de la tapia, construida a instancias de un grupo de vecinos, durante el semestre recién concluido. Esta intervención abarcó el trabajo con áreas del municipio; la comisaría; el centro de salud barriales, y se realizó en conjunto con el Área de Servicios de la Defensoría.

3. b.4.2. La Defensoría en la Escuela.

El Programa tiene como objetivos hacer accesible la Defensoría a niños, niñas y adolescentes de Paraná, en su ámbito escolar, para ponerlos en conocimiento de las características y funciones de la institución, propiciando un conocimiento comprensivo de los derechos, colaborando en la profundización del discernimiento de los derechos por parte de los estudiantes, a través del contacto con una institución local que se dedica a su difusión y defensa. Se considera a la escuela como espacio de crecimiento y formación en ciudadanía, como ámbito propicio para el abordaje de los Derechos Humanos.

La actividad se coordina, en las instituciones educativas, con los docentes de Formación Ética y Ciudadana y/o Educación Cívica y se desarrolla a partir de instancias participativas de intercambio, diálogo y reflexión intercaladas con momentos de información-exposición y elaboración. Así, se busca favorecer que, desde la misma escuela, pueda darse una continuidad en el desarrollo de los temas trabajados. La propuesta consiste en hacer un aporte a la construcción de ciudadanía, desde la concepción de niños, niñas y adolescentes, como sujetos plenos de derechos.

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Durante el período del presente Informe, esta actividad fue desarrollada, a partir de una inquietud transmitida por personal de la Esc. N° 101 ―Juan Manuel de Rosas‖, en relación con el estado de deterioro de las instalaciones (sanitarias, eléctricas, malezas, basura) y el descuido, por parte del alumnado, respecto del mobiliario en particular; además de transmitir al gobierno escolar (CGE) las condiciones del edificio, se trabajó con el grupo más preocupado por la problemática, un 9° año, a fin de alentarlos y colaborar en la iniciativa de una campaña para el cuidado de la escuela (Noviembre 2008).

También y, comprendido de la actuación integral que la Defensoría se propuso para el B° Lomas del Mirador, a partir de Mayo 2009 se concurrió a la Escuela Secundaria, N° 38 ―Lomas del Mirador‖ para realizar este programa en particular, con los estudiantes. Asimismo se iniciaron gestiones tendientes a concretar otras propuestas vinculadas al turismo local en principio, y a la formación de una orquesta juvenil. El desarrollo de las actividades programadas con los estudiantes de este establecimiento se vió truncado ante el largo receso escolar de invierno, debido a la GRIPE A y, luego, por las condiciones del edificio de la escuela que, a partir del inicio de Septiembre no pudo desarrollar clases por encontrarse lleno de filtraciones y humedades, y con sus paredes electrificadas.

En esta escuela se mantuvieron encuentros con 8° año, 3 divisiones de 9°año y 3°año. Con dos de estos grupos, se dió inicio al proyecto, a cargo de la Lic. Ma. Laura Gutiérrez, que a continuación se explicita:

Proyecto de Comunicación y Ciudadanía: para niños, niñas y jóvenes

Justificación: en articulación con el programa ―La defensoría en la escuela‖, el proyecto busca repensar y fortalecer el ámbito de la denominada ―esfera pública‖ como un ámbito capaz de transformarse en articulador de las demandas de los ciudadanos y, a la par, en promotor de la discusión de los propios derechos vulnerados. En este marco, el proyecto se dirige a ampliar la participación activa de los jóvenes en el conocimiento y profundización de sus derechos, a través de su participación en un ámbito de discusión y difusión. Es decir, donde los jóvenes se transformen en artífices de la participación democrática mediante el uso de diversos medios de comunicación que amplíen la interacción del ámbito escolar y barrial y fortalezca la participación activa de los jóvenes en pos de sus derechos y los de la

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comunidad en la que habitan. Se busca así fortalecer la promoción y difusión de los derechos, como así también trabajar en la recuperación de la participación ciudadana dentro del espacio público, con vistas a la construcción democrática. Para ello, proponemos la realización de un taller que puede ser curricular o extra-curricular, donde prime la expresión, la búsqueda de los sentidos en comunidad y donde, lo fundamental, sea que los jóvenes se ―apropien‖ del lenguaje (ya sea oral u escrito) para expresarse, para dialogar y discutir con el mundo en el que habitan, haciendo visible aquellos problemas que crean necesarios de discusión entre sus pares y con la comunidad toda.

Objetivos generales Articular contenidos con el proyecto ―la defensoría en la escuela‖, en pos de visibilizar a la defensoría como una institución donde reclamar la vulneración de derechos. Colaborar en el reconocimiento de Derechos, su fortalecimiento, su respeto y cumplimiento a través del lenguaje oral, gráfico y escrito. Fortalecer la apropiación y el ejercicio de ciudadanía a través de la realización de prácticas comunicacionales específicas. Desarrollar posibles marcos de intervenciones comunicacionales que favorezcan la escucha, el diálogo y el ejercicio ciudadano a través de los canales de comunicación que ya realizan los propios jóvenes y de otros nuevos que quieran producir.

Específicos

Realizar diversas piezas comunicacionales, de acuerdo a las necesidades que visualicen en torno a la vulneración de derechos o a su fortalecimiento. Fortalecer el diálogo y las relaciones interpersonales y comunitarias entre la escuela y el barrio a partir del desarrollo de las piezas comunicacionales, donde los jóvenes se trasformen en partícipes activos de la difusión y acción comunicativa de sus derechos. Establecer un canal de diálogo y discusión entre los jóvenes, sus pares y adultos para discutir y hacer visible, tanto la vulneración de derechos, como aquellas acciones y estrategias que crean fortalecedoras de ciudadanía.

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Contenidos

Dentro del proyecto se busca trabajar en base a contenidos mínimos, que hagan énfasis en aspectos diversos de la comunicación, pero cuyo eje transversal y principal sea siempre la promoción y el fortalecimiento de la ciudadanía y la opinión pública. Se ofrecerán diversas herramientas básicas que permitan a los/las jóvenes la realización propia y autónoma de diversas piezas comunicacionales con características específicas. De allí que se ponga especial acento en algunos conceptos clave para realizar un guión y una pieza radiofónica, como ser, el uso de las palabras, los silencios, los efectos sonoros y la música y la posibilidad de estimular la lectura, el habla y la escucha. Así mismo se podrá incursionar en diferentes géneros periodísticos de acuerdo al abordaje que los grupos quieran hacer en relación a los problemas a tratar, es decir, por ej. Una pequeña investigación acerca de derechos vulnerados en el barrio y la comunidad; una dramatización de problemas que afectan a la vida diaria y los derechos plenos de los jóvenes; una recolección de opinión de los vecinos acerca de una situación particular que se viva en el barrio en relación a los derechos (ya sea en cuanto a su vulneración o su fortalecimiento), entre otras actividades. Se pretende trabajar con las nociones de esfera pública y opinión pública como parte fundamental del ejercicio de la ciudadanía. Es decir, donde los niños, niñas y jóvenes se sientan parte activa de la ciudadanía, a través de la construcción de la opinión pública de su comunidad y, mediante la acción comunicativa, se apropien y fortalezcan la expresión, la acción y el contralor de las diferentes esferas e instituciones civiles y estatales a través de la palabra. De allí que los contenidos específicos que se abordarán para realizar las piezas comunicacionales será decidido por cada uno de los grupos que participe del espacio, contenidos que sólo puedan ser definido entre todos y de acuerdo a un debate común acerca de las necesidades y preocupaciones que surjan del intercambio del grupo.

3.b.4.3. Pasantías Estudiantiles en la Defensoría

La Defensoría del Pueblo, al constituirse en Centro de Práctica de pasantías académicas y/o prelaborales, tiene como objetivo: avanzar en la identificación de situaciones de vulneración de derechos elementales (a la salud; a la educación; a la identidad, etc) e implementar la actividad de difusión de los distintos tipos de

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derechos en la ciudad de Paraná, complementando así las actividades de Promoción y de Comunicación.

