El acceso y calidad de servicios públicos y municipales, princiaples reclamos

Las prestaciones brindadas por el Estado –nacional o provincial- y por terceros reunieron numerosos planteos. El mayor número de presentaciones apuntó a la telefonía, pago de las boletas de luz y la suba del gas natural. Otro derecho requerido fue el acceso a la cobertura integral a la salud: obras sociales, problemas con los turnos, dilación en autorizaciones de intervenciones quirúrgicas y provisión de medicamentos. Ese grupo de temas sumó el 48% de las actuaciones. El segundo, con el 29%, fue el referido a servicios municipales: la mayoría de los pedidos apuntó a obras y conservación vial, medio ambiente y alumbrado público.

Unos 1334 ciudadanos iniciaron formalmente actuaciones en la Defensoría del Pueblo de Paraná en 2010, mientras que fueron innumerables las consultas -personales y vía telefónicas- atendidas durante el año.
Los reclamos abarcan una variedad de temas, que la institución registra bajo tres grandes títulos: Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derecho al Acceso a los Servicios Municipales. En tanto, en un cuarto ítem –Otros- se anotan las solicitudes de asesoramiento en diferentes asuntos.
De los tres grupos, el segundo –Derechos Económicos, Sociales y Culturales- reúne el mayor número de presentaciones y, dentro de la grilla de temas, el renglón con más reclamos corresponde A la calidad, acceso y eficiencia de los servicios públicos (nacionales, provinciales, privatizados y/o tercerizados). Le continúan los planteos relacionados a la seguridad social (jubilaciones, pensiones, cobertura de obras sociales y Aseguradoras de Riesgo de Trabajo –ART-) y a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos (consumidores).
Las actuaciones comprendidas por el título Derechos Económicos, Sociales y Culturales ascendieron a 613. Se trata del 48% del total de presentaciones contabilizadas en el último Informe Anual de la Defensoría, trabajo que abarcó lo hecho por la institución entre el 1º de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010. En tanto, el 29% correspondió a demandas referidas a servicios municipales, un 13% a la vulneración de Derechos Civiles y Políticos y un 10% a solicitudes de asesoramiento e investigación de oficio (ítems Otros). Por su parte, en Centro de Mediación que funciona en la Defensoría recibió más de 206 solicitudes de conciliación en el año.

