No podrán cortar el gas a usuarios que deban hacer arreglos en las redes

La resolución 82/19, publicada en el Boletín Oficial, establece que las distribuidoras de gas no podrán cortar el servicio de gas a los usuarios durante el tiempo que demande el arreglo de cualquier desperfecto técnico. Por lo que para dejar a un edificio o vivienda sin gas, los inspectores deberán considerar que existe algún peligro para los usuarios.
A través de la resolución, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó la nueva Norma Argentina del Gas (NAG), de alcance nacional, mediante la cual establece que los inspectores no cortarán el suministro del servicio ante desperfectos en las instalaciones -como ocurría hasta ahora-, siempre que la irregularidad detectada no implique riesgo para los usuarios.
La disposición apunta a las situaciones en las que las distribuidoras de gas realicen inspecciones de las instalaciones domiciliarias y detecten defectos secundarios, que no representan un riesgo inminente para la seguridad y la salud de los ocupantes de la vivienda (o de terceros) y puedan ser regularizados en un tiempo prudencial (no mayor a 90 días corridos).
Se consideran efectos secundarios a la falta de la puerta del gabinete; al cierre de puerta no reglamentario o fuera de funcionamiento; a las cañerías colocadas en lugares donde están expuestas a riesgos de esfuerzo, a las solicitudes mecánicas anormales o en lugares no permitidos; a las cañerías sin fijaciones y/o con presencia de corrosión.
La norma también incluye el formulario TR (Tareas de Regularización), “Orientación al Cliente sobre las Tareas de Regularización que debe Realizar el Matriculado en su Instalación”, que constituye una herramienta que la licenciataria le debe brindar al usuario para facilitar el pedido de presupuestos.
Esta nueva norma se emitió debido a que los distintos procedimientos pueden llegar a demorar entre seis meses y un año, dejando a las personas todo ese tiempo sin gas. Según Metrogas, durante el 2017 hubo 4000 edificios sin servicio sobre un total de 1,6 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires.

Defensorías del país pidieron que se prorrogue el reintegro del IVA a jubilados

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la prórroga de la ley 27.253, que dispone el reintegro del 15% del IVA en las compras que hacen los jubilados y otros grupos vulnerables.
La solicitud que efectúa la asociación de Defensores del Pueblo del país, entidad que integra la institución de Paraná, tiene la finalidad de que se mantenga el beneficio al sector social más vulnerable de la población y que recibe con mayor impacto las consecuencias la inflación.
Cabe recordar que la ley 27.253, sancionada en junio de 2016, estableció un régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado -IVA, contenido en el monto de las operaciones que, en carácter de consumidores finales, se abonen por las compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios dedicados a la venta minorista como en comercios dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores finales, mediante el uso de transferencias bancarias por tarjetas de débito.
El monto al que refiere la ley no podía ser menor al 15% (15 del monto de las operaciones, siempre que no supere el monto máximo de $300 o la canasta básica de alimentos (dato que nunca fue actualizado, no obstante la inflación).
Los beneficiarios de la ley son las personas que perciben jubilaciones y pensiones por fallecimiento sin superar el haber mínimo; los que perciben la asignación universal por hijo para protección social, la asignación por embarazo para protección social; pensiones no contributivas nacionales en sumas que no excedan el haber mínimo; personal de casas particulares; y planes de respaldo a estudiantes y Progresar.
La ley fijó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, con la facultad concedida al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de prorrogar el plazo establecido. Fue así que por Decreto N° 94/2018 publicado en el Boletín Oficial del 01 de febrero de 2018, se prorrogó la vigencia del régimen de reintegro hasta el 31 de diciembre de 2018.
Entre los considerandos del Decreto del PEN se enuncia que: “…continúa siendo un objetivo prioritario del Gobierno Nacional la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con la finalidad de lograr una reducción sostenida de la pobreza (…) Que la implementación del régimen de que se trata tiene por finalidad mejorar el ingreso disponible y la capacidad de compra de los sectores más vulnerables conformados por aquellas personas que destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos…”.

