La Defensoría continúa con la modalidad de atención preferentemente remota

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná informa que continúa esta semana con la atención a la ciudadanía mediante, prioritariamente, vías de comunicación telefónicas y online.
La modalidad obedece a la situación sanitaria de nuestra ciudad y en vista de las medidas de prevención, con el fin de preservar la salud de todos.
 

La institución recibirá reclamos y consultas mediante, prioritariamente, las siguientes vías de contacto: 

*Teléfonos de línea, de 9 a 13 hs. Los números son: 4202322 / 4211050 / 08007771112.

*Whatsapp o mensaje de texto al  343 6226414

*Correo electrónico a defensoriaparana@gmail.com

*Facebook en Defensoría del Pueblo de Paraná

La comunicación con el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría puede ser mediante los teléfonos de línea 4211029 / 4211051, de 9 a 13 hs.; por whatsapp o mensaje de texto al 343 5163712 y a través del mail mediacionparana@hotmail.com 

En la Defensoría del Pueblo de Paraná funciona la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación (Delegación Entre Ríos). Las vías de contacto son: 11 37625004 (whatsapp o msj) y mail paranadpn@gmail.com. 

Seis años de Ni una menos: La Defensora del Pueblo se refirió a los avances y a lo que falta

Con motivo de conmemorarse el surgimiento de la movilización masiva de Ni una menos, realizada el 3 de junio de 2015 en distintas localidades del país, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Marcia López, se refirió a los avances y a lo que falta –que dijo es mucho todavía- para erradicar la violencia de género y, por lo tanto, el número dramático de femicidios.

Destacó que con el movimiento se ha logrado poner en la agenda pública y visibilizar la dura realidad que da cuenta de cientos de mujeres asesinadas por año.  De acuerdo a un informe de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia, recientemente publicado, durante 2020 hubo 251 víctimas directas de femicidios, de las cuales el 84% tenían un vínculo previo con su asesino, mientras que casi el 80% de los casos ocurrieron en un contexto de violencia doméstica.

Sobre la situación, la Defensora dijo que sigue prevaleciendo el sistema patriarcal, al tiempo que planteó que la visibilización de la problemática también se ve reflejada en los números.

La consigna fue el reclamo que el 3 de junio de 2015 convocó a miles de personas en distintos localidades del país.

 “No están solas”

La Defensora expresó que en la fecha, además de poner nuevamente el tema entre las prioridades de la agenda pública y de los medios de comunicación, es importantísimo poder recordar a las mujeres que “no están solas, que tienen lugares dónde recurrir, que el Estado está presente, y que tienen derecho a hacer la denuncia”.

Y añadió que “si bien nos falta mucho porque sigue habiendo un elevado número de femicidios, si miramos para atrás también se ha adelantado mucho”,  y mencionó, a modo de ejemplo, la Ley 26.485, de Protección Integral de Mujeres, norma aprobada en 2009, que –afirmó- fue de gran significación para la Provincia, donde hasta entonces sólo regía la Ley de Violencia Familiar, de la que quedaban fuera de su alcance innumerables casos, ya que abarcaba sólo a las personas que vivían en un mismo domicilio.

Seguidamente, la Defensora aseveró que falta perspectiva de género en áreas fundamentales del Estado, como el Poder Judicial, pese a la existencia de normas claras en ese sentido como la Ley Micaela, N* 27.499, de Capacitación Obligatoria en Género a todas las personas que integran los tres poderes estatales. Esta falencia dentro del Poder Judicial “la estamos notando en algunos casos diarios, de trabajo en situaciones de femicidios, en otros que son vinculados, no directos, y en cómo se trata el tema de los niños que quedan huérfanos”, dijo. Consultada sobre el tema, en declaraciones al programa Para Empezar de Radio Costa Paraná, señaló que si bien se crearon fiscalías de Género, alcanzan con su jurisdicción sólo a Paraná; no así, al resto de la provincia. Sobre su  funcionamiento, destacó el avance en el tratamiento de las situaciones de género en las fiscalías locales.

