La Defensoría del Pueblo pidió acciones concretas para atender los problemas de hábitat en la Villa 351

 

 

El barrio está emplazado a la vera de una calle principal y abundan las necesidades.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná se expidió sobre la situación del hábitat y vivienda de las familias asentadas en la denominada Villa 351 de Paraná. Lo hizo mediante una Recomendación –instrumento formal de la institución para fijar posición- dirigida al Presidente Municipal, en la que después de describir la situación de vulnerabilidad y pobreza en la que viven unas 670 personas, pide se adopten medidas tendientes a garantizar los derechos de los habitantes.

La Defensoría del Pueblo inició su trabajo en esa  comunidad a partir de la preocupación expresada por autoridades de la Escuela Nº 190 Obispo Gelabert y Crespo ante el clima de violencia que se vive en la zona de Villa 351, sector delimitado por las vías del ferrocarril y las avenidas De las Américas y Ramírez. Concretamente, desde la escuela se requirió orientación y participación de la institución. Posteriormente,  el  Juzgado de Instrucción Nº 2 y la Fiscalía Nº 1 solicitaron la intervención del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de colaborar en los conflictos de la convivencia.  Si bien, en articulación con otros organismos e instituciones presentes en el territorio, la Defensoría  realizó distintas acciones y atendió  preocupaciones y reclamos de vecinos ante derechos vulnerados, no se lograron “avances significativos en pos de mejorar las condiciones de vida de las familias allí asentadas”.

Entre los fundamentos de la Recomendación Nº1, de abril de 2017, se enmarca la realidad de la Villa 351 en lo que sucede en barrios ubicados en las márgenes urbanas de la ciudad, que padecen  una “creciente violencia” que “lejos de verse mitigada, persiste y se agudiza”. Y se detalla que se trata de zonas que sufren “las consecuencias generadas por episodios de confrontación entre bandas o entre familias, disputándose el liderazgo de territorios, lo que deja al descubierto (para quienes quieren mirar) un sinfín de derechos vulnerados, una comunidad entera con miedos, con imposibilidades, desprotegida”. Seguidamente, se concluye que se trata de  varios factores que, encadenándose, generan la situación. Entre ellos, se menciona  “la presencia selectiva, intermitente y contradictoria del Estado, la explosión de la comercialización de estupefacientes, la precariedad e informalidad, en todos los órdenes, en que se desarrolla la vida cotidiana de las familias que habitan esos espacios”.   Es justamente “esta compleja trama de desamparo, pobreza, acciones represivas, desintegración social, vulneración de derechos, referentes políticos, asistencialismo, lo que debe interpelarnos como Estado”, se advierte en la Recomendación.

El predio  donde está emplazada la Villa es de propiedad privada. Ahí viven  unas 181 familias conformadas por un total de 670 personas -215 de las cuales son niños y niñas entre 0 y 14 años, de acuerdo a datos proporcionados por el Centro de Salud Manuel Belgrano- en condiciones de “precariedad e insalubridad”. El terreno tiene un trazado irregular, con una “sola calle de ingreso en condiciones muchas veces intransitable y pasillos peatonales interiores”. En cuanto a los servicios y obras de infraestructura  (agua, cloacas, iluminación, limpieza), los habitantes carecen de ellos o acceden a través de conexiones riesgosas por irregulares.

Las dificultades que tienen los sectores de escasos o nulos ingresos para acceder a una vivienda digna es una problemática que viene señalando con preocupación la Defensoría del Pueblo. A través de otra Recomendación, emitida en 2012, la institución advirtió que la restringida oferta de suelo urbano formal para sectores de escasos o nulos ingresos, lleva a la realización de maniobras al margen de la ley civil y urbanística motivada, fundamentalmente, por la necesidad de contar con un espacio físico (en general periférico y degradado ambientalmente) de realización personal y familiar, situación que recrudece la conflictividad social alrededor de la problemática del acceso al suelo y la vivienda. Y señaló que  “para muchas familias, la regularidad (y a veces la legalidad) es inalcanzable, por lo que el acceso sólo es posible en un espectro de situaciones, que abarcan desde mercados informales del suelo (por la vía de intermediarios) hasta situaciones de hecho en áreas sin servicios, ambientalmente degradadas, o expuestas a riesgos naturales, como el modo predominante de acceso a la ciudad, de parte de los sectores más pobres de la población”. A continuación, se remarcó que “es el Estado el impulsor principal y el garante de las políticas públicas sobre hábitat adecuado”  y que el derecho a una vivienda digna se encuentra consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como en el art.  25 de la Carta Magna de la provincia de  Entre Ríos. Asimismo, en la lista de antecedentes se menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,  la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre;  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y  la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta última reconoce en su art. 27 el derecho de todo niño a “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