Detalle.
Los subtítulos -dentro de la tabla encabezada por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales- referidos a los servicios públicos, a la salud y a la seguridad social, sumaron el 68,15% del total de presentaciones anotadas en ese gran grupo. En cuanto a los servicios, se atendieron numerosas quejas y consultas relacionadas a la telefonía en general: se iniciaron formalmente 50 actuaciones en la Defensoría y el resto se derivó a los organismos competentes (direcciones de Derecho del Consumidor municipal y provincial y Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC-). En fallas técnicas de los equipos celulares y problemas en la operación de compra y garantías se fundaron el grueso de los reclamos.
La luz eléctrica fue otro servicio que motivó presentaciones en 2010. Desde la institución se puso especial énfasis en las dificultades planteadas por usuarios residenciales de escasos recursos que no pueden pagar las boletas por el consumo elevado, originado en el uso de equipos de asistencia a la salud. Se consideró entonces que este tipo de situaciones deben ser consideradas, tanto por la empresa prestadora como por la Secretaría de Energía, y ser incorporadas en el Programa de Tarifa por Salud (Decreto 817/03). También se atendieron diferentes casos y se observó la siguiente dificultad: las condiciones que deben acreditar los usuarios para acceder al beneficio se limita al consumo medio anual de energía dejando en segundo plano la realidad socioeconómica de cada familia.
El servicio de gas natural también provocó la queja de los vecinos. El mayor número de presentaciones en la Defensoría refirió a la imposibilidad de los usuarios de asumir el aumento en las facturas originado a partir de la incorporación del ítem Costo del Gas Importado, Costo del Gas Importado-IVA y Retenciones Cargo Decreto Nº 2067/08.
Esa carga llegó a incrementar las boletas entre un 100% y un 225% y alcanzó a los usuarios que consumieron más de 1500 metros cúbicos anuales. Ante los planteos, se informó a los consumidores de la vigencia de una medida cautelar que posibilita la exclusión de dicho cargo. Los antecedentes que obran en esta casa fueron remitidos a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Salud y casa.
La salud constituye un importante capítulo de tutela constitucional a partir de la inclusión de los tratados internacionales de protección de derechos en la Carta Magna. La cobertura integral de la salud, tanto por parte de la obra social provincial (Iosper) como por las instituciones reguladas por las leyes nacionales (23.660, 23.661) y decretos ha sido objeto de un cúmulo de presentaciones en la Defensoría. Los reclamos más frecuentes se refirieron a turnos, falta de cobertura en determinadas prestaciones médicas y de provisión de elementos tales como prótesis y medicamentos para tratamientos específicos (oncológicos), dilación en aprobación de intervenciones quirúrgicas, provisión de medicamentos y prótesis y planteos relacionados a la salud reproductiva. Esta institución intervino y logró destrabar la mayoría.
El déficit habitacional se ha expresado en una gran cantidad de actuaciones iniciadas en la Defensoría, realizadas por ciudadanos que llegaron en estado de extrema angustia porque necesitan un lugar donde vivir con su familia. A eso se suma el reclamo de vecinos en situación de desprotección total, que pasan sus noches en la calle. La sucesión de presentaciones de este tipo es el emergente de un problema estructural muy profundo vinculado a la grave deficiencia habitacional y a la falta de una política social-urbana integral, que afecta a un derecho básico: el de la vivienda.
En este punto, la institución expresó su profunda preocupación por las personas que carecen de un lugar donde arraigarse y desarrollar su vida cotidiana. Están los casos que pernoctan en la calle, los que viven en extrema precariedad habitacional y hacinamiento, los que tienen aviso de desalojo, los que han levantado sus casas en loteos en irregularidad dominial y también aquellos que sufren problemas de convivencia por fallas y características de la construcción. Esto último aparece, principalmente, en barrios del IAPV.
Así las cosas, consigna el último Informe Anual que “la defensa, protección y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales continúa siendo una de las tareas fundamentales de la institución y constituye una de sus principales preocupaciones dada la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas familias, que muchas veces se acercan a la Defensoría cuando han agotado todos los recursos institucionales que conocen o disponen. Y lo hacen desconociéndose como sujetos de derecho porque son y han sido considerados durante mucho tiempo, como objeto de asistencia, de tutela. Es que la democracia, en su esquema ideal, supone ciudadanos iguales. Pero lo que la realidad cotidiana nos demuestra es que nuestras democracias conviven con desigualdades”.

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Se pide rapidez en los trámites previsionales

También han sido frecuentes en 2010 las presentaciones por demoras y complicaciones en trámites previsionales, observándose la existencia de situaciones engorrosas que involucran a instituciones nacionales (como Anses y Afip) en diversas etapas del trámite jubilatorio o de pensión: desde la obtención del turno para la iniciación de la gestión hasta la liquidación de un reajuste con sentencia judicial favorable, el pago de los subsidios familiares y la verificación de servicios o recálculos de beneficios.
Esta institución observa con inquietud la tardanza en las tramitaciones de pensiones No Contributivas, en vista de que las personas que solicitan este beneficio padecen una situación de extrema vulnerabilidad. Es por eso que se torna “imprescindible” la rapidez en el trámite: en la mayoría de los casos constituye el único ingreso familiar.
En cuanto al sistema provisional, la Defensoría señala que su evolución ha estado estrechamente vinculada con las políticas públicas y con la marcha de la economía, atendiendo a las crisis recurrentes de financiamiento de los regímenes. Apunta, no obstante, que ha habido reformas que han significado un continúo avance del sistema hacia el principio de universalidad, uno de los postulados fundamentales de la seguridad social. Aunque marca que si bien se estableció un régimen público unificado -el sistema Integrado Provisional Argentino (Sipa)- que fue un cambio radical en el régimen privado o de las Afjp, no desembocó en una reforma profunda e integral del sistema previsional.