La denuncia es un derecho

Respecto a las denuncias de violencia de género, la Defensora dijo que es un derecho de la mujer “que nadie lo puede negar” y que conlleva otro derecho que consiste en que la persona denunciante puede acceder a una constancia de dicha denuncia. Sucede –expresó- que hay situaciones en las que, pese a la vigencia desde hace más de una década de la Ley 26.485, la persona denunciante habría tenido problemas para que le tomen la denuncia. También mencionó que hay casos en las que la mujer asevera haber hecho la denuncia y nunca pasó al Poder Judicial. Por ello, la importancia de solicitar la constancia de la presentación.

Si bien mencionó el avance en la consideración de la problemática en los estamentos del Estado, y citó la creación de un Ministerio de la Mujer a nivel provincial y de una Secretaría en reemplazo de una Subsecretaría en la provincia, además de la legislación vigente ya mencionada, sostuvo que hay que “seguir trabajando mucho”. Y valoró, seguidamente, el trabajo en red, ya que ninguna institución puede sola, y el abordaje integral.

Por último, recomendó llamar al 911 ante cualquier duda o situación de violencia de género, como así también recurrir a las diferentes áreas y contactos vigentes para atender la problemática.

Profunda preocupación de la Defensoría del Pueblo ante los problemas en la cobertura de salud 

En estos días de números récords de infectados por Covid y fallecidos y de una sobrecarga inédita del sistema de salud, se incrementa la preocupación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná ante la situación generada principalmente en torno al servicio y cobertura de la obra social Iosper, la principal de la provincia de Entre Ríos que concentra unos 250 mil afiliados, entre activos y pasivos estatales.

La Defensora del Pueblo Adjunta, Cecilia Pautaso, se refirió al tema y dijo que la institución recibe un número importante de reclamos respecto a los servicios y coberturas de la obra social, cuestión que ahora suma el anuncio de prestadores de salud un corte de prestaciones de prácticas ambulatorias y del nivel 2 (internaciones y estudios de complejidad, entre otros) a partir del 1 de junio, si no logran antes un acuerdo con los montos requeridos por profesionales del sector privado.

Al respecto, la Defensora exhortó a que prime la cordura y la consideración respecto a la difícil situación que atraviesa la población: “Los que están en el medio son los afiliados en un momento de pandemia en el que el servicio de salud tiene que estar a disposición, acompañando y no, por el contrario, ser un obstáculo más”.

Expresó que el acceso a la salud es un derecho constitucional de lo ciudadanía y pidió que el Estado, la obra social y los privados lleguen a un acuerdo que priorice el bienestar de las personas en vez del signo peso.

 “Es impresionante las situaciones que se viven”, afirmó, en declaraciones al programa Para Empezar de Radio Costa Paraná, y relató uno de los casos que llegó a la Defensoría en los últimos días. Dijo que para internar una persona con Covid, en un nosocomio privado local,  cobran 30 mil pesos en concepto de material descartable. Ese requerimiento no está cubierto por Iosper y el afiliado debe abonar en efectivo esa suma para que se concrete la internación.

Prestadores de salud, nucleados en la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), anuncian un corte de prestaciones a partir del 1 de junio.

Es una exigencia que causa angustia, desesperación, que se suma a la situación de emergencia por Covid; es un golpe al bolsillo, que en la mayoría de los casos de empleados y pasivos estatales están imposibilitados de afrontar, dijo.  Y añadió que desde la Defensoría del Pueblo se consultó a la obra social sobre este caso y la respuesta fue que esa exigencia no está acordada, por lo tanto no la cubre. Así las cosas, no está permitido el pedido de cobertura por reintegro o mediante crédito asistencial.

“Hay una suerte de sálvese quien pueda y eso es muy preocupante, angustiante”, expresó la Defensora, quien puso énfasis en que la imposibilidad de acceso al sector privado recae en la ocupación de prestaciones y camas de los hospitales, que están trabajando a destajo con una capacidad casi completa.

 

Reclamos y peticiones de afiliados

La Defensora del Pueblo Adjunta detalló que la institución recibe habitualmente “muchos pedidos” de parte de afiliados a la obra social de la Provincia debido a cuestiones relacionadas a  prestaciones y servicios, como la inexistencia en el nomenclador, la escasa o, directamente, falta de cobertura, la demora en los pagos, entre otros planteos.