Ahora, con el vencimiento del plazo establecido para el beneficio, teniendo en cuenta los fundamentos expresados en el decreto de prórroga y que los destinatarios del reintegro son los ciudadanos de menores ingresos y vulnerables de la población; adicionando a ello el incremento en el costo de toda la canasta de alimentos y los restantes precios como resultado de la inflación, es que las Defensorías del país consideran necesario solicitar al Ejecutivo nacional que analice la viabilidad de disponer la prórroga de la ley 27.253, actualizando además el monto tope de reintegro que era de $300 conforme lo establecido por el art 2 de la ley referida.

Fuente: Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra)

Colectivos: El Defensor del Pueblo pidió explicaciones al Municipio sobre la dilación de las frecuencias

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, solicitó al secretario de Servicios Públicos del Municipio, Crio. Ricardo Frank, informe sobre “si las medidas adoptadas con respecto a la modificación de la frecuencia del transporte urbano anunciada por la Asociación Buses Paraná fueron autorizadas formalmente por la Secretaría a su cargo, tal como lo disponen los artículos 2 y 34 de la Ordenanza Nº 9462, Marco Regulatorio del Transporte Urbano de Pasajeros”.
De lo contrario, de no haber autorización formal del Municipio para que las prestadoras modifiquen las frecuencias del servicio, disposición anunciada por la Asociación Buses Paraná, el Defensor Garay solicitó “se informe cuáles son las medidas que adoptará el DEM a fin de que se preste el servicio en forma regular, así como las sanciones aplicables a la concesionaria de acuerdo con el artículos 32 del marco regulatorio”.
A través de una nota remitida esta mañana, el Defensor fundamentó el pedido en virtud de que el transporte urbano de pasajeros es un servicio público fundamental y, esta Defensoría, una institución defensora de derechos ciudadanos. En ese sentido, citó el artículo 84 de dicha ordenanza, que consagra los derechos de los pasajeros. Seguidamente, la nota cita el artículo 32° del marco regulatorio del transporte urbano en la ciudad. “Es obligación primordial del concesionario la de prestar el servicio en forma regular y continua. El concesionario que interrumpiera el servicio sin causa justificada se hará pasible de las penalidades y sanciones establecidas en la presente, en el pliego de concesión y normativa aplicable”, consigna el artículo.

Defensores del Pueblo se reunieron con funcionarios nacionales por la tarifa del gas

Integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se reunieron con la gerencia de Regulación y Gestión comercial del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
El objetivo del encuentro fue tratar el registro de beneficiarios de la tarifa social, el régimen tarifario específico para entidades de bienes públicos y el régimen para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).
De la reunión participaron el presidente y gerente del ENARGAS, Mauricio Roitman y Néstor Touzet, respectivamente, y la Defensora del Pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, María América González, fue la vocera del grupo de Defensores.

Los Defensores acudieron el martes 12 a la reuión en Buenos Aires.

Durante el encuentro, realizado en Buenos Aires el martes 12 de febrero, Roitman informó que el valor del gas en boca de pozo (BTU) será fijado en una subasta pública que se realizará los días 14 y 15 de febrero. Asimismo, afirmó que “salvo que exista algo extraño que el ENARGAS deberá demostrar, el valor que surja de la subasta irá a las tarifas”.
Por su parte, los Defensores del Pueblo valoraron la transparencia que surge de un acto como la subasta pública, aunque consideraron que esta nueva posición del Ente Regulador no debe constituir un retiro o desatención del Estado en la composición de las tarifas, ya que el gas en boca de pozo tiene una incidencia de alrededor del 40% en la facturación total y ese precio se pretende que sea fijado en subasta pública la cual es reglada por las leyes del mercado de oferta y demanda.
Sin perjuicio de ello, Adpra reiteró y ratificó, tal como lo viene haciendo en todas las audiencias públicas, que:
-El acceso a servicios públicos esenciales de energía son un derecho básico para la efectiva realización de los derechos humanos.
-Conforme los principios de proporcionalidad, progresividad, razonabilidad y no confiscatoriedad, sentados por la CSJN, las tarifas deben ser justas, adecuadas y razonables. Por ende, los incrementos en las tarifas no pueden estar sujetos a la libertad de mercado sino que deben tener en cuenta los incrementos salariales y posibilidades reales de los ciudadanos.
-Insistieron en que debe ampliarse la tarifa social del servicio de gas para que puedan acceder todos los que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
-Deben atenderse la especial y crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (MiPyME) y en particular las entidades de bien público y los clubes de barrio que hoy atraviesan extremas dificultades para afrontar el pago de tarifas exorbitantes.