Tras lo expresado, la Defensoría del Pueblo pidió a la Municipalidad de Paraná que evalúe “posibles alternativas” y encare “acciones concretas, factibles y justas, para resolver la cuestión del hábitat y vivienda de las familias asentadas en el predio de referencia”.  Solicitó que la solución habitacional propuesta contemple, tal lo establece el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los siguientes indicadores:  Seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, sea cual fuere el tipo de tenencia, que garantice la seguridad y la protección legal; Disponibilidad de infraestructura y servicios esenciales para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición; Gastos soportables, que no comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas; Asequibilidad, debe ser alcanzable para todos, pero especialmente para los grupos en situación de desventaja;  Localización, en lugar  que permita el acceso al empleo, a los servicios de salud, educación, recreación  y sociales. No debe construirse en lugares contaminados ni en su proximidad;  Adecuación cultural, la manera en que se construye, los materiales utilizados y las políticas en que se apoya deben permitir la expresión de la identidad cultural; Habitabilidad, que ofrezca un espacio adecuado, protección a la salud y seguridad física a sus habitantes.

A continuación, el texto de la Recomendación Nº1/17.

´

RECOMENDACIÓN Nº 1/17 al Sr. Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná.

 

Recomendación en relación a la situación del hábitat de las familias asentadas en la denominada Villa 351

Paraná, 28 de abril de 2017.-

Visto:

Que las autoridades de la Escuela Nº 190 “Obispo Gelabert y Crespo” se acercaron a la Defensoría del Pueblo manifestando las preocupaciones por el clima de violencia que se vive en la zona de la denominada “Villa 351” (delimitada por las vías del FFCC, Avda. de la Américas y Avda. Ramírez), requiriendo orientación/intervención y que, asimismo, posteriormente, el Juzgado de Instrucción Nº 2 y la Fiscalía Nº 1 solicitaron la intervención del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de colaborar en los conflictos de la convivencia;

 

Considerando:

Que, la creciente violencia que se da en sectores de nuestra ciudad, la mayoría en los márgenes urbanos,  lejos de verse mitigadas, persisten y se agudizan:  barrios sufriendo las consecuencias generadas por episodios de confrontación entre bandas, o entre familias, disputándose el liderazgo de territorios, lo que deja al descubierto, (para quienes quieren mirar) un sinfín de derechos vulnerados, una comunidad entera con miedos, con imposibilidades, desprotegida.

Que, varios son los factores que, encadenándose, generan esta situación: la presencia selectiva, intermitente y contradictoria del Estado, la explosión de la comercialización de estupefacientes, la precariedad e informalidad, en todos los órdenes, en que se desarrolla la vida cotidiana de las familias que habitan esos espacios.

Que, es justamente esta compleja trama de desamparo, pobreza, acciones represivas, desintegración social, vulneración de derechos, referentes políticos, asistencialismo, lo que debe interpelarnos como Estado.

 

 

 

 

 

 

Que, si bien a partir de la intervención de la Defensoría y su Centro de Mediación, en articulación con otros organismos e instituciones presentes en el territorio, se atendieron, intermitentemente, preocupaciones y reclamos de vecinos/as ante derechos vulnerados, no se logró avances significativos en pos de mejorar las condiciones de vida de las familias allí asentadas.

Que, en el caso que nos ocupa, 181 familias conformadas por un total de 670 personas -215 de las cuales son niños y niñas entre 0 y 14 años-(*), habitan, en condiciones de precariedad e insalubridad,  el predio referenciado, de propiedad privada, el que tiene un trazado irregular, con una sola calle de ingreso, en condiciones muchas veces intransitable, y pasillos peatonales interiores, sin contar con los servicios e infraestructura correspondientes (agua, cloacas, iluminación, limpieza), o, en su defecto, con conexiones absolutamente riesgosas por irregulares.