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Qué servicios municipales sumaron más pedidos

El título Obras y Conservación Vial concentró el mayor número de presentaciones. Los reclamos señalaron falta de mantenimiento (bacheo, cunetas, estado de calles de tierra) o de obras de infraestructura vial. El cúmulo se dio principalmente luego de copiosas precipitaciones, caídas en el primer tramo del año. Le siguen planteos relacionados al medio ambiente, los servicios atmosféricos, regadores y limpieza y pedidos relacionados a Rentas. En este último tema, la Defensoría intervino ante la presentación de vecinos que fueron intimados en 2010 a abonar una obra de asfalto hecha en 2000. Se pidió –mediante la Recomendación Nº 4 de septiembre pasado- el cese del reclamo municipal debido a que la deuda había prescripto.
También se registraron solicitudes relacionadas al servicio de agua potable. La mayoría dio cuenta de dificultades en el acceso al servicio por rotura de la red o falta de presión. Quedó plasmado asimismo el tema de las conexiones irregulares, cuestión fundada en la necesidad de vecinos de tener agua.
El alumbrado público es otro servicio demandado por paranaenses. La falla del sistema y las demoras en la reparación fueron las principales causas de las presentaciones. Al respeto, la Defensoría trasladó la demanda de los vecinos a la Dirección de Alumbrado Público y pidió informes a esa repartición.
Le siguieron actuaciones referidas a la conservación de parques y paseos, al tránsito y al transporte. Sobre este último punto, el servicio de colectivos urbanos ocupó especialmente a esta Defensoría, institución que tuvo activa participación en las audiencias públicas convocadas por la Municipalidad a mitad de 2010 ante el pedido de un aumento del boleto por parte de los prestadores. En las exposiciones, se pusieron de manifiesto –entre otros puntos- los reclamos recibidos por las demoras de los coches. En ese sentido, el defensor Luis Garay aludió al retiro de unidades por línea en horas del mediodía y por las noches, según los relatos de los vecinos.

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DNI y multas por foto radar

En el capítulo Derechos Civiles y Políticos se destacaron las presentaciones para que se cumplan las garantías judiciales y, en ese punto, sobresalió un tema: las multas labradas mediante foto radar. Ciudadanos de distintos puntos del país, que transitaron rutas entrerrianas, recurrieron a la Defensoría tras recibir en sus domicilios una notificación o intimación –vía postal- por infracciones contenidas durante el viaje. Se trata de fotos multas provenientes de Municipios o de la Policía provincial, labradas sin que los viajeros hayan sido detenidos en el momento y advertidos de la contravención. Por lo tanto, quedaron impedidos de poder ejercer su defensa o descargo.
La intervención de la institución consistió, según el caso, en el asesoramiento para que se envíe una nota tipo con los fundamentos para efectuar el descargo de manera personal o un menú de argumentos para solicitar se remita las actuaciones al lugar de residencia, invocando el derecho a ser juzgado dentro de su jurisdicción. Según información suministrada por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos (PER), los equipos con que se efectúan los controles están homologados de acuerdo a las exigencias de la Ley Nacional de Tránsito. Seguidamente se menciona el caso de un ciudadano de Buenos Aires que efectúo el descargo y la multa quedó sin efecto. Planteó la nulidad de la notificación y la incompetencia de la repartición.
En tanto, el derecho a la identidad es otro de los derechos básicos reclamados ante esta institución. Ha sido considerable la cantidad de pedidos que permite verificar que muchos niños y adultos no tienen documentos e incluso, hasta carecen de la partida de nacimiento. Hay quienes necesitan la renovación del DNI, la actualización, el cambio de domicilio. Durante 2010 se sumaron los reclamos por DNI “mellizos” y gran parte del año continuó la preocupación de la institución por la demora en la tramitación de documentos y partidas de nacimiento. Además, se mencionó en el Informe Anual que la mayoría de los vecinos que se acercan a la Defensoría no disponen de dinero para pagar los trámites correspondientes. También se anotaron solicitudes por el derecho a la propiedad y a la propiedad intelectual, a la reparación (material, moral o de otra índole), entre otras.

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