Colectivos: el Defensor remarcó el rol del Estado en el control del servicio

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó este viernes de la apertura  de sobres de la licitación del servicio de transporte urbano de la capital provincial.  El Defensor celebró el hecho de que se haya realizado un proceso que hacía años estaba pendiente -el primero fue en 1984-, y lo consideró histórico. Ahora bien,  explicó que desde la institución se tenían expectativas de que se presentara más de un oferente, cuestión que no sucedió, pues  sólo participó la actual prestadora.

Seguidamente, aclaró que la postulación y la posible designación como ganador de la licitación pertenecen a un segundo plano para la Defensoría, en vista de que lo fundamental radica en la instrumentación de un servicio con un único protagonista:  el usuario. En ese sentido, remarcó el rol del Estado en lo concerniente a la aplicación de un control efectivo y riguroso de los términos del acuerdo de concesión.

Indicó que la Defensoría, en razón de su razón de ser, atiende las opiniones y reclamos en torno al servicio desde la visión de los usuarios, siendo usual y añoso el tema de las demoras en las frecuencias. En ese marco, opinó que se torna imperioso mejorar el servicio para que sea considerado una opción válida por parte de los ciudadanos, en vista de que los estudios realizados sobre el tránsito y transporte en la ciudad demuestran lo contrario. Concretamente, citó el trabajo Plan de Acción, Paraná Emergente y Sostenible, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con el Municipio local, entre 2013 y 2015. En ese estudio, se plantea que sólo un 14,5% de las personas que se trasladan en la ciudad usan el colectivo, contra –por ejemplo- un 15% que viaja en moto.

Para el Defensor Luis Garay,  resulta esencial el mejoramiento del servicio y para lograrlo, una vía fundamental será el control y la exigencia, en vista de los términos de la concesión. “Se puede tener el mejor contrato de concesión, pero si no se hace cumplir, no habrá diferencias”, dijo.  Por ello reiteró el énfasis en torno de los controles y exigencias, facultades que actualmente no se están ejerciendo.  “Sabemos que el Municipio no lo está haciendo (al control) y no me refiero sólo a esta gestión.  Hablo, por ejemplo, de la frecuencia que deja mucho que desear”, afirmó.

Paralelamente, la Defensoría integra el Órgano de Control y Monitoreo creado por la legislación aprobada en el marco del llamado a licitación. El ámbito fue convocado por el Ejecutivo hace un par de semanas y van realizándose dos reuniones, con un tema presentado como prioritario: el pedido de aumento del pasaje presentado por las empresas prestadoras (Ersa Urbano y Mariano Moreno) a principio de año. Ante eso, el Defensor manifestó que dejó expresado en la mesa que la solicitud de suba «no es prioridad» para la Defensoría, «sino el mejoramiento del servicio y sobretodo las frecuencias». Y propuso discutir primero la calidad de la prestación para después recién analizar el pedido de aumento. Esa fue la posición de la Defensoría en la primera reunión, mientras que en el segundo encuentro se acordó realizar un estudio de costos a cargo de especialistas.

El Defensor Luis Garay explicó, a continuación, que el objetivo de esa comisión es hacer el seguimiento del servicio, de las condiciones establecidas por el Estado municipal.

El órgano de control está  está integrado por los Secretarios de Servicios Públicos y del área Legal y Técnica, por tres concejales -uno del oficialismo y dos de cada bloque de la minoría- por la Defensoría del Pueblo, Defensa del  Consumidor Municipal, por un representante de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y otro del sector empresario. Recientemente se sumaron especialistas en el estudio de costos: uno fue nombrado por el Ejecutivo, otro por el bloque de concejales oficialistas y el último, que resta designar, por las dos bancas de las minorías.

Finalmente, recordó que tanto el análisis de la propuesta del oferente en el marco de una nueva concesión como un eventual estudio del cuadro tarifario, deberá ser estudiado y aprobado por el Concejo Deliberante,  un paso que desde 2006 hasta el año pasado había quedado en manos del Ejecutivo.

 

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