En el mes de octubre de 2008 realizaron la pasantía en nuestra institución tres estudiantes secundarios de la Escuela nº 75 ―Provincia del Neuquén‖, en dos grupos, de 2 y 1 alumnos/as por vez, con una carga horaria de 3 hs. diarias ( 9:00 a 12:00 hs.)

Para desarrollar el objetivo planteado por la institución escolar de los alumnos durante la pasantía en la Defensoría del Pueblo, el cual es:…‖brindar a los alumnos una experiencia práctica que sirva como complemento de su formación teórica, que los habilite para desenvolverse eficazmente en el mundo laboral‖, desde el Área de Promoción y Fortalecimiento de Ciudadanía se organizaron las siguientes actividades:

conocimiento de la institución, de las distintas áreas, sus respectivas incumbencias y formas de trabajo -a partir de la interacción con los integrantes del equipo de la Defensoría-, así como la observación y lectura de distintos materiales (Ordenanza de Creación de la Defensoría; Informes Anuales; Recomendaciones; Tratados de Derechos Humanos, entre otros). Asimismo, se llevó adelante una práctica de formulación de reclamos y su seguimiento; se realizaron actividades de difusión, visitas e invitaciones, tendientes a la organización de reuniones con los ciudadanos, a las que los/las alumnos /as estuvieron invitados/as a asistir. Por último, ambos grupos elaboraron contenidos –que plasmaron en sendos afiches- para compartir con sus compañeros/as de curso. Con el Centro de Mediación Comunitaria se abordaron los principios de la Mediación y sus características; realizaron el ejercicio de una mediación asumiendo, en la misma, distintos roles.

Con la Pasantía Académica una estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación (Lic. En Comunicación Social) de la UNER se trabajó en un sondeo de la imagen pública de la institución.

3.b.4.4. Participación en actividades de capacitación y perfeccionamiento.

1. Curso de Trámite Administrativo, organizado por la Municipalidad de Paraná, Octubre y Noviembre 2008.

2. Módulo de Mediación y Resiliencia, organizado por el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, Agosto 2009.

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3.b.4.5. Otras Actividades Relevantes:

I – Campañas:

- Se colabora en el marco de la Red de Defensorías del Pueblo –nucleadas en la ADPRA- en la búsqueda de niñas y niños perdidos.

- Nuevamente durante los meses de verano se llevó adelante una campaña de difusión hacia la ciudadanía y concientización en las empresas de transporte de pasajeros, urbanas, de media y larga distancia, acerca de los derechos de las personas con necesidades especiales y las herramientas que poseen para hacerlos valer, tal el caso del pase libre:

TODOS/AS LOS/LAS CIUDADANOS/AS CON NECESIDADES

ESPECIALES TIENEN DERECHO AL PASE LIBRE EN EL

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS7

¿Cómo obtienen el pase libre?

– Para el Transporte Urbano (en la ciudad de Paraná):

Se tramita una Credencial en la Dirección de Integración Municipal.

Documentación requerida:

1. Documento de Identidad (DNI, LC, LE, CI)

2. Certificado Nacional de Discapacidad ó, en su defecto, Certificación médica (en formulario que entrega la Dirección)

3. Completar una Declaración Jurada (grupo fliar., uso/s del transporte, …)

Para tramitar la Credencial:

Concurrir a la Dirección de Integración Comunitaria de la Municipalidad de Paraná, en calle José María Torres 756, de lunes a viernes de 7,30hs, a 12,30 hs. – Teléfono: 4201831

7 Ley N° 25.635 / Decreto 38/2004 de Presidencia de la Nación / Resolución 31/2004 de la Secretaría de Transporte / Ordenanza 7518 – Paraná

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I – Para viajes de media y larga distancia:

A – Documentación requerida: original o fotocopia autenticada

1. Certificado Nacional de Discapacidad.

2. Documento de Identidad (DNI, LC, LE, CI)

3. Nota de solicitud indicando fecha de ida y vuelta, horario, origen destino y causa del viaje, y si viaja con acompañante.

La constancia en el Certificado de discapacidad de la necesidad de un acompañante constituye documento válido suficiente para gozar del beneficio de gratuidad del pasaje del acompañante. La causa de viaje no constituye limitante alguna al beneficio de gratuidad.

B – Presentarse en la ventanilla de la empresa correspondiente, con la documentación.

C – La solicitud debe hacerse, como mínimo, dos días (48 hs.) antes de la fecha del viaje.

D – La empresa debe entregar un comprobante de recibo de dicho pedido.

En el recibo se indicará fecha y hora en que se lo formula, constará la firma y aclaración del empleado interviniente.

El/la solicitante deberá entregar el comprobante de recibo del pedido al momento de retirar los pasajes.

II – Codificación de actuaciones que ingresan a la Defensoría

A los efectos de poder realizar la correspondiente estadística de reclamos y derechos vulnerados que llegan a la Defensoría, se hace necesario contar con un sistema de clasificación que permita identificar, en cada caso, cuál es el derecho vulnerado y en qué grupo de derechos puede incluirse cada reclamo.

Cada actuación que se inicia en la Defensoría es catalogada de acuerdo a un criterio de agrupamiento de los Derechos en: Civiles y Políticos; Económicos Sociales y Culturales; De Acceso a los Servicios Municipales. Se ha incluido, también, la categoría de Solicitud de asesoramiento y consulta, en virtud de la cantidad de requerimientos de ésta índole.

III- Reuniones Institucionales:

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- Programa de Mejoramiento Barrial, B° San Agustín– Noviembre 2008

- Centro de Integración Comunitaria, B° La Floresta – Junio 2009

IV- Participación en micros radiales y televisivos con temas específicos, a saber:

Educación, discriminación, identidad, mujer y trata de personas.

- Micro radial en FM De La Plaza, en el programa ―Día a Día‖, conducido por Claudia Mari. El espacio, de frecuencia semanal, constituye un medio importante de promoción y difusión de derechos, donde participan todos los profesionales de la Defensoría.

- Programas Entrevistas y Debate en Canal 11

V – Centro de documentación y publicaciones.

Se colaboró en la continuidad del archivo periodístico a fin de poseer un registro de la lectura efectuada por los medios gráficos de comunicación local respecto de las actuaciones, resoluciones y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para información general, para registro y archivo; y para conservar referencias sobre los logros en lo que hace al perfil institucional definido oportunamente.

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3. c. Comunicación y Relaciones Institucionales.

El área de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo, según su reglamento interno, trabaja en función del siguiente lineamiento: ―entender en lo concerniente a la elaboración de políticas de comunicación y de relaciones públicas de la Defensoría del Pueblo, establecer y mantener contactos con organismos afines a la Defensoría del Pueblo, establecer y mantener contactos con organizaciones prestadoras de servicios públicos y con Gobiernos locales y Provinciales, mantener contactos con medios de difusión y promover el conocimiento y la información correspondientes a las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, y a temáticas que hace a promoción de ciudadanía, conformar, diseñar, estatuir y mantener en actualización la Página WEB de la Defensoría del Pueblo.‖

Cabe destacar que desde diciembre de 2007 la responsable y única integrante del Área de Comunicación ocupa un cargo de mayor jerarquía en otra dependencia Municipal, por lo cual la actividad comunicacional se redujo a realizar comunicación mínimas e indispensables orientadas a difundir las distintas actividades desarrolladas de la Institución.

En junio, y hasta septiembre de 2009, se habilito el contrato para una licenciada en comunicación social que retomó las actividades del Área y realizara trabajos interdisciplinarios con el área de Promoción Ciudadana, comenzando a trabajar en la Institución la Lic. María Laura Gutiérrez.