Fuente: Adpra

Audiencia por el gas: Reclamarán que la tarifa del gas se pesifique

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, informó que durante la audiencia pública para tratar un futuro aumento del gas, que se realizará el 28 de febrero en Salta, se pedirá que se fije la tarifa en pesos. Hasta ahora se establece en dólares. De atenderse dicho planteo, “cambiaría todo el componente de la boleta del gas”, expresó.

Para el 28 de febrero está prevista la realización de una audiencia pública en Salta.


Los aumentos en la tarifa del gas se vienen aplicando sin respiro. En esta oportunidad, el 27 de diciembre la Secretaría de Energía de la Nación informó que el precio del suministro iba a costar un 35% más caro entre abril y septiembre próximos. Sin embargo, el cuadro tarifario debería surgir luego de la audiencia pública, prevista en la provincia de Salta, a fines de este mes.
La convocatoria realizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) comprende a representantes de las empresas distribuidoras de la capital provincial y Entre Ríos, Redengas, y Gas Nea, la Defensoría del Pueblo de Paraná e integrantes de organizaciones y usuarios.
El Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, reiteró –en declaraciones a Diario Uno- que desde las Defensorías del país se volverá a reclamar que se pesifique el precio en boca de pozo, porque dicho planteo “cambiaría todo el componente de la boleta del gas”.
Explicó que el valor del BTU, que es una unidad internacional en centímetros o metro cúbicos determinado por las extractoras, es en la actualidad de 5,26 dólares por millón de BTU.
“La proyección que siempre tuvo el gobierno nacional es llegar a 7 dólares para 2019. Eso después se traslada en la boleta final a pesos. Por más que en las audiencias públicas se diga que la tarifa va a aumentar un 35%, si ese monto es justo para el tema de la extracción del precio del gas a boca de pozo se debe cotizar en esa moneda”, interpretó en declaraciones a Uno.
Más adelante realizó un estimativo del impacto total de los aumentos para el bolsillo de un asalariado: “Puedo asegurar que pasaron los 1.600% originales que había propuesto el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren. No estoy dando una cifra exacta: la suba es por distribuidora; no es lo mismo Paraná con Redengas, que Gas Nea respecto de Entre Ríos. Los porcentajes, si bien poco, son diferentes”.
Respecto de la cotización en moneda estadounidense, dijo que “no ha tenido mucho sentido que el precio se siga manteniendo en dólares, porque los sueldos de los empleados de las petroleras y de las productoras se paga en pesos. Son muy pocos los insumos importados, todo lo demás se fabrica en la Argentina. Por eso no entendemos el motivo por el cual se sigue manteniendo este precio”.
Según Garay, con este mecanismo se ven perjudicadas las distribuidoras, y en el caso de Redengas “tiene que comprar un gas mucho más caro, y como contrapartida se lo termina trasladando al usuario. Este desfase sigue avalando a los grandes productores y tampoco se ven las grandes inversiones, con la excesiva ganancia que están teniendo”.
Ante la situación, los Defensores del país agrupados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) definirán una estrategia consensuada para la audiencia que se realizará en Salta.
“Salvo en la primera audiencia, después estas instancias han sido una formalidad por parte del Gobierno (…) y lo solicitado por los empresarios ha sido avalado por el Estado. Vamos a hablar con los Defensores si sigue valiendo la pena concurrir o no, o estaríamos convalidando un aumento encubierto que están haciendo”, contó.
A partir de la realización de la audiencia pública, el Enargas tiene 60 días para autorizar la readecuación tarifaria para el período abril-septiembre.
El Defensor Luis Garay ha venido participando en las sucesivas audiencias públicas que se realizaron en Paraná y Santa Fe para definir los aumentos tarifarios del gas y ha fijado la posición de la institución en defensa de los derechos de los usuarios.