A esas cuestiones, se agrega en los últimos días el aviso a afiliados –según los planteos recibidos en la institución- de suspensión de las fechas de estudios que estaban previstos antes del 1 de junio. También, el cambio de turnos, esta semana de restricciones, para tramitar órdenes de práctica en la obra social, lo que causó desconcierto y problemas entre quienes tenían previsto ir a realizar la gestión estos días.

“Hay una suerte de desamparo y de extrema preocupación cuando en realidad tenemos que llevar tranquilidad a la población, transmitirle que va a haber una obra social y un Estado que va a acompañar. Le pedimos a la población que se cuide, pero estamos en esta incertidumbre de no saber si vamos a poder hacernos un estudio o cirugía”, manifestó Cecilia Pautaso.

Recordó que a pedido de la Defensoría desde octubre pasado, se concretó en abril una reunión con el Presidente del Directorio de la obra social, ocasión en la que se plantearon las distintas situaciones de los afiliados que acuden a la institución.

Entre los inconvenientes, Cecilia Pautaso -quien es fundadora y referente de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos (ACER)-, comentó que se hizo el reclamo respecto del monto de la cobertura para cubrir alimentos de personas celíacas.  Dijo que actualmente está fijada en 1850 pesos, pero la canasta básica para celíacos ronda los 9 mil pesos, de acuerdo a un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba. 

Tras los planteos, desde la obra social se expusieron números sobre las condiciones económicas del Instituto. Al respecto, la Defensora remarcó que lo primordial debe ser, sin excepción, la salud de la población antes de otras cuestiones.

Por último, aclaró que el problema que viene afectando el sistema de salud abarca también a otras obras sociales, que dejaron de prestar atención presencial y los afiliados tienen que mandar los pedidos por notas o por mail.

 

 

Cómo será la atención de la Defensoría del Pueblo esta semana

Debido a la situación sanitaria de la ciudad, la Defensoría del Pueblo de Paraná continuará esta semana con la modalidad de atención dispuesta a partir del 26 de mayo, en el marco de la profundización de las medidas de restricción por el Covid.

La institución recibirá reclamos y consultas mediante, prioritariamente, las siguientes vías de contacto:  

*Teléfonos de línea, de 9 a 13 hs. Los números son: 4202322 / 4211050 / 08007771112. 

*Whatsapp o mensaje de texto al  343 6226414

*Correo electrónico a defensoriaparana@gmail.com

*Facebook en Defensoría del Pueblo de Paraná

La comunicación con el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría puede ser mediante los teléfonos de línea 4211029 / 4211051, de 9 a 13 hs.; por whatsapp o mensaje de texto al 343 5163712 y a través del mail mediacionparana@hotmail.com  

En la Defensoría del Pueblo de Paraná funciona la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación (Delegación Entre Ríos). Las vías de contacto son: 11 37625004 (whatsapp o msj) y mail paranadpn@gmail.com   

 

Promueven se garanticen las cajas con prioridad para adultos mayores en supermercados y comercios

Las personas mayores son parte de la población de riesgo y su atención en comercios y oficinas debe ser prioritaria en el marco de esta pandemia. En ese marco, cabe recordar que en Paraná, desde 2016 rige la Ordenanza Nº 9404, que fija la prioridad y exclusividad de cajas de supermercados y comercios a personas mayores a 70 años.

La prioridad para personas mayores de 70 años está establecida por ordenanza. (Gentileza Municipalidad de Paraná)

En la promoción del cumplimiento trabajan la Defensora de los Derechos de las Personas Mayores de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Ligia Blanco, junto con el área municipal de Defensa del Consumidor.

También se pondrá énfasis en la incorporación de un “símbolo y leyenda que identifique la prioridad y/o exclusividad de las personas mayores en la misma caja en la que se le otorga preferencia a mujeres embarazadas y personas con discapacidad; o en caja separada dependiendo de las características del supermercado”, consigna el artículo 2 de la ordenanza.

La prioridad o exclusividad de acceso a personas mayores de 70 años a dichas cajas podrá acreditarse con el documento de identidad válido.

Derecho de las personas migrantes: la Defensoría del Pueblo brinda asesoramiento y acompaña en los trámites

La protección y defensa de los derechos de las personas migrantes que residen en la ciudad o en la provincia es uno de los temas de trabajo de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

La institución brinda asesoramiento, especialmente a quienes buscan regularizar su situación migratoria a través de la obtención del trámite de residencia. Al respecto, la Asesora Legal de la Defensoría, Abogada Belén Menghi, explicó, en declaraciones al programa Para Empezar de Radio Costa Paraná, que además de la asesoría, la institución ofrece acompañamiento en el proceso del trámite de la residencia, que puede ser permanente o temporal.