Entre el mes de octubre de 2008 y el mes de septiembre de 2009 se ha trabajado en las siguientes temáticas que componen el lineamiento general. Además se detallan las actividades realizadas en el último trimestre:

3. c. 1. Definición del perfil público de la Defensoría del pueblo.

La gestión de los contactos con cada uno de los públicos de la Institución se orienta a reforzar el perfil público de la Defensoría del Pueblo definido a través de sus rasgos característicos: independencia y objetividad; profundidad y amplitud de perspectiva en el tratamiento de las temáticas particulares; prudencia y seriedad; pertenencia al estado, no al gobierno; complementariedad; mandatario ciudadano; colaboración crítica; actitud mediadora; instrumentación del diálogo y fluidización de los circuitos de comunicación involucrados en las diferentes problemáticas.

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La particularidad de la función comunicación en una Defensoría del Pueblo, radica en su marcado perfil de promotor de derechos ciudadanos. Resulta entonces, que la difusión, promoción y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos -que encuentra su especificidad en el trabajo del área correspondiente- atraviesan todo el trabajo institucional: desde la recepción de un reclamo y la orientación consecuente, pasando por la codificación y archivo administrativo de la actuación y, puntualmente, en todas las actividades de difusión pública y comunicación comunitaria.

3. c. 2. Discursividad institucional.

La orientación y objetivo general de la comunicación de la Defensoría es la difusión, por ello, el ―estilo discursivo‖ predominante es el informativo. El derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos, guía el trabajo en el área propiciando la difusión clara y transparente del accionar de la institución.

La difusión de las diversas actividades de la Defensoría, se ha intensificado en el último trimestre, y se realiza a través de la responsable del área de Comunicación y RR II, a partir de la demanda específica de los medios de comunicación, público en general, organizaciones intermedias, empresas, Estado o periodistas.

Los canales de difusión predominante en este último trimestre, que hace al presente informe, en base a los recursos disponibles8, son la prensa y el correo electrónico (preservando la identidad y los correos de los destinatarios). A través de estos canales se privilegió la difusión de los datos concretos –que revisten carácter público- vinculados a las actuaciones, resoluciones y recomendaciones, que por su generalidad o trascendencia, aportan al conocimiento, la información y las acciones sobre temas específicos del ciudadano.

3. c.3. Actividades enmarcadas en la comunicación institucional externa

Como principio o política general, se difunde toda aquella intervención que, por sus características generales, reviste interés público y ciudadano. Además, se responde a las demandas de información de los medios de comunicación resguardando el derecho a la intimidad del ciudadano actuante y procediendo con prudencia, mesura y precisión en el abordaje de la información.

8 Aunque existen proyectos de Producción de Campañas de difusión y promoción de derechos, no se cuenta con el presupuesto económico para su implementación.

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Cabe aclarar que la Defensora Adjunta del Pueblo, a cargo de la Defensoría, no participa de debates públicos y no genera opinión pública si no es en base a alguna actuación sobre la que se encuentra trabajando o mediante alguna Recomendación o Resolución que emita. Concretamente, en lo referente a la difusión mediática de las actuaciones e intervenciones de la Defensoría, hay que señalar que, en el último trimestre y a partir de la relevancia pública de ciertos temas de interés ciudadanos, se ha observado un incremento del interés periodístico y ciudadano, en las actividades de la institución y una consecuente mayor notoriedad pública que, hipotéticamente, podría relacionarse con una mayor visibilidad y apropiación de parte de los ciudadanos paranaenses de la institución y sus funciones, convirtiéndose en un referente en las temáticas que afectan el ejercicio de los derechos ciudadanos. Así mismo, se aclara que la Defensoría del Pueblo no otorga pautas publicitarias ni abona por servicios informativos. Sólo trabaja en base a la responsabilidad social que los medios de prensa tienen de informar al público lo que es de interés y necesidad del público.

Las actividades de comunicación externa durante el periodo, se sintetizan en las siguientes:

- Difusión regular9 de las actividades, Resoluciones y Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, a través de Comunicados de Prensa que se distribuyen vía correo electrónico y mediante gacetillas impresas a los medios de difusión y comunicadores de la ciudad.

- Concertación de entrevistas y presencia en medios masivos de difusión –programas de radio, televisión, medios gráficos- a iniciativa de la Defensoría, sólo en situaciones específicas que requieran de la publicidad de una actividad institucional, actuación/ resolución o recomendación.

- Concertación y atención de entrevistas, presencia en medios masivos de comunicación, a iniciativa de la prensa, con la restricción establecida anteriormente, de que no se emite opinión si no es sobre actividades en las que la Defensoría del Pueblo se encuentra actuando o ha emitido Resolución o Recomendación. Se informa también, sin excepción, cuando a iniciativa de los medios de difusión, se solicita información sobre cuáles son las actuaciones sobre las que se está

9 En Sección ―Anexos‖ se presenta un Clipping de prensa, a modo ejemplificativo.

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trabajando o sobre temas de interés público que constituyan objeto de abordaje institucional.

- En Julio de 2009 se retomó la gestión y participación semanal de un micro radial –espacio permanente- en FM De La Plaza, en el programa ―Día a Día‖, conducido por Claudia Mari, sin contraprestación de ningún tipo por parte de la Defensoría del Pueblo. El espacio, de frecuencia semanal, constituye un medio importante de promoción y difusión de derechos, donde participan todos los profesionales de la Defensoría.

- En septiembre de 2009 se retomó la producción integral (contenidos y gráfica) del Boletín virtual de la Defensoría del Pueblo, editando el Nº 13 desde la creación de la Defensoría. El mismo es una publicación digital, que se distribuye via email a una agenda de aproximadamente 800 contactos, entre ciudadanos, Defensorías del Pueblo de Argentina, medios de comunicación y comunicadores de la ciudad. Cada boletín aborda diversos derechos, el Nº 13 abordó el Derecho Tributario, tema de relevancia en el último semestre (en nuestra ciudad en particular y en la nación en general).

- Actualmente se está trabajando en la actualización de la página Web de la Defensoría, inactiva desde enero de 2008.

Participación en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA):

A nivel institucional, se participa de manera activa en la Asociación de Defensores del Pueblo de la Rca. Argentina, a través de la incorporación de temas vinculados a problemáticas que trascienden la órbita local (transporte, TV por cable, planes sociales, trámites ante ANSES, PAMI, etc.) para su tratamiento en las reuniones plenarias y posterior actuación conjunta. En el período comprendido por el presente informe, se han asistido a las siguientes reuniones plenarias:

- IV Plenario Anual de ADPRA y Jornadas de Discapacidad y Derechos Humanos, 6, 7 y 8 de noviembre de 2008, Trelew, Chubut

- I Plenario de ADPRA, y Jornadas Bicentenario de la creación del ombudsman, Medio Ambiente y Cuenca Sali-dulce, 2 y 3 de Julio de 2009, San Martín de Tucumán, Tucumán.

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- Reunión de Defensores del Pueblo con Diputados y Senadores Nacionales, 11 y 12 de agosto de 2009, Congreso de la Nación, Buenos Aires.

- II Plenario de ADPRA, 9 y 10 de septiembre de 2009, Escobar, Buenos Aires.

En el marco de esta estructura, se participa en las redes en defensa de grupos de derechos específicos:

- Red en Defensa de los Derechos de las Mujeres de las Defensorías del Pueblo de la República Argentina.

- Red en Defensa de los Derechos de las personas con Necesidades especiales de las Defensorías del Pueblo de la República Argentina.

La Defensora participa también10, en la Federación Iberoamericana de Ombudsman.

3. c.4. Constitución de un Centro de documentación y publicaciones.

- Se continuó con la sistematización del archivo periodístico a fin de poseer un registro de la lectura efectuada por los medios gráficos de comunicación local respecto de las actuaciones, resoluciones y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para información general, para registro y archivo; y para conservar referencias sobre los logros en lo que hace al perfil institucional definido oportunamente.

- Se amplió el acervo bibliográfico sobre temáticas de Defensorías del Pueblo y de Derechos a partir de donaciones y adquisiciones de material, entre libros y documentos específicos sobre temáticas de derecho.

3. c.5. Participación en los proyectos de trabajo de la Defensoría desde un enfoque interdisciplinario.

Conjuntamente con el Área de Promoción y Fortalecimiento de Ciudadanía, se participa aportando la perspectiva comunicacional y las herramientas de difusión en los Subprogramas Al encuentro con los Ciudadanos y otros que requieran de soportes comunicacionales.

10 Actualmente y luego de la última modificación del Estatuto de la FIO, las Defensorías Municipales participan como miembros plenos y activos de la Federación.

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En este marco, en agosto de 2009 se comenzó a trabajar, en conjunto con el programa ―La Defensoría en la escuela‖ en la escuela provincial Nº 38 Lomas del Mirador. En el trabajo se propone la participación de los jóvenes de la Escuela a través de la realización integral (idea, redacción y edición final) de diversas campañas comunicacionales de promoción y defensa de Derechos, actividades que son coordinadas por la responsable del área de Comunicación de la Defensoría.

Actualmente se está trabajando con 20 jóvenes pertenecientes a dos cursos: 3B y 9ª. Cada grupo realiza piezas comunicacionales en diversos soportes, radiofónicos y gráficos respectivamente, que serán distribuidos en la misma escuela y a través de canales que permitan la interacción de los jóvenes en su barrio y en la comunidad paranaense en general.

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3.d. Organización Interna: Administración y Despacho

El Área de Administración tiene por misión, según el reglamento interno de la Defensoría del Pueblo, entender en la planificación, ejecución, registro y control de la gestión financiera y patrimonial de la Defensoría del Pueblo, de coordinar los aspectos presupuestarios y el movimiento de fondos de las demás áreas, tendiendo a una eficaz y efectiva prestación de estos servicios internos.

El Área de Despacho es responsable de la organización, sistematización y archivo de las actuaciones y documentación relacionada, de orientación y de control del trámite, de redacción de comunicaciones con áreas municipales, de recepción y gestión de expedientes municipales y se hace cargo de las actividades de sistematización de datos, de estadística y de procesamiento de la información. También le competen las notificaciones.

Se ingresan las actuaciones nuevas –diariamente- en el sistema y se gestiona el tratamiento de las actuaciones demoradas con el agente a cargo para la correspondiente actualización.

Se lleva el registro de expedientes y /u oficios recibidos de las distintas áreas nacionales, provinciales y municipales, realizando un seguimiento de su diligenciamiento y controlando su fecha de vencimiento y en algunos casos realizando hojas de rutas para los de gestión municipal.

El Área de Informática colabora con la elaboración de las estadísticas de actuaciones de la Defensoría. Además, ha trabajado en la puesta en marcha de la conexión en red de las estaciones de trabajo de la Defensoría, en la producción de copias y respaldo de toda la información y en el mantenimiento regular del equipamiento informático, mínimo por la carencia de los elementos necesarios, para dicho mantenimiento.

Con respecto al manejo presupuestario, hay que contar con la autorización del presidente del Concejo para la ejecución, es decir cualquier gasto por mínimo que sea no se dispone sin la autorización expresa a pesar que la Defensoría tiene su presupuesto aprobado por ese Concejo y los fondos presupuestados por programa y en un claro desconocimiento de la Ordenanza de creación de la Defensoría,( Art. 43,

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44 y 45) y de su Reglamento oportunamente aprobado según lo dispone la Ordenanza vigente.

Desde Despacho se ha llevado un control de partes diarios de novedades y de licencias del personal de la Defensoría, abriéndose un libro de registros y control de las mismas detallando cada licencia gozada, su periodo y motivo. Se coordinan, además, las guardias del personal para garantizar la atención al público de lunes a viernes de 07:15 a 15:00 hs.

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4. Centro de Mediación

4.a. Ejes de trabajo en el Centro

De acuerdo a lo formulado desde el inicio de las actividades del Centro de Mediación, (noviembre de 2003), los programas se estructuran alrededor de los siguientes ejes:

1- Relaciones Institucionales;

2- Docencia, actualización y capacitación continua;

3- Difusión de los principios de la mediación;

4- Red de Mediadores Comunitarios

1. Relaciones Institucionales

A través de contactos personales, visitas a diversas oficinas e instituciones públicas, comisiones vecinales, etc. se da a conocer la información sobre el proceso de mediación y la actividad del Centro.

Se recorren escuelas, comisarías y centros de salud aportando afiches y volantes a fines de continuar con la difusión del instituto, evacuar inquietudes y tender redes hacia un trabajo en común.

En el mes de febrero, una reunión con el Jefe de la Departamental de la Policía de Entre Ríos, posibilitó la distribución de afiches y volantes a todas las comisarías de la ciudad a través de la misma Jefatura, así como el ofrecimiento de colaboración mutua, y la continuidad de los talleres con agentes de la policía, que se vienen realizando desde el año 2005.

En el mes de abril la participación en una reunión de la Unión Entrerriana de Entidades Vecinales y Comunitarias, facilitó contactos con varias instituciones.

2. Docencia, Actualización y Capacitación Continua

Este programa se dedica a la actualización y formación continua de los mediadores del Registro y los integrantes del Centro, así como la organización de talleres de capacitación y difusión desde el Centro hacia la comunidad (destinados a agentes

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de la policía, docentes, integrantes de comisiones vecinales, empleados de organismos municipales, etc)

a) Asistencia a cursos, congresos y encuentros por parte de integrantes del Centro

 16 y 17 de octubre de 2008: Participación en I Cumbre Nacional de Mediación ―La pacificación social a través de los métodos de gestión de los conflictos‖, organizado por el Ce.Ca.M.A.R.Co (Centro de Capacitación en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (U.N.L.), Santa Fe: Irina Chausovsky como EXPOSITORA de la ponencia “El Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Un espacio de diálogo y participación ciudadana” (en colaboración con María Isabel Chemez)

 6/8 de noviembre de 2008: Asistencia a Primer Congreso Internacional Probation y Otros Medios Alternativos de Solución de Conflictos, organizado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Paraná: Irina Chausovsky

 5 y 6 de diciembre de 2008: Asistencia a Congreso Nacional ―Mediación, nueva cultura‖, organizado por Humanita, Paraná: María Andrea Den Dauw e Irina Chausovsky

 3 y 4 de abril de 2009: Curso de Capacitación ―La mediación en la comunidad educativa‖, a cargo de Lilian Vargas, organizado por el Proyecto de Gestión Interdisciplinaria de Conflictos en la Universidad y su Entorno de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.E.R., Paraná: María Andrea Den Dauw e Irina Chausovsky

b) Actividades con Mediadores del Registro: se trata éste de un Registro con muchas actividades a las que son convocados sus integrantes. Nos orienta la idea de la interdisciplina y el trabajo en equipo, así como el objetivo de lograr un buen servicio de mediación. Consideramos para esto fundamental un importante trabajo de introspección, incorporación de contenidos y análisis; ya que la práctica aislada de la mediación no es suficiente a estos efectos. Fundados en que la capacitación continua es indispensable y va más allá de 20 horas anuales de actualización como requisito formal, se proponen diversos ámbitos de aprendizaje y reflexión.

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1) Reuniones de Intercambio de Experiencias: se realizan los primeros martes o miércoles de cada mes (alternadamente). Se comentan situaciones y casos (respetando estrictamente el principio de confidencialidad) extrapolando experiencias que sirven para mejorar la práctica de todos, compartiendo inquietudes, intervenciones exitosas o novedosas, aprendizajes, etc.

2) Talleres de Reflexión: se pautan 4 al año (y es requisito asistir al menos a 2 para poder reinscribirse al Registro del año siguiente). Están dedicados a profundizar sobre temas de importancia para la tarea del mediador.

Estas dos actividades son abiertas a mediadores en general.

3) Curso de Actualización Anual (20 hs de duración), una vez al año, se contratan al efecto profesionales de vasta trayectoria. Se trata también de un requisito (20 horas de capacitación dictadas desde el Centro o por institución homologada por el Ministerio de Justicia de la Nación) para la inscripción al Registro.

Detalle:

 Reuniones de Intercambio de Experiencias: se realizan en el Salón Mariano Moreno del H.C.D.

2008: 9 de septiembre, 1 de octubre y 11 de noviembre.

2009: 11 de marzo, 7 de abril, 13 de mayo, 9 de junio, 11 de agosto, 9 de septiembre

 XX Taller de Reflexión para Mediadores del Registro: realizado en A.T.E. Tema: ―El acuerdo” a cargo de Jorgelina Amstutz, (29 de octubre de 2008)

 XXI Taller de Reflexión para Mediadores del Registro: realizado en Facultad de Ciencias de la Educación. Tema: “El tercer lado. La tesis de William Ury en su libro Alcanzar la paz” a cargo de Marta Paillet (4 de diciembre de 2008)

 XXII Taller de Reflexión para Mediadores del Registro: realizado en Asociación de Magistrados. Tema: “Hablando, la gente ¿se entiende? Aspectos ocultos de los mensajes manifiestos” a cargo de Inés Ghiggi (29 de abril de 2009)

 XXIII Taller de Reflexión para Mediadores del Registro: realizado en Facultad de Ciencias Económicas. Tema: “Elementos de Negociación” a cargo de Andrea Finkelstein (7 de agosto de 2009)

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 1ª. Parte VII Curso de Actualización Anual “La entrevista social” (10 hs de Capacitación destinadas a mediadores noveles) y “Diseño de conversaciones constructivas en mediación comunitaria” (10 hs de capacitación destinadas a mediadores de experiencia): realizado en Colegio de Martilleros, a cargo de María Gabriela Rodríguez Querejazu (Asoc. Civil Diseño Comunitario, Buenos Aires) (28, 29 y 30 de mayo de 2009)

 2ª. Parte VII Curso de Actualización Anual “Mediación y Resiliencia” (10 horas de Capacitación – 2 grupos): realizado en Colegio de Psicólogos, a cargo de Graciela Curuchelar (C.I.A.R.C Centro de Capacitación, Buenos Aires) (20 y 21 de agosto de 2009)

Talleres de capacitación y difusión hacia la comunidad: se trata de talleres participativos de 2/4 horas, a cargo de Irina Chausovsky y Andrea Den Dauw contando asimismo con el acompañamiento y colaboración de mediadores del Registro en numerosas oportunidades.

Se plantean como un modo de difundir el instituto de la mediación y aportar herramientas comunicacionales que pueden ser aprovechadas para mejorar las relaciones cotidianas, laborales, familiares, etc.

Se ofrecen a instituciones educativas, policía, personal de áreas municipales, organizaciones de la sociedad civil, etc.

Desde el inicio de este programa, en junio de 2004 se han realizado sesenta y cinco talleres en diversas instituciones, con la asistencia de aproximadamente mil setecientos cincuenta participantes.

c) Talleres de capacitación/ difusión hacia la comunidad: en este período se han realizado talleres en las siguientes instituciones:

1. Personal Subsecretaría de Educación Municipal. Septiembre 2008

2. Escuela de Enfermería (alumnos 2º año) Octubre 2008

3. Policía de la Provincia de Entre Ríos (2 grupos) Mayo/Junio 2009

4. Personal C.E.M.I. (Centro Educativo Municipal de Integración) Septiembre 2009

El 11 de septiembre, Irina Chausovsky y María Andrea Den Dauw fueron invitadas a participar de las VI Jornadas de Enfermería del Hospital San Martín, desarrolladas en

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el Círculo Médico de Paraná, con el tema ―Conflicto. Visión Positiva. Abordaje Cooperativo. Diferentes formas de reaccionar a los conflictos‖

 Biblioteca

Está conformada por 66 obras, de consulta permanente de mediadores y público en general, y constituido mayoritariamente por donaciones de autores, editoriales e instituciones. En el mes de noviembre de 2008 se recibieron 12 libros, gracias a una convocatoria especial a editoriales organizada a raíz del 5º Aniversario del Centro.

3. Difusión De Los Principios De La Mediación

Con el fin de profundizar y seguir ampliando el conocimiento de la mediación, su funcionamiento y beneficios se busca una presencia constante en los diferentes medios de comunicación de la ciudad.

Se distribuyen afiches y volantes en escuelas y comisiones vecinales, centros de salud, oficinas públicas, comisarías, etc.

El 28 de mayo de 2009 se realizó una actividad especial con motivo de la conmemoración del 5º Aniversario del Centro: Conferencia Abierta ―La transformación de los conflictos sociales a través del diálogo, una vía para la participación democrática‖ a cargo de María Gabriela Rodríguez Querejazu, pedagoga y mediadora, especialista en mediación comunitaria y conflictos públicos, de trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional. La misma tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, y contó con numeroso y entusiasta público.

4. Red De Mediadores Comunitarios (REMEC)

Constituida por dos nodos (centros de atención) en distintas zonas de la ciudad: el primero, en el noroeste de Paraná, inaugurado en noviembre de 2006 en el Complejo Escuela Hogar y el segundo en el Centro de Integración Comunitaria (C.I.C.) del Barrio La Floresta, en la zona oeste. Este último se instaló el 1 de septiembre de 2008 y en este período se ha trabajado intensamente en la difusión, estableciendo

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contactos con instituciones de la zona y distribuyendo afiches, volantes e información sobre el funcionamiento del Centro.

El Nodo Escuela Hogar atiende de martes a viernes de 9:00 a 11:00 y las mediaciones se realizan por la tarde. Se encuentra a cargo de Zulma Loza, mediadora formada en el Curso de Mediación Comunitaria dictado desde la Defensoría por el Ministerio de Justicia de la Nación en el año 2005 (agente con contrato de locación de obra del D.E.M. afectada al Centro de Mediación)

El Nodo C.I.C. La Floresta atiende los lunes de 15:00 a 17:00 y los miércoles de 10:00 a 12:00 hs., a cargo de María Andrea Den Dauw (empleada del Consejo Provincial del Menor, adscripta a la Municipalidad para participar del funcionamiento del Centro desde febrero de 2007).

En el marco de las actividades de difusión de ambos centros, se realizaron sendas reuniones informativas: el 26 de marzo en el C.I.C. La Floresta y el 16 de abril en la Vecinal Villa Sarmiento (aledaña a la Escuela Hogar)

En los ámbitos de los nodos se realizan en ocasiones mediaciones que a pesar de ser solicitadas en el Centro de la Defensoría, por tratarse de vecinos de la zona, se facilita la concreción de la reunión en la misma.

4.b. Información general sobre el funcionamiento del centro

4.b.1. Estadística.

Datos desde el 01 de septiembre de 2008 hasta 15 de septiembre de 2009

 Casos Ingresados: han sido 156 solicitudes nuevas, algunas de forma directa en el Centro de Mediación, otras derivadas de la Defensoría del Pueblo, de diferentes áreas municipales y de diversos organismos provinciales que han tomado contacto por motivos varios con el Centro.

 Mediaciones realizadas: se han realizado 40 mediaciones (90 % de acuerdo)

 Mediaciones no aceptadas: no han sido aceptadas por los invitados 61 reuniones.

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 Mediaciones desistidas por el solicitante: Por motivos diversos han desistido 27 solicitantes. Destacamos que muchas veces las solicitudes son derivadas de la Defensoría, y luego el interesado desiste de llevar adelante una reunión de mediación.- En otras oportunidades, han logrado resolver sus diferencias sin la intervención del centro.

 Resolución sin mediación: De los casos no mediados (algunos por no aceptación y otros por desistimiento) 07 se resolvieron sin ser concretar la reunión, luego de un llamado del Centro.

Información sobre funcionamiento del Centro de la Escuela Hogar:

Datos desde el 01 de septiembre de 2008 hasta 15 de septiembre de 2009

 Casos Ingresados: han sido 13 solicitudes nuevas

 Mediaciones realizadas: se han realizado 7 mediaciones (90 % de acuerdo)

 Mediaciones no aceptadas: no han sido aceptadas por los invitados 7 solicitudes.

 Mediaciones desistidas por el solicitante: Por motivos diversos han desistido 1 solicitantes.

Información sobre funcionamiento del Centro del C.I.C. ( La Floresta):

Datos desde el 01 de septiembre de 2008 hasta 15 de septiembre de 2009

 Casos Ingresados: han sido 4 solicitudes nuevas

 Mediaciones realizadas: se han realizado 2 mediaciones (100 % de acuerdo)

 Mediaciones no aceptadas: no han sido aceptadas por los invitados 2 solicitudes.

Podemos decir contentos que cada año aumenta la cantidad de derivaciones de otras instituciones, porque cada vez es mayor el conocimiento que se tiene sobre el trabajo del Centro.

4.b.2. Seguimiento de casos

Buscando conocer cómo se desarrollan las relaciones entre los participantes de la mediación posteriormente a la finalización de la misma, en un plazo de 30/45 días (o el lapso determinado por las características del caso), se contacta telefónicamente a los vecinos.

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En un porcentaje aproximado del 80% de las situaciones, los mismos manifiestan conformidad con el proceso y cumplimiento del acuerdo, y aún cuando esto no ocurre, o hay demora en el cumplimiento, se destaca y agradece el haber recuperado el diálogo, lo que permite seguir entre ellos buscando soluciones o alternativas al problema compartido.

En caso de incumplimiento, o surgimiento de nuevos inconvenientes se proponen (y en muchos casos se realizan) nuevas reuniones para continuar avanzando en posibles soluciones al tema.

4.b.3. Registro de mediadores

En el mes de noviembre, como todos los años, se convocó a la inscripción al Registro de Mediadores Comunitarios. Se inscribieron 96 mediadores, cifra récord, que implicó un mayor esfuerzo en la diagramación de las actividades destinadas a estos profesionales. Por ejemplo, el curso de actualización anual debió dividirse en dos instancias de capacitación (mayo y agosto) y el grupo total fue dividido en dos sub-grupos en cada ocasión (dada la gran cantidad de participantes) para posibilitar un mejor desarrollo del curso.

En cuanto a la conformación del Registro este año se inscribieron 39 nuevos mediadores, y 57 se re-inscribieron, de los cuales 25 colaboran con este Centro desde sus inicios en 2003.

Se trabaja en co-mediación en todos los casos, siendo convocados al efecto en función de posibilidades laborales y de horarios, privilegiando la interdisciplinariedad, y teniendo en consideración que los mediadores noveles co-medien siempre con mediadores de experiencia.

El trabajo de los mediadores es ad honorem, demostrando un gran compromiso tanto hacia los vecinos de Paraná como hacia el Centro. Éstos participan no solo de las mediaciones sino también de las diversas propuestas de capacitación y reflexión, y en algunas oportunidades acompañando al personal del Centro en las actividades de difusión (talleres, reuniones con comisiones vecinales, aparición en medios masivos de comunicación, etc).

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4.b.4. Reflexiones sobre Logros y Dificultades

En noviembre de 2008 el Centro cumplió 5 años, período que valoramos como un ciclo, en el que luego de la etapa inicial, llena de desafíos e intenso trabajo de difusión, podemos considerar ciertas metas cumplidas, y la sensación de mayor conocimiento de la mediación en la sociedad, así como es posible constatar que muchos de los contactos realizados a lo largo de estos años, talleres, etc, dan sus frutos notorios en las derivaciones que se reciben desde distintos ámbitos de la ciudad.

Especial mención merece la gran cantidad de personas que se acercan al Centro debido a haberles sido sugerido en la comisaría de su barrio (casi el 25%), como así también quienes vienen impulsados por la Dirección de Fiscalización de Construcciones Urbanas de la Municipalidad (15 % de las solicitudes), que al realizar inspecciones a viviendas particulares, junto a la posibilidad de continuar el trámite de ser pertinente en la vía judicial, ofrece la instancia de mediación como un abordaje útil para el tratamiento de las diferencias entre vecinos.

Otro dato significativo es que un 20% de las personas que solicitan mediaciones lo hacen por tener ya un conocimiento previo del instituto o por la difusión en los medios de comunicación, y un 15% por referencia de familiares, vecinos o amigos. El mismo porcentaje es el de derivación desde el área de Atención al Ciudadano de la propia Defensoría, y un 5% por profesionales abogados.

En el mes de mayo del corriente, el Centro de Mediación recibió la solicitud de mediación número 1.000. En cuanto a los temas es una constante la cantidad de conflictos relacionados con problemas de humedad (aproximadamente 20 %). Cantidad similar de pedidos lo ocupan lamentablemente las cuestiones relacionadas estrictamente con la convivencia, insultos o agresiones entre vecinos. Otros temas recurrentes son los ocasionados por ruidos molestos (10 %), e inconvenientes generados por árboles y plantas. Una situación que motiva asimismo una cantidad importante de solicitudes es la relacionada con los perjuicios ocasionados por las construcciones, que genera problemas no solo por los ruidos, la suciedad, etc, sino también muchas veces por fisuras o daños que se provocan en las propiedades linderas.

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El establecimiento, expansión y continuidad de la Red de Mediadores Comunitarios es una de las premisas básicas del Centro, que implica un gran trabajo de difusión, y contacto con instituciones cercanas a los nodos. Este trabajo en red facilita en más de una oportunidad contar con colaboración de los mismos para la visita de vecinos convocados a mediaciones en zonas alejadas o de difícil acceso.

Las actividades propuestas en el marco de los festejos del 5º Aniversario resultaron importantes oportunidades llegada a los ciudadanos. En el mes de diciembre se realizó un taller para mediadores (a cargo de Marta Paillet), que contó con una nutrida concurrencia (75 personas), dado que participaron profesionales pertenecientes al Registro actual, como también de años anteriores. La conferencia abierta desarrollada en la Facultad de Ciencias de la Educación en el mes de mayo, con la disertación de la reconocida mediadora María Gabriela Rodríguez Querejazu, contó asimismo con amplio público, que se mostró sumamente interesado en la charla. Se cursaron invitaciones a la misma a numerosas instituciones y funcionarios de los distintos ámbitos estatales.

En relación al funcionamiento cotidiano, vale reconocer el trabajo en equipo que habilita la realización de diferentes actividades, así como la constante colaboración del resto del personal de la Defensoría. Siguen existiendo algunas falencias en cuanto a recursos, que en oportunidades dificultan las tareas. Sin embargo, resultó valioso en este período el contar con el apoyo del Área de Notificaciones del H.C.D. para el envío de notas e invitaciones a mediación.

En cuanto al personal del Centro, Irina Chausovsky continúa a cargo de la articulación de los programas y acciones del Centro (Resolución Nº 06/08 dictada por la Defensora Adjunta a cargo de la Defensoría) en razón de la renuncia de la Coordinadora en el mes de julio de 2008. El equipo se completa con Silvina Albornoz, María Andrea Den Dauw (empleada del Consejo Provincial del Menor, adscripta a la Municipalidad desde febrero de 2007), Zulma Loza (agente con contrato de locación de obra del D.E.M. afectada al Centro de Mediación) y se ha sumado en los últimos meses Emilio Daniel Ruberto (empleado municipal de la Subsecretaría de Deportes, afectado temporariamente al Centro de Mediación)

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Cabe destacar el importante y sostenido compromiso y entusiasmo de los mediadores integrantes del Registro, que aportan su tiempo y experiencia y suman sus esfuerzos para que la mediación siga creciendo en nuestra ciudad.

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5. Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo11.

A continuación se enumeran las Recomendaciones emitidas desde el 1 de Octubre del 2008, hasta el 30 de septiembre de 2009. Se realiza un pequeño relato acerca del desarrollo de las temáticas tratadas, independientemente de si la Recomendación de la Defensoría incidió o no en el curso de los acontecimientos:

Recomendación Nº 07/08 De La Defensoría del Pueblo (18 de Diciembre): A partir del Decreto de Licitación Pública para la implementación y ejecución de un mecanismo de desarrollo limpio para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y teniendo en cuenta las competencias de la Defensoría entre las que se encuentra el control de las funciones administrativas públicas (Ord. Nº 8391, arts. 2, 3 y 4) por tratarse de un Proyecto abierto, la Defensoría procedió al Análisis del Pliego Licitatorio y Recomendó al DEM, realizar los estudios contables presentados por la empresa; tomar los recaudos y determinar la responsabilidad para la cotidiana instrumentación, opiniones, certificaciones, contestación, omisión (Actos Propios), que puedan entenderse luego como modificatorias de lo ya acordado hasta la fecha y/ o fuente de eventuales conflictos; Solicitar a la empresa la desagregación en parciales del monto global; Solicitar precisión e individualizar capital de riesgo del oferente, a los efectos de eventuales obligaciones emergentes; contar con cálculos estimativos sobre la reducción de emisiones que permitan evaluar el nivel de mitigación, lo que está ligado al financiamiento; establecer con precisión que las inversiones deben ser financiadas con capitales de riesgo del oferente, en todo lo que hace referencia a la responsabilidad económica del Municipio, en el pago de obra, evitar la ambigüedad; exigir al contratista que constituya garantía de mantenimiento de la oferta. Así como, a cerca del documento de Diseño de Proyecto PDD: Poner atención a la importancia del seguimiento; que la Evaluación del impacto ambiental debe estar lista previa a la realización de la obra; precisar si la titular de OXALOR, pretende ejercer un derecho sobre el producto final.

 Recomendación Nº 01/09 de la Defensoría del Pueblo (4 de febrero): Nueva Zonificación de la ciudad. A partir de la presentación realizada por un grupo de ciudadanos paranaenses, ante el anuncio del aumento de las tasas Municipales

11 Emitidas desde el 1 de Octubre de 2008 al 30 de Septiembre de 2009.

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producto de una nueva valuación oficial, de los inmuebles ubicados en la jurisdicción Municipal, desde la Defensoría del Pueblo se recomendó al Presidente Municipal Suspender las nuevas valuaciones fiscales, dispuestas por el Decreto Nº1769/08 que dispone una actualización del valor medio del metro cuadrado de superficie según nuevas zonificaciones, de acuerdo a indicadores establecidos; no innovando en cuanto al valor de las tasas -tanto Inmobiliaria como de Servicios Sanitarios- por carecer las mismas de una Ordenanza del Concejo Deliberante, en consideración que ningún impuesto/ tasa es obligatorio/ a sino cuando ha sido establecido conforme a las prescripciones constitucionales y tener especial recaudo en la consideración de los enunciados que rigen en materia tributaria, a saber: legalidad, generalidad, capacidad contributiva, razonabilidad, progresividad, igualdad

 Recomendación de la Defensoría del Pueblo Nº 2/09 (9 de marzo): Afectación de Predio de Propiedad Privada. Teniendo en cuenta la presentación realizada por el ciudadano Omar Luis Licursi por la omisión cometida por la Municipalidad de Paraná para restituir las condiciones originales de un predio de su propiedad, que se encuentra ubicado entre las calles Cervantes, Reconquista, Laprida y Arroyo Antoñico, conforme a mensura. Desde la Defensoría del Pueblo se Recomendó al Presidente Municipal, instruir a las Áreas Municipales de competencia a liberar la traza de calle Cervantes para la reubicación de las familias que están asentadas sobre la misma previo censo y estudio social y a disponer de manera inmediata una nueva traza para la cañería de alimentación de agua potable y liberando el paso de la propiedad privada.

 Recomendación de la Defensoría del Pueblo Nº 3/09 (23 de marzo): Cobro de Contribución de Mejoras. En función de la presentación realizada por Comisiones vecinales, vecinos auto convocados y ciudadanos en forma individual, ante la pretensión del Poder Ejecutivo Municipal de gravar obras de pavimentación – Plan de pavimentación VI etapa y VII etapa – en la liquidación y cobro de Contribución por Mejoras, mediante declaración de la obligatoriedad de pago por parte del Presidente Municipal, la Defensoría Recomendó: revisar el Decreto Nº 1404/08; establecer por Ordenanza los principios y conductas a seguir en casos en que se realicen obras de infraestructura que se ejecuten bajo la figura de asistencia financiera, teniendo en cuenta los principios de generalidad, previsibilidad, y capacidad contributiva. Así

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mismo que se utilicen las herramientas de participación ciudadana con que cuenta la Ciudad, como el Presupuesto Participativo, para la determinación del destino de los fondos proveniente de la asistencia financiera.

 Recomendación de la Defensoría del Pueblo Nº 4/08 (18 de junio): Erosión del Arroyo Colorado. A partir de los reclamos de ciudadanos vecinos del barrio Mariano Moreno, ante el riesgo que corren sus viviendas, cuyos fondos lindan con el Arroyo Colorado; la Defensoría del Pueblo recomendó al Presidente Municipal encarar de forma urgente la obra de entubamiento del arroyo, entre Don Bosco y Dobler, ante el peligro que conlleva mantener la actual situación que afecta la seguridad de los vecinos y la vulneración del derecho a la vivienda y a un ambiente sano; para lo cual es pertinente que se considere esta obra como continuidad de la programada en el plan de obras de Escala Urbana 2009 prevista por la Secretaría de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad.

 Recomendación de la Defensoría del Pueblo Nº 5/08 (22 de junio): Contrato de Alquiler con la Municipalidad. En función del reclamo de la ciudadana Dominga Colman, por la situación de indefensión a la que se halla sometida por falencias del Estado Municipal, en el cumplimiento de un contrato de alquiler, la Defensoría del Pueblo Recomendó al Presidente Municipal instar a la Secretaría Legal y Técnica a la resolución que permita poner fin al reclamo tanto en lo que hace a la deuda impositiva como al arreglo de la propiedad en virtud del derecho que le asiste.

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6. Resoluciones de la Defensoría del Pueblo12.

A continuación se enumeran las Resoluciones emitidas desde el 1 de Octubre del 2008 hasta el 30 de septiembre de 2009. Se realiza un pequeño relato acerca del desarrollo de la temática abordada, independientemente de si la Resolución de la Defensoría incidió o no en el curso de los acontecimientos:

 Resolución Nº 01/09: Sobre recurso de apelación en multas de tránsito (12 de febrero): a partir del reclamo presentado por el ciudadano Manzini, Lucas Alberto, por una multa de tránsito, impuesta por infracción de la ley de Tránsito 24.449 y que se le denegara el Recurso de Apelación, en relación a la pena impuesta, violando su derecho a defensa; desde la Defensoría del Pueblo se Resolvió recomendar al HCD el tratamiento del recurso de apelación, en consideración a las garantías Constitucionales vigentes.

 Resolución Nº 2/09: Tarifas Eléctricas (2 de marzo): en virtud de la presentación efectuada por distintos ciudadanos, ante esta Defensoría, debido a la variación del precio de la energía eléctrica que, a través de la Resolución S.E. Nº1169/08 autorizó a las Empresas de Energía Eléctrica el traslado de los nuevos precios a aquellos usuarios que consuman 1000 Kwh, o más; que, los derechos de los usuarios del país se encuentran vulnerados y que, por otra parte, es oportuno revisar la pertinencia de la carga impositiva en su totalidad que compone la facturación de la energía eléctrica. Desde la Defensoría del Pueblo se Resolvió: interesar a la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos y al Ente Provincial Regulador de la Energía, para que tome en cuenta la petición del Defensor del Pueblo de la Nación y traslade la misma a todas las prestadoras de servicio eléctrico en la provincia, a fin que se abstengan de efectuar cortes en el servicio de distribución de electricidad, motivado por la falta de pago de las facturas afectadas por aplicación de la Resolución Nº 1169/08, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y aconsejar a la Secretaría de Energía y al EPRE que, previo a cualquier modificación de la tarifa, se realice una campaña de información a nivel de la provincia, en la medida que no se ha dado la suficiente difusión, y basada en una información adecuada y veraz, según

12 Emitidas desde el 1 de Octubre de 2008 al 30 de Septiembre de 2009.

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norma el Art. 42º de la Constitución Nacional (Derechos de Usuarios y Consumidores).

 Resolución Nº 3/09: Sobre el control en la fumigación (23 de abril): En función de las actuaciones, iniciadas en la Defensoría por la ciudadana, Carla Paola Cavallo, en relación a una intoxicación, producida por la fumigación que realizaba el personal de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná, según relato de la reclamante; se Resolvió recomendar al Presidente Municipal propiciar acciones reparatorias, con información de base donde estén perfectamente claros los componentes del insecticida usado en la oportunidad, como la posibilidad de afectación de la salud, arbitrar los medios para el cuidado de la población y de los empleados del Municipio en las tareas de fumigación, en la consideración que debe ser una tarea perfectamente protocolizada y monitoreada técnicamente, informar previamente a las tareas de fumigación los circuitos, fechas y horarios que se van a realizar, a la ciudadanía en general, realizar permanentes tareas de capacitación y actualización del personal encargado de la labor de fumigar, relacionado al tema, y en la toma de conciencia de la responsabilidad que les cabe.

 Resolución Nº 4/09: Tarifas de Gas (24 de abril): A partir de las actuaciones presentados en esta Defensoría por usuarios de gas, sorprendidos por el aumento de las facturas, y ante la imposibilidad de hacer frente al mismo; la Defensoría del Pueblo Resolvió Derivar los reclamos obrantes en esta, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a los efectos que se tome conocimiento de los mismos y se proceda en consecuencia; asesorar a los ciudadanos reclamantes acerca del nuevo cuadro tarifario para los usuarios de gas, y para aquellos que tienen dudas acerca de la facturado, concurrir a Redengas, previo nota donde se solicita revisión y suspensión de la fecha de vencimiento, hasta tanto se realice la comprobación; acompañar las acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo de la Nación con motivo de la creación del fondo fiduciario establecido por decreto Nº2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional, por afectar Derechos de los Usuarios y Consumidores, garantizados por el art. 42º de la Constitución Nacional

 Resolución Nº 5/09: Sobre el Complejo Deportivo ―Darío Moine‖ (30 de julio): En función del reclamo presentado por vecinos del Barrio Juan Perón, se comprobó que

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el Complejo Deportivo denominado ―Darío Moine‖, que realiza actividades deportivas, no cuenta con habilitación; que, es inadmisible que siga funcionando el complejo deportivo en condiciones irregulares, con el agravante que de acuerdo a los requisitos que este tipo de emprendimiento debe cumplir según el código de edificación, no se han cumplido; en consideración a los reclamos de los vecinos; esta Defensoría Resuelve solicitar al Secretario Legal y Técnico intervenga en el tema, a los efectos que se cumpla con la reglamentación vigente,

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7. Planilla de Ejecución Presupuestaria

Los montos que se informan a continuación, en lo que hace a la ejecución presupuestaria son aproximados debido a que la Defensoría sólo realiza solicitudes de gastos a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante para su aprobación, sin ejecutar luego el gasto, dado que estas actividades se realizan dentro de las áreas específicas de la Municipalidad.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO – MUNICIPALIDAD DE PARANÁ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1/10/08 AL 15/09/09 PERSONAL – Ejecutado- $ 720.454,52 BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES PRESUPUESTO $ 20.000,00 EJECUTADO $ 18.512,16 Bienes de consumo $ 2289,13 Elementos y Útiles de Oficina $ 60,81 Insumos Informáticos $ 2.136,35 Gas Natural y en Garrafas $ 91,97 SERVICIOS NO PERSONALES $ 16.223,03 Correos, teléfonos e Internet $ 8.305,03 Contrataciones de Terceros $ 7.000.00 Otros Servicios No Personales $ 543,00 Reparaciones $ 375.00 SALDO BIENES DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES $ 1.487,84

Habiendo cumplimentado el presente informe, tal cual lo dispuesto por la Ordenanza Nº 8391, se procede a remitir al Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná.

Paraná, 30 de septiembre de 2009.

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8. Bibliografía de Referencia:

1. Foucault, Michel, Nacimiento de la Biopolítica, FCE, Bs. As., 2007

2. Rawls, John, Teoría de la Justicia, FCE; México, 2006

3. Rosanvallon, Pierre, La Nueva Cuestión Social, Repensar el Estado providencia, Manantial, Bs. As., 1995

4. Rancière, Jacques, El desacuerdo, Política y filosofía, Ed. Nueva Visión, Bs. As., 1996

5. _______________, El odio a la Democracia, Amorrortu, Bs.As., 2006

6. Guillebaud, Jean-Claude, La Traición a la Ilustración, Investigación sobre el malestar contemporáneo, Manantial, Bs. As., 1995

7. Balibar, Ètienne, Derecho de Ciudad, Cultura y política en democracia, Ed. Nueva Visión, Bs.As., 2004

8. Clichevsky, Nora, Informalidad y segregación urbana en America latina: una aproximación, Bs. As., 2000

9. Rodríguez, Alfredo y Sugranyes, Susana, Editores, Los con techo: Un desafío para la política de vivienda social, Ed. Sur, Chile, 2005

10. Aravena, Susana y Sandoval, Alejandra, Política habitacional y actores urbanos, Ed. Sur, Chile, 2008

11. Programa Familias por la Inclusión Social: entre el discurso de derechos y la práctica asistencial, Colección Investigación y Análisis IV, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Bs. As., 2007

12. Niremberg, Olga, Participación de Adolescentes en Proyectos Sociales, Aportes conceptuales y pautas para su evaluación, Ed, Paidós, Bs. As. 2006.

13. Bokser, Mirta, Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes, Políticas de Gestión Territorial, Lumen, Bs. As., 2005

14. Nuñez, Violeta, Una Etica en el Trabajo con Niños y Jóvenes, Noveduc, Col. Ensayos y Experiencias, Bs. As., 2004

15. Estadísticas actualizadas; Medios gráficos y digitales locales.

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9. Equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo

Defensora Adjunta del Pueblo, a cargo,

Lic. Martha Benedetto

Mediadora A/C de Articulación de Programas del Centro de Mediación

Abogada y mediadora Irina Chausovsky

Subdirector general

CPN Juan Patat

Servicios al ciudadano

Ing. Silvia Pidoux

Lic. Patricia Brumatti

Horacio Gaitán

Germán Grandín

Silvio Godoy

Promoción y Fortalecimiento de Ciudadanía

Prof. Cristina Witschi

Prof. Cecilia Greca

Despacho e Informática

Belkys Wernli

Edgardo Perlo

Roque Rodriguez (Notificaciones)

Centro de Mediación

Silvina Albornoz

Lic. Andrea Den Daw (adscripta del Consejo del Menor)

Zulma Loza (afectada de la Subsecretaría de Educación)

Servicios Generales

Miriam Retamal

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10. ANEXOS

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