Que, “…para muchas familias, la regularidad (y a veces la legalidad) es inalcanzable, por lo que el acceso sólo es posible en un espectro de situaciones, que abarcan desde mercados informales del suelo (por la vía de intermediarios) hasta situaciones de hecho en áreas sin servicios, ambientalmente degradadas, o expuestas a riesgos naturales, como el modo predominante de acceso a la ciudad, de parte de los sectores más pobres de la población…” (Recomendación DP Nº 1/12)

Que, la restringida oferta de suelo urbano formal para sectores de escasos o nulos ingresos, lleva a la realización de maniobras al margen de la ley civil y urbanística motivada, fundamentalmente, por la necesidad de contar con un espacio físico (en general periférico y degradado ambientalmente) de realización personal y familiar, situación que recrudece la conflictividad social alrededor de la problemática del acceso al suelo y la vivienda.

Que, “…Es el Estado el impulsor principal y el garante de las políticas públicas sobre hábitat adecuado. Ello en especial, cuando se mensura la situación de escasez de medios para atender el déficit habitacional urbano que afecta a los sectores de bajos recursos y de mayor vulnerabilidad, teniendo en consideración que sus posibilidades de acceso al mercado inmobiliario son nulas en tanto no se generen políticas públicas de inclusión sostenibles y acordes a las necesidades sociales…” (Recomendación DP Nº 1/12)

 

 

 

 

 

 

Que, el derecho a una vivienda digna se encuentra consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como en el art.  25 de la Carta Magna de la provincia de  Entre Ríos. Asimismo, se encuentra reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el art. 14 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el art. 5 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el art. XI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su art. 27 el derecho de todo niño a “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” y establece en su inc. 3 que “los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.

 

POR ELLO

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE PARANA

RECOMIENDA

 

Art. 1º.- Instar a la Municipalidad de Paraná, a evaluar posibles alternativas y encarar acciones concretas, factibles y justas, para resolver la cuestión del hábitat y vivienda de las familias asentadas en el predio de referencia,

Art. 2º.- Requerir que la solución habitacional propuesta contemple, tal lo establece el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 4, octavo punto, los siguientes indicadores:

a-    Seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, sea cual fuere el tipo de tenencia, que garantice la seguridad y la protección legal;

b-    Disponibilidad de infraestructura y servicios esenciales para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición;

 

 

 

 

 

c-    Gastos soportables, que no comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas;

d-    Asequibilidad, debe ser alcanzable para todos, pero especialmente para los grupos en situación de desventaja;

e-    Localización, en lugar  que permita el acceso al empleo, a los servicios de salud, educación, recreación  y sociales. No debe construirse en lugares contaminados ni en su proximidad;

f-      Adecuación cultural, la manera en que se construye, los materiales utilizados y las políticas en que se apoya deben permitir la expresión de la identidad cultural;

g-    Habitabilidad, que ofrezca un espacio adecuado, protección a la salud y seguridad física a sus habitantes.

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, archívese.

(*) Datos proporcionados por el Centro de Salud “Manuel Belgrano”

 

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Contacto

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
de la Ciudad de Paraná
Calle Hipólito Yrigoyen 236
CP E3100ACC - Paraná, E. Ríos
Tel: (0343) 4211050, 4202322 y 08007771112.
Por mensajes de texto y whatsapp, al 03436226414
Atención de 8 a 13, de lunes a viernes
Mail: defensoriaparana@gmail.com
Facebook Defensoría del Pueblo de Paraná

CENTRO DE MEDIACIÓN
Calle Hipólito Yrigoyen 236
CP E3100ACC - Paraná, E. Ríos
Tel: (0343) 421-1029, 4211051
Whatsapp 3435 163712
Mail: mediacionparana@hotmail.com

Delegación Defensoría del Pueblo de la Nación:
paranadpn@gmail.com
Calle Hipólito Yrigoyen 236
Tel: 1137625004 (mensaje de texto y whatsapp)
.........................................................................................................................

ATENCIÓN Y VÍAS DE CONTACTO