La labor de la Defensoría en el tema se enmarca en la misión de la institución, que implica la protección y defensa de los derechos de las personas, y viene siendo desde hace años un aspecto fundamental en sus áreas de trabajo, acotó la asesora legal.

Respecto de la cantidad de migrantes en la provincia, sólo se cuenta con el dato del último Censo Poblacional, realizado en 2010, que arrojó más de 3 mil personas. La mayoría proviene de los países limítrofes y, en los últimos años, se ha notado la llegada de personas de Venezuela y Colombia.

También se da la situación de personas que ingresan al país a trabajar en zonas de quintas y en sectores de la costa del Uruguay. Se trata de migrantes estacionales, que vienen a realizar una tarea y luego vuelven a sus lugares de orígenes.

De qué se trata la residencia

La Asesora Legal explicó que la residencia es una manera de regularizar la situación como migrante. En Argentina rige la Ley de Migraciones 25.871, que fija los criterios por los cuales se puede acceder a los diferentes tipos de residencia (permanentes, temporarias). “Nuestra Ley de Migraciones es de avanzada porque conceptualiza a la migración como un derecho humano, esto quiere decir que sin importar si las personas tienen o no residencia, sea regular o no  su situación migratoria, puede acceder a cualquier derecho humano, como salud, educación, a servicios sociales, entre otros. La Argentina es pionera en derechos humanos de las personas migrantes”, acotó la Asesora Legal.

Consultada por la existencia en la ciudad de personas procedentes de países africanos, Menghi aclaró que, de acuerdo a la experiencia de la institución, permanecen en Argentina en calidad de refugiados y no como migrantes. Y aclaró las diferencias de ambos conceptos: “los refugiados son personas que ingresan al país por temas humanitarios, ya sea por persecución política, guerras en sus naciones de origen, por lo que se ven obligadas a desplazarse a otros lugares”. En tanto, el migrante se desplaza de forma voluntaria, en busca de oportunidades laborales o de una mejor calidad de vida.

Requisito

Ante la pregunta sobre qué ocurre con los casos de migrantes que tienen antecedentes penales en sus países de origen, informó que uno de los requisitos que fija la ley para obtener la residencia se refiere justamente a ese punto. Concretamente, estipula que en la tramitación de la residencia se debe presentar la documentación que acredite la carencia de antecedentes penales en los países de origen, afirmó.

Ese requisito siempre estuvo incorporado a la ley, mientras que en el Decreto 70, emitido en 2017 y ahora derogado, se “hilaba mucho más fino sobre algunas cuestiones: por ejemplo, se había establecido un proceso sumarísimo donde se veía vulnerado el derecho de defensa de las personas migrantes”, acotó.

Por último, aclaró que de acuerdo a la legislación,  empleadores locales están impedidos de contratar personas que no estén en situación migratoria regular, como una medida para evitar la explotación laboral.

Este miércoles no habrá atención en la Defensoría del Pueblo por desinfección

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná informa que mañana, miércoles 19, permanecerá cerrada debido a tareas de desinfección en su sede de calle Monte Caseros 159.

Se recuerda a la ciudadanía las vías de contacto que continúan en funcionamiento en forma permanente: por mensajes de texto o whatsapp, al 03436226414, o mediante el mail a defensoriaparana@gmail.com.

La Defensoría del Pueblo pidió al Intendente se propicie la participación ciudadana para el desarrollo de obras y políticas públicas

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná elevó al Intendente Adán Bahl una Recomendación –herramienta mediante la cual la institución fija su posicionamiento acerca de temas de interés ciudadano- sobre “la necesidad de propiciar la participación ciudadana para el desarrollo de los proyectos de obra y políticas públicas”.

Concretamente, en el primero de cuatro puntos, recomienda al Presidente municipal “una mayor incorporación de las instancias formales y no formales de participación ciudadana en las mesas de planificación de políticas públicas y de ordenamiento urbano”, en el convencimiento de que las “poblaciones tienen derecho a ser consultadas sobre las modificaciones de su entorno” que afectan su calidad de vida y ambiental.