La institución y el trabajo realizado reflejados en una nota

Los resultados del Informe Anual 2017-2018 fueron motivo de una nota publicada en el sitio digital de noticias Entre Ríos Ahora. A continuación, la publicación:

El Informe Anual se presenta ante el Concejo Deliberante.

De qué se queja el paranaense

“El 30 de diciembre de 2002, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la ordenanza de creación de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

No hay, desde entonces, ninguna otra Defensoría del Pueblo constituida en Entre Ríos. Surgió ocho años después de la reforma de la Constitución de 1994, que incorporó un catálogo de nuevos derechos y una serie de mecanismos de participación popular e instituciones de control y de defensa de los derechos.

No todos esos institutos, claro, están plenamente vigentes.

Pero Paraná sí cuenta con su Defensoría del Pueblo desde entonces.

En aquella sesión del 30 de diciembre de 2002, cuando el Concejo dio forma a la Defensoría, también se aprobó otra ordenanza clave: la que dio sustento al Ingreso Ciudadano para la Niñez de Paraná (Incinipa), un programa que brindó un ingreso mensual a mujeres embarazadas y niños en situación de vulnerabilidad social, a través de un subsidio y cobertura sanitaria y educativa, que finalmente fue derogada el 12 de noviembre de 2004.

También entonces se reguló la consulta popular en Paraná.

La promulgación de la ordenanza de creación de la Defensoría del Pueblo de Paraná recién ocurrió el 12 de marzo de 2003: la N° 8.391.

En los meses que siguieron, se abrió el proceso de selección de los aspirantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de Paraná.

El 25 de junio de 2003, Día de la Ciudad, el Concejo convocó a los postulantes, y se eligió a Jorge Kerz como primer Defensor del Pueblo; Marta Benedetto, como adjunta. Kerz renunció en junio de 2005 y asumió en el área de Coordinación de Políticas Sociales de la Provincia, convocado por el entonces gobernador Jorge Busti. Quedó Martha Benedetto al frente de la Defensoría hasta el 30 de noviembre de 2009.

El 26 de noviembre de 2009, el Concejo elige nuevo defensor: Luis Garay, y a Pablo Donadío, como adjunto. Se mantuvieron hasta 2014. Ese año el Concejo eligió la continuidad de ambos al frente de la Defensoría, por otro período de 5 años. El mandato actual concluye el 30 de noviembre de 2019.

Acaso es hoy el mejor termómetro para medir el humor social de la ciudad, conocer cuáles son los temas que preocupan, qué reclamos van a la cabeza en el ranking de quejas ciudadanas.

La Defensoría del Pueblo entiende en varios temas, y en otros que no son de su jurisdicción, y deben derivarse.

Todo eso que hace lo vuelca en un informe anual. El último, que abarca el período que va del 15 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2018, contiene lo hecho en un año: 2.360 actuaciones.

Se trata de un período de 240 días hábiles, que si se relaciona con la cantidad de actuaciones, da un promedio diario de casi 10 presentaciones ante la Defensoría.

De ese total, 1.241 actuaciones (el 53%) se agrupa en temas de índole local o provincial; 485 (21%) corresponde a casos trabajados en mediación; y 634 (26%) consiste en reclamos de jurisdicción nacional.

Las actuaciones relacionadas a temas locales y provinciales abarcan tres items:

derechos civiles y políticos:
derechos sociales, económicos y culturales; y
derecho de acceso a los servicios municipales.

En primer lugar, están los reclamos por derechos civiles y políticos, con el 41%. Encabezan las solicitudes referidas a la tramitación el DNI: vecinos indocumentados, que nunca han tenido documento o que lo han perdido.

Luego, derechos sociales, económicos y culturales, que representan el 37% de las intervenciones. La mayor parte corresponde a derechos de usuarios y consumidores. Sobresalen los reclamos por el servicio de colectivos urbanos, a partir de los cambios instrumentados este año en los recorridos.

También, hay planteos en torno al aumento del precio de la electricidad y los reclamos referidos al acceso a la salud, la situación de las prestaciones de la obra social provincial Iosper y el Hospital San Martín.

En tercer lugar, están los reclamos referidos a derechos de acceso a servicios municipales, con el 22%. Servicios básicos como el agua y la cloaca lideran los reclamos. Le siguen planteos por baches, desniveles, ocupación de espacios públicos con construcciones, falta de recolección de ramas y residuos domiciliarios, entre otros.

“La estadística -dice el informe de la Defensoría- es una manera de reflejar el volumen de trabajo registrado en la Defensoría del Pueblo desde su inicio, en 2003 hasta este año”. Suman 29.550 los reclamos, consultas y solicitudes de mediación de vecinos que han generado un documento y un trámite, denominado actuación, en el ámbito de la institución, en quince años de existencia. “Hay temas, abordajes e intervenciones que no quedan plasmados en números, por lo que la evolución estadística es una muestra del tenor de labor desarrollada. Un importante bloque de presentaciones se refiere a temas de índole local, en consonancia con el
alcance de la Defensoría del Pueblo, otorgado por ordenanza. Sin embargo, como se ha planteado
en anteriores Informes, se registra un flujo cada vez mayor de reclamos por cuestiones de jurisdicción provincial que son atendidos ante la falta de la conformación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Entre Ríos. Se mantiene elevada la cantidad de actuaciones registrada por temáticas de alcance nacional, presentaciones que son tramitadas por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación que funciona en conjunto con la institución local”.

Los números marcan la tendencia:

Entre 2003 y 2004, 1.363 intervenciones.

Entre 2004 y 2005, 1.146.

Entre 2005 y 2006, 1.070.

Entre 2006 y 2007,1.050.

Entre 2007 y 2008, 1.147.

Entre 2008 y 2009, 1.528.

Entre 2009 y 2010, 1.511.

Entre 2010 y 2011, 1.217.

Entre 2011 y 2012, 2.202.

Entre 2012 y 2013,3.343.

Entre 2013 y 2014, 2.634.

Entre 2014 y 2015, 3.117.

Entre 2015 y 2016, 3.201.

Entre 2016 y 2017, 2.661.

Entre, en 2017 y 2018, 2.360 actuaciones”.

Fuente: Entre Ríos Ahora.

Plan autoahorro: Defensores de Paraná participaron de una reunión por la suba de las cuotas

Los Defensores del Pueblo de Paraná, Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto), participaron de una reunión en Buenos Aires con funcionarios nacionales por el aumento notable de las cuotas de planes de ahorro de autos 0 Km. El encuentro se realizó el martes 29 de enero. A continuación, información publicada por El Diario de Paraná.

LLevaron a autoridades nacionales el problema con los planes de ahorro

Los Defensores Luis Garay y Pablo Donadío (Adjunto) participaron junto a otros defensores del país en una reunión realizada en Buenos Aires.


Reunión con las automotrices, suspensión de la ejecuciones, pautas para renegociar, son temas que quedaron en la agenda para concretar a la brevedad tras la audiencia que la Asociación de Defensores del Pueblo mantuvo con funcionarios nacionales.

El martes de febrero comienzan las audiencias en Defensa del Consumidor de la provincia de Entre Ríos.
La Defensoría del Pueblo de Paraná compartió la propuesta del organismo santafesino para hacer un trabajo en conjunto con relación a la situación que se plantea desde hace meses con los planes de autoahorro, cuyas cuotas para muchos se han vuelto impagables. Si bien es un tema, a primera vista, de Defensa del Consumidor en la medida que se trata de un contrato que los particulares firman con empresas automotrices, a través de concesionarias, como defensores, el Estado no podía desentenderse”, explicó a EL DIARIO el defensor Luis Garay
Esa mirada se justifica en que a nivel nacional hay una Dirección de Inspección Jurídica que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Sergio Brodsky, con quien entendían que era importante tener una charla, al igual que con el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.
Efectivamente, el martes, por medio de la Asociación que nuclea a los defensores, esos encuentros se concretaron.
En la audiencia participaron el defensor de Paraná, Luis Garay, y el adjunto, Pablo Donadío. Allí, los defensores y el presidente de la Asociación, Pablo Amor, plantearon “la problemática que los funcionarios evidentemente no conocían que se estaba dando”, precisó Garay, es decir la queja por parte de quienes firmaron los contratos para adquirir un auto en cuotas.
El defensor de Paraná comentó a El Diario que “los funcionarios aducían, de acuerdo a charlas con los empresarios, que no había gran cantidad de morosidad en los planes de ahorro”. Desde la representación de las ciudades de todo el país, evaluaron que podría obedecer a diferencias en el poder adquisitivo de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, además de la recomendación de los defensores para que los firmantes de los planes continúen pagando, hagan un esfuerzo ante las expectativa que de las reuniones pueda salir una alternativa favorable a sus intereses.
FRENAR EJECUCIONES
Garay informó que los funcionarios nacionales se comprometieron a llamar a los siete empresarios del rubro, en tanto los defensores solicitaron que se frenen las ejecuciones prendarias, por lo menos hasta tanto terminen las negociaciones. Asimismo, los defensores pidieron que hasta que se concrete una reunión, reciban todos los casos cuya documentación ha sido receptada en las defensorías.
En la jornada de este jueves, Paraná se aprestaba a completar el envío de documentación pendiente que se agrega a las 100 denuncias que ya fueron elevadas.
A la vez formularon algunas aclaraciones al entender que, como Dirección Nacional, deben observar. En ese sentido Garay explicó que “las automotrices mandan lo que es el valor móvil del coche, a qué precio, cómo sale la cuota, de dónde. Cuando la gente firmó esos contratos el valor del vehículo era otro, aun no había ocurrido la devaluación que hace que un auto que costaba 200 mil pesos, hoy supere los 400.000. Esto era entendible en cuanto a que ha aumentado el bien y se aumenta la cuota. Ahora –advirtió– hay ítems dentro de la cuota, como son los gastos administrativos que también aumentaron más del 100%. Esas son cuestiones que hay que rever”, opinó.
Del mismo modo, apuntó, “cuál es el valor que se toma del coche, si es bonificado –al que lo vende la concesionaria–, o si es el precio de lista”, entre otras varias cuestiones.
PROPUESTAS
Entre las inquietudes que dejaron a los funcionarios nacionales, se incluyó que cuando haya audiencias en Defensa del Consumidor en cada provincia, “quienes asistan en representación de los empresarios, lo hagan con alguna propuesta, con un mandato, algo que permita seguir con las conversaciones y no directamente, agotar esa instancia y después dejar la posibilidad de litigio”.
A propósito, el 5 de febrero en Entre Ríos van a empezar las audiencias, algunas en forma particular y otros con Codec, Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor.
Según indicó Garay a El Diario, “lo que de alguna manera se está buscando es evitar la judicialización del tema y encontrar soluciones a corto plazo. Aseguró que “la gente no está pidiendo no pagar más la cuota, sino que sea accesible de acuerdo con los ingresos que tiene”. Atado a esa pretensión, Garay comentó que “las acciones colectivas no corresponden porque cada caso es particular. Aunque la cuota se haya elevado, el impacto que tiene varía según el ingreso del damnificado. Garay sostiene que son situaciones que hay que ver caso por caso”. En ese orden, aportó que “en Tucumán y Mendoza se hicieron presentaciones colectivas y la Justicia falló en contra en primera instancia. Corresponde hacer las presentaciones en forma individual”, insistió.
El defensor también comentó que “en algunas provincias, hay concesionarias que ya han hecho una propuesta concreta de bajar la cuota y aumentar la cantidad de años, lo que en algunos casos ya fue aceptada”. El funcionario paranaense expresó su deseo de llegar a un acuerdo a instancias de la gestión realizada por los defensores. De no ser así, quedaría la instancia de judicializar.
En medio de estas tratativas, la recomendación sigue siendo pagar, aunque esa decisión también depende del momento del plan en el que esté el damnificado. Es diferente quien haya pagado unas pocas cuotas, a quien ya lo tenga en uso o lo tenga adjudicado.

Al margen
El 5 de febrero empiezan en Defensa del Consumidor de la provincia las audiencias con los afectados por la actualización de las cuotas de los planes de autoahorro. Se trata de unos 600 casos los que están en turno para tratar en esa repartición.
Fuente: El Diario

Los Defensores del Pueblo del país se oponen a los aumentos extra en el gas

ADPRA solicitó que el procedimiento que se apruebe tendiente a regular la compra de gas por parte de distribuidores a productores, en ningún caso genere cargos y/o costos extras en las tarifas, siendo insoslayable la convocatoria de audiencia pública para brindar a los usuarios información adecuada y veraz.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su preocupación al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por los incrementos en las tarifas del servicio público de gas que realizarían las empresas distribuidoras en el marco del procedimiento de licitación para la compra de gas. Participarán de una reunión conjunta con los representantes del Ente el próximo 12 de febrero.

El documento emitido recientemente por Adigas, la Asociación de distribuidoras de gas, manifiesta que de aprobarse el cambio en los plazos de pago a productores de 75 a 30 días se produciría un desfasaje financiero que los obligaría a recurrir a financiamiento externo con un elevado costo ocasionando por las altas tasas de interés vigente, gastos que serían trasladados a las tarifas de los usuarios.

Los Defensores del Pueblo de todo el país coinciden en rechazar la posibilidad de trasladar los costos surgidos de cambios en las relaciones contractuales de distribuidores con productores, ya que que nunca pueden ser los usuarios quienes carguen con las diferencias económicas derivadas de cambios en los términos de contratación.

Además, sostienen que debe tenerse en cuenta el principio esencial y específico de la participación ciudadana mediante audiencia pública, además de los principios rectores en materia tarifaria de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad exigidos por la Suprema Corte en el fallo CEPIS.

Esta misma posición fue sostenida por ADPRA en el período abril/septiembre de 2018, cuando las empresas quisieron trasladarles de forma retroactiva a los usuarios los costos adicionales producidos por la devaluación de la moneda.

Fuente
Comunicado de Adpra

Los defensores del Pueblo de Santa Fe y Paraná recibieron a un grupo de ahorristas de planes de 0 km por la excesiva suba en las cuotas

Fue este jueves por la mañana, en Santa Fe. Tras escuchar a los asistentes, Raúl Lamberto y Luis Garay recomendaron no interrumpir el pago de las cuotas y agotar la vía administrativa del reclamo. Además, pusieron en conocimiento del tema a la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina (Adpra) y reiteraron la predisposición de las Defensorías para atender los casos individuales.

Los Defensores del Pueblo de Paraná y de Santa Fe escucharon al grupo de ahorristas.

Los defensores del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y de la ciudad de Paraná, Luis Garay, recibieron este jueves por la mañana a un nutrido grupo de ahorristas con dificultades para afrontar las cuotas de sus planes por el incremento que han tenido en los últimos meses.

Tras escuchar la situación de los ahorristas, los defensores recomendaron en primera instancia no interrumpir el pago de las cuotas, en tanto les sea posible, y agotar la vía administrativa del reclamo para que las cuotas se adecúen a su capacidad económica.

Además, indicaron que la situación fue puesta en conocimiento a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), y solicitaron que se gestionen reuniones con la Dirección de Defensa del Consumidor de la Nación y la Inspección General de Justicia, como autoridades de aplicación e involucrados en esta problemática, con el fin de realizar un abordaje integral y encontrar una solución que contemplen las distintas situaciones.

“Estaríamos en una situación encuadrada en la teoría de imprevisión por la modificación sustancial de la condiciones del contrato como consecuencia de un impacto inflacionario que exceden las elementales previsiones, y las mismas no pueden ser afrontadas casi exclusivamente por los consumidores que suscribieron los planes confiados en una mayor estabilidad de la economía”, explicó Lamberto.

Asimismo, tanto Lamberto como Garay hicieron un llamamiento global a las empresas para que no se concreten las ejecuciones o se suspendan las acciones contra los deudores prendarios, hasta tanto se encuentre una vía que permita ajustar las cuotas a su capacidad de pago y se establezca una razonable proporcionalidad.

Por último invitaron a los ahorristas que se encuentran en esta situación a acercarse a las sedes de las defensorías para ser asesorados y revisar los contratos, ver las condiciones pactadas, el monto de las cuotas, plazos de pago, de modo tal de ir estableciendo categorías y grupos homogéneos.

Fuente:
Departamento de Prensa de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe

La Defensoría del Pueblo pidió a la Provincia por el Iosper y el derecho a la salud de sus afiliados

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, elevó una nota dirigida al Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, para expresar la preocupación ante la situación del Iosper, de acuerdo a lo informado por autoridades de la principal obra social de Entre Ríos.

De forma habitual, la Defensoría del Pueblo recibe reclamos de afiliados relacionados a prestaciones del Iosper y, si bien no posee competencia para intervenir ante organismos de jurisdicción provincial, la institución mantiene una vía fluida de comunicación con el Instituto de la Obra Social, lo que permite arribar a respuestas y soluciones favorables a los ciudadanos.

El trabajo conjunto comprende reuniones periódicas con integrantes de la presidencia del directorio del Instituto, ámbito en el que los directivos “manifiestan y demuestran con datos concretos cómo afecta al cumplimiento de las prestaciones el incremento de los valores de las mismas”, mientras que aseguran que los ingresos en concepto de aportes se mantienen en niveles históricos, siendo los más bajos del país.

En ese sentido, se hizo hincapié en que mientras que otras obras sociales provinciales triplican las alícuotas en concepto de aportes en relación a Iosper, las prestaciones médicas y sus costos son uniformes en todo el país, por aplicación del nomenclador nacional (Resolución del Ministerio de Salud de la Nación).

Esa realidad, considerada por la conducción del Iosper un desfase progresivo entre los ingresos y los costos de las prestaciones, constituye un argumento de peso toda vez que esta institución presenta los reclamos de ciudadanos paranaenses, aportante de la obra social, que sienten vulnerado su derecho a la salud.

Ante ello, y en vista de la necesidad de resguardar el derecho de los 250 mil afiliados -entre los que cuentan los empleados activos y pasivos del Municipio de Paraná- y de preservar la obra social provincial cuyo principio básico de constitución es la solidaridad entre sus aportantes, es que la Defensoría del Pueblo de Paraná solicitó la “intervención en carácter de urgente” del Ejecutivo provincial.

La nota fue elevada en la última semana de diciembre y lleva la firma del Defensor del Pueblo, Luis Garay.

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