La Recomendación, la primera de este año,  tiene fecha del 10 de mayo y se funda en los reclamos presentados ante la Defensoría del Pueblo a raíz de la obra pública de ensanche de Bulevar Racedo por parte de ciudadanos frentistas de esa calle, integrantes de grupos autoconvocados y de organizaciones de la ciudad. Se advierte seguidamente que la controversia generada a partir del rechazo de estos vecinos al planteo oficial de la obra derivó en “un conflicto de gran relevancia para la sociedad paranaense, en especial a partir de la escalada violenta que tuvo lugar el día 22 de marzo pasado y por la cual se iniciaron intervenciones policiales y judiciales”. 

 

La población tiene derecho a ser consultada

En los argumentos se destaca la consideración del medio ambiente en base a un concepto integrador; es decir, “como un entramado indisociable con su población donde se ponen en juego modos de vida, prácticas, valores, sentidos compartidos, en suma la totalidad de la vida social y cultural de una población”. En vista de ello, se reafirma que las  “poblaciones tienen derecho a ser consultadas sobre las modificaciones de su entorno, y que es obligación de los Estados fomentar los distintos mecanismos de participación ciudadana y respetar las decisiones que surjan de ellos”.

La participación ciudadana en materia ambiental “implica que los ciudadanos sean informados y puedan participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan su calidad de vida y ambiental”. Poner en ejercicio este derecho, “significa fortalecer el sistema democrático representativo y participativo, garantizar los derechos políticos y humanos, y legitimar las decisiones gubernamentales consolidando la gobernanza, es decir logrando que gobierno y sociedad actúen en conjunto”.

A continuación, se menciona que esta concepción basada en la gestión ambiental y la participación ciudadana es parte del espíritu de legislaciones y acuerdos vigentes (Ley General de Ambiente Nº 25.675 y Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas, ratificado por la Argentina). En ese sentido, se cita que “el derecho a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental está contemplado tanto en Tratados Internacionales como en las propias Constituciones Nacional (art. 41), Provincial (art.84) y en la Ley General de Ambiente (arts. 19 y sgtes)”.

Por último, se remarca que las problemáticas de carácter ambiental se encuentran en un momento de expansión a nivel nacional e internacional y se menciona el acuerdo de Escazú, “recientemente entrado en vigencia en nuestro país que garantiza la plena y efectiva implementación de los derechos de Acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en temas ambientales, lo cual contribuye al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y la salud”.

        

Tras los fundamentos, las Defensoras recomendaron al Intendente de la ciudad:

+ una mayor incorporación de las instancias formales y no formales de participación ciudadana en las mesas de planificación de políticas públicas y de ordenamiento urbano

+ desarrollar una mesa de construcción social del derecho ambiental local para el diseño de un proyecto de Ordenanza sobre los procesos de estudios sociales y políticos de impacto ambiental, su evaluación, obligatoriedad y participación ciudadana.

+la conformación de una mesa permanente de diálogo con las organizaciones ambientales y socio-ambientales con el fin de establecer consenso, previo a cualquier modificación territorial y para garantizar el derecho efectivo a la información de los proyectos a ejecutar.

+ incorporar la educación ambiental como política de Estado y la formación de los funcionarios municipales en la materia, de conformidad a la reciente legislación sancionada sobre educación ambiental en el ámbito de la administración pública.

 

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO DE LA RECOMENDACIÓN:

 

Resolución del 10/05/2021 con RECOMENDACIÓN Nº 1/2021 al Sr. Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná.

 

Recomendación en relación a la necesidad de propiciar la participación ciudadana para el desarrollo de los proyectos de obra y políticas publicas.

 

 

PARANÁ, 10 de Mayo de 2021

 

 

Sr. Presidente Municipal

de la Ciudad de Paraná

Cdor. Adán Humberto BAHL

 

RESOLUCIÓN CON RECOMENDACIÓN Nº 1

 

VISTO:

            Los reclamos presentados ante esta Defensoría del Pueblo por ciudadanos frentistas de calle Racedo y por otros que integran un grupo de ciudadanos autoconvocados que se manifiestan en rechazo a la obra de ensanche de calle Racedo, y por lo cual  el Foro Ecologista interpuso un amparo judicial.

         Que el conflicto que genero esta obra fue de gran relevancia para la sociedad paranaense, en especial a partir de la escalada violenta del mismo que tuvo lugar el día 22 de marzo del corriente y por la cual se iniciaron intervenciones policiales y judiciales.

         Que a partir de ello, desde la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación se derivó el abordaje de la situación al Centro de Mediación, perteneciente a ésta Defensoría, por lo que se predispuso un espacio de dialogo a fin de propiciar escucha mutua y respetuosa, habilitando la participación de todas las voces y generando un intercambio que amplíe las perspectivas y aporte mayor información en la búsqueda alternativas y con una mirada a futuro.

Y CONSIDERANDO:

         Que el ambiente no puede ser considerado únicamente como el medio bio-fisico donde una sociedad desarrolla sus actividades, sino que compone un entramado  indisociable con su población donde se ponen en juego modos de vida, practicas, valores, sentidos compartidos, en suma la totalidad de la vida social y cultural de una población.

         Que todas las poblaciones tienen derecho a ser consultadas sobre las modificaciones de su entorno, y que es obligación de los Estados fomentar los distintos mecanismos de participación ciudadana y respetar las decisiones que de éstos surjan.

         Que la participación ciudadana en materia ambiental implica que los ciudadanos sean informados y puedan participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan su calidad de vida y la calidad ambiental. Esto significa fortalecer el sistema democrático representativo y participativo, garantizar los derechos políticos y humanos, y legitimar las decisiones gubernamentales consolidando la gobernanza, es decir logrando que gobierno y sociedad actúen en conjunto.

         Que todo proyecto público o privado orientado a modificar un territorio con su accionar, debe estar sometido a una evaluación de impacto ambiental y que ésta debe tener en cuenta las consideraciones, saberes y opiniones de la población afectada como un elemento más del análisis.

         Que debe ser prioridad de toda gestión ambiental el pensamiento local situado y la participación ciudadana y que esto está contemplado en el espíritu de la Ley General de Ambiente Nº 25675.

         Que la participación ciudadana se erige como una consecuencia del principio democrático y es parte fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas, ratificado por la Argentina.

         Que el derecho a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental está contemplado tanto en Tratados Internacionales como en las propias Constituciones Nacional (art. 41), Provincial (art.84) y en la Ley General de Ambiente (arts. 19 y sgtes)

         Que las problemáticas de carácter ambiental se encuentran en un momento de expansión a nivel nacional e internacional,

          Que el acuerdo de Escazú, recientemente entrado en vigencia en nuestro país garantiza la plena y efectiva implementación de los derechos de Acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en temas ambientales, lo cual contribuye al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y la salud. Este acuerdo es una vía idónea para reforzar la democracia y la participación ciudadana de una manera interseccional en todas las comunidades.

        

         Por todo ello;

 

         LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE PARANÁ

         RESUELVE:

         1.- RECOMENDAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PARANÁ, una mayor incorporación de las instancias formales y no formales de participación ciudadana en las mesas de planificación de políticas públicas y de ordenamiento urbano

         2.- RECOMENDAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PARANÁ desarrollar una mesa de construcción social del derecho ambiental local para el diseño de un proyecto de Ordenanza sobre los procesos de estudios sociales y políticos de impacto ambiental, su evaluación, obligatoriedad y participación ciudadana.

            3- RECOMENDAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PARANA la conformación de una mesa permanente de dialogo con las organizaciones ambientales y socio-ambientales con el fin de establecer consenso, previo a cualquier modificación territorial y para garantizar el derecho efectivo a la información de los proyectos a ejecutar.

            4 RECOMENDAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PARANA incorporar la educación ambiental como política de Estado y la formación de los funcionarios municipales en la materia, de conformidad a la reciente legislación sancionada sobre educación ambiental en el ámbito de la administración pública.

         5.- Remítase al Sr. Presidente Municipal y Presidentes de Bloque del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Paraná.

         6.- Comuníquese a los ciudadanos afectados que hayan hecho sus reclamos en esta Defensoría del Pueblo.

          7.- Publíquese y archívese.

 

 

 

Qué hay que tener en cuenta para evitar estafas telefónicas

La estafa telefónica es una de las modalidades de engaño más extendida, que generalmente alcanza con más frecuencia a personas mayores. A través de distintas estrategias y argumentos, los estafadores apuntan a la buena fe y la confianza de las personas mayores para sustraerles dinero, tanto en dólares como en pesos, o acceder a claves y datos bancarios que le permitan realizar operaciones con fines de robo.

Entre las estrategias más usadas por estas personas inescrupulosas, se puede mencionar el hacerse pasar por un conocido u allegado, por representantes de alguna entidad bancaria, tarjeta de crédito u organismo público. Y los motivos expuestos suelen girar en torno del cambio de billetes por salida de circulación, actualización de datos personales de tarjetas de créditos o entidad bancaria, sorteos y premios virtuales, tramitación en organismos nacionales como Ansés, toma de créditos, entre otros.

El tema fue motivo de una nota realizada en el Programa Para Empezar, de Radio Costa Paraná, en el que la Defensora de los Derechos de las Personas Mayores, Ligia Blanco, dio una serie de recomendaciones para evitar caer en la trampa, que puede consistir en la entrega de dinero o brindar datos sensibles que pueden terminar en compras o contratación de seguros de descuentos.

Las estafas apuntan, principalmente, a las personas mayores. (Foto ilustrativa).

Ante una llamada telefónica dudosa, se recomienda:

=no dar datos personales ni familiares, cortar la llamada, consultar sobre la situación con alguna persona allegada o directamente, comunicarse con el 911 en busca de información.

=no mencionar que cuenta con dinero en la casa o en una cuenta.

=si lo que se ofrece genera algún tipo de interés, se recomienda pedir los datos del comercio u organismo para generar el propio contacto, preferentemente de manera personal. También se aconseja preguntar los datos de la persona con la que se está hablando (nombre, dirección y el motivo de la llamada); y si fuera por el reclamo de una deuda, exponer que entrará en contacto el abogado que la representa. 

=nunca realizar transferencias ni brindar claves bancarias.

La Defensora Ligia Blanco remarcó que los tips y cuidados tienen un alcance a la población en general y puso énfasis en “la necesidad de mantener el diálogo con las personas mayores cercanas  y charlar de este tema con ellas. También, ofrecernos de contacto para las dudas que puedan tener”.  Seguidamente, recordó que en el  Banco Central de la República Argentina, en la pestaña BCR y vos, hay una opción denominada Central Deudores, donde se puede ingresar con el cuil/cuit de la persona y acceder a la información relacionada a la existencia o no de deuda.

Por último, la Defensora dijo que se está trabajando el tema con el área de la Policía de Delitos Económicos.

Calle Racedo: Defensoras del Pueblo manifestaron al Intendente su posicionamiento respecto a la vulneración del derecho a la protesta

Las Defensoras del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Marcia López y Cecilia Pautaso (Adjunta), elevaron una nota al intendente Adán Bahl, en la que expresan la profunda preocupación que genera en la institución, protectora de los derechos ciudadanos, la decisión del Ejecutivo municipal de ampliar una denuncia, en el marco de una causa judicial iniciada por funcionarios comunales ante el conflicto suscitado por la obra pública en bulevar Racedo, haciendo eje en dos aspectos de alto impacto social e institucional. Uno, consiste en reservarse los derechos de reclamar a las asociaciones y/o personas que estuvieron en el lugar el monto indemnizatorio demandado por la empresa contratista por los días en que permanecieron paralizados los trabajos, y el otro, solicitar, a través de oficios judiciales, a la Defensoría del Pueblo que brinde información de las personas que asistieron a las dos reuniones de la mesa de diálogo que se realizaron, a instancias de esta institución y con acuerdo de las partes, entre fines de marzo y primeros días de abril, de las que el Municipio fue partícipe activo.  

Respecto de este último punto, las Defensoras consideraron “que con dicho pedido se atenta contra la institucionalidad y legitimidad de la Defensoría del Pueblo, órgano estatal no gubernamental que tiene como misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos de los habitantes de la ciudad de Paraná; y que forma parte de las más de 40 Defensorías del Pueblo del país nucleadas en la Asociación del Defensorías del Pueblo de República Argentina (ADPRA), con los mismos fines”.  

Y sobre el derecho a manifestarse de la ciudadanía, puntualiza uno de los párrafos de la nota que “el derecho a la protesta social pacífica forma parte esencial del buen funcionamiento del sistema democrático y es consecuencia del derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de resistencia y de autodeterminación de los pueblos”.  

Así las cosas, las Defensoras López y Pautaso manifestaron que “el Municipio debe revisar su accionar en cuanto a la ampliación de la denuncia presentada y lo solicitado a esta institución (Defensoría), ya que implica una vulneración del derecho a la protesta y se contradice con la predisposición al diálogo desplegada en las instancias de encuentro de las que voluntariamente aceptó ser parte”.  

Hechos y posición institucional 

La nota remitida el miércoles 28 a la Presidencia municipal contiene el posicionamiento de la institución respecto de los sucesos desencadenados a partir de la denuncia planteada por funcionarios del Municipio el 22 de marzo, cuando la obra de ensanche de calle Racedo no pudo comenzar debido a la oposición de vecinos frentistas y ciudadanos autoconvocados que se manifestaron en rechazo a la tala de árboles que implican los trabajos, y el consecuente perjuicio al medio ambiente.   

Con el objetivo de prevenir la escalada de violencia, y por derivación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Defensoría del Pueblo propuso convocar una mesa de diálogo que reuniera a asambleístas, vecinos frentistas, referentes de comisiones vecinales y funcionarios municipales en un ámbito de escucha respetuosa, habilitando la participación de todas las voces, el intercambio de opiniones y la ampliación de información. Se realizaron dos reuniones que tuvieron lugar el 28 de marzo y 7 de abril, en las escuelas Nº 6 Ernesto Bavio y Normal José María Torres, respectivamente. Asimismo, se concretaron reuniones con los diferentes sectores, previas y posteriores a dichos encuentros grupales.   

El día 12 de abril se recibieron sendas notas de parte del Departamento Ejecutivo Municipal y de la Asamblea Paranaense en Defensa del Arbolado y los Espacios Verdes, en las que se expresaron observaciones y posicionamientos que reafirmaron las distancias respecto de aspectos de fondo de la obra. De hecho, el diálogo quedó trunco a partir de que al día siguiente el Municipio reinició la obra, lo que fuera informado por escrito y justificado en el reclamo formal interpuesto por la empresa contratista, con el consecuente rechazo que esta decisión generó por parte de los asambleístas.

Posteriormente, se conoció la intención del Municipio de trasladar el reclamo económico interpuesto por la empresa, a los asambleístas, y la Defensoría debió intervenir ante lo que se entendió como avasallamiento a los derechos a la libre circulación debido a la colocación de vallados y a la presencia y requerimiento inusuales de datos por parte de la Policía provincial. Aún en estas condiciones, la Defensoría del Pueblo manifiesta su permanente compromiso con el diálogo como modo constructivo de gestión de la conflictividad social y con la promoción del protagonismo y la participación ciudadana.

La instancia de diálogo propuesta es un capítulo de este conflicto social complejo, que se vio interrumpida por los hechos de público conocimiento. Sin embargo, la institución reafirma su impronta de ser canal de diálogo y comunicación siempre que exista voluntad y buena fe de parte de los involucrados. 

La protesta social, un derecho inalienable  

Otro tramo del documento está dedicado a la protesta social y a sus fundamentos de distinta índole que dan cuenta de que se trata de un derecho inalienable, con historia abundante en el país. “Es pertinente remarcar que en los últimos 30 años de vida democrática en nuestro país se han registrado diferentes formas de movilización y protesta (…) El uso de las calles y los espacios públicos para protestar y demandar es un código social y político tan incorporado a la cultura argentina que es utilizado tanto por actores altamente institucionalizados como por grupos incipientes, habitantes de diferentes barrios, diversos movimientos, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y colectivos de protestas nucleados por y para convocatorias y temáticas específicas”, consigna la nota.  Seguidamente, se enumeran antecedentes constitucionales que contemplan este tipo de derecho ciudadano: Carta magna provincial, convenciones y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

El escrito, con la firma de ambas Defensoras, concluye en que “el derecho a la protesta social está claro y ampliamente amparado por nuestro ordenamiento legislativo y desde el Derecho Constitucional han sido numerosas las voces que se alzaron por el reconocimiento del mismo, por lo que cuestionar este derecho en el ámbito penal significa ni más ni menos que criminalizar el derecho a la protesta